Actualidad étnica.Bogotá-La Comisión Indígena que adelantó la Jornada por la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígena, Indígenas y Sectores Sociales la semana pasada, conmemoró el Día Internacional de los Pueblos, el pasado 9 de agosto, con actividades legislativas, de denuncia y reivindicación. Unos 200 indígenas hicieron presencia en el recinto del Congreso de la República para presentar una propuesta de legislación acorde con las necesidades de los colombianos que han sido excluidos por décadas y vulnerados en sus derechos.
“Sabemos todos y todas que estamos viviendo la peor crisis de la historia en cuanto a gobernabilidad, debido a la fuerte represión, que durante un largo periodo histórico se ha desatado contra comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianos y todo el sector trabajador. Hay estadísticas que registran la barbarie y atropellos a que hemos sido sometidos y las consecuencias funestas que esto genera”, expresó Feliciano Valencia, Consejero del CRIC. En tales circunstancias el Parlamento Social Indígena que funcionará de manera permanente, haciendo presencia en la sede del Congreso esporádicamente, presento su propuesta por el país que queremos.
La propuesta presentada consiste en emitir una resolución derogando todas aquellas leyes que afecten la autonomía y vulneren los derechos de las comunidades indígenas campesinas, afrocolombianas y sectores marginados y que atenten contra la constitución política del 1991. Hacer que los congresistas corruptos vinculados con la parapolítica dejen sus curules; éstas deben quedar a disposición de la ciudadanía colombiana para que la vieja tradición política no siga dirigiendo el país. Sanciones ejemplares para tales congresistas y muerte política. Exigir la verdad, justicia y reparación de acuerdo al concepto que tienen los pueblos indígenas y sectores sociales al respecto. Investigación y judicialización a militares que resulten responsables de crímenes de lesa humanidad y que hayan violado los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario. Declarar ilegitimo el actual Congreso, pues este no legisla con base en las necesidades del pueblo colombiano.
A los anteriores aspectos se sumó la propuesta para crear un sistema de comunicaciones para emitir la verdad y desalambrar la palabra.”Reconocemos la existencia del conflicto armado, exigimos su solución negociada. Respaldamos la exigencia a las partes la realización de un acuerdo humanitario inmediato”, manifestó Valencia. Se recalcó la necesidad de unidad entre comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades negras, sectores sociales, trabajadores, sindicatos, movimientos y todos aquellos que se sientan afectados por el legislativo o el sistema de gobierno actual.
El legislativo indígena invitó a todos los comprometidos con la propuesta a trabajar de manera seria y responsable; crear mecanismos que conduzcan a establecer una agenda de trabajo colectivo en todo el país que permita alcanzar los objetivos propuestos. “Para que no quede solo el recuerdo de muchos de nuestros hermanos que hoy están en riesgo de desaparecer como pueblos a causa de la arremetida que en su contra se ha desatado”, dijo Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la ONIC. Para evaluar los resultados de trabajo se estableció un próximo encuentro en el Congreso Nacional Popular, a realizarse a finales de año. Para avanzar hacia un nuevo país se debe avanzar en la conformación del tribunal nacional de justicia de los pueblos indígenas.
Diferentes autoridades indígenas de todas las regiones del país se hicieron presentes en el Congreso para presentar sus propuestas, debatirlas y emitir una aprobación unánime. Tal como lo había dicho en días recientes, Aida Quilcue a este medio, la reunión estuvo exenta de congresistas, “pues no valía la pena reunirnos con ellos toda vez que, al actual Congreso, le declaramos ilegitimo por los vínculos de algunos de ellos con los paramilitares” explico la consejera mayor del CRIC.
Aparte de estas propuestas se trataron temas como la consulta previa, autonomía y leyes propias, Tratado de Libre Comercio – TLC, Mandato agrario y ética indígena. En las cerca de 6 horas que legisló el Parlamento Social enarbolando las banderas de la democracia, la dignidad y la libertad, se cuestionó de manera rotunda la legitimidad del actual Congreso que se ha desprestigiado y ha perdido su autoridad moral “toda vez que algunos de sus miembros están vinculados a la parapolítica que tanto daño ha causado a los colombianos”, expreso Aida Quilcue, consejera del CRIC.
