En su último informe sobre la situación del conflicto en Uganda entre el Gobierno y los insurgentes del Ejército de la Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), el grupo de expertos en política internacional International Crisis Group ha reconocido que las negociaciones de paz entre ambas partes van 'en la dirección correcta', pero considera que es necesario que se resuelvan 'temas fundamentales' de justicia, seguridad y bienestar de la población para rubricar el acuerdo.
Abordar estas cuestiones requiere, según ICG, de 'decisiones difíciles', entre las que se incluye el destino de los líderes del LRA que se encuentran pendientes de la sentencia del Tribunal Penal Internacional. En cualquier caso, ICG afirma que el acuerdo alcanzado el pasado 2 de mayo y el posterior del 29 de junio han recuperado 'el momento propicio' para las conversaciones que tuvieron lugar en Juba, en el sur de Sudán.
Los rebeldes que permanecían en el sur de Sudán se desplazaron, este verano, hasta el escondite del ERS que se encuentra en el parque Nacional de Garamba, en la República Democrática de Congo, bajo la promesa de mantener la seguridad en el norte de Uganda. Ambos acuerdos, sin embargo, no son específicos, y el compromiso de las partes para llegar a un acuerdo es, cuando menos, 'cuestionable', según ICG.
El grupo de expertos entiende así necesaria la mediación de la comunidad internacional para desarrollar garantías que impulsen el proceso de paz, incluyendo amenazar al LRA con la fuerza si se reanudan los asaltos rebeldes sobre la población civil.
CRÍTICAS
Los recientes acontecimientos, sin embargo, han creado una ventana de acuerdo, pero el grupo de expertos afirma que el LRA está obteniendo más de lo que recibe, es decir: comida, dinero, y la seguridad de que puede reagruparse y reconstruirse, junto con la oportunidad de mejorar su imagen.
Sin embargo, las críticas no se limitan a los insurgentes. ICG denuncia que el Gobierno del presidente Museveni 'parece desear incrementar las posibilidades de una solución militar demostrando que ha agotado todas las opciones políticas', manteniendo en el juego político al líder del LRA como apoderado si fracasa el débil Acuerdo de Paz firmado en Sudán.
Se espera que las negociaciones sobre reconciliación doméstica y sistemas de compensación después del conflicto comiencen el próximo mes de octubre, después de tres meses de retrasos y disputas. Para el grupo de expertos, el proceso de Juba se ha convertido en la mayor esperanza para el norte de la región, y cualquier aportación --ya sea regional o internacional-- en apoyo a la mediación ejercida por el Gobierno del Sur de Sudán 'no tiene precio'.
Sin embargo, los países que auspician las negociaciones 'deben trabajar juntos para mantener en marcha el proyecto. A continuación deberá ser necesario negociar los últimos flecos, e implantar más garantías, foco y disciplina.
RECOMENDACIONES
Para alcanzar las exigencias en materia de justicia que ICG pide que se respondan en este acuerdo, sería necesario el procesamiento de aquellos comandantes del LRA y del Ejército que sean los principales responsables de los mayores crímenes cometidos durante el conflicto. Los 'rebeldes ordinarios' deberán 'reconciliarse y reintegrarse' en la sociedad sudanesa y las víctimas deben ser compensadas económica Y psicológicamente.
El grupo pide además el compromiso internacional para asegurar un acuerdo que refleje el estándar internacional. Ambas partes han reconocido abusos, pero para el millón y medio de desplazados que están desesperados por volver a casa, es necesario un compromiso más fuerte. Llegado el punto, se podría contemplar el alojamiento, fuera del país, de los principales líderes del LRA procesados por los tribunales 'sólo como último recurso para terminar con el sufrimiento del pueblo'.
Del mismo modo, el grupo afirmó que los mediadores deben 'bloquear las oportunidades para aquellos que buscan prolongar el conflicto de forma indefinida', en alusión al LRA que 'tiene motivos para perder tiempo', ya que aprovecha para reestructurarse mientras distribuye los alimentos entre la población. Los mediadores deben establecer un calendario flexible para esta tarea, y garantizar que la distribución se realiza de forma verificable. Los auditores internacionales desplazados en ese país deberían centrarse en reformar el Secretariado de paz del Gobierno del Sur de Sudán, que es el encargado de la logística y la administración de las negociaciones.
En el caso de que el LRA rechazara volver a reunirse en Sudán, la tarea principal del grupo de mediación internacional, según ICG, sería garantizar que las nuevas conversaciones tengan lugar en la RDC, donde se encuentra ahora concentrada la mayor cantidad de rebeldes.
Por este motivo, el Ejército del Sur de Sudán (SPLA) debería, de acuerdo con el grupo, 'potenciar su presencia en la frontera de RDC para limitar la habilidad del LRA de amenazar a los civiles o regresar, rearmados, a Uganda'. Del mismo modo, la Misión de Naciones Unidas en RDC debe estar preparada para 'expandirse' a la espera de los resultados de los acuerdos de Juba. Además, habría que preparar un plan de contingencia militar a nivel regional en el caso de que los rebeldes rechacen de plano los puntos discordantes del proceso y decidan regresar a la lucha armada
De esta forma, el grupo de analistas propone 'una estrategia en dos partes', negociando en Juba por un lado, y participando en el desarrollo del norte de Uganda por otro, para terminar con el conflicto.
Para ello, será necesario que la comunidad internacional 'trabaje de cerca con el Gobierno sudanés, en sus programas de desarrollo, antes de alcanzar un acuerdo de paz', con la participación destacada de uno de los principales responsables de los acuerdos de Juba, el enviado especial de Naciones Unidas, Joaquim Chissano, cuya labor, hasta el momento, es 'inapreciable', según el grupo.
