24/09/2007Opinión
CHIQUITA BRANDS
Eduardo Pizarro Leongómez.
Eduardo Pizarro Leongómez.
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La multa a la multinacional debe destinarse a reparar a las víctimas.
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La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación le envió esta semana una carta al Fiscal de los Estados Unidos, Peter Keisler, solicitando que la multa impuesta a la multinacional Chiquita Brands International por 25 millones de dólares por sus contribuciones económicas a los grupos armados ilegales del país, sea destinada al Fondo de Reparación de las Víctimas.
Los pagos a los paramilitares alcanzaron 1,7 millones de dólares y fueron realizados entre 1997 y 2004 por Banadex, filial de Chiquita. La multa fue el resultado de un arreglo judicial entre la multinacional y el Departamento de Justicia en Washington, mediante la cual Chiquita Brands reconoció que había entregado dinero a los grupos paramilitares, a las Farc y al Eln, con objeto de proteger del chantaje y las amenazas a sus empleados y a sus familiares. Una motivación aceptable con métodos cuestionables.
Hace pocos días, un Tribunal Federal, encabezado por el juez Royce C. Lamberte, aprobó el acuerdo suscrito en marzo, el cual impuso la multa más alta que haya existido en E.U en el marco de las leyes antiterroristas vigentes en este país. Desde esta perspectiva, se trata de un hecho encomiable y positivo. Pero insuficiente. Es indispensable enviar mensajes más fuertes a las multinacionales que actúan en zonas convulsionadas en el mundo y que tiendan a utilizar medios ilegales para garantizar la seguridad de sus inversiones.
Si bien, gracias a la labor de entidades como Transparencia Internacional, se ha logrado combatir con algún éxito la corrupción de funcionarios de los países del Tercer Mundo que llevan a cabo empresas multinacionales para acceder a sus mercados o derrotar a sus competidores, no ha existido una entidad similar para combatir mecanismos non sanctos utilizados en la compra de seguridad en los países con conflictos internos. El Banco Mundial habla de "diamantes ensangrentados", para referirse a la utilización de mercenarios y milicias armadas en África para controlar zonas mineras o petrolíferas por parte de empresas multinacionales de origen, ante todo, sudafricano y europeo.
Estados Unidos está atravesando un momento difícil a nivel internacional, comparable al que debieron soportar tras la guerra de Vietnam, con los episodios de Watergate y la renuncia de Richard Nixon. En efecto, el empantanamiento de Estados Unidos en Irak está erosionando aceleradamente su imagen en múltiples regiones del mundo. Una forma de revertir este proceso de deterioro de su imagen sería mediante gestos que demuestren su compromiso sin titubeos con los derechos humanos y, ante todo, con los derechos de las víctimas debido a las prácticas criminales en que se vean envueltas algunas empresas norteamericanas, como ocurrió con Chiquita Brands, más conocida por los colombianos, gracias a Cien años de soledad, como la United Fruit Company. Esta fue su denominación hasta 1970.
La Ley 975 de 2005 (o Ley de Justicia y Paz) prevé la constitución de un Fondo de Reparación de las Víctimas administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social, el cual debe ser alimentado, ante todo, con los bienes de los grupos armados ilegales y, de manera subsidiaria, con recursos del Estado y de la cooperación internacional. Este fondo es estratégico si queremos adelantar con éxito una política de reparación de las víctimas del conflicto armado de manera justa, viable y sostenible.
Por ello, la transferencia de la multa impuesta a Chiquita Brands para el Fondo de Reparación de las Víctimas sería no solamente un efectivo mensaje hacia las empresas multinacionales que compran seguridad de manera ilegal y con altos costos en el terreno de los derechos humanos, sino un aporte sustancial de Estados Unidos a la política de reparación de las víctimas que adelanta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación le envió esta semana una carta al Fiscal de los Estados Unidos, Peter Keisler, solicitando que la multa impuesta a la multinacional Chiquita Brands International por 25 millones de dólares por sus contribuciones económicas a los grupos armados ilegales del país, sea destinada al Fondo de Reparación de las Víctimas.
Los pagos a los paramilitares alcanzaron 1,7 millones de dólares y fueron realizados entre 1997 y 2004 por Banadex, filial de Chiquita. La multa fue el resultado de un arreglo judicial entre la multinacional y el Departamento de Justicia en Washington, mediante la cual Chiquita Brands reconoció que había entregado dinero a los grupos paramilitares, a las Farc y al Eln, con objeto de proteger del chantaje y las amenazas a sus empleados y a sus familiares. Una motivación aceptable con métodos cuestionables.
Hace pocos días, un Tribunal Federal, encabezado por el juez Royce C. Lamberte, aprobó el acuerdo suscrito en marzo, el cual impuso la multa más alta que haya existido en E.U en el marco de las leyes antiterroristas vigentes en este país. Desde esta perspectiva, se trata de un hecho encomiable y positivo. Pero insuficiente. Es indispensable enviar mensajes más fuertes a las multinacionales que actúan en zonas convulsionadas en el mundo y que tiendan a utilizar medios ilegales para garantizar la seguridad de sus inversiones.
Si bien, gracias a la labor de entidades como Transparencia Internacional, se ha logrado combatir con algún éxito la corrupción de funcionarios de los países del Tercer Mundo que llevan a cabo empresas multinacionales para acceder a sus mercados o derrotar a sus competidores, no ha existido una entidad similar para combatir mecanismos non sanctos utilizados en la compra de seguridad en los países con conflictos internos. El Banco Mundial habla de "diamantes ensangrentados", para referirse a la utilización de mercenarios y milicias armadas en África para controlar zonas mineras o petrolíferas por parte de empresas multinacionales de origen, ante todo, sudafricano y europeo.
Estados Unidos está atravesando un momento difícil a nivel internacional, comparable al que debieron soportar tras la guerra de Vietnam, con los episodios de Watergate y la renuncia de Richard Nixon. En efecto, el empantanamiento de Estados Unidos en Irak está erosionando aceleradamente su imagen en múltiples regiones del mundo. Una forma de revertir este proceso de deterioro de su imagen sería mediante gestos que demuestren su compromiso sin titubeos con los derechos humanos y, ante todo, con los derechos de las víctimas debido a las prácticas criminales en que se vean envueltas algunas empresas norteamericanas, como ocurrió con Chiquita Brands, más conocida por los colombianos, gracias a Cien años de soledad, como la United Fruit Company. Esta fue su denominación hasta 1970.
La Ley 975 de 2005 (o Ley de Justicia y Paz) prevé la constitución de un Fondo de Reparación de las Víctimas administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social, el cual debe ser alimentado, ante todo, con los bienes de los grupos armados ilegales y, de manera subsidiaria, con recursos del Estado y de la cooperación internacional. Este fondo es estratégico si queremos adelantar con éxito una política de reparación de las víctimas del conflicto armado de manera justa, viable y sostenible.
Por ello, la transferencia de la multa impuesta a Chiquita Brands para el Fondo de Reparación de las Víctimas sería no solamente un efectivo mensaje hacia las empresas multinacionales que compran seguridad de manera ilegal y con altos costos en el terreno de los derechos humanos, sino un aporte sustancial de Estados Unidos a la política de reparación de las víctimas que adelanta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
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