Luego de escuchar las diferentes problemáticas, que expusieron los representantes de cada comunidad se llegó a unas conclusiones finales; teniendo den cuenta que si bien las comunidades presentan problemas muy similares difieren en cuanto al contexto social, geográfico y cultural y varían de acuerdo a las circunstancias propias de cada pueblo o región. Así por ejemplo las comunidades del Cauca se han visto seriamente afectadas por las últimas erupciones del Volcán Nevado del Huila, mientras que a los Awa de Ricaurte lo que más les afecta es la siembra de campos minados por parte de actores armados como la guerrilla, según han dicho fuentes militares; a raíz de esto han muerto varios indígenas y muchos se han desplazado. Otro caso que ilustra esta diferencia es el caso de las comunidades del Putumayo que se han visto seriamente afectadas por fumigaciones aéreas y los bombardeos en sus territorios; sin embargo los Awa también se ven seriamente afectados por las fumigaciones aéreas.
Consulta previa
En cuanto a consulta previa estas fueron algunas de la s conclusiones: “No acatar las leyes lesivas que demás de inconsultas afectan los derechos de los pueblos indígenas, estos no sucede con el gobierno propio de los indígenas. Ningún proceso de consulta previa puede pasar por encima de los territorios tradicionales. Definir entre las comunidades y autoridades indígenas los criterios y procedimientos para la aplicación de la consulta interna en nuestro territorio. Entre el Estado colombiano, autoridades y organizaciones indígenas debe llegarse a una definición de criterios para la aplicación de consulta previa. El Estado no debe delegar en terceros su responsabilidad en los procesos de consulta previa. Lograr desde la lucha social que la consulta previa en caso de que sea considerada valida por estas comunidades, sea aplicada en territorios campesinos, afrocolombianos y demás sectores sociales del país”.
Autonomía y leyes propias
“Que el gobierno, el congreso y las cortes reconozcan nuestras leyes propias y que para legislar se respeten las normas que hemos establecido en asambleas y congresos para nuestro territorio. Construir como pueblos y tradicionales una legislación propia desde la autonomía, unidad y territorio, que confluya en Planes de vida que permitan nuestra pervivencia como pueblos y que sean respetadas por el Estado. Que se respete nuestro derecho propio y ancestral para juzgar a los violadores de los Derechos Humanos y el DIH en nuestro territorio. Los pueblos indígenas en cada de uno de nuestros territorios continuaremos formulando y aplicando nuestros propios planes de estudio, en nuestra lengua, cosmovisión y ritualidad, y ello debe ser respetado por el Estado. La madre tierra es nuestra madre; el territorio de nuestros pueblos debe ser respetado por el Estado. La guardia indígena y los demás sistemas de control y seguridad territorial, son reconocidas por nuestras autoridades y comunidades y así debe serlo por el Estado y todos los actores armados”.
“Este espacio que hoy instalamos lo declaramos permanente. Es un espacio paralelo al ilegitimo Congreso de la Republica. No debe entrar actores armados a nuestros territorios y los que ya están deben salir. Determinamos Desobediencia civil en relación a las leyes que son lesivas a nuestros derechos, al ejercicio de la autoridad y autonomía y al territorio. Las simbologías propias son los símbolos oficiales en nuestros territorios. Los planes de desarrollo municipal y departamental deben garantizar recursos para el ejercicio de la autonomía de los pueblos. Las autoridades indígenas son las principales autoridades ambientales en nuestros territorios”.
Tratado de Libre Comercio con los EEUU
“Rechazamos el Tratado de Libre Comercio. Si se llegare a firmar por ambos países no será aplicable en los territorios colectivos de indígenas, afrocolombianos y campesinos, lo que garantizaremos con nuestra resistencia. Como pueblos originarios, declaramos que nuestro territorio y diversidad no están en venta ni los Vamos a negociar. No son validas las patentes y propiedad intelectual particular sobre nuestros productos y procesos, ya que son nuestro patrimonio común. La hoja de coca es sagrada por lo tanto debe ser respetada en todo el país y no son validas las normas y políticas que atentan contra ella. Las multinacionales, los grupos armados y la fuerza pública deben salir de nuestros territorios”.
