Opinión
José Castillo (LA ARENA)*
Está en riesgo el patrimonio técnico y la credibilidad del INDEC. Desde enero se manipulan los indicadores. Llueven las denuncias de los propios técnicos del organismo. Las nuevas autoridades tampoco garantizan transparencia.
Un viejo dicho afirma que no se puede tapar el sol con las manos. O matar al mensajero. Eso es lo que viene sucediendo en los últimos tres meses en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El Ministerio de Economía había definido que la inflación anual del 2007 no debía superar el 10%. No está mal que un gobierno se fije metas de política económica y se plantee herramientas para cumplirlas. Pero lo aberrante es que, ante el flagrante fracaso de esas políticas, se 'decida' que los números deben mostrar lo que quiere el gobierno en vez de la realidad.
La información estadística no es fácil de obtener. Requiere formación técnica, preparación de muestras y comparabilidad nacional e internacional. El INDEC lleva décadas trabajando en esa dirección. Tuvo y tiene científicos de reconocido nivel internacional -matemáticos, estadísticos, economistas, demógrafos, sociólogos- entre su personal. Sometido como toda la administración pública a los avatares del escaso presupuesto y los vaivenes políticos, puede sin embargo mostrar un balance donde ha cumplido con la elaboración de censos e infinidad de indicadores mensuales, trimestrales y anuales de distinto tipo.
El material estadístico es una herramienta indispensable para saber qué país tenemos, monitorear la coyuntura económica y social, y conocer infinidad de datos (pobreza, desempleo, inflación, comercio exterior, población) que son fundamentales para la toma de decisiones. El acceso a esa información, en forma confiable, es un derecho de todos los argentinos y su producción es parte del patrimonio nacional.
Siempre se puede hacer un debate metodológico sobre si tal o cual indicador se está midiendo correctamente. Pero antes de modificarlo se deben hacer consultas científicas serias y garantizar que cualquier cambio permita seguir la comparabilidad con la información de los períodos anteriores. Así había venido sucediendo desde siempre en el INDEC. Otra característica que era orgullo de la institución había sido la más absoluta garantía de respeto del secreto estadístico: todo el que daba información sabía que tenía garantizado el anonimato y que ningún dato podía ser utilizado en su contra.
El escándalo
El conjunto de estos principios se violó a partir del mes de enero pasado. Todo comenzó cuando, una semana antes de publicarse el índice de precios al consumidor de ese mes, el gobierno reemplazó a la directora encargada de elaborar ese indicador por Beatriz Paglieri, quien arribó al INDEC presentándose como 'delegada de la Ministra de Economía'. A los pocos días se supo que significado tenían esas palabras. Por medio de una serie de 'pases mágicos' se logró que la inflación de enero midiera 1,1%. Se logró haciendo que el rubro Turismo sólo registrara un aumento del 0,03%, y la medicina prepaga el 2% -en el mismo momento que a la gente le llegaban las facturas con incrementos del 22%-. Y se decidió que todo producto que tuviera subas astronómicas quedaba mágicamente fuera de medición -así la lechuga, que había registrado una suba del 120%, fue promediada con otras verduras para que 'diera' 9%.
Una de las excusas que se escuchó es que varios de estos aumentos en realidad correspondían técnicamente calcularlos al mes siguiente. Claro que se olvidaron de ese argumento al dar a conocer el número de febrero: un aumento de sólo un 0,3%. La 'nueva metodología de medición' quedaba clara: sólo se tomarían en cuenta los listados oficiales de precios 'sugeridos' y 'acordados' por el gobierno. Lo más grave es que, ante denuncias de los propios encuestadores del INDEC en relación a que ellos tenían muchísimos datos de que los precios 'reales' eran otros, la respuesta de las autoridades del organismo fue generar presión para que se diga quiénes habían dado esa información, en un claro intento de violar el secreto estadístico, uno de los patrimonios más preciados de todo instituto de estadística.
Pero la máxima desprolijidad llegó a la hora de anunciar los números de marzo. Un poco por la estacionalidad habitual de esta época del año -comienzo de las clases- y otro porque existe un evidente fracaso en la política antiinflacionario del gobierno, muchísimos productos básicos -alimentos, limpieza, artículos escolares-, subieron muchísimo. El gobierno quiso aprovechar el feriado de Semana Santa y adelantó el anuncio del Indice de Precios al Consumidor de marzo: 0,8%. Pero fue tan apresurado y falto de rigor el dato que no se dieron cuenta que ese número era absolutamente incoherente con otro, menos conocido, que sí señalaba la verdad: la canasta básica alimentaria había subido un 3,6%. La 'salida' que se le dio a esa inconsistencia va a quedar en la historia de los papelones: las autoridades del INDEC retiraron de la página web del Instituto ese valor de 3,6% y lo reemplazaron por un -0,2%. Resulta entonces que para las estadísticas oficiales de la Argentina los precios de los bienes básicos no sólo no aumentaron en marzo, sino que incluso bajaron. Por supuesto que la falta de seriedad es tal que ya nada cierra: se olvidaron de 'retocar' el rubro 'alimentos y bebidas' que quedó con un alza del 1,1%. Como afirman todos los expertos, con ese número la canasta básica nunca puede dar menos que un aumento del 1,7%. El problema no es menor: con estos números ya no se sabe cuantos pobres o indigentes hay en la Argentina.
Defender el INDEC
Los propios trabajadores y técnicos del Instituto han señalado el camino para empezar a resolver este desastre. Se trata de recuperar la perdida credibilidad de la institución restableciendo su absoluta independencia con respecto al poder político de turno. Todos los funcionarios, de director para abajo deben ser designados por concurso y tener la más absoluta garantía de estabilidad ante las lógicas presiones que la eventual difusión de información 'desfavorable' a un gobierno pueda generar. Desde esta perspectiva resulta indispensable el alejamiento de la 'delegada del Ministerio de Economía', Beatriz Paglieri, o del aparentemente nuevo director -aunque su nombramiento todavía no apareció en el Boletín Oficial-, Alejandro Barrios, que se presentó patoterilmente ante los técnicos del Instituto como 'soldado del presidente'. A ello debe sumarse la necesidad de recalcular desde el mes de enero el índice de precios al consumidor, y todos los otros indicadores relacionados, utilizando la metodología habitual utilizada hasta el mes de diciembre.
Mantener el INDEC cuesta mucho dinero, que pagamos todos con nuestros impuestos. Hay acumulado décadas de trabajo de científicos y técnicos y el instituto tiene un reconocimiento internacional justamente ganado. No se lo puede rifar por la apetencia de algún político.
ARGENPRESS.info/27/04/2007
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