Kirchner sigue los “consejos” del Banco Mundial
Diéguez:(Prensa Obrera).
Dos años atrás, ante la escasa cobertura jubilatoria y la miseria de los haberes en los once países latinoamericanos que privatizaron sus sistemas previsionales siguiendo sus “recomendaciones”, el Banco Mundial reclamó volver a reformar la Seguridad Social para darle una mayor participación al Estado.
El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Guillermo Perry, sostuvo que era “prematuro decir que las reformas fueron exitosas dado que fracasaron en extender la cobertura de la seguridad social a un segmento más amplio de la sociedad”, y que se debía ir buscando caminos para abrir la participación fundamental del Estado en la seguridad social. Es claro que preocupaba que un vasto movimiento terminara por derrumbar el negocio de las AFJP.
En el documento “La promesa de seguridad de los ingresos en la vejez en América Latina” (diciembre de 2004), el Banco Mundial señala que “las reformas ignoraron el papel del primer pilar público, y no lograron ampliar la cobertura de los sistemas de jubilación, dejando a más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos sin siquiera un vestigio de seguridad de ingresos en la edad avanzada”.
Luego de ponderar el importante rol de la jubilación privada, la nueva “recomendación” del Banco Mundial a los gobiernos latinoamericanos fue “prestar más atención a los pilares públicos, concretamente la formación de un primer pilar robusto de jubilaciones”.
Un año más tarde, en el documento “Soporte del ingreso en la vejez en el siglo XXI”, el Banco Mundial consideró, recogiendo “la extensa experiencia desde principios de los ’90”, que había que “revisar” y “refinar” su postura anterior en favor de un sistema único de jubilación privada, sin la participación del Estado.
El primer país que empezó a aplicar el “nuevo enfoque” del Banco Mundial fue Chile, pionero de la jubilación privada de la mano de Pinochet. Ahora le sigue la Argentina con los cambios que impulsa el kirchnerismo al sistema implementado por Menem y Cavallo.
La reforma que impulsa Michelle Bachellet (que ya está discutiendo el Congreso chileno), refuerza la jubilación privada. Pero constata: “de seguir las cosas como están, se estima que dentro de 20 años sólo alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la mínima. Menos de un 5% podrá acceder a la pensión mínima garantizada por el Estado. Y el resto deberá conformarse con una pensión inferior a la mínima, una pensión asistencial, una pensión de sobrevivencia o no tendrá pension”. Por eso, la reforma chilena propone instituir, como recomienda el Banco Mundial, “un pilar solidario a cargo del Estado”.
De esta manera, “como en el caso argentino, se crea una Prestación Básica Universal (PBU), reemplazando tanto a la actual pensión mínima como la asistencial. Pero a diferencia de aquí, la PBU sería para todos los que no tienen fondos en la AFP o cuenten con saldos bajos que no le permitan alcanzar una jubilación mínima. El valor de esa PBU tendrá un techo y será decreciente” (Clarín, 20/8/06).
Dicho de manera simple, el Estado chileno se hará cargo de una jubilación asistencial que complementa la mísera jubilación privada. Con eso se busca contener el enorme repudio que tienen los trabajadores chilenos a la jubilación privada, que se caracteriza por ganancias exorbitantes para los banqueros dueños de las AFJP, y miseria jubilatoria para los trabajadores que se jubilan.
La reforma kirchnerista perfecciona, igualmente, el régimen de la jubilación privada implementada por Menem y Cavallo.
La “novedad” es que establece un régimen de opción cada cinco años y que facilita el ingreso de los trabajadores “indecisos” al Estado.
La llamada “libertad de opción” es, ante todo, una trampa, porque obliga a los trabajadores a elegir entre dos sistemas que no garantizan nada y que en el mejor de los casos podría llevar a que los trabajadores se jubilen con menos de la mitad del sueldo.
La reforma no sólo deja intacto el negocio de la jubilación privada sino que mantiene para las jubilaciones estatales la ley de “Solidaridad Previsional” de Menem y Cavallo que eliminó la movilidad de las jubilaciones.
También se mantiene para el cálculo de la jubilación estatal el sueldo promedio de los últimos 10 años, sin el ajuste correspondiente por la desvalorización del salario. De esta manera, con una inflación de apenas el 10% anual, el promedio del sueldo de la década (y el haber jubilatorio inicial) se reduce en un 33%.
Una vez jubilado con ese haber reducido, el gobierno mantiene el cerrojo de la falta de movilidad establecido por la ley de Menem y Cavallo, lo que asegura que la jubilación estatal se vaya reduciendo en el tiempo, como vino pasando en todos estos años. Hoy la jubilación media es del 40% del sueldo, y el 70% de los jubilados gana la mínima.
¿Puede entonces llamar la atención que las AFJP en un comunicado (1/2) hayan dicho: “La Unión de AFJP (UAFJP), organización que nuclea a todas las administradoras del sistema, reitera su apoyo a la libertad de elección y consolidación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en beneficio de los afiliados, a través del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo elevó hoy al Congreso de la Nación”?
¿Puede llamar la atención que el PRO haya adelantado que votará en general a favor de la reforma kirchnerista, al igual que el ARI y Lozano?
El PO propone algo simple:
• Haber mínimo de 1.000 pesos.
• Actualización según el costo de vida del sueldo que se toma como referencia para el cálculo de la jubilación.
• Anulación de la ley de “Solidaridad Previsional”. 82% móvil, retroactivo al momento de la jubilación.
• Reconocimiento de los años trabajados en negro.
• Anulación de la jubilación privada. Sistema jubilatorio estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados.
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