Mandato Agrario
“Reafirmamos nuestra lucha y compromiso por una verdadera reforma agraria y rechazamos el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual no acataremos en nuestros territorios. La soberanía y autonomía alimentaria es la base de nuestro modelo de desarrollo propio y debe serlo también para el pueblo colombiano. Apoyamos y nos comprometemos con las conclusiones del Mandato Agrario en el sentido de realizar una agenda común con todos los sectores populares del país, para lograr una verdadera reforma agraria integral. La tierra de los desplazados debe ser respetada y devuelta a sus dueños y se deben garantizar todas las condiciones para su retorno colectivo indemnizando y reparando integralmente a las victimas. No permitiremos la legalización del despojo y la violencia, que se autoriza por medio del Estatuto de Desarrollo Rural y la ley de justicia y paz. La emergencia de los pueblos indígenas, y en particular la emergencia ambiental, declarada por las autoridades propias, debe ser respetada por el Estado, ya que no se hace, como en el caso de la amenaza por el Volcán Nevado del Huila en Tierradentro, el Macizo colombiano, el pueblo Yukpa, etc. Reafirmamos la Emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas. Exigimos el respeto a los títulos coloniales de los territorios indígenas”.
De esta forma las comunidades indígenas buscan abrirse nuevos horizontes en su desarrollo y autonomía, no sin antes exigirle al gobierno que establezca políticas publicas adecuadas a sus comunidades, teniendo en cuenta su propios planes de vida, su cultura, cosmovisión y aspectos diferenciales que fija la constitución. “Nos queda una gran tarea para que se haga realidad este desarrollo legislativo; para que esto suceda tenemos que retomar y fortalecer el ejercicio de nuestra autonomía y nuestra autoridad. También la unidad con sectores campesinos, afrocolombianos…nos hará fuertes en este nuevo proceso”, dijo Aida Quilcue, luego de agradecer a los que les han acompañado. Quilcue planteó la creación de un comité indígena de prevención de desastres, no sólo par atender emergencias naturales, sino para atender cualquier agresión que puedan causarles los actores armados.
“Sabemos todos y todas que estamos viviendo la peor crisis de la historia en cuanto a gobernabilidad, debido a la fuerte represión, que durante un largo periodo histórico se ha desatado contra comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianos y todo el sector trabajador. Hay estadísticas que registran la barbarie y atropellos a que hemos sido sometidos y las consecuencias funestas que esto genera”, expresó Feliciano Valencia, Consejero del CRIC. En tales circunstancias el Parlamento Social Indígena que funcionará de manera permanente, haciendo presencia en la sede del Congreso esporádicamente, presento su propuesta por el país que queremos.
La propuesta presentada consiste en emitir una resolución derogando todas aquellas leyes que afecten la autonomía y vulneren los derechos de las comunidades indígenas campesinas, afrocolombianas y sectores marginados y que atenten contra la constitución política del 1991. Hacer que los congresistas corruptos vinculados con la parapolítica dejen sus curules; éstas deben quedar a disposición de la ciudadanía colombiana para que la vieja tradición política no siga dirigiendo el país. Sanciones ejemplares para tales congresistas y muerte política. Exigir la verdad, justicia y reparación de acuerdo al concepto que tienen los pueblos indígenas y sectores sociales al respecto. Investigación y judicialización a militares que resulten responsables de crímenes de lesa humanidad y que hayan violado los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario. Declarar ilegitimo el actual Congreso, pues este no legisla con base en las necesidades del pueblo colombiano.
A los anteriores aspectos se sumó la propuesta para crear un sistema de comunicaciones para emitir la verdad y desalambrar la palabra.”Reconocemos la existencia del conflicto armado, exigimos su solución negociada. Respaldamos la exigencia a las partes la realización de un acuerdo humanitario inmediato”, manifestó Valencia. Se recalcó la necesidad de unidad entre comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades negras, sectores sociales, trabajadores, sindicatos, movimientos y todos aquellos que se sientan afectados por el legislativo o el sistema de gobierno actual.
