El gobierno de Honduras presentó hoy una propuesta de política para ayudar y garantizar los derechos de los emigrantes hondureños, para cuya implementación tendrá el asesoramiento de El Salvador.
El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo que la Política Nacional de Atención al Emigrante abarcará "toda la cadena del proceso de la emigración" de hondureños, que en su mayoría se van hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro.
Al presentar la iniciativa ante autoridades, diplomáticos y sectores organizados, el gobernante abogó porque los emigrantes sean tratados "con respeto a su dignidad" y recordó que muchos de ellos viven situaciones "terribles" en su camino hacia EE.UU.
Zelaya subrayó que la nueva política requiere "todas las capacidades y los recursos que se necesitan para aliviar este problema migratorio y darle respuestas precisas".
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asesoró al gobierno hondureño para elaborar la iniciativa.
El canciller hondureño, Milton Jiménez, explicó que la política migratoria entrará en vigor en los próximos meses y que desde hoy se celebra un encuentro de trabajo preparatorio de tres días entre las entidades gubernamentales responsables de su ejecución.
Zelaya anunció que la iniciativa incluye la creación de un Viceministerio de Relaciones Exteriores exclusivo para atender los problemas de los hondureños en el extranjero, similar al que funciona en El Salvador.
La experiencia del país vecino fue reseñada por la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, quien adelantó que la colaboración solicitada por Honduras abarcará el intercambio entre funcionarios de ambas cancillerías.
Escobar garantizó "nuestro total e incondicional apoyo" para "todo lo que Honduras quiera, requiera y nos pida" con el objetivo de implementar la iniciativa.
El canciller Jiménez explicó que un objetivo de la nueva política es "garantizar el respeto de los derechos humanos" de los emigrantes hondureños "tanto en la travesía como cuando son detenidos, no sólo en EE.UU., sino en Guatemala y México".
Además, se buscará, en colaboración con la empresa privada e instituciones estatales, brindar oportunidades de trabajo y capacitación a hondureños deportados, que este año ya suman casi 20.000 procedentes de Estados Unidos.
Otro objetivo es promover la migración ordenada de hondureños para trabajar en el exterior mediante acuerdos con otros países.
En el aspecto humanitario, la Cancillería ampliará este año la partida para ayudar a hondureños que sufren accidentes en el extranjero, así como costear su repatriación y la de aquellos que mueren en camino hacia Estados Unidos, añadió Jiménez.
El presidente Zelaya dijo que mantiene la esperanza en que Estados Unidos legisle en el futuro para regularizar la estadía de millones de inmigrantes centroamericanos, tras el reciente fracaso de una reforma migratoria en el Senado de ese país.
Alrededor de un millón de hondureños viven legal e ilegalmente en Estados Unidos, de donde envían remesas familiares que en 2006 alcanzaron los 2.359 millones de dólares y este año podrían rondar los 3.000 millones, según cálculos oficiales.
Las remesas ya representan el 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Honduras.
El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo que la Política Nacional de Atención al Emigrante abarcará "toda la cadena del proceso de la emigración" de hondureños, que en su mayoría se van hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro.
Al presentar la iniciativa ante autoridades, diplomáticos y sectores organizados, el gobernante abogó porque los emigrantes sean tratados "con respeto a su dignidad" y recordó que muchos de ellos viven situaciones "terribles" en su camino hacia EE.UU.
Zelaya subrayó que la nueva política requiere "todas las capacidades y los recursos que se necesitan para aliviar este problema migratorio y darle respuestas precisas".
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asesoró al gobierno hondureño para elaborar la iniciativa.
El canciller hondureño, Milton Jiménez, explicó que la política migratoria entrará en vigor en los próximos meses y que desde hoy se celebra un encuentro de trabajo preparatorio de tres días entre las entidades gubernamentales responsables de su ejecución.
Zelaya anunció que la iniciativa incluye la creación de un Viceministerio de Relaciones Exteriores exclusivo para atender los problemas de los hondureños en el extranjero, similar al que funciona en El Salvador.
La experiencia del país vecino fue reseñada por la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, quien adelantó que la colaboración solicitada por Honduras abarcará el intercambio entre funcionarios de ambas cancillerías.
Escobar garantizó "nuestro total e incondicional apoyo" para "todo lo que Honduras quiera, requiera y nos pida" con el objetivo de implementar la iniciativa.
El canciller Jiménez explicó que un objetivo de la nueva política es "garantizar el respeto de los derechos humanos" de los emigrantes hondureños "tanto en la travesía como cuando son detenidos, no sólo en EE.UU., sino en Guatemala y México".
Además, se buscará, en colaboración con la empresa privada e instituciones estatales, brindar oportunidades de trabajo y capacitación a hondureños deportados, que este año ya suman casi 20.000 procedentes de Estados Unidos.
Otro objetivo es promover la migración ordenada de hondureños para trabajar en el exterior mediante acuerdos con otros países.
En el aspecto humanitario, la Cancillería ampliará este año la partida para ayudar a hondureños que sufren accidentes en el extranjero, así como costear su repatriación y la de aquellos que mueren en camino hacia Estados Unidos, añadió Jiménez.
El presidente Zelaya dijo que mantiene la esperanza en que Estados Unidos legisle en el futuro para regularizar la estadía de millones de inmigrantes centroamericanos, tras el reciente fracaso de una reforma migratoria en el Senado de ese país.
Alrededor de un millón de hondureños viven legal e ilegalmente en Estados Unidos, de donde envían remesas familiares que en 2006 alcanzaron los 2.359 millones de dólares y este año podrían rondar los 3.000 millones, según cálculos oficiales.
Las remesas ya representan el 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Honduras.
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La Prensa Gráfica-El Salvador/17/08/2007
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