La ONG Vive y el representante del gobierno presentan sus versiones-
Germán Saltrón, representante del gobierno venezolano, condenó durante la realización de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, la actuación del organismo con respecto a los sucesos de abril de 2002.
En la audiencia, además de los representantes del gobierno, intervienen los miembros de la Organización No Gubernamental venezolana Vive, quienes han hecho énfasis en lo que consideran ese día ocurrió una violación de los derechos humanos durante los mencionados sucesos.
Saltrón expresó que cuando los derechos humanos en Venezuela requerían una actuación contundente y decidida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "ésta asumió una actitud ambigua y complaciente contra los sectores que atentaron contra los derechos humanos durante el golpe de Estado".
Refirió que la Comisión no condenó la actuación destacada y fundamental de los medios de comunicación en la ejecución del golpe. "Tampoco se hizo una autocrítica por no haber otorgado las medidas cautelares al Presidente y se limitó a reprocharle al Ejecutivo Nacional su actuación durante el golpe a sabiendas que algunos ministros, gobernadores y alcaldes, magistrados, fiscales y jueces habían participado en el golpe de Estado".
"Venezuela insiste en el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que aplique los principios que deben regir los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, imparcialidad, objetividad no selectividad diálogo constructivo y cooperación, transparencia y rendición de cuentas en equilibrio".
Saltrón ocupó la primera parte de su exposición a relatar la versión oficial de lo que sucedió el 11,12 y 13 de abril de 2002 en el país.
Sostuvo, entre otros puntos, que el golpe de Estado fue orquestado y financiado por el Departamento de Estado Norteamericano e indicó que como nunca antes se confabularon los empresarios, los sindicatos de trabajadores, en este caso la CTV y los medios de comunicación social para destituir del poder al Presidente Chávez.
"En el año 2001 ante los éxitos económicos sociales y políticos del gobierno bolivariano sectores empresariales partidos políticos opositores, la alta jerarquía de la Iglesia, militares de alto rango y los medios de comunicación, siguiendo líneas políticas del departamento de estado de EEUU iniciaron un plan para desestabilizar al gobierno y preparar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002".
"La publicación de 49 decretos leyes dictados en el marco de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional fue el disparador de una conspiración interna e internacional empeñada en detener el proceso de inclusión y reivindicación de los derechos del pueblo venezolano. Los recursos financieros del Departamento de Estado fueron los motores de esta conspiración", enfatizó.
A las víctimas de estos hechos, dijo, "rendimos hoy luto y homenaje, le garantizamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que los responsables están siendo investigados".
Aseguró que la actuación de la política internacional soberana realizada por Venezuela basada en la cooperación pacífica de todas las naciones y en especial la integración latinoamericana, ha traído como consecuencia una campaña de satanización del Presidente Hugo Chávez.
La campaña de satanización, apunta Saltrón, se evidencia "en el incremento de denuncias ante los organismos internacionales y medidas provisionales contra Venezuela presentadas por parte de ONGS venezolanas e internacionales financiadas por gobiernos e instituciones extranjeras".
Germán Saltrón, representante del gobierno venezolano, condenó durante la realización de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, la actuación del organismo con respecto a los sucesos de abril de 2002.
En la audiencia, además de los representantes del gobierno, intervienen los miembros de la Organización No Gubernamental venezolana Vive, quienes han hecho énfasis en lo que consideran ese día ocurrió una violación de los derechos humanos durante los mencionados sucesos.
Saltrón expresó que cuando los derechos humanos en Venezuela requerían una actuación contundente y decidida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "ésta asumió una actitud ambigua y complaciente contra los sectores que atentaron contra los derechos humanos durante el golpe de Estado".
Refirió que la Comisión no condenó la actuación destacada y fundamental de los medios de comunicación en la ejecución del golpe. "Tampoco se hizo una autocrítica por no haber otorgado las medidas cautelares al Presidente y se limitó a reprocharle al Ejecutivo Nacional su actuación durante el golpe a sabiendas que algunos ministros, gobernadores y alcaldes, magistrados, fiscales y jueces habían participado en el golpe de Estado".
"Venezuela insiste en el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que aplique los principios que deben regir los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, imparcialidad, objetividad no selectividad diálogo constructivo y cooperación, transparencia y rendición de cuentas en equilibrio".
Saltrón ocupó la primera parte de su exposición a relatar la versión oficial de lo que sucedió el 11,12 y 13 de abril de 2002 en el país.
Sostuvo, entre otros puntos, que el golpe de Estado fue orquestado y financiado por el Departamento de Estado Norteamericano e indicó que como nunca antes se confabularon los empresarios, los sindicatos de trabajadores, en este caso la CTV y los medios de comunicación social para destituir del poder al Presidente Chávez.
