Foto: Cesar Carrión Ayala-SNE
Los líderes de la izquierda colombiana dijeron hoy que llevarán hasta las últimas consecuencias sus demandas por las declaraciones del presidente Alvaro Uribe respecto a que conoce conversaciones de líderes opositores.
El mandatario colombiano aseguró que la policía secreta, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conoce conversaciones privadas de quienes critican sus políticas e investigan sus presuntos nexos con los paramilitares.
ARGENPRESS.info/24/04/2007
Carlos Gaviria, jefe del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), recordó que fue Uribe quien dio a conocer que el DAS interviene los teléfonos y espía a los detractores, pues sostuvo que el jefe del organismo, Andrés Peñate, informa al respecto a Uribe.
'Si le creemos al presidente, sí se espía a la oposición. Si no existiera un atolondramiento en el país, esto sería de una gravedad suma y nosotros vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias', advirtió el dirigente.
Gaviria anunció que los líderes políticos que se oponen al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos o que investigan el fenómeno del paramilitarismo en el país y que implican a Uribe, instaurarán demandas ante organismos nacionales e internacionales.
'Vamos a pedir la intervención de la procuraduría respecto de la actuación del jefe del DAS, y estamos pensando en una acusación contra el presidente en la Comisión de Acusación de la Cámara', aseguró Gaviria.
El pasado jueves, Uribe convocó una rueda de prensa para aclarar denuncias que lo incriminan con actividades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde dijo que el jefe del DAS conoce las opiniones de los opositores que en ámbitos privados se dirigen a él con insultos.
'Pregúntenle al director Peñate si esos señores que se oponen al TLC no van a Estados Unidos a decir vamos a dañar el TLC de ese tal por cual del Uribe', afirmó el gobernante.
Peñate dijo que recibe tales informaciones de fuentes abiertas, negando que el organismo intervenga teléfonos de opositores, aunque aceptó que en foros y demás eventos públicos de los detractores en el exterior hay presencia de sus investigadores.
El gobierno de Uribe atraviesa un difícil momento en el plano internacional, toda vez que dirigentes de Estados Unidos, su primer aliado, cuestionan su administración por los recientes escándalos de funcionarios y militares con fuerzas paramilitares.
Víctimas de la AUC denuncian intimidaciones de políticos y funcionarios
Víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) revelaron hoy que políticos y funcionarios del departamento de Córdoba (norte), ayudados por grupos paramilitares emergentes, los amenazan para que no reclamen la devolución de sus bienes ante los jueces del proceso de paz. El asesor jurídico del Comité de Familias Víctimas del Conflicto Armado en Córdoba (Comfavic) Mario Montes, dijo que en la otrora zona dominada por los ex comandantes Salvatore Mancuso y alias Don Berna, sólo cinco de unos 200.000 afectados interpusieron demandas contra los ex jefes que arrebataron sus bienes o asesinaron a sus familiares.
Los casos se presentan en los municipios de Valencia y Tierralta, que fueron permeados por paramilitares al servicio de los ex comandantes Diego Murillo, alias Don Berna y Mancuso, precisó el abogado.
Montes aseguró que una vez conocidas las advertencias, los afectados en su mayoría de origen campesino y de escasos recursos, prefirieron omitir sus denuncias ante los jueces de Justicia y Paz, el marco jurídico creado para los diálogos y que otorgará penas de hasta ocho años de cárcel por crímenes de lesa humanidad de los ultraderechistas.
Sin embargo, el defensor indicó que llevó las denuncias de los campesinos ante la Fiscalía con los nombres de algunos diputados y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) revelados por los amenazados.
Las denuncias están sustentadas con testimonios de las propias víctimas de los paramilitares', estableció el defensor.
Y agregó que los intimidadores son ayudados por las bandas emergentes de paramilitares y otros delincuentes, que quieren impedir las denuncias contra los ex comandantes que se encuentran recluidos en cárceles del noroeste del país.
Las amenazas no sólo son para quienes han denunciado, sino para quienes pueden hacerlo y por temor no proceden, precisó Montes.
El proceso de paz entre el gobierno de Alvaro Uribe y las AUC culminó en abril de 2006 con la desmovilización de unos 31.000 combatientes que deben reivindicar a sus víctimas con la confesión de sus delitos y la devolución de bienes arrebatados.
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