El presidente peruano Alan García movilizó más de 1.000 soldados a la zona del desastre. "Mi obligación es poner orden cueste lo que cueste", dijo el mandatario, pero minimizó las denuncias de robos que realizan los damnificados. En la ciudad, la más golpeada por el terremoto del miércoles, no hay agua ni comida y la gente espera la lenta llegada de la ayuda humanitaria.
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El gobierno peruano redobló hoy la presencia militar con más de 1.000 soldados en la costa peruana para frenar la violencia y los saqueos como consecuencia del devastador terremoto del miércoles pasado. Con mejor logística y refuerzos en la seguridad, la Defensa Civil de Perú reparte agua y comida a la desamparada población de Pisco, que después de tres días de afrontar dificultades se organiza para conseguir productos de primera necesidad. Según los testigos y los medios peruanos, el saqueo ya ha comenzado en las zonas devastadas por el sismo de 8 grados en la escala de Richter que asoló las ciudades de Pisco, Chincha, Ica y Cañete, todas ellas al sur de Lima. Las autoridades intentan poner orden ante las dificultades para distribuir la ayuda y el gobierno de Alan García anunció que mil soldados serán desplazados a la zona. "Mi obligación es poner orden y orden vamos a poner hoy día cueste lo que cueste. El que quiera armar alboroto que se atenga a las consecuencias", declaró el jefe de Estado. García dijo no creer en que se estuvieran produciendo saqueos, pero no dudó en afirmar que "podría establecer un toque de queda" si fuera necesario, pese a que horas antes había descartado esta posibilidad. "Ha habido más que nada rumores extendidos de saqueos. He recorrido comisarías y no hay denuncias", dijo el presidente, quien instó a la prensa "a verificar las informaciones antes de propalar rumores"."Vamos a establecer hoy el orden de manera enérgica, de la manera enérgica en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden hacerlo", insistió García desde Pisco, antes de partir a la vecina Chincha, la segunda población más afectada por el movimiento telúrico. Así como en Ica y Pisco, pobladores de Chincha también denunciaron que hubo asaltos a tiendas, casas y una estación de combustible. Situaciones similares se presentaron en Sunampe, el puente San Clemente, en Pisco, y las localidades de Santa Rosa del Palmar y San Isidro (Chincha) Actualmente hay unos 400 soldados en la zona que, junto a otros 600 policías, intentan frenar los saqueos, principalmente nocturnos. "Estamos duplicando el número de las Fuerzas Armadas, esperamos llegar al final de la tarde al número de mil efectivos", dijo desde Pisco, la ciudad más devastada, el ministro de Defensa, Allan Wagner. La ayuda humanitaria desde Lima seguía llegando hacia Pisco y otras ciudades lentamente debido a los problemas en la carretera Panamericana Sur, mientras que al aeropuerto de Pisco llegaron aviones con ayuda extranjera, entre ellos uno procedente de México. De los 500 muertos registrados tras el terremoto, casi 400 fueron en Pisco y 75 en Chincha. El resto se repartieron entre Ica y Cañete, aunque aún quedan zonas donde no han llegado los equipos de rescate, por lo que el número de víctimas podría incrementarse. El gran sismo dejó, además,a 1.500 personas heridas y más de 80.000 damnificados, según fuentes oficiales. Los robos responden al lógico caos provocado por la devastación que causó el terremoto, pero también se han alimentado por el hecho de que dos centros penitenciarios se derrumbaron, con la consiguiente fuga de sus reclusos. Solo de la prisión de Chincha se escaparon unos 600 presos, aunque el gobierno asegura que la gran mayoría ha sido capturada. Precisamente en esta ciudad una persona resultó herida de bala, después de que un grupo de pandilleros irrumpiera anoche en uno de sus hospitales, aprovechando la oscuridad y la escasa presencia policial, informó la portavoz del Ministerio de Salud, Lorena Trelles, a Radio Programas del Perú (RPP). Desde hoy hay un significativo incremento de la presencia militar y policial en la ciudad de Pisco, con algunos registros a personas en el centro de esta urbe. Las prioridades de las autoridades se centran ahora en establecer el reparto para evitar una extrema necesidad que lleve al saqueo.