Terra Actualidad/Europa Press/17/09/2007
Abordar estas cuestiones requiere, según ICG, de 'decisiones difíciles', entre las que se incluye el destino de los líderes del LRA que se encuentran pendientes de la sentencia del Tribunal Penal Internacional. En cualquier caso, ICG afirma que el acuerdo alcanzado el pasado 2 de mayo y el posterior del 29 de junio han recuperado 'el momento propicio' para las conversaciones que tuvieron lugar en Juba, en el sur de Sudán.
Los rebeldes que permanecían en el sur de Sudán se desplazaron, este verano, hasta el escondite del ERS que se encuentra en el parque Nacional de Garamba, en la República Democrática de Congo, bajo la promesa de mantener la seguridad en el norte de Uganda. Ambos acuerdos, sin embargo, no son específicos, y el compromiso de las partes para llegar a un acuerdo es, cuando menos, 'cuestionable', según ICG.
El grupo de expertos entiende así necesaria la mediación de la comunidad internacional para desarrollar garantías que impulsen el proceso de paz, incluyendo amenazar al LRA con la fuerza si se reanudan los asaltos rebeldes sobre la población civil.
CRÍTICAS
Los recientes acontecimientos, sin embargo, han creado una ventana de acuerdo, pero el grupo de expertos afirma que el LRA está obteniendo más de lo que recibe, es decir: comida, dinero, y la seguridad de que puede reagruparse y reconstruirse, junto con la oportunidad de mejorar su imagen.
Sin embargo, las críticas no se limitan a los insurgentes. ICG denuncia que el Gobierno del presidente Museveni 'parece desear incrementar las posibilidades de una solución militar demostrando que ha agotado todas las opciones políticas', manteniendo en el juego político al líder del LRA como apoderado si fracasa el débil Acuerdo de Paz firmado en Sudán.
Se espera que las negociaciones sobre reconciliación doméstica y sistemas de compensación después del conflicto comiencen el próximo mes de octubre, después de tres meses de retrasos y disputas. Para el grupo de expertos, el proceso de Juba se ha convertido en la mayor esperanza para el norte de la región, y cualquier aportación --ya sea regional o internacional-- en apoyo a la mediación ejercida por el Gobierno del Sur de Sudán 'no tiene precio'.
Sin embargo, los países que auspician las negociaciones 'deben trabajar juntos para mantener en marcha el proyecto. A continuación deberá ser necesario negociar los últimos flecos, e implantar más garantías, foco y disciplina.
RECOMENDACIONES
Para alcanzar las exigencias en materia de justicia que ICG pide que se respondan en este acuerdo, sería necesario el procesamiento de aquellos comandantes del LRA y del Ejército que sean los principales responsables de los mayores crímenes cometidos durante el conflicto. Los 'rebeldes ordinarios' deberán 'reconciliarse y reintegrarse' en la sociedad sudanesa y las víctimas deben ser compensadas económica Y psicológicamente.
El grupo pide además el compromiso internacional para asegurar un acuerdo que refleje el estándar internacional. Ambas partes han reconocido abusos, pero para el millón y medio de desplazados que están desesperados por volver a casa, es necesario un compromiso más fuerte. Llegado el punto, se podría contemplar el alojamiento, fuera del país, de los principales líderes del LRA procesados por los tribunales 'sólo como último recurso para terminar con el sufrimiento del pueblo'.
Del mismo modo, el grupo afirmó que los mediadores deben 'bloquear las oportunidades para aquellos que buscan prolongar el conflicto de forma indefinida', en alusión al LRA que 'tiene motivos para perder tiempo', ya que aprovecha para reestructurarse mientras distribuye los alimentos entre la población. Los mediadores deben establecer un calendario flexible para esta tarea, y garantizar que la distribución se realiza de forma verificable. Los auditores internacionales desplazados en ese país deberían centrarse en reformar el Secretariado de paz del Gobierno del Sur de Sudán, que es el encargado de la logística y la administración de las negociaciones.
En el caso de que el LRA rechazara volver a reunirse en Sudán, la tarea principal del grupo de mediación internacional, según ICG, sería garantizar que las nuevas conversaciones tengan lugar en la RDC, donde se encuentra ahora concentrada la mayor cantidad de rebeldes.
Por este motivo, el Ejército del Sur de Sudán (SPLA) debería, de acuerdo con el grupo, 'potenciar su presencia en la frontera de RDC para limitar la habilidad del LRA de amenazar a los civiles o regresar, rearmados, a Uganda'. Del mismo modo, la Misión de Naciones Unidas en RDC debe estar preparada para 'expandirse' a la espera de los resultados de los acuerdos de Juba. Además, habría que preparar un plan de contingencia militar a nivel regional en el caso de que los rebeldes rechacen de plano los puntos discordantes del proceso y decidan regresar a la lucha armada
De esta forma, el grupo de analistas propone 'una estrategia en dos partes', negociando en Juba por un lado, y participando en el desarrollo del norte de Uganda por otro, para terminar con el conflicto.
Para ello, será necesario que la comunidad internacional 'trabaje de cerca con el Gobierno sudanés, en sus programas de desarrollo, antes de alcanzar un acuerdo de paz', con la participación destacada de uno de los principales responsables de los acuerdos de Juba, el enviado especial de Naciones Unidas, Joaquim Chissano, cuya labor, hasta el momento, es 'inapreciable', según el grupo.
Terra Actualidad/Europa Press/17/09/2007
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