18/8/07

ARGENTINA-VENEZUELA:

Negocios poco claros
Marcela Valente
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BUENOS AIRES-El hallazgo de una maleta con dólares sin declarar que portaba el empresario venezolano Guido Antonini en el avión de una comitiva oficial de Argentina ha dado pie a muchas hipótesis y a una única certeza: es poca la transparencia en los negocios entre ambos países, conducidos por una diplomacia paralela.
Trece días después del incómodo arribo, se desconoce el origen y el destino que se pretendía dar a los casi 800.000 dólares en billetes chicos que traía la valija de Antonini. El gobierno de Venezuela se queja de una conspiración mediática y de Estados Unidos y el de Argentina procura sin éxito despegarse del asunto. Pero el escándalo permite al menos arrojar luz sobre un vínculo cuyas características despiertan fuertes sospechas y que se empeñaba en permanecer en un cono de sombra. El flanco débil de la relación entre ambos gobiernos emerge en la forma del fideicomiso creado en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral que moviliza cientos de millones de dólares y que escapa a la auditoría del Congreso legislativo argentino, a la de los organismos de control y de los investigadores especializados en estos asuntos. Una definición genérica de derecho comercial establece que el fideicomiso es un contrato por el cual una persona física o jurídica destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria. El convenio de cooperación firmado en 2004 por Buenos Aires y Caracas establece que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Argentino pague el combustible vendido por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de un fideicomiso administrado por el Banco de Desarrollo Social de Venezuela y el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina. Ese dinero es utilizado por Venezuela para adquirir bienes de industrias privadas argentinas de diversos rubros, no sólo energéticos. El fondo adelanta 30 por ciento del pago al proveedor y, según el semanario Perfil de Argentina, para agilizar los plazos de pago estaba Claudio Uberti, el funcionario desplazado del gobierno argentino a raíz del escándalo de la valija. Uberti, que era director del Órgano de Control de Concesiones Viales, viajaba el 4 de agosto en el avión privado rentado por la empresa petrolera estatal argentina Enarsa procedente de Caracas, que traía también al venezolano Antonini, quien dejó Buenos Aires tres días después y, desde el jueves, tiene un pedido de captura internacional emitido por la justicia de este país. Otros pasajeros del vuelo eran el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinoza, y algunos funcionarios de Pdvsa. Uberti, cesado una semana después del incidente, dependía del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y, si bien el mandato de su cargo era otro, oficiaba de responsable directo de los negocios entre ambos países en una suerte de diplomacia paralela. "¿Por qué razón estos asuntos no dependían de los organismos correspondientes, en este caso la cancillería?", se preguntó el economista Rubén Lo Vuolo, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. "En la administración (del presidente argentino Néstor) Kirchner hubo un crecimiento exponencial de fondos fiduciarios que se utilizan para desviar fondos públicos del control de otros órganos del Estado, para subsidiar al capital privado", aseguró Lo Vuolo a IPS. El experto y coautor de "Los Fondos Fiduciarios en Argentina. La privatización de los Recursos Públicos", admitió desconocer detalles del fideicomiso creado con el producto de las ventas de combustible venezolano a Argentina, pero advirtió que no hay razón para apelar a un diseño que resulta tan esquivo a los controles. El diputado opositor Claudio Lozano, un economista vinculado a la Central de Trabajadores Argentinos, también reconoció a IPS que desconocía la existencia de ese fideicomiso en los negocios entre ambos países, y afirmó que se trata de "una política pública construida para eludir controles". "La concentración del poder en pocas manos, el abuso de decretos, la subordinación del Congreso, la manipulación de los organismos de control son todos factores que favorecen la corrupción", enumeró el legislador, y puso a los fondos fiduciarios en ese mismo contexto. "Esos fondos no tienen ningún control", aseguró. En su trabajo sobre este tema, Lo Vuolo aclara que Argentina desarrolló con los fondos fiduciarios "un híbrido" que "sólo de manera lejana" puede asimilarse al funcionamiento de un fideicomiso. Según Lo Vuolo, los fideicomisos son herramientas de excepción que sirven para garantizar obras públicas de largo aliento, protegiendo los proyectos de una eventual crisis. Pero aquí "se desvirtuó" ese fin y sus fondos se ofrecen como subsidio a empresas privadas en un momento de plena reactivación económica. En el vuelo de Enarsa viajaba el hijo del responsable de Pdvsa en Argentina, Diego Uzcátegui Matheus, único que permaneció junto a Antonini cuando la aduana interceptó su valija. Si bien con lentitud, el incidente dio pie a varias causas judiciales en Argentina para investigar si Antonini incurrió en infracción aduanera, contrabando, o lavado de dinero. También se intenta dilucidar si hubo incumplimiento de deberes de funcionarios, malversación de caudales públicos o corrupción por parte de los argentinos involucrados. Otra investigación podría abrirse a partir del pedido del abogado Ricardo Monner Sans, quien solicitó por escrito a Enarsa que explicara quién permitió que Antonini viajara en el avión alquilado por la empresa estatal, si pagó por el traslado y si estaba asegurado, como exigen las normas del derecho aeronáutico. "Estoy recibiendo información reservada de diversas fuentes que indica que el dinero que venía en ese vuelo era mucho más que los 800.000 dólares que se encontraron. Se trata de un tema de una magnitud insospechada, muy oscuro, que por el momento sólo nos permite hacer conjeturas", dijo Monner Sans a IPS. El gobierno de Argentina se jacta de haber cancelado su deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero tiene ahora "un financista más caro que es (el presidente venezolano) Hugo Chávez", sostuvo. En su opinión, la celeridad con la que Kirchner destituyó a Uberti es sugestiva. Cuando la empresa sueca Skanska fue denunciada por el presunto pago de sobornos en la construcción de gasoductos, el gobierno negó durante meses que pudiera haber funcionarios involucrados, hasta que se vio obligado a separar del cargo a Fulvio Madaro, titular del Enargás, ente estatal regulador del sector. Junto con Madaro dimitió además Néstor Ulloa, director de Nación Fideicomisos, área de negocios del estatal Banco Nación dedicada a administrar los fondos fiduciarios que se recaudan del pago de tarifas de servicios públicos para financiar obras de infraestructura, en este caso la ampliación de gasoductos. "El presidente cambió su propia doctrina, porque en esos casos demoró meses en pedir renuncias, pero aquí inmediatamente ordenó desplazar a Uberti", señaló Monner Sans, que anticipó que este escándalo podría tener mayores repercusiones políticas cuando faltan sólo dos meses para las elecciones presidenciales.
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IPS-Uruguay/18/08/2007

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