La expedición rusa a la región ártica ha centrado la atención de los medios internacionales y de algunos estados que reclaman una parte del territorio que, actualmente, es “tierra de nadie”. La situación en las antípodas es similar debido a muchos aspectos. Rica en recursos minerales y naturales no contaminados, la Antártida no pertenece a ningún estado: mientras que el Tratado de Washington de 1959 ponía fin a las reclamaciones territoriales presentadas hasta el momento, el Tratado de Madrid de 1991 prohibió la explotación minera en la región. Esta prohibición se podrá revisar en el 2048, así como prevé dicho Protocolo; sin embargo, las consecuencias que podría acarrear el acceso a los recursos de la Antártida tanto a nivel internacional como medio ambiental se contempla con una cierta preocupación.
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Elisa Morici
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El estatus jurídico actual
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El Continente antártico, así como la región ártica, es un espacio territorial no sujeto a la soberanía de ningún estado, aunque no faltan las pretensiones en ese sentido fundadas en la revisión de la “teoría de los sectores”: la ausencia de contigüidad geográfica en el continente de algunos estados que reclaman la soberanía ha hecho necesario utilizar como referencia para la delimitación de algún sector el paralelo 60º Sur, que constituye la base de un triángulo cuyo vértice se encuentra en el Polo.
Los estados que han presentado reclamaciones de soberanía son Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega y Reino Unido (cuya zona comienza en el paralelo 50ª Sur); Australia es quién reclama la mayor porción de territorio (6'1 millones de kilómetros cuadrados de un total de 14 millones), y por orden de amplitud le siguen Chile (con 1'3 millones de kilómetros cuadrados) y Argentina (con 1'2).
El Tratado de Washington de 1959 (Antartic Treaty) puso fin a las disputas territoriales evitando que el Continente se convirtiese en un objeto de conflicto entre países; 46 países firmaron el acuerdo, entre los que se encontraban los siete “claimant states”, Italia -que participa desde 1981, Estados Unidos y Rusia se reservan el derecho de realizar reivindicaciones territoriales. Gracias al Tratado la Antártida se convirtió en un territorio internacionalizado, un lugar de investigación y cooperación entre científicos de los diferentes países, donde está vetada cualquier tipo de actividad militar o experimento nuclear en superficie o submarino.
Posteriormente se llevaron a cabo dos convenciones sobre conservación de los recursos marinos (Londres 1972 y Canberra 1980) y el Protocolo de Madrid (1991) sobre protección medio ambiental, que prohíben cualquier tipo de explotación minera con el fin de proteger el ecosistema de la zona: se calcula que la Antártida posee grandes cantidades de hidrocarburos submarinos así como yacimientos de carbón y hierro, niquel y uranio, pero mediante el Protocolo se decidió dar prioridad al medio ambiente frente a cuestiones económicas, al menos durante 50 años.
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Elisa Morici
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El estatus jurídico actual
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El Continente antártico, así como la región ártica, es un espacio territorial no sujeto a la soberanía de ningún estado, aunque no faltan las pretensiones en ese sentido fundadas en la revisión de la “teoría de los sectores”: la ausencia de contigüidad geográfica en el continente de algunos estados que reclaman la soberanía ha hecho necesario utilizar como referencia para la delimitación de algún sector el paralelo 60º Sur, que constituye la base de un triángulo cuyo vértice se encuentra en el Polo.
Los estados que han presentado reclamaciones de soberanía son Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega y Reino Unido (cuya zona comienza en el paralelo 50ª Sur); Australia es quién reclama la mayor porción de territorio (6'1 millones de kilómetros cuadrados de un total de 14 millones), y por orden de amplitud le siguen Chile (con 1'3 millones de kilómetros cuadrados) y Argentina (con 1'2).
El Tratado de Washington de 1959 (Antartic Treaty) puso fin a las disputas territoriales evitando que el Continente se convirtiese en un objeto de conflicto entre países; 46 países firmaron el acuerdo, entre los que se encontraban los siete “claimant states”, Italia -que participa desde 1981, Estados Unidos y Rusia se reservan el derecho de realizar reivindicaciones territoriales. Gracias al Tratado la Antártida se convirtió en un territorio internacionalizado, un lugar de investigación y cooperación entre científicos de los diferentes países, donde está vetada cualquier tipo de actividad militar o experimento nuclear en superficie o submarino.
Posteriormente se llevaron a cabo dos convenciones sobre conservación de los recursos marinos (Londres 1972 y Canberra 1980) y el Protocolo de Madrid (1991) sobre protección medio ambiental, que prohíben cualquier tipo de explotación minera con el fin de proteger el ecosistema de la zona: se calcula que la Antártida posee grandes cantidades de hidrocarburos submarinos así como yacimientos de carbón y hierro, niquel y uranio, pero mediante el Protocolo se decidió dar prioridad al medio ambiente frente a cuestiones económicas, al menos durante 50 años.
