15/8/07

Fujimori: Vergüenza para Perú y Japón

Iván Reyes Ato
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El señor Alberto Kenyo Fujimori Fujimori, como peruano - japonés, es una vergüenza para la polí­tica tanto del Perú como del Japón. Es lamentable que la Constitución del Perú no sea más clara en exigir que los candidatos al gobierno nacional, como es la Presidencia de la República, deben ser auténticamente peruanos, no sólo por su nacimiento, sino de padres y abuelos peruanos. Más aun cuando aquel señor Fujimori, de doble nacionalidad, gobernó el paí­s en la más grande corrupción que se haya conocido en el Perú, que incluye el tráfico de armas y narcotráfico, asi como asesinatos y estafas. Cómo una persona de esta catadura moral pudo ser Presidente del Perú por dos períodos consecutivos? y además ser candidato para senador en el Japón?. Sin duda todo esto fue una maniobra política, orquestada por la mano negra del sionismo mundial que nace en Washington y sigue por Tokio, Santiago de Chile y Lima. Lo que pasa es que el sionismo mundial no quiere que ese señor Fujimori, cuando sea enjuiciado en el Perú, declare o revele a quién obedecía por las barbaridades que cometió durante casi una década, en complicidad ejecutiva con aquel hombre desalmado llamado Vladimiro Montesinos, que felizmente está tras las rejas. Ambos estaban al servicio de la política norteamericana. El pueblo japonés tiene vergüenza de aquel minísculo partidito poí­tico llamado Kokumin Shinto (El Nuevo Partido), ultranacionalista, fascista, escisión del Partido Liberal Demócrata, que perdió el poder en las últimas elecciones, se atreviera a postular a Fujimori a una senaduí­a en el Parlamento nipón. El fujimorismo en el Perú es alimentado por las distintas facciones de la "inteligencia" estadounidense que tiene mil y una forma de intervenir en las políticas de todos los paí­ses.Los mismos diarios japoneses dieron por descartada la elección como presunto senador japonés de este hombre de doble nacionalidad y doble personalidad, un delincuente como lo es Fujimori. Este mismo hecho de nacionalidad trae graves problemas a la política del Japón que está interfiriendo en las polí­ticas y en las decisiones judiciales de Chile y Perú.
LA JUSTICIA POLITIZADA DE CHILE
Como sabemos el juez chileno Orlando Alvarez, sentenció que no había lugar para que el acusado contumaz Alberto Fujimori sea extraditado al Perú, tomando en cuenta los argumentos de la defensa del señor Fujimori, hecho que ha causado vergüenza para la propia justicia chilena y repercusión de escándalo judicial a nivel internacional. Los mismos parlamentarios oficialistas chilenos, solicitaron el mismo día de la emisión de la sentencia de ese juez, que la Corte Suprema Penal revoque la dicisión del juez Alvarez. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno Jaime Naranjos, precisó que de lo contrario "los terroristas de estado internacionales, quedarán notificados que en Chile, los tribunales de justicia los dejarán en la impunidad, como quedó así establecido con el caso del dictador fascista Augusto Pinochet, quien tuvo que ser detenido en Inglaterra por la orden de un juez español. A su vez el Vicepresidente de la Cámara Baja, diputado Marcelo Diaz, consideró que "el veredicto del juez Alvarez transmite al mundo la señal que en Chile es posible esconderse de la justicia".
Por su parte diversos organismos de derechos humanos, denunciaron que el vuelco en este espinoso problema estaba inducido por presiones de Japón a Chile. La agrupación Human Rights Watch (HRW), sostuvo que el fallo del juez Alvarez, no se ajusta a la opinión de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que recomendó la extradición de Fujimori.
Miguel Vivanco, director para América de HRW, en un comunicado emitido en Washington, determinó que el juez (chileno) hizo caso omiso completamente, de pruebas claves contra Fujimori, identificadas por el fiscal. "El juez Álvarez parece no haber comprendido sus funciones limitadas y se ha erigido en cambio, en el que toma las decisiones finales del caso", subraya el texto.
Inclusive en Tokio (Japón), grupos de defensores de los derechos humanos, consideraron que la candidatura de Fujimori para un puesto de Senador en el Parlamento nipón, tenía como objetivo evadir la justicia peruana. A su vez Amnistia Internacional (AI) en Japón, declaró que la decisión del tribunal chileno era "profundamente decepcionante".
AI exigió a las autoridades chilenas a que extraditen a Fujimori al Perú para que "rinda cuentas ante la justicia" por los diversos casos de los que está inculpado. AI confía que los jueces chilenos en segunda instancia "cumplan con su deber" de extraditar a Fujimori, de acuerdo con los convenios de extradición y las leyes internacionales.
Como todo Chile y el Perú saben, no es la primera vez que jueces chilenos niegan la extradición de delincuentes ligados a la política peruana del tristemente célebre binomio: Fujimontesinismo. Anteriormente, negaron la extradición de los también fugitivos peruanos Daniel Borobio, Julio Vera Abad y Calmet del Solar. Daniel Borobio, fue el "publicista" de Fujimorio y del asesor de éste, Vladimiro Montesinos.
Otro fallo en contra de la extradición solicitada por la justicia argentina, fue el caso del ex presidente Carlos Saúl Menem, hecho que tensó igualmente las relaciones entre Argentina y Chile. Y abundando en protestas contra la resolución del juez de primera instancia chileno de negar la extradición de Fujimori al Perú, la Federaión Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció el caso como "extremadamente preocupante" el rechazo del citado juez de la Corte Suprema de Chile ",esperando que la Sala Penal de esa Corte subsane ese grave error".
La FIDH, precisa que el fallo del juez Alvarez "desconoce totalmente" el informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema chilena a favor de la extradición e "ignora la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso "La Cantuta", en el que se produjo una matanza masiva, ordenada por la cúpula encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, a través de personal de los servicios secretos policiaco-militares peruanos.
El juez Álvarez "no tomó en cuenta que bajo las leyes chilenas, el estandar probatorio para justificar la extradición exige sólo la existencia de indicios suficientes para establecer una presunción de la participación del requerido", precisa el informe denuncia de la FIDH.
Finalmente recuerda el citado organismo internacional, que la función del juez Alvarez se limitaba a determinar si se le extraditaba (a Fujimori) y no a juzgarlo. La FIDH acusa al juez Alvarez de haber evaluado "de manera errónea y contradictoria las pruebas que vinculan a Fujimori con los crí­menes de los que se les acusa".
La citada federación espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile "revise y subsane las inconsistencias del fallo del citado juez. La prensa, la justicia y los gobiernos verdaderamente democráticos de Latinoamérica esperan que Chile haga justicia esta vez, de lo contrario, Chile será calificado como un paí­s donde aún sigue la influencia del pinochetismo militar, tanto en el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial chileno.
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El Regional-Perú/16/08/2007

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