El Partido Popular sólo se sentará a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde finales del pasado año, si el Gobierno rectifica y recupera el acuerdo que tenía con el principal partido de la oposición sobre las reformas de la ley del Tribunal Constitucional.
ÁNGEL COLLADO/ABC.es(MADRID)
Los socialistas pactaron con sus socios en el Congreso una enmienda para que la actual presidenta del TC, María Emilia Casas, quede «blindada» en el cargo aunque termina en junio su mandato y pueda mantener el «voto de calidad», siempre con el objetivo de salvar el Estatuto catalán, sometido a examen por los recursos presentados por el Grupo Popular, el Defensor del Pueblo y varias Comunidades autónomas.
Según fuentes de la dirección del PP, la ruptura de los acuerdos que en materia de Justicia tenían con el Gobierno parten el arranque de la legislatura, cuando los socialistas y sus socios modificaron la ley del Poder Judicial para cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos -de mayoría simple a tres quintos-, y siguen ahora con la correspondiente a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. PSOE y nacionalistas también acordaron que los elegidos hasta ahora por el Senado, Cámara nacional, lo sean por los parlamentos autonómicos.
En el Senado se tramitan estos días ese cambio, que el PP considera inconstitucional y de ruptura con los consensos de la Transición -en los asuntos de Estado e institucionales los dos partidos «de Gobierno» pactan entre ellos frente a las aspiraciones nacionalistas de depredar competencias y funciones estatales- y la «cacicada» de cambiar las atribuciones de la presidenta del TC «sobre la marcha».
De ahí el reto del PP: si el PSOE quiere contar con el Grupo Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial no tiene más que recuperar los acuerdos previos por la vía de presentar las correspondientes enmiendas en la Cámara Alta. Si el Gobierno insiste en preferir sus compromisos con el tripartito catalán en la materia -el nuevo estatuto establece la ruptura del sistema nacional de Justicia- no será posible negociar nada.
Pese a las presiones del Ejecutivo, Mariano Rajoy no tiene prisa alguna, según insisten en fuentes de su partido además de negar que se hayan metido siquiera a tantear con los socialistas el asuntos del reparto numérico de vocales. La renovaciones del CGPJ se han retrasado en otras ocasiones hasta en ocho meses. Ahora van casi cuatro y la ruptura de relaciones entre los dos grandes partidos, más los compromisos del Gobierno de Zapatero con casi todas las minorías nacionalistas hacen más difícil que nunca el acuerdo.
Los números del PSOE
El actual Consejo, pactado hace cinco años, se formó con diez vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro más acordado entre los dos partidos mayoritarios. Los socialistas, sin mayoría absoluta en el Congreso, dicen conformarse esta vez con ocho si el Grupo Popular admite también limitarse a otros ocho, pero quiere que todos sus socios fijos y eventuales -ERC, IU, PNV y CiU- cuenten también con capacidad de propuesta de vocales para garantizarse así el control sobre el nuevo CGPJ.
La proximidad de las elecciones autonómicas y locales de mayo, el choque total entre los dos partidos por la negociación del Gobierno con ETA, el empeño del PSOE por marginar al PP en todos los ámbitos y la consiguiente apuesta de la oposición de desgastar con todas las armas posibles la imagen de Zapatero, dibujan el peor panorama posible para que ambos partidos se sienten a negociar, al menos antes de que termine mayo. La amenaza del Ejecutivo de quitar competencias al CGPJ sólo ha conseguido que el PP se ratifique en sus posiciones.
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