La operación de la Policía Federal brasileña que concluyó este viernes con la detención de miembros de tribunales, altos funcionarios policiales y conocidos empresarios de juegos ilícitos, sorprendió a la opinión pública.
ARGENPRESS.info/15/04/2007
Tema: Situación en Brasil
País/es: Brasil
La sorpresa no está relacionada con el contenido de las investigaciones. La mayor parte de la población de Río de Janeiro sabe que existen estrechas conexiones entre la policía, la justicia y la permanente impunidad de los grandes banqueros del juego ilegal.
En la enorme mayoría de los bares populares de la ciudad las máquinas electrónicas de juego están bien visibles, cerca de las entradas para que el vaivén de los jugadores no moleste a los parroquianos habituales, ya que sólo bastan cinco minutos para perder 10 reales (unos cinco dólares).
Las máquinas de juego están prohibidas en Brasil y es un hecho conocido de todos. También lo es que ninguna autoridad se molesta con su insultante exhibición pública, excepto en algún episodio pasajero y rápidamente superado.
Sucesivas sentencias judiciales han reiterado la prohibición, la han anulado, han considerado que las máquinas son inocentes videojuegos. En fin, han creado una compleja maraña legal a la sombra de la cual los banqueros siguen haciendo negocios.
Durante años, dos de los principales empresarios del sector, cuya prisión estaba decretada, iban y venían por la ciudad libremente, protegidos por guardaespaldas que integraban la élite de la policía civil de Río de Janeiro.
Al final del año pasado, la prisión de esos dos banqueros por la Policía Federal puso al descubierto la estructura que garantizaba su impunidad y la actividad del ex jefe de la Policía Civil de Río, Alvaro Lins, la cual empezó a ser investigada.
Sin embargo el policía, ya con licencia otorgada para la realización de las pesquisas, fue electo diputado provincial y dispuso de un fuero (protección) especial, por lo que se remitió la dirección de la investigación al Supremo Tribunal Federal (STF).
El Supremo Tribunal es conocido como cementerio de procesos y juicios contra políticos. Nunca se registró una sola condena contra un diputado federal o provincial, en las centenas de casos sometidos a la más alta corte brasileña.
Lo sorprendente es que el miembro del STF encargado del caso, ministro Cesar Peluzo, dió señal verde para que las investigaciones continuaran su curso y, enterado de los resultados iniciales, firmó las órdenes de prisión que permitieron la operación del viernes.
Eso permitió que un abogado que trabajó para los banqueros del juego, Virgílio Medina, fuera detenido junto a algunos de sus clientes.
Medina es hermano del ministro Paulo Medina, miembro del Superior Tribunal de Justicia (órgano inmediatamente inferior al STF), que hace algo más de un año concedió una sentencia provisoria favorable a los banqueros del juego.
Una grabación (autorizada) de una conversación de Medina con otro abogado de los empresarios ilegales, comprobó que la sentencia fue negociada a cambio del pago de 500.000 dólares.
Queda ahora abierta una incógnita. ¿La operación policial del viernes es el inicio del desmonte de toda esa estructura corrupta, o algún oportuno cambio hará que todo vuelva a los carriles antiguos, por donde corre libremente la impunidad?
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