La justicia uruguaya estudiará a partir del lunes un pedido de detención y extradición contra el ex secretario de Estado norteamericano Henri Kissinger, indicaron hoy fuentes judiciales.
Los documentos referidos a la solicitud serán evaluados a partir de ese día por la fiscal penal Mirtha Guianze, en el marco de la causa identificada como "Segundo Vuelo", confirmó un reconocido investigador.
Montevideo/24-03-2007/(PL)
El pedido de detención de Kissinger fue solicitado por el abogado Gustavo Salles, representante de los familiares de Bernardo Arnone, detenido en la vía pública en Buenos Aires el 2 de octubre de 1976.
El arresto ocurrió en el curso de una operación represiva contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Diversas fuentes suponen que Arnone fue uno de los militantes de esa organización que, tras ser secuestrados, fueron trasladados el 5 de octubre de aquel 1976 en el vuelo 511 de TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo).
Ese vuelo fue piloteado por el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín.
El demanda de extradición contra el ex secretario de Estado durante el gobierno de Richard Nixon se presentó ante la Suprema Corte el pasado 7 de marzo, 24 horas antes de la llegada del presidente George W. Bush a Uruguay, precisó Rodríguez.
A Kissinger se le imputa responsabilidad en los crímenes del Plan Cóndor, según se desprende de múltiples documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano, precisó el activista uruguayo de derechos humanos.
En el caso, que instruye el juez Luis Charles, se indaga el traslado ilegal hacia Montevideo, en 1976, de 21 uruguayos secuestrados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, Buenos Aires, en Argentina.
Ese proceso tuvo lugar en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, precisó el periodista uruguayo Róger Rodríguez, especializado en el tema.
La existencia del "segundo vuelo" fue denunciada por Rodríguez en el periódico La República en 2002 y confirmada en 2005 por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli.
El alto mando corroboró la versión en su informe oficial sobre el destino de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura militar.
En la causa "Segundo Vuelo", abogados uruguayos acusaron de crímenes de lesa humanidad a militares y policías no amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986.
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