El presidente Néstor Kirchner en un acto en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.
Foto: Presidencia de la Nación
Hay elecciones el 3 de junio en Capital y el 27 de octubre en el país, eso se nota no sólo por las pegatinas y la publicidad. También por el juego fuerte que se está practicando en la campaña electoral, con acusaciones cruzadas de corrupción.
Opinión
Emilio Marín (LA ARENA)
El bautizado caso Skanska -multinacional sueca de la construcción-, donde se habrían pagado coimas millonarias, está transitando por un doble carril.
Por un lado, hay dos jueces que disputan la competencia, y a cual más diligente. Uno de ellos, en lo Penal Tributario, Javier López Viscayart, ordenó nada menos que veintidós allanamientos de empresas buscando pruebas del ilícito. Su competencia, el juez federal Guillermo Montenegro, tiene un ritmo más cansino, a despecho de la seguidilla de pedidos del fiscal Carlos Stornelli.
Por otro lado, esto impacta en la opinión pública y crece como bola de nieve en el escenario político. La oposición -unida en este tema como no lo está en la presentación de listas electorales- ha imputado a Julio de Vido y Néstor Kirchner ser los perceptores de los sobornos.
Una de las más directas fue Elisa Carrió, sin pruebas concluyentes, pero rápida para acusar al ministro de Planificación de ser “más corrupto que Carlos Menem” y al presidente de encabezar un gobierno “fascista”.
Otro que no se quedó atrás en los epítetos fue Roberto Lavagna, quien habló de “mugre electoral”. Se defendía de acusaciones de Alberto Fernández en el frustrado pago de resarcimientos del Estado al grupo Grecco por 300 millones de pesos. “Pregúntenle a Lavagna” había disparado el jefe de Gabinete sobre el particular. Según el imputado, en cambio, ese intento de irregularidad, frenada por el Senado, había tenido como promotores a Kirchner, Fernández y Felisa Miceli.
¿Quién dice la verdad y quién miente? Difícil saberlo cuando aún la justicia no se ha expedido y cada sector antagónico cuenta con medios de comunicación para influir en uno u otro sentido. Es inocultable la simpatía que “La Nación” y Joaquín Morales Solá expresan por las posturas del ARI, el PRO y el lavagnismo, críticas del gobierno.
La dificultad extra para el justo discernimiento está puesta por la campaña electoral en apogeo en el distrito porteño, la vidriera política del país. Por eso Fernández, en su cómoda rendición de cuentas ante Diputados, sólo con miembros del oficialismo, devolvió las acusaciones hacia la jefatura de gobierno porteño. Aseguró que Jorge Telerman había pagado medio millón de pesos con facturas de una de las firmas fantasmas ligadas al affaire, en publicidad de “Ideas del Sur” y canal 13.
“Es un delirio”, adujo el acusado en el programa “A dos voces”, cuyos conductores no profundizaron en el asunto porque estaban aludidos canal 13 y Clarín, los dueños del espacio televisivo. “La Nación” volvió a tomar partido a favor de la autenticidad de las facturas pagadas por Telerman. En la otra vereda, el kirchnerista Miguel Bonasso presentó una denuncia formal ante el juzgado de López Viscayart.
Este asunto desborda por lejos la General Paz y Kirchner dio su versión: “es corrupción entre empresas privadas”. Eso está comprobado, pues la constructora sueca admitió haber oblado “comisiones indebidas”. ¿Pero no habrá funcionarios del gobierno que se quedaron con plata? ¿La justicia lo dirá?
Indefendible Bisordi
El aún con licencia presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, hizo su presentación ante el Consejo de la Magistratura procurando evitar que siga adelante con su pedido de destitución y el de otros tres camaristas. Tal solicitud fue presentada poco después del 24 de marzo último por sobrevivientes de campos de exterminio operados durante la dictadura, representados por el abogado Rodolfo Yanzón.
Esas víctimas y los organismos de derechos humanos venían quejándose hace tiempo de la denegación de justicia de una Cámara que demoraba injustificadamente las causas.
Esas objeciones al cuarteto de camaristas se vieron potenciadas con el discurso presidencial en “La Perla”, al cumplirse 31 años del golpe de Estado. Kirchner apremió a la justicia a avanzar en las causas derivadas de la represión ilegal y apuntó en forma explícita contra las demoras de Casación.
Por eso Bisordi adoptó la táctica de ponerse en víctima. Eligió a la “Tribuna de Doctrina” para denunciar que se va hacia “la suma del poder”, como si la dictadura fuera el gobierno actual y no el de Jorge R. Videla, al que evaluó en términos mucho más comedidos.
El camarista se presentó ante el Consejo de la Magistratura, que lo escuchó de movida pese a la queja de Carlos Kunkel, quien alegaba que no se habían cumplido los pasos formales y notificaciones a todos los miembros. “El presidente es el enemigo número uno mío, no le tengo miedo a Kirchner”, se pavoneó el acusado, para regodeo de toda la derecha civil y militar. “Así se habla, Bisordi”, lo felicitaron los sitios de Internet que expresan a ese extremo del arco ideológico.
