Múgica alerta de temas como El Algarrobico o el trato a los inmigrantes
ANA LÓPEZ OTERO/ALMERÍA
La cultura de reclamar se implanta, parece ser, cada vez con más fuerza entre los almerienses que reaccionan ante situaciones que consideran injustas acudiendo a las entidades que se establecen en el sistema democrático español. Y estas no pasan siempre por los tribunales sino por pedir ayuda al Defensor del Pueblo a nivel nacional. Enrique Múgica recibió, según el último informe de 2006 presentado hace unos días al Congreso de los Diputados, 273 quejas de la provincia almeriense. Son 173 más que el año anterior aunque Almería se encuentra aún como la segunda provincia andaluza que menos usa este servicio sólo con Huelva por delante. Reclamaciones ciudadanas o expedientes abiertos de oficio, desde el Defensor del Pueblo se analizaron temas como El Algarrobico o la inmigración.
ANA LÓPEZ OTERO/ALMERÍA
La cultura de reclamar se implanta, parece ser, cada vez con más fuerza entre los almerienses que reaccionan ante situaciones que consideran injustas acudiendo a las entidades que se establecen en el sistema democrático español. Y estas no pasan siempre por los tribunales sino por pedir ayuda al Defensor del Pueblo a nivel nacional. Enrique Múgica recibió, según el último informe de 2006 presentado hace unos días al Congreso de los Diputados, 273 quejas de la provincia almeriense. Son 173 más que el año anterior aunque Almería se encuentra aún como la segunda provincia andaluza que menos usa este servicio sólo con Huelva por delante. Reclamaciones ciudadanas o expedientes abiertos de oficio, desde el Defensor del Pueblo se analizaron temas como El Algarrobico o la inmigración.
Medio Ambiente
El Defensor viene señalando en los últimos años la existencia de un número importante de edificaciones y ocupaciones ilegales en el dominio marítimo terrestre pero la aparición en las noticias del polémico hotel de El Algarrobico en Carboneras le llevó a pedir información sobre este caso «concreto y singular». Abrió una queja de oficio para ver lo ocurrido con un inmueble que tenía licencia municipal para ser construido pero que se encontraba en parte dentro de un espacio público.
Asegura Múgica que la Consejería de Medio Ambiente le remitió una nota «excesivamente escueta» aunque de las informaciones aportadas de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Carboneras «se deducía que la Junta de Andalucía no había actuado irregularmente».
Sin embargo, dice el texto, la Consejería «parecía justificar la expropiación forzosa decidida por el Ministerio en que la edificación se ubica dentro de la zona de servidumbre de protección cuando esto es más bien un presupuesto». Por el contrario, comenta Múgica, el Gobierno decide expropiar por otra causa que se traduce «en el importante perjuicio para la integridad del tramo litoral de alto interés ambiental y paisajístico».
Así, el Defensor lamenta que la iniciativa partiera en principio del Ministerio y no de la Junta cuando esta «es competente para autorizar usos en zonas de protección».
Finalmente, cuando la Defensoría tenía casi cerrado el estudio de la cuestión, la Presidencia de la Junta de Andalucía anunció la demolición de la construcción, un hecho que el Defensor celebra «independientemente de su sentido y finalidad por nuestra convicción de que el papel de la Junta no podía ser subordinado sino directivo en un caso como el presente aunque dependa en parte de las decisiones que son competencia de otras administraciones».
Asegura Múgica que la Consejería de Medio Ambiente le remitió una nota «excesivamente escueta» aunque de las informaciones aportadas de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Carboneras «se deducía que la Junta de Andalucía no había actuado irregularmente».
Sin embargo, dice el texto, la Consejería «parecía justificar la expropiación forzosa decidida por el Ministerio en que la edificación se ubica dentro de la zona de servidumbre de protección cuando esto es más bien un presupuesto». Por el contrario, comenta Múgica, el Gobierno decide expropiar por otra causa que se traduce «en el importante perjuicio para la integridad del tramo litoral de alto interés ambiental y paisajístico».
Así, el Defensor lamenta que la iniciativa partiera en principio del Ministerio y no de la Junta cuando esta «es competente para autorizar usos en zonas de protección».