El gobierno peruano redobló hoy la presencia militar con más de 1.000 soldados en la costa peruana para frenar la violencia y los saqueos como consecuencia del devastador terremoto del miércoles pasado. Con mejor logística y refuerzos en la seguridad, la Defensa Civil de Perú reparte agua y comida a la desamparada población de Pisco, que después de tres días de afrontar dificultades se organiza para conseguir productos de primera necesidad. Según los testigos y los medios peruanos, el saqueo ya ha comenzado en las zonas devastadas por el sismo de 8 grados en la escala de Richter que asoló las ciudades de Pisco, Chincha, Ica y Cañete, todas ellas al sur de Lima. Las autoridades intentan poner orden ante las dificultades para distribuir la ayuda y el gobierno de Alan García anunció que mil soldados serán desplazados a la zona. "Mi obligación es poner orden y orden vamos a poner hoy día cueste lo que cueste. El que quiera armar alboroto que se atenga a las consecuencias", declaró el jefe de Estado. García dijo no creer en que se estuvieran produciendo saqueos, pero no dudó en afirmar que "podría establecer un toque de queda" si fuera necesario, pese a que horas antes había descartado esta posibilidad. "Ha habido más que nada rumores extendidos de saqueos. He recorrido comisarías y no hay denuncias", dijo el presidente, quien instó a la prensa "a verificar las informaciones antes de propalar rumores"."Vamos a establecer hoy el orden de manera enérgica, de la manera enérgica en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden hacerlo", insistió García desde Pisco, antes de partir a la vecina Chincha, la segunda población más afectada por el movimiento telúrico. Así como en Ica y Pisco, pobladores de Chincha también denunciaron que hubo asaltos a tiendas, casas y una estación de combustible. Situaciones similares se presentaron en Sunampe, el puente San Clemente, en Pisco, y las localidades de Santa Rosa del Palmar y San Isidro (Chincha) Actualmente hay unos 400 soldados en la zona que, junto a otros 600 policías, intentan frenar los saqueos, principalmente nocturnos. "Estamos duplicando el número de las Fuerzas Armadas, esperamos llegar al final de la tarde al número de mil efectivos", dijo desde Pisco, la ciudad más devastada, el ministro de Defensa, Allan Wagner. La ayuda humanitaria desde Lima seguía llegando hacia Pisco y otras ciudades lentamente debido a los problemas en la carretera Panamericana Sur, mientras que al aeropuerto de Pisco llegaron aviones con ayuda extranjera, entre ellos uno procedente de México. De los 500 muertos registrados tras el terremoto, casi 400 fueron en Pisco y 75 en Chincha. El resto se repartieron entre Ica y Cañete, aunque aún quedan zonas donde no han llegado los equipos de rescate, por lo que el número de víctimas podría incrementarse. El gran sismo dejó, además,a 1.500 personas heridas y más de 80.000 damnificados, según fuentes oficiales. Los robos responden al lógico caos provocado por la devastación que causó el terremoto, pero también se han alimentado por el hecho de que dos centros penitenciarios se derrumbaron, con la consiguiente fuga de sus reclusos. Solo de la prisión de Chincha se escaparon unos 600 presos, aunque el gobierno asegura que la gran mayoría ha sido capturada. Precisamente en esta ciudad una persona resultó herida de bala, después de que un grupo de pandilleros irrumpiera anoche en uno de sus hospitales, aprovechando la oscuridad y la escasa presencia policial, informó la portavoz del Ministerio de Salud, Lorena Trelles, a Radio Programas del Perú (RPP). Desde hoy hay un significativo incremento de la presencia militar y policial en la ciudad de Pisco, con algunos registros a personas en el centro de esta urbe. Las prioridades de las autoridades se centran ahora en establecer el reparto para evitar una extrema necesidad que lleve al saqueo.
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Clarin,com-Argentina/19/08/2007
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