1/5/07

Perú:Al pie del acantilado

Opinión
Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info)

Si tomáramos de modo literal las amenazas que de un tiempo a esta parte viene profiriendo el Presidente García, podríamos creer que su régimen se sitúa hoy al pie del acantilado.

No hace mucho, en efecto, haciendo alarde de su inclinación guerrera, ordenó públicamente a su ministro del Interior que bombardee y ametralle las localidades en las que presuma la existencia de cocales y pozas de maceración de droga. Cuando quedó en evidencia la inoperatividad de la consigna optó por dejarla de lado, pero recientemente la retomó de otra manera: “¡les vamos a pasar por encima…!” dijo enfurecido amenazando nuevamente a los cultivadores de la hoja de coca que, sin arredrarse marcharon hacia las ciudades en busca de atención a sus demandas básicas.

Hoy el Presidente García repite similares amenazas con el propósito de intimidar a los trabajadores mineros, que proclaman su voluntad de iniciar una huelga indefinida la próxima semana. Soberbio, no se pregunta siquiera si son justas o no, las demandas de los trabajadores. Ni toma las medidas más elementales para Asegurar que sus ministros atiendan a las organizaciones en conflicto. Prefiere simplemente hablar de “los que sabotean al país” y los que “fomentan la ingobernabilidad”. Ante ellos, dice, el gobierno estará dispuesto, incluso, a movilizar a la Fuerza Armada.

Los trabajadores mineros no son centenares de exhaustos extractores de riqueza en los andes peruanos. Son actualmente 120 mil trabajadores, el 65.4% de los cuales laboran para empresas intermediarias en tanto que sólo el 34.5% está en planillas de compañías que responden por sus salarios y otros beneficios. El régimen que así lo determina, se inició curiosamente en la primera administración de García, cuando se dio luz verde a las empresas intermediarias para que aborden con personal a su cargo -y sin beneficio alguno- tareas que, en su momento, se juzgaron “transitorias”, “complementarias” o “de mantenimiento”, El artilugio sirvió ciertamente para elevar a dimensiones siderales las ganancias de los grandes empresarios, pero nunca se tradujo en el bienestar de los trabajadores ni en el progreso de las localidades situadas en el entorno de los enclaves mineros. Al contrario, muchos de estos, debieron soportar -y soportan aún estoicamente- los efectos más nocivos de la contaminación que envenena las aguas, los pastizales y aún la atmósfera.

De acuerdo a los indicadores oficiales, el Producto bruto Interno del país se ubicó ya entre los más altos de la región, con un promedio general del 7%. La inflación alcanza el nivel más bajo de América con apenas el 1%. Las Reservas Internacionales superan los 18 mil millones de dólares y el Comercio Exterior generó un superávit de casi 9 mil millones de dólares. Aunque muchos lo saben, el régimen oculta muchas veces que ese bienestar formal tiene su origen, básicamente, en el “boom” minero, que nos colocó en un lugar espectaticio en el escenario mundial.

Somos, en efecto ahora el quinto productos mundial de oro, y el segundo productor mundial de Plata. Y luego de Chile, ocupamos el lugar preferente también en la producción de cobre. Nuestro país que, tradicionalmente fue agrario-minero, y que fue tornándose en minero-industrial; perdió su productividad agraria y vio devastada su potencialidad industrial por la imposición del modelo neo liberal que impuso el régimen de Fujimori. Y hoy ha forjado laboriosamente un segmento comercial y de servicios que complementa con dificultad a nuestra invariable e indiscutida riqueza minera.

Por eso, si en los años 70 la minería cubría el 56% del PBI, este porcentaje ha subido hoy al 65%, con lo cual se ha confirmado la supremacía del sector en el plano del desarrollo nacional.

Las empresas mineras que operan en el Perú obtienen aquí la rentabilidad más alta. Y su capacidad productiva se incrementa espectacularmente. Si la Souther Cooper Corporation, por ejemplo, obtuvo utilidades anuales por 4,881 millones de soles en el 2005, ellas llegaron a los 6,477 millones en el 2006. Pero algo aún más claro ocurrió con la Volcas Mines, que el 2005 alcanzó ganancias por 82,587 millones de soles, y luego subió a 1,086 al año siguiente. Cifras similares se pueden registrarse en el caso de la minera Barrick, Cerro Verde, Atacocha, los Quenuales, Raura, Yanacocha y otras; verdaderos consorcios mundiales de la producción minera que se lleva en peso al país dejando huecos en la tierra y aire envenenado.

La Doe Run, en este estado de cosas, se lleva ciertamente la mayor precea. No tanto por el monto de sus utilidades, que son cuantiosas, sino, sobre todo, por su capacidad de sobreexplotación que ha convertido a la localidad de La Oroya en el lugar más contaminado del hemisferio occidental, en el que el 96% de los niños menores de once años tienen ya los pulmones atravesados por el plomo que echan las altas chimeneas de la fundición metalúrgica de la región.

Los temas que mueven hoy a los trabajadores son múltiples. Demandan que pasen a planillas formales los trabajadores que laboran para empresas de servicio, que ganan un tercio del salario que se paga a los formales, y que carecen por completo de los derechos más elementales a la estabilidad, seguridad y pensiones; que se respete con restricciones la verdadera desafiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones –un régimen que naufraga para escarnio del “modelo”-; que se eliminen los “horarios atípicos” como consecuencia de los cuales miles de obreros viven hasta 36 horas consecutivas en el socavón de la mina para gozar luego de un “descanso” que es apenas sobrevivencia; que se respeten los criterios básicos referidos al reparto de utilidades en un sector altamente productivo para el país.

En torno a los temas del conflicto se han suscrito ya en diversas oportunidades numerosas “actas de compromiso” que las empresas nunca han cumplido. Y han ocurrido innumerables conflictos locales que hoy toman la forman de un torrente nacional que luce incontenible.

Independientemente de la voluntad del gobierno, como consecuencia del conflicto minero en las próximas semanas, en todas las grandes ciudades se reflejará la tensión de un conflicto muy serio. Los trabajadores marcharán en demanda de justicia. Y, aunque quiera, el Presidente García no podrá “pasar encima de ellos” cuando hoy viva al pie del acantilado.

La marea social crece, entonces cuando el tema de los Cocaleros no se ha apagado, y cuando el gobierno –con facultades delegadas para reprimir, recurre a los viejos procedimientos que tanto daño hicieron al pueblo en el pasado.

ARGENPRESS.info

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