Finalmente, cuando la Defensoría tenía casi cerrado el estudio de la cuestión, la Presidencia de la Junta de Andalucía anunció la demolición de la construcción, un hecho que el Defensor celebra «independientemente de su sentido y finalidad por nuestra convicción de que el papel de la Junta no podía ser subordinado sino directivo en un caso como el presente aunque dependa en parte de las decisiones que son competencia de otras administraciones».
Inmigración
La Oficina del Defensor del Pueblo visitó el pasado año varios centros de internamiento de extranjeros. En el caso de Almería, abrió una investigación de oficio al saber que para atender la constante afluencia de inmigrantes en situación irregular a las costas se había habilitado un antiguo restaurante en el puerto de la capital como centro de internamiento provisional. Dichas instalaciones, comenta, «carecían de los mínimos requisitos legales exigidos para poder destinarse a tal uso». La Institución se dirigió a la Subdelegación del Gobierno en Almería para confirmar la información y ver las previsiones que se tenía en la materia aunque al cierre del año estaba esperando una respuesta. Esta se traducirá, probablemente, en dar a conocer que se van a instalar módulos de acogida provisional para mejorar la dignidad de extranjeros y el trabajo policial que se tiene que desarrollar con ellos y que se pondrán en marcha a mediados de junio.
Presos
También hace referencia Múgica a la necesidad de poner en marchas programas específicos de rehabilitación de presos a nivel general y señala una iniciativa que se está desarrollando en la cárcel almeriense de El Acebuche: el tratamiento para agresores sexuales. No es la única cárcel española con esta iniciativa y, de manera general, Múgica señala que el incremento de la población reclusa y la mayor carga de trabajo de los profesionales evidencia que las prisiones «están infradotadas de profesionales».
Transporte
Un caso llama la atención en lo que se refiere a transportes en la provincia almeriense y tuvo que ver con Roquetas de Mar. Un ciudadano de esa localidad manifestó que el servicio de transporte público que se presta «no se encuentra al nivel» de una localidad con una población que ya sobrepasa los 80.000 habitantes.
Así, señalaba el interesado que «la flota es antigua, las esperas en las paradas son largas por el incumplimiento de los horarios, la frecuencia de los autobuses no es la adecuada y el número de estos se queda corto ante la demanda de viajeros».
Las autoridades municipales de Roquetas informaron al Defensor diciendo que «eran conscientes de las deficiencias del transporte público» aunque precisaron que «se habían comenzado a tomar las medidas necesarias encaminadas a solucionarlas».
Múgica mantiene, no obstante, abierta la investigación a la espera de un nuevo informe complementario sobre la situación.
Así, señalaba el interesado que «la flota es antigua, las esperas en las paradas son largas por el incumplimiento de los horarios, la frecuencia de los autobuses no es la adecuada y el número de estos se queda corto ante la demanda de viajeros».
Las autoridades municipales de Roquetas informaron al Defensor diciendo que «eran conscientes de las deficiencias del transporte público» aunque precisaron que «se habían comenzado a tomar las medidas necesarias encaminadas a solucionarlas».
Múgica mantiene, no obstante, abierta la investigación a la espera de un nuevo informe complementario sobre la situación.
Palomares
La situación en la pedanía de Cuevas del Almanzora, Palomares, sobre la investigación de si pudiera haber residuos radiactivos interesa especialmente al Defensor del Pueblo.
En su informe, asegura que «celebra que la investigación haya servido para evitar el uso del suelo en forma peligrosa para la salud de las personas».No obstante, la Institución «lamenta profundamente el largo tiempo ha requerido su efectiva puesta en marcha» e incide en «no olvidar que el informe emitido por la Dirección Técnica de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se pone de manifiesto el problema, data de diciembre de 2002».
Para Múgica, el proyecto se ha retrasado «por la falta de un impulso administrativo suficiente» que podría haber conllevado riesgos a la población.
En su informe, asegura que «celebra que la investigación haya servido para evitar el uso del suelo en forma peligrosa para la salud de las personas».No obstante, la Institución «lamenta profundamente el largo tiempo ha requerido su efectiva puesta en marcha» e incide en «no olvidar que el informe emitido por la Dirección Técnica de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se pone de manifiesto el problema, data de diciembre de 2002».
Para Múgica, el proyecto se ha retrasado «por la falta de un impulso administrativo suficiente» que podría haber conllevado riesgos a la población.
ideadigital/Local/04/06/2007
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