La premio Nobel de la Paz y candidata a la presidencia de Guatemala Rigoberta Menchú y otras mujeres cargan en San Raymundo el ataúd con los restos de Esmeralda Uyún, quien fue asesinada por desconocidos en el contexto de la violenta campaña electoral Foto: Reuters
Ricardo Martínez Martínez
La premio Nobel de la Paz y candidata a la presidencia de Guatemala Rigoberta Menchú y otras mujeres cargan en San Raymundo el ataúd con los restos de Esmeralda Uyún, quien fue asesinada por desconocidos en el contexto de la violenta campaña electoral Foto: Reuters Ciudad de Guatemala, 7 de septiembre. Con fuertes operativos militares y policiacos por el clima de inseguridad y violencia política, los guatemaltecos se preparan para acudir este domingo a las urnas y elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 332 gobiernos municipales para los siguientes cuatro años.
Mientras, un grupo de desconocidos asesinó este viernes a balazos al hijo del general retirado Morris de León, ex vocero del ejército de Guatemala y activista de la izquierdista Alianza Nueva Misión (ANN), que busca la presidencia de Guatemala en las elecciones de este domingo.
“Lo que sucedió es una desgracia, pero es la Guatemala que tenemos y ojalá que está situación no siga, porque si es así Guatemala va a seguir peor de lo que está”, lamentó el candidato presidencial por ANN, el ex jefe guerrillero Pablo Monsanto.
Gustavo de León fue encontrado muerto con varios impactos de bala en la cabeza y tórax en la periferia norte de la capital, después de que supuestamente fuera secuestrado por un comando armado.
A dos días de los comicios, la incertidumbre envuelve al país en medio de una campaña durante la cual 46 personas, entre candidatos, militantes y familiares de políticos han sido asesinados, entre ellos dos aspirantes del partido Encuentro por Guatemala (EG), muertos esta semana.
La crispación entre militantes partidistas al oriente y occidente del país y la adelantada autoproclamación de triunfo electoral es una situación que se profundiza en cada periodo electoral desde 1996, fecha que marcó el fin de 36 años de guerra civil.
Los partidos políticos contendientes suman nueve, de los cuales cuatro mantienen las preferencias de los 5.9 millones de personas empadronadas, según diversas encuestas de opinión.
Descenso de la izquierda
La Unidad Nacional de la Esperanza, del socialdemócrata Álvaro Colom; el Partido Patriota, del ex militar Otto Pérez Molina; la oficialista Gran Alianza Nacional, de Alejandro Giammattei, y EG, de la dirigente indígena Rigoberta Menchú, son las agrupaciones con mayores posibilidades de triunfo, en tanto que el resto de las organizaciones se mantienen al margen con un descenso notorio de los partidos izquierdistas Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y ANN, y del derechista Plan de Avanzada Nacional, que en contiendas anteriores mantenían mejores niveles de simpatía entre la población guatemalteca.
Las promesas de campaña de los partidos radican en bajar los niveles de violencia en Guatemala, que suman diariamente 18 muertes, y la generación de empleos para un país considerado de renta baja.
El nivel de pobreza pasó de 51.1 por ciento en 2000 a 57 por ciento en 2006 y la pobreza extrema de 15.7 a 21.5 por ciento, según el Centro de Investigaciones Internacionales para los Derechos Humanos.
Según las normas electorales guatemaltecas, si ninguno de los candidatos presidenciales alcanza 50 por ciento más uno de los sufragios, habrá segunda vuelta electoral el próximo 4 de noviembre entre los dos que hayan obtenido la mayoría.
El Tribunal Supremo Electoral aseguró hoy que se reúnen las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la votación, y las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea han expresado, por separado, su preocupación ante la escalada de violencia que desde enero a la fecha arrojó 46 asesinatos entre candidatos, militantes y familiares de políticos en el contexto de campañas proselitistas marcadas por confrontaciones y acusaciones mutuas de instrumentar “campañas negras y de descrédito”.
El presidente Óscar Berger instruyó a comienzos de la semana al ejército y la policía resguardar las calles de ciudades y parajes rurales. En total, 11 mil 800 soldados y 19 mil 500 policías patrullan el país.
Narcotráfico y crimen organizado
Nery Rodenas, director del Centro de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, sostuvo en conversación con La Jornada que cuenta con datos alarmantes, y que “de enero a la fecha hemos registrado 68 atentados contra activistas políticos, de los cuales 46 han resultado en asesinatos.”
Denunció que “de las investigaciones oficiales no se ha conocido mayor cosa, están estancadas, pero presumimos que en muchos de esos asesinatos pueden estar involucrados los intereses del narcotráfico y el crimen organizado”.
Hay clima de inestabilidad producto de la incapacidad del gobierno de hacer frente a la inseguridad en el contexto de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, reflexionó por su parte el analista político Enrique Álvarez, director de Incidencia Democrática, organización civil de monitoreo y observación electoral.
“El sistema político está en riesgo, hay desgaste y se debilitan los intentos de una normalidad democrática”, indicó.
En 2006 se consumó una reforma electoral buscada desde los años 80 que comprende la eliminación del delito electoral y la acción de amparo, el crecimiento de las casillas receptoras –que en esta contienda suman alrededor de 15 mil más diseminadas en el territorio– y un mayor endeudamiento público para realizar los comicios.
Jorge Fuentes, politólogo por la Universidad Nacional de San Carlos, quien en 1983 formó parte de la comisión encargada de hacer una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sin consumarse hasta el año pasado, evaluó los alcances de los cambios legislativos.
“A la luz de los resultados desde su aprobación y a lo largo de este proceso electoral, se puede afirmar que no mejoró la imparcialidad en beneficio del ciudadano, como cultura obligada para partidos y autoridades electorales”, subrayó. Añadió que lo fundamental es que existan mecanismos de control institucional para evitar fraudes y conflictos durante la jornada, y haya un transparente ejercicio de la justicia para perseguir delitos electorales.
Con las nuevas casillas “es prácticamente imposible para los partidos pequeños mantener un fiscal en cada junta receptora”, lo que permite mayor control de los partidos grandes, lo que para el analista significa que estos últimos “ampliaron su nicho de operación” puesto que ya mantienen un área de influencia determinada.
En una sociedad marcada por diferencias de género y etnia no se aprobó lo relativo a la demanda social de los indígenas y las mujeres, que son la mayoría de la población. