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13/07/2007
Carlos Martínez
Rebelión
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Como a todas las grandes ciudades europeas, a Valencia han llegado trabajadores desde África. Arriesgando su vida realizan una travesía de miles de kilómetros en precarios kayukos para desembarcar en las Islas Canarias. Desde allí, el Gobierno español traslada aquellos que no pueden ser repatriados a diferentes ciudades de la península. Las Comunidades Autónomas, que tienen atribuida constitucionalmente la competencia de asistencia social, se encargan de darles un mínimo sustento. La administración central transfiere una buena suma de dinero para la financiación de estos servicios. Casi todas las Comunidades Autónomas tienen sus centros y planes de acogida para estas personas desvalidas. Sin “papeles” no hay derechos y quien carece de derechos es objeto de todo tipo de abusos.
Sin embargo, a pesar de que en los últimos tres años el Estado español ha transferido 60 millones de euros para políticas de integración y acogida a la Generalitat Valenciana, ésta no ha seguido la vía del resto de administraciones territoriales: se ha “embolsado el dinero”, pero no ha creado ningún centro de acogida. Al no existir dichos centros, los ciudadanos africanos en situación “irregular” sólo tienen la opción de dormir bajo un puente en el flamante jardín del río Turia, donde han creado un poblado chabolista en el que las cajas de cartón hacen las veces de hogar y los carritos de supermercado sirven como armarios para sus exiguas pertenencias.
La única iniciativa del Ayuntamiento gobernado por la poderosa Rita Barberá ha sido colocar, justo enfrente de donde se hacinan los inmigrantes, un rótulo que indica que está “prohibido acampar” en el Jardín del Turia.
No se me ocurre nada más ridículo e inútil ante el grave problema humanitario que sufren estas personas. Ridículo y absurdo por varias razones, ¿Qué puede hacer la Policía Local ante dicha situación? ¿Multar a personas que no tienen ni para comer? ¿A qué lugar los pueden trasladar? Se trata de la clásica y típica medida simbólica de una administración inoperante. La inutilidad de la medida se hace patente al observar que son ya cerca de seiscientas las personas que habitan bajo el puente, que no provienen únicamente de África, sino de otras partes del mundo. Al no poder desalojar a los inmigrantes africanos, las autoridades municipales se encuentran prisioneras de sus propias incongruencias: no pueden ordenar que se queden sólo los “negros” y echar a quienes tengan la piel más clara.
Estas personas que malviven en Valencia han sufrido agresiones xénofobas, un joven valenciano que disparó contra ellas con un subfusil fue raudamente puesto en libertad por la autoridad judicial correspondiente, mientras que las víctimas sufrieron una redada y detenciones. Además de intentos de desalojo por el método del “manguerazo” en invierno, mientras estaban durmiendo, ordenado por la autoridad competente en la materia.
Todo esto ocurre como consecuencia del empecinamiento del Ayuntamiento de Valencia para no crear un centro de acogida. Se desconoce el motivo, si es por que no quieren “favorecer” el efecto “llamada” tan denunciado por la derecha aborigen, o simplemente porque todos los fondos municipales y autonómicos se dedican a eventos como la “Copa América”, la visita del Papa o la futura celebración de la Formula Uno, que según el Partido Popular mejoran la imagen de la ciudad de Valencia, imagen que resulta manchada por las condiciones de subsistencia de estas personas, situacióm que ha sido denunciada en medios alternativos de comunicación y que ha transcendido las fronteras.
Pero lo cierto es que acaban de celebrarse elecciones locales y autonómicas y en ellas la derecha ha triunfado plenamente, mientras que en la izquierda derrotada, la coalición “Compromis per Valencia”, ya han comenzado las deslealtades y traiciones por parte de los nacionalistas y llamazaristas. Algo de responsabilidad tenemos todos los ciudadanos de Valencia en lo que está ocurriendo bajo el puente.
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( VIDEO): "La verguenza de Valencia"
Rebelión
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Como a todas las grandes ciudades europeas, a Valencia han llegado trabajadores desde África. Arriesgando su vida realizan una travesía de miles de kilómetros en precarios kayukos para desembarcar en las Islas Canarias. Desde allí, el Gobierno español traslada aquellos que no pueden ser repatriados a diferentes ciudades de la península. Las Comunidades Autónomas, que tienen atribuida constitucionalmente la competencia de asistencia social, se encargan de darles un mínimo sustento. La administración central transfiere una buena suma de dinero para la financiación de estos servicios. Casi todas las Comunidades Autónomas tienen sus centros y planes de acogida para estas personas desvalidas. Sin “papeles” no hay derechos y quien carece de derechos es objeto de todo tipo de abusos.
Sin embargo, a pesar de que en los últimos tres años el Estado español ha transferido 60 millones de euros para políticas de integración y acogida a la Generalitat Valenciana, ésta no ha seguido la vía del resto de administraciones territoriales: se ha “embolsado el dinero”, pero no ha creado ningún centro de acogida. Al no existir dichos centros, los ciudadanos africanos en situación “irregular” sólo tienen la opción de dormir bajo un puente en el flamante jardín del río Turia, donde han creado un poblado chabolista en el que las cajas de cartón hacen las veces de hogar y los carritos de supermercado sirven como armarios para sus exiguas pertenencias.
La única iniciativa del Ayuntamiento gobernado por la poderosa Rita Barberá ha sido colocar, justo enfrente de donde se hacinan los inmigrantes, un rótulo que indica que está “prohibido acampar” en el Jardín del Turia.
No se me ocurre nada más ridículo e inútil ante el grave problema humanitario que sufren estas personas. Ridículo y absurdo por varias razones, ¿Qué puede hacer la Policía Local ante dicha situación? ¿Multar a personas que no tienen ni para comer? ¿A qué lugar los pueden trasladar? Se trata de la clásica y típica medida simbólica de una administración inoperante. La inutilidad de la medida se hace patente al observar que son ya cerca de seiscientas las personas que habitan bajo el puente, que no provienen únicamente de África, sino de otras partes del mundo. Al no poder desalojar a los inmigrantes africanos, las autoridades municipales se encuentran prisioneras de sus propias incongruencias: no pueden ordenar que se queden sólo los “negros” y echar a quienes tengan la piel más clara.
Estas personas que malviven en Valencia han sufrido agresiones xénofobas, un joven valenciano que disparó contra ellas con un subfusil fue raudamente puesto en libertad por la autoridad judicial correspondiente, mientras que las víctimas sufrieron una redada y detenciones. Además de intentos de desalojo por el método del “manguerazo” en invierno, mientras estaban durmiendo, ordenado por la autoridad competente en la materia.
Todo esto ocurre como consecuencia del empecinamiento del Ayuntamiento de Valencia para no crear un centro de acogida. Se desconoce el motivo, si es por que no quieren “favorecer” el efecto “llamada” tan denunciado por la derecha aborigen, o simplemente porque todos los fondos municipales y autonómicos se dedican a eventos como la “Copa América”, la visita del Papa o la futura celebración de la Formula Uno, que según el Partido Popular mejoran la imagen de la ciudad de Valencia, imagen que resulta manchada por las condiciones de subsistencia de estas personas, situacióm que ha sido denunciada en medios alternativos de comunicación y que ha transcendido las fronteras.
Pero lo cierto es que acaban de celebrarse elecciones locales y autonómicas y en ellas la derecha ha triunfado plenamente, mientras que en la izquierda derrotada, la coalición “Compromis per Valencia”, ya han comenzado las deslealtades y traiciones por parte de los nacionalistas y llamazaristas. Algo de responsabilidad tenemos todos los ciudadanos de Valencia en lo que está ocurriendo bajo el puente.
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( VIDEO): "La verguenza de Valencia"
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