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Intereses no científicos
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Intereses no científicos
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Se contempló la posibilidad de que el Tratado de Madrid pudiese ser enmendado tras 50 años de su entrada en vigor en 1998: por lo tanto el 2048 podría ser la fecha en la que cambiase el régimen del Continente en cuanto al acceso a los recursos, por lo que ningún estado con la capacidad técnica y recursos económicos necesarios para llevar a cabo operaciones de exploración y explotación querrá quedarse atrás.
Actualmente los únicos habitantes de la Antártida son los miembros de las misiones científicas: los países firmantes del Tratado de Washington pueden enviar expediciones o establecer bases permanentes en el Continente con la única condición de que el resto de países sean informados. La Antártida y los mares antárticos son elementos clave para la observación del sistema climático mundial; además, en su atmósfera se ha hallado el principal daño a la capa de ozono.
Sin embargo el interés científico no se limita al estudio del ecosistema; a menudo las misiones son sólo una modo de demostrar el que posee una determinada nación en una región. Éste es el caso de una expedición rusa enviada en el 2002 a la Antártida: según Moscú -al igual que otros países que mantienen misiones permanentes en la Antártida- es necesario consolidar la presencia en el territorio, aunque no se reclamen oficialmente territorios para no perder terreno respecto a otros países en cuanto a recursos naturales en el Continente. Al frente de la misión estuvo Arthur Chilingarov, diputado de la Duma, que actualmente está al mando de la exploración científica que el pasado mes de julio llegó al Polo Norte y que obtuvo un gran eco mediático internacional.
También en otros estados que llevan a cabo una política internacional menos clamorosa que la rusa el interés científico es, al menos, paralelo al económico: aunque las reivindicaciones australianas sobre el 43% del continente estén motivadas por la urgencia que impone un medio ambiente no contaminado, en el informe difundido por el Australian Strategic Policy Institute del pasado mes de abril, se defiende la necesidad de obtener la soberanía sobre todo para proteger el acceso a los recursos naturales y evitar que los beneficios económicos derivados de la explotación del territorio acaben en otros países.
Actualmente los únicos habitantes de la Antártida son los miembros de las misiones científicas: los países firmantes del Tratado de Washington pueden enviar expediciones o establecer bases permanentes en el Continente con la única condición de que el resto de países sean informados. La Antártida y los mares antárticos son elementos clave para la observación del sistema climático mundial; además, en su atmósfera se ha hallado el principal daño a la capa de ozono.
Sin embargo el interés científico no se limita al estudio del ecosistema; a menudo las misiones son sólo una modo de demostrar el que posee una determinada nación en una región. Éste es el caso de una expedición rusa enviada en el 2002 a la Antártida: según Moscú -al igual que otros países que mantienen misiones permanentes en la Antártida- es necesario consolidar la presencia en el territorio, aunque no se reclamen oficialmente territorios para no perder terreno respecto a otros países en cuanto a recursos naturales en el Continente. Al frente de la misión estuvo Arthur Chilingarov, diputado de la Duma, que actualmente está al mando de la exploración científica que el pasado mes de julio llegó al Polo Norte y que obtuvo un gran eco mediático internacional.
También en otros estados que llevan a cabo una política internacional menos clamorosa que la rusa el interés científico es, al menos, paralelo al económico: aunque las reivindicaciones australianas sobre el 43% del continente estén motivadas por la urgencia que impone un medio ambiente no contaminado, en el informe difundido por el Australian Strategic Policy Institute del pasado mes de abril, se defiende la necesidad de obtener la soberanía sobre todo para proteger el acceso a los recursos naturales y evitar que los beneficios económicos derivados de la explotación del territorio acaben en otros países.
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La explotación de la Antártida y los costes ecológicos
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El potencial económico de la Antártida es muy variado. Actualmente el único recurso accesible dentro del marco del Protocolo de Madrid es el agua dulce, que puede obtenerse de los iceberg y del hielo con el objetivo de construir un circuito de abastecimiento para países en situación de escasez hídrica. Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), en el 2025 dos tercios de la población mundial podrían sufrir los efectos negativos derivados de la carencia de recursos hídricos suficientes; además muchos analistas internacionales opinan que en el futuro el principal motivo de los conflictos bélicos podría ser el agua.
Además los recursos biológicos y submarinos del territorio están sometidos a una limitada reglamentación, a pesar de los intereses y las actividades que llevan a cabo las empresas farmacéuticas y los institutos de biotecnología ya presentes. La riqueza pesquera está aún poco explotada debido a una estricta política en materia; la concesión de mayores cuotas pesqueras permitiría mayores ingresos y ayudaría a acabar con la pesca clandestina.
La explotación minera está prohibida hasta el 2048. Si las reservas mundiales de crudo disminuyesen hasta provocar aumentos insostenibles del precio del petróleo del orden de 100 dólares por barril), las presiones podrían tener como consecuencia que se recurriese a los recursos antárticos, mucho más accesibles gracias al perfeccionamiento de la tecnología de extracción en las regiones polares.
