BRASILIA (AP) - Decenas de implicados en un escándalo de corrupción, que estremeció a la política brasileña hace dos años, dejaron el miércoles en manos de sus abogados la defensa oral en el primero de los tres días de debates en la corte suprema, que deberá decidir si abre o no juicio al grupo de 40 personas.
Reconocidos políticos estuvieron ausentes de los bancos del Supremo Tribunal Federal (STF), que en la jornada comenzó el análisis de la acusación presentada en abril del 2006 por la Fiscalía y en que señaló al grupo de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros, por el caso que pasó a ser conocido como el escándalo del "mesalao" (mensualidad o mesada, en español).
El escándalo, que estalló en junio del 2005, se refiere a la denuncia de un ahora ex diputado, Roberto Jefferson, quien aseguró que miembros del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y de su Partido de los Trabajadores (PT) pagaron sobornos a congresistas para asegurarse que votaran a favor de proyectos del gobierno.
La denuncia de Jefferson, asegurando que a él mismo le fue ofrecido el pago, aseguró que el esquema de pagos mensuales de 13.000 dólares hechos a lo largo del 2003 al 2004 a un grupo de congresistas de varios partidos, fue diseñado por José Dirceu, quien entonces era el ministro jefe de gabinete de Lula. El denunciante siempre dijo que Lula desconocía del caso, pero opositores siempre dudaron de la versión debido a la estrecha cercanía entre el mandatario y Dirceu, quien debido al escándalo debió renunciar al cargo en 2005.
En la jornada, el abogado de Dirceu aseguró que la denuncia presentada por la Fiscalía en su contra era "una pieza de ficción" y que no hay pruebas.
"Estaba ansioso para oír la tesis oral de la acusación, pero no oí en ningún momento una acusación individualizada, oí afirmaciones vagas", dijo José Luiz Mendes de Oliveira, abogado de Dirceu.
La misma línea de defensa fue seguida por otros políticos como el ex presidente del PT, diputado José Genoino, e incluso por el empresario Marcos Valerio, denunciado como el financista de la supuesta operación de pago de sobornos.
El PT siempre ha negado el pago de sobornos, pero admite que sí distribuyó dineros entre algunos de sus aliados en distintos partidos, tanto como entre algunos de sus diputados, para que cancelaran deudas de campañas electorales, en fondos que también admite no fueron declarados a las autoridades, como dispone la ley.
Pero el partido siempre tuvo problemas para explicar el origen de los fondos usados, asegurando en ocasiones que eran préstamos obtenidos en bancos privados, que no pudo cancelar, y en otras diciendo que debía primero revisar sus cuentas internas porque admitía fallas en su contabilidad.
Para la Fiscalía y opositores, el empresario Valerio fue el fiador de los préstamos obtenidos por el PT porque a cambio obtendría jugosos contratos de publicidad de empresas estatales
Reconocidos políticos estuvieron ausentes de los bancos del Supremo Tribunal Federal (STF), que en la jornada comenzó el análisis de la acusación presentada en abril del 2006 por la Fiscalía y en que señaló al grupo de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros, por el caso que pasó a ser conocido como el escándalo del "mesalao" (mensualidad o mesada, en español).
El escándalo, que estalló en junio del 2005, se refiere a la denuncia de un ahora ex diputado, Roberto Jefferson, quien aseguró que miembros del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y de su Partido de los Trabajadores (PT) pagaron sobornos a congresistas para asegurarse que votaran a favor de proyectos del gobierno.
La denuncia de Jefferson, asegurando que a él mismo le fue ofrecido el pago, aseguró que el esquema de pagos mensuales de 13.000 dólares hechos a lo largo del 2003 al 2004 a un grupo de congresistas de varios partidos, fue diseñado por José Dirceu, quien entonces era el ministro jefe de gabinete de Lula. El denunciante siempre dijo que Lula desconocía del caso, pero opositores siempre dudaron de la versión debido a la estrecha cercanía entre el mandatario y Dirceu, quien debido al escándalo debió renunciar al cargo en 2005.
En la jornada, el abogado de Dirceu aseguró que la denuncia presentada por la Fiscalía en su contra era "una pieza de ficción" y que no hay pruebas.
"Estaba ansioso para oír la tesis oral de la acusación, pero no oí en ningún momento una acusación individualizada, oí afirmaciones vagas", dijo José Luiz Mendes de Oliveira, abogado de Dirceu.
La misma línea de defensa fue seguida por otros políticos como el ex presidente del PT, diputado José Genoino, e incluso por el empresario Marcos Valerio, denunciado como el financista de la supuesta operación de pago de sobornos.
El PT siempre ha negado el pago de sobornos, pero admite que sí distribuyó dineros entre algunos de sus aliados en distintos partidos, tanto como entre algunos de sus diputados, para que cancelaran deudas de campañas electorales, en fondos que también admite no fueron declarados a las autoridades, como dispone la ley.
Pero el partido siempre tuvo problemas para explicar el origen de los fondos usados, asegurando en ocasiones que eran préstamos obtenidos en bancos privados, que no pudo cancelar, y en otras diciendo que debía primero revisar sus cuentas internas porque admitía fallas en su contabilidad.
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Univisión - USA/23/08/2007
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