Esa derecha cree haber descubierto a un nuevo líder. Se comprenden sus sentimientos, pues primero se les cayó del pedestal Videla, que esta semana recibió otro golpe de la Cámara Federal al ser anulado el indulto con que lo había beneficiado Menem en 1990. Luego se les diluyó Juan Carlos Blumberg, que de padre del dolor devino en candidato de Mauricio Macri en Buenos Aires. Al fin y al cabo, el voluminoso titular de Casación es más presentable que la curvilínea Karina Mujica, ex novia del represor Alfredo Astiz y prostituta VIP que capitaneaba “Memoria Completa”.
Bisordi no es muy defendible. El admite que debió excusarse en las causas por ser enemigo manifiesto de los organismos de derechos humanos. Aún excusado, no puede zafar de esta acusación: como responsable de Casación tuvo que ver con que los expedientes mencionados quedaran en el limbo.
Todo parece indicar que Bisordi no se jubilará sin sobresaltos, Videla tendrá que acostumbrarse a vivir sin el indulto, y Reynaldo B. Bignone y otros seis represores irán a juicio por la causa de robos de bebés.
El argumento de la oposición es que Kirchner atizó el fuego contra Casación porque allí iría el caso Skanska y quería jueces leales. Pero aún no se resolvió la cuestión de competencia; en lo inmediato podría ir a aquella cámara la apelación por la detención de Adrián López, de la fantasmal Infiniti Group. Si en Casación no están los integrantes cuestionados, será mejor para todos. Ellos no son sinónimo de justicia sino de cajoneo por afinidades ideológicas con la represión ilegal, la misma que prohijó la mayor corrupción: la deuda externa.
Las demandas sociales
Por ahora el gobierno no tiembla ante las carpetas de Skanska ni lo desvelan las acusaciones de Bisordi. En cambio, aunque tiene los recursos con qué hacerles frente, luce más intranquilo ante una serie de demandas sociales y salariales.
Es que con varios gremios docentes movilizados, con paros desde que empezaron las clases, resulta más difícil arreglar que con el amigo Hugo Moyano.
A partir de mañana habrá algo de paz entre los gobiernos de Tierra del Fuego y Neuquén, y sus respectivos magisterios, luego que se firmaran arreglos con aumentos de haberes.
Ese trámite no ha sido fácil ni pacífico. Es que además de los paros, debieron mediar piquetes, toma de edificios públicos, carpas y manifestaciones -en Neuquén hubo el vil asesinato de Carlos Fuentealba-, antes que los gobernantes decidieran aflojar la mano y dejar caer unas monedas.
Resta resolver el conflicto en Santa Cruz, donde Kirchner fue y volvió sobre sus pasos. Hasta el viernes, por sí y por medio de sus lenguaraces como los dos Fernández, había dejado saber que los sueldos docentes eran excelentes. El mensaje a los docentes era clarísimo: si no levantan las medidas de fuerza no habrá negociación.
Pero los aludidos persistieron y pasaron a la ofensiva, ocupando escuelas y dependencias oficiales. Incluso estuvieron varias horas en la Legislatura y la Municipalidad, exigiendo que se les aumenten los básicos. En esas movidas apoyaron un frustrado proyecto de siete legisladores del PJ y dos de la UCR para derogar la ley antiparitarias vigente desde 1991.
Un indicio de la profundidad del sentimiento de los huelguistas lo dio el quedarse en las carpas ante el poder pese a temperaturas de varios grados bajo cero en horarios nocturnos. Ni la terquedad presidencial ni el “general invierno” durante el otoño ni los 500 gendarmes les hicieron bajar los brazos a los maestros.
Sobre la base de esa perseverancia, lograron un pequeño gran avance: la presidencia hizo saber, vía Daniel Filmus, que el lunes habrá una reunión conciliatoria en el ministerio de Trabajo. Allí se puede producir un acercamiento del gobierno a los pedidos del sector laboral; de lo contrario seguirá la protesta, aún con otras modalidades.
El gobierno tendría que atender esas solicitudes, aunque le provoque un escozor especial por provenir del pago chico del presidente. Sería lo correcto, aún al precio de saber que si mejora los salarios provocará comentarios adversos del vocero de prensa ganadero y bursátil, que editorializó a favor de las negociaciones por empresa y no por sector.
Escuchar las demandas laborales también pondrá en contra a los economistas del establishment que en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, realizada días atrás en Chile, aseguraron que Argentina está entre los inelegibles para la inversión extranjera directa. La ubicaron en el puesto número 9 sobre doce. Si se mejoran los salarios la van a ubicar como la peor del grado, por “populista”, pero -razones electorales al margen- mejorar los ingresos de la gente es lo que hay que hacer.
ARGENPRESS.info
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