"En el año 2001 ante los éxitos económicos sociales y políticos del gobierno bolivariano sectores empresariales partidos políticos opositores, la alta jerarquía de la Iglesia, militares de alto rango y los medios de comunicación, siguiendo líneas políticas del departamento de estado de EEUU iniciaron un plan para desestabilizar al gobierno y preparar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002".
"La publicación de 49 decretos leyes dictados en el marco de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional fue el disparador de una conspiración interna e internacional empeñada en detener el proceso de inclusión y reivindicación de los derechos del pueblo venezolano. Los recursos financieros del Departamento de Estado fueron los motores de esta conspiración", enfatizó.
A las víctimas de estos hechos, dijo, "rendimos hoy luto y homenaje, le garantizamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que los responsables están siendo investigados".
Aseguró que la actuación de la política internacional soberana realizada por Venezuela basada en la cooperación pacífica de todas las naciones y en especial la integración latinoamericana, ha traído como consecuencia una campaña de satanización del Presidente Hugo Chávez.
La campaña de satanización, apunta Saltrón, se evidencia "en el incremento de denuncias ante los organismos internacionales y medidas provisionales contra Venezuela presentadas por parte de ONGS venezolanas e internacionales financiadas por gobiernos e instituciones extranjeras".
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Organización Vive responsabiliza al Estado ante la CIDH por muertes del 11-A
El representante de la organización Vive, Alfredo Romero, expuso con apoyo audiovisual ante el organismo de defensa de los derechos humanos adscrito a la OEA los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 y planteó la responsabilidad del Estado por los ciudadanos muertos y heridos.
Vive, que representa a los familiares de nueve personas que murieron el 11 de abril y cuatro heridos, hizo su presentación tras la ponencia de los representantes del gobierno, quienes negaron la responsabilidad oficial en los hechos violentos.
Romero inició la exposición con un video en el que el presidente Chávez admite haber provocado la crisis de Pdvsa, lo que trajo como consecuencia el estallido del 11 de abril y su posterior salida del poder. A continuación, mostró en detalle con videos, fotos y gráficos, los lugares del centro de Caracas donde cayeron muertas las personas a las que representa y presentó la posible vinculación de los fallecimientos con la instigación gubernamental a los partidarios oficialistas para que defendieran el Palacio de Miraflores y el hecho de que la Guardia Nacional tenía armas de fuego, entre otros factores.
Para las conclusiones, Gonzalo Himiob, abogado de Vive, presentó a la CIDH lo que considera como las responsabilidades del Estado: " Es responsable por acción en cuatro niveles: Planificación previa y preparación de los sucesos, inducción a sus seguidores a la violencia contra manifestantes desarmados, ejecución de acciones lesivas contra manifestantes desarmados y acciones que quedaron a nivel de tentativa. Es responsable de omisión a partir de dos premisas: No cumplió con los deberes de la convención y la constitución de proteger a la ciudadanía de eventuales ataques contra cualquiera de sus derechos y no ha investigado de manera objetiva, expedita e imparcial los hechos".
Organización Vive responsabiliza al Estado ante la CIDH por muertes del 11-A
El representante de la organización Vive, Alfredo Romero, expuso con apoyo audiovisual ante el organismo de defensa de los derechos humanos adscrito a la OEA los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 y planteó la responsabilidad del Estado por los ciudadanos muertos y heridos.
Vive, que representa a los familiares de nueve personas que murieron el 11 de abril y cuatro heridos, hizo su presentación tras la ponencia de los representantes del gobierno, quienes negaron la responsabilidad oficial en los hechos violentos.
Romero inició la exposición con un video en el que el presidente Chávez admite haber provocado la crisis de Pdvsa, lo que trajo como consecuencia el estallido del 11 de abril y su posterior salida del poder. A continuación, mostró en detalle con videos, fotos y gráficos, los lugares del centro de Caracas donde cayeron muertas las personas a las que representa y presentó la posible vinculación de los fallecimientos con la instigación gubernamental a los partidarios oficialistas para que defendieran el Palacio de Miraflores y el hecho de que la Guardia Nacional tenía armas de fuego, entre otros factores.
Para las conclusiones, Gonzalo Himiob, abogado de Vive, presentó a la CIDH lo que considera como las responsabilidades del Estado: " Es responsable por acción en cuatro niveles: Planificación previa y preparación de los sucesos, inducción a sus seguidores a la violencia contra manifestantes desarmados, ejecución de acciones lesivas contra manifestantes desarmados y acciones que quedaron a nivel de tentativa. Es responsable de omisión a partir de dos premisas: No cumplió con los deberes de la convención y la constitución de proteger a la ciudadanía de eventuales ataques contra cualquiera de sus derechos y no ha investigado de manera objetiva, expedita e imparcial los hechos".
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Unión Radio-Venezuela/Internacionales/22/07/2007
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