El legislativo indígena invitó a todos los comprometidos con la propuesta a trabajar de manera seria y responsable; crear mecanismos que conduzcan a establecer una agenda de trabajo colectivo en todo el país que permita alcanzar los objetivos propuestos. “Para que no quede solo el recuerdo de muchos de nuestros hermanos que hoy están en riesgo de desaparecer como pueblos a causa de la arremetida que en su contra se ha desatado”, dijo Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la ONIC. Para evaluar los resultados de trabajo se estableció un próximo encuentro en el Congreso Nacional Popular, a realizarse a finales de año. Para avanzar hacia un nuevo país se debe avanzar en la conformación del tribunal nacional de justicia de los pueblos indígenas.
Diferentes autoridades indígenas de todas las regiones del país se hicieron presentes en el Congreso para presentar sus propuestas, debatirlas y emitir una aprobación unánime. Tal como lo había dicho en días recientes, Aida Quilcue a este medio, la reunión estuvo exenta de congresistas, “pues no valía la pena reunirnos con ellos toda vez que, al actual Congreso, le declaramos ilegitimo por los vínculos de algunos de ellos con los paramilitares” explico la consejera mayor del CRIC.
Aparte de estas propuestas se trataron temas como la consulta previa, autonomía y leyes propias, Tratado de Libre Comercio – TLC, Mandato agrario y ética indígena. En las cerca de 6 horas que legisló el Parlamento Social enarbolando las banderas de la democracia, la dignidad y la libertad, se cuestionó de manera rotunda la legitimidad del actual Congreso que se ha desprestigiado y ha perdido su autoridad moral “toda vez que algunos de sus miembros están vinculados a la parapolítica que tanto daño ha causado a los colombianos”, expreso Aida Quilcue, consejera del CRIC.
Luego de escuchar las diferentes problemáticas, que expusieron los representantes de cada comunidad se llegó a unas conclusiones finales; teniendo den cuenta que si bien las comunidades presentan problemas muy similares difieren en cuanto al contexto social, geográfico y cultural y varían de acuerdo a las circunstancias propias de cada pueblo o región. Así por ejemplo las comunidades del Cauca se han visto seriamente afectadas por las últimas erupciones del Volcán Nevado del Huila, mientras que a los Awa de Ricaurte lo que más les afecta es la siembra de campos minados por parte de actores armados como la guerrilla, según han dicho fuentes militares; a raíz de esto han muerto varios indígenas y muchos se han desplazado. Otro caso que ilustra esta diferencia es el caso de las comunidades del Putumayo que se han visto seriamente afectadas por fumigaciones aéreas y los bombardeos en sus territorios; sin embargo los Awa también se ven seriamente afectados por las fumigaciones aéreas.
Consulta previa
En cuanto a consulta previa estas fueron algunas de la s conclusiones: “No acatar las leyes lesivas que demás de inconsultas afectan los derechos de los pueblos indígenas, estos no sucede con el gobierno propio de los indígenas. Ningún proceso de consulta previa puede pasar por encima de los territorios tradicionales. Definir entre las comunidades y autoridades indígenas los criterios y procedimientos para la aplicación de la consulta interna en nuestro territorio. Entre el Estado colombiano, autoridades y organizaciones indígenas debe llegarse a una definición de criterios para la aplicación de consulta previa. El Estado no debe delegar en terceros su responsabilidad en los procesos de consulta previa. Lograr desde la lucha social que la consulta previa en caso de que sea considerada valida por estas comunidades, sea aplicada en territorios campesinos, afrocolombianos y demás sectores sociales del país”.