Aunque sean evidentes los beneficios económicos y estratégicos que obtendría Estados Unidos (que seguramente se garantizarían el acceso) de estas operaciones, los efectos sobre el ecosistema son aún inciertos: las consecuencias de la presencia de un mayor número de personas y medios para la explotación minera no son fácilmente previsibles, o si éstas actividades podrían, por ejemplo, causar un calentamiento del suelo tal que en las zonas marginales se diese una aceleración del proceso de deshielo y el consiguiente aumento del nivel del mar.
Los costes del daño medio ambiental se pueden medir a nivel general: en el caso de la Antártida, debido a la importancia de su papel en el sistema climático mundial, una alteración medio ambiental podría ser irreversible y su coste mayor al de los ingresos procedentes de las actividades económicas derivadas de su explotación.
La explotación de la Antártida y los costes ecológicos
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El potencial económico de la Antártida es muy variado. Actualmente el único recurso accesible dentro del marco del Protocolo de Madrid es el agua dulce, que puede obtenerse de los iceberg y del hielo con el objetivo de construir un circuito de abastecimiento para países en situación de escasez hídrica. Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), en el 2025 dos tercios de la población mundial podrían sufrir los efectos negativos derivados de la carencia de recursos hídricos suficientes; además muchos analistas internacionales opinan que en el futuro el principal motivo de los conflictos bélicos podría ser el agua.
Además los recursos biológicos y submarinos del territorio están sometidos a una limitada reglamentación, a pesar de los intereses y las actividades que llevan a cabo las empresas farmacéuticas y los institutos de biotecnología ya presentes. La riqueza pesquera está aún poco explotada debido a una estricta política en materia; la concesión de mayores cuotas pesqueras permitiría mayores ingresos y ayudaría a acabar con la pesca clandestina.
La explotación minera está prohibida hasta el 2048. Si las reservas mundiales de crudo disminuyesen hasta provocar aumentos insostenibles del precio del petróleo del orden de 100 dólares por barril), las presiones podrían tener como consecuencia que se recurriese a los recursos antárticos, mucho más accesibles gracias al perfeccionamiento de la tecnología de extracción en las regiones polares.
Aunque sean evidentes los beneficios económicos y estratégicos que obtendría Estados Unidos (que seguramente se garantizarían el acceso) de estas operaciones, los efectos sobre el ecosistema son aún inciertos: las consecuencias de la presencia de un mayor número de personas y medios para la explotación minera no son fácilmente previsibles, o si éstas actividades podrían, por ejemplo, causar un calentamiento del suelo tal que en las zonas marginales se diese una aceleración del proceso de deshielo y el consiguiente aumento del nivel del mar.
Los costes del daño medio ambiental se pueden medir a nivel general: en el caso de la Antártida, debido a la importancia de su papel en el sistema climático mundial, una alteración medio ambiental podría ser irreversible y su coste mayor al de los ingresos procedentes de las actividades económicas derivadas de su explotación.
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Conclusiones
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Desde el punto de vista de la explotación del Continente, aún hay dos cuestiones por resolver: las reivindicaciones territoriales y la importancia de la opinión pública internacional. En cuanto a la primera cuestión, sólo 46 estados han firmado el Tratado de Washington, un número muy inferior al total de los que integran la comunidad internacional; por lo tanto no hay que excluir que algunos países presenten reivindicaciones territoriales para garantizarse el acceso a los recursos. No se puede descartar la hipótesis de que se llegue incluso hasta el enfrentamiento armado con graves consecuencias para la paz internacional.
En lo que concierne a la segunda cuestión, se trataría de una reflexión acerca del papel que la opinión pública mundial está conquistando por lo que respecta a cuestiones internacionales: los movimientos y las organizaciones civiles intervienen cada vez con mas fuerza en cuestiones internacionales. En cuanto a la Antártida ya a finales de los años 80, la presión de los grupos ecologistas impidieron que Francia y Australia se adhirieran a la Convención sobre regulación de las actividades mineras (CRAMRA), que daba a entender la posibilidad de que se pusieran en marcha actividades extractivas, violando la prohibición del Protocolo de Madrid.
Conclusiones
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Desde el punto de vista de la explotación del Continente, aún hay dos cuestiones por resolver: las reivindicaciones territoriales y la importancia de la opinión pública internacional. En cuanto a la primera cuestión, sólo 46 estados han firmado el Tratado de Washington, un número muy inferior al total de los que integran la comunidad internacional; por lo tanto no hay que excluir que algunos países presenten reivindicaciones territoriales para garantizarse el acceso a los recursos. No se puede descartar la hipótesis de que se llegue incluso hasta el enfrentamiento armado con graves consecuencias para la paz internacional.
En lo que concierne a la segunda cuestión, se trataría de una reflexión acerca del papel que la opinión pública mundial está conquistando por lo que respecta a cuestiones internacionales: los movimientos y las organizaciones civiles intervienen cada vez con mas fuerza en cuestiones internacionales. En cuanto a la Antártida ya a finales de los años 80, la presión de los grupos ecologistas impidieron que Francia y Australia se adhirieran a la Convención sobre regulación de las actividades mineras (CRAMRA), que daba a entender la posibilidad de que se pusieran en marcha actividades extractivas, violando la prohibición del Protocolo de Madrid.
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Equilibri.net - Italy/04/09/2007
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