EU / BAJO LA LUPA DE LA FISCALIA BELGA

La política del silencio se impone frente a los casos de corrupción de la UE
La Fiscalía belga sospecha de una red de fraude millonario en la Comisión Europea
Tras 40 minutos de preguntas sin respuesta sobre el caso de un fraude multimillonario que le afecta, la Comisión Europea consiguió ayer provocar un desplante. En medio del briefing diario a la prensa, más de un centenar de reporteros se levantaron y se marcharon, en fila, como protesta por la cerrazón del portavoz. Cualquier sospecha de corrupción hace temblar en Bruselas.
María Ramírez
Rebelion/El Mundo/30-03-2007

Tras el registro de decenas de oficinas y viviendas en Bélgica, Francia, Luxemburgo e Italia, la Fiscalía belga arrestó ayer de madrugada a tres italianos, un funcionario de la Comisión, un asistente de un eurodiputado y un empresario, acusados de violar la legislación de licitaciones públicas, aceptar sobornos y formar una red criminal, entre otros cargos. Según fuentes de la Fiscalía belga, aún continúa la investigación. «En Bélgica, hemos hecho 30 registros y hemos conseguido mucha documentación. No se pueden excluir más arrestos», comentó el portavoz del parqué belga, Jos Colpin. «Parece un gran caso de corrupción», dijo.

Según el relato de fuentes cercanas al sumario, Giancarlo Ciotti, un funcionario de 46 años de la unidad encargada de las delegaciones de la Comisión Europea fuera de la UE, con la colaboración de Sergio Tricarico, ayudante de 39 años de un parlamentario italiano, se saltaba las reglas de los concursos públicos para dar contratos de reforma, alquiler o instalación de medidas de seguridad a empresas que le pagaban sobornos. De momento, el negocio se refiere a las delegaciones de la Comisión en Tirana y en Nueva Delhi. El tercer detenido es uno de los beneficiarios, el agente inmobiliario Angelo Troiano, de 60 años y con residencia también en Bruselas.

Un empresario finlandés, que ya había pagado 345.000 euros -la mitad de lo que le pedían- para conseguir un contrato en la sede de Nueva Delhi y se quedó sin él, denunció la operación a la Oficina europea de Lucha Anti-Fraude (OLAF), que se lo pasó a la Fiscalía belga el 30 de junio de 2004 (cuando aún estaba la anterior Comisión, de Romano Prodi). La Fiscalía belga cree que la red podría haber funcionado durante 10 años y movido millones de euros con más implicados. «Ciotti ni siquiera era el jefe de su unidad», explica un oficial belga. Según fuentes de la investigación, la cifra del dinero en juego es de, al menos, 30 millones de euros, aunque no está clara la cantidad con la que se quedó el funcionario, que, gracias a sus negocios, remodeló varias veces gratis su casa.

Los tres acusados, en prisión preventiva en la cárcel bruselense de Forest desde la madrugada del miércoles, comparecerán mañana ante la juez de instrucción, Berta Bernardo-Mendez. Se espera que los acusados aporten más información sobre los bancos, empresas de seguridad e inmobiliarias que se beneficiaron de los contratos.

Los investigadores buscan ahora otros funcionarios de la Comisión y empresarios, sobre todo, en Italia. Tricarico trabaja para Gianni Rivera, histórico futbolista del Milan y diputado de centroizquierda, y lo hizo para Franco Marini, actual presidente del Senado italiano y ex parlamentario, pero ninguno de los dos está implicado en la trama. Rivera dijo ayer estar «sorprendido» por el arresto de su colaborador y le expresó su «solidaridad».

La expectación aumenta por la reacción de la Comisión, que ayer incluso se negó a confirmar o desmentir si el funcionario investigado durante tres años y ahora en prisión ha sido suspendido de su servicio. Después de negarse con insistencia a dar su nombre o cualquier tipo de detalle, el portavoz, Johannes Laitenberger, aseguró que la Comisión es «víctima» en este caso de supuesto fraude y que tiene una «política de tolerancia cero» con la corrupción. En la sala de prensa, se le recordaba que la Comisión Santer «cayó por mucho menos» y el escándalo empezó por sus negativas a dar información sobre la falta de control de sus comisarios y funcionarios.

La Comisión Europea tiene 132 delegaciones en el exterior para su «representación diplomática» con un presupuesto anual de unos 500 millones de euros; de ellos, cerca de 56 millones están destinados a edificios -la mayoría para pagar los alquileres- y 20 dedicados a la seguridad.

Cada contrato que supera los 50.000 euros pasa por un comité de jefes y expertos, que dan su opinión sobre el contrato. Hasta ahora, sus consejos siempre se han seguido, según Emma Udwin, portavoz de Relaciones Exteriores.

El miedo al 'euroescándalo'

El nerviosismo de los portavoces comunitarios y su política de no hacer declaraciones recordaba ayer a los veteranos de Bruselas a la actitud de la Comisión Santer cuando salieron a la luz los primeros casos de falta de control. Ahora hay tres acusados y sólo dos trabajan para la UE, pero la palabra corrupción inquieta a cualquier comisión.

Es difícil que se repita el drama del 15 de marzo de 1999, cuando los 20 comisarios encabezados por el luxemburgués Jacques Santer dimitieron tras un informe de un comité independiente que aseguraba que las irregularidades eran generalizadas y nadie quería asumir su responsabilidad. El escándalo estalló cuando la comisaria Edith Cresson nombró a su dentista y amigo para asesorarla y defendió que la suya era una práctica común en la Administración pública de la UE. «Se está convirtiendo en difícil encontrar a alguien que tenga el más remoto sentido de la responsabilidad», dijo entonces el panel.

Para evitar los abusos de los 90, la Comisión de Romano Prodi instauró un nuevo sistema de control, aunque tampoco aprendió a reaccionar. En 2003, se publicó que Eurostat, la agencia estadística de la UE, había llevado una doble contabilidad y que altos cargos se encargaban de desviar millones de euros a cuentas no oficiales para escapar a la supervisión. Tras la reprobación de varios funcionarios y su cambio de puesto, el caso se quedó en el limbo.

Ahora, la Comisión Barroso repite que rige la «tolerancia cero» y las instituciones son más suspicaces con sus contratos. Así, el año pasado, el Parlamento Europeo descubrió que ha estado pagando un sobreprecio en el alquiler de uno de sus edificios en Estrasburgo. La Eurocámara aún investiga una estafa de millones de euros durante décadas y considera que el Ayuntamiento de Estrasburgo le ha cobrado al menos tres millones de euros anuales más de lo que debía.

La máquina comunitaria sigue cada vez más de cerca la vida diaria de su muy bien pagado personal. Por ejemplo, para los funcionarios del Consejo de la UE, rige la prohibición de pasar facturas por comidas de trabajo si son con miembros de otras instituciones europeas (aunque éstas sean, en realidad, la mayoría). Además, a la hora de justificar los gastos de un almuerzo laboral, el invitado tiene que firmar la cuenta para atestiguar que ése ha sido un encuentro profesional. Algunos eurócratas se quejan, de hecho, de que la reacción ha sido extrema para los detalles más nimios, mientras que el control de quien maneja millones de euros sigue inalterado.

Lo que ha cambiado poco es la capacidad para reaccionar o facilitar información frente a cada irregularidad. La Comisión de José Manuel Durao Barroso ha salido del paso con su política del silencio de algún incidente, como el idilio del comisario de Industria, Günther Verheugen, con su jefa de Gabinete y el debate sobre si la nombró cuando ya era su novia.