Autonomía y leyes propias
“Que el gobierno, el congreso y las cortes reconozcan nuestras leyes propias y que para legislar se respeten las normas que hemos establecido en asambleas y congresos para nuestro territorio. Construir como pueblos y tradicionales una legislación propia desde la autonomía, unidad y territorio, que confluya en Planes de vida que permitan nuestra pervivencia como pueblos y que sean respetadas por el Estado. Que se respete nuestro derecho propio y ancestral para juzgar a los violadores de los Derechos Humanos y el DIH en nuestro territorio. Los pueblos indígenas en cada de uno de nuestros territorios continuaremos formulando y aplicando nuestros propios planes de estudio, en nuestra lengua, cosmovisión y ritualidad, y ello debe ser respetado por el Estado. La madre tierra es nuestra madre; el territorio de nuestros pueblos debe ser respetado por el Estado. La guardia indígena y los demás sistemas de control y seguridad territorial, son reconocidas por nuestras autoridades y comunidades y así debe serlo por el Estado y todos los actores armados”.
“Este espacio que hoy instalamos lo declaramos permanente. Es un espacio paralelo al ilegitimo Congreso de la Republica. No debe entrar actores armados a nuestros territorios y los que ya están deben salir. Determinamos Desobediencia civil en relación a las leyes que son lesivas a nuestros derechos, al ejercicio de la autoridad y autonomía y al territorio. Las simbologías propias son los símbolos oficiales en nuestros territorios. Los planes de desarrollo municipal y departamental deben garantizar recursos para el ejercicio de la autonomía de los pueblos. Las autoridades indígenas son las principales autoridades ambientales en nuestros territorios”.
Tratado de Libre Comercio con los EEUU
“Rechazamos el Tratado de Libre Comercio. Si se llegare a firmar por ambos países no será aplicable en los territorios colectivos de indígenas, afrocolombianos y campesinos, lo que garantizaremos con nuestra resistencia. Como pueblos originarios, declaramos que nuestro territorio y diversidad no están en venta ni los Vamos a negociar. No son validas las patentes y propiedad intelectual particular sobre nuestros productos y procesos, ya que son nuestro patrimonio común. La hoja de coca es sagrada por lo tanto debe ser respetada en todo el país y no son validas las normas y políticas que atentan contra ella. Las multinacionales, los grupos armados y la fuerza pública deben salir de nuestros territorios”.
Mandato Agrario
“Reafirmamos nuestra lucha y compromiso por una verdadera reforma agraria y rechazamos el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual no acataremos en nuestros territorios. La soberanía y autonomía alimentaria es la base de nuestro modelo de desarrollo propio y debe serlo también para el pueblo colombiano. Apoyamos y nos comprometemos con las conclusiones del Mandato Agrario en el sentido de realizar una agenda común con todos los sectores populares del país, para lograr una verdadera reforma agraria integral. La tierra de los desplazados debe ser respetada y devuelta a sus dueños y se deben garantizar todas las condiciones para su retorno colectivo indemnizando y reparando integralmente a las victimas. No permitiremos la legalización del despojo y la violencia, que se autoriza por medio del Estatuto de Desarrollo Rural y la ley de justicia y paz. La emergencia de los pueblos indígenas, y en particular la emergencia ambiental, declarada por las autoridades propias, debe ser respetada por el Estado, ya que no se hace, como en el caso de la amenaza por el Volcán Nevado del Huila en Tierradentro, el Macizo colombiano, el pueblo Yukpa, etc. Reafirmamos la Emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas. Exigimos el respeto a los títulos coloniales de los territorios indígenas”.
De esta forma las comunidades indígenas buscan abrirse nuevos horizontes en su desarrollo y autonomía, no sin antes exigirle al gobierno que establezca políticas publicas adecuadas a sus comunidades, teniendo en cuenta su propios planes de vida, su cultura, cosmovisión y aspectos diferenciales que fija la constitución. “Nos queda una gran tarea para que se haga realidad este desarrollo legislativo; para que esto suceda tenemos que retomar y fortalecer el ejercicio de nuestra autonomía y nuestra autoridad. También la unidad con sectores campesinos, afrocolombianos…nos hará fuertes en este nuevo proceso”, dijo Aida Quilcue, luego de agradecer a los que les han acompañado. Quilcue planteó la creación de un comité indígena de prevención de desastres, no sólo par atender emergencias naturales, sino para atender cualquier agresión que puedan causarles los actores armados.
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Actualidad Étnica-Colombia/15/08/2007
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