Lima-Unos siete mil agentes policiales peruanos rodean este sábado un mercado popular ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, donde desde hace más de 20 días centenares de comerciantes y sus familias se atrincheran para defender su lugar de trabajo
Señala EFE que la víspera el Gobierno declaró el estado de emergencia, ante la resistencia de sus moradores de abandonar el lugar que es reclamado por la Alcaldía de Lima.
Con sus hijos a cuestas y acusados por las autoridades de utilizar a los niños como escudos humanos, los comerciantes se niegan a retirarse del predio de 80 hectáreas bajo la consigna de que lo defenderán "hasta la muerte".
Los mayoristas de Santa Anita invadieron en 2003 la zona cuando era un terreno inerte y ahora en la actualidad suman unos diez mil pequeños comercios que son la fuente de trabajo de varios cientos de familias de muy escasos recursos económicos.
Visiblemente molestos con el alcalde de Lima, Luis Castañeda, los atrincherados lo acusan de querer vender el mercado a inversores chilenos.
Mientras permanecen encerrados y piden entablar el diálogo, las autoridades se reafirman en su negativa e intentan hacerles desistir con folletos lanzados desde helicópteros en los que les amenazan con cárcel y les hacen responsables de cualquier daño que pudiera ocurrir a sus hijos.
"Sobrevuelan nuestros puestos e intentan hacernos presión psicológica", denunció un grupo de mayoristas a EFE, agencia de noticias a la que permitieron acceder al mercado por considerar que la prensa extranjera es más neutral que la de su país.
Precisamente la Defensoría del Pueblo de Perú ha hecho un llamamiento para que las partes implicadas mantengan la paz social, en tanto, las familias esperan el desenlace.
Señala EFE que la víspera el Gobierno declaró el estado de emergencia, ante la resistencia de sus moradores de abandonar el lugar que es reclamado por la Alcaldía de Lima.
Con sus hijos a cuestas y acusados por las autoridades de utilizar a los niños como escudos humanos, los comerciantes se niegan a retirarse del predio de 80 hectáreas bajo la consigna de que lo defenderán "hasta la muerte".
Los mayoristas de Santa Anita invadieron en 2003 la zona cuando era un terreno inerte y ahora en la actualidad suman unos diez mil pequeños comercios que son la fuente de trabajo de varios cientos de familias de muy escasos recursos económicos.
Visiblemente molestos con el alcalde de Lima, Luis Castañeda, los atrincherados lo acusan de querer vender el mercado a inversores chilenos.
Mientras permanecen encerrados y piden entablar el diálogo, las autoridades se reafirman en su negativa e intentan hacerles desistir con folletos lanzados desde helicópteros en los que les amenazan con cárcel y les hacen responsables de cualquier daño que pudiera ocurrir a sus hijos.
"Sobrevuelan nuestros puestos e intentan hacernos presión psicológica", denunció un grupo de mayoristas a EFE, agencia de noticias a la que permitieron acceder al mercado por considerar que la prensa extranjera es más neutral que la de su país.
Precisamente la Defensoría del Pueblo de Perú ha hecho un llamamiento para que las partes implicadas mantengan la paz social, en tanto, las familias esperan el desenlace.
ACN/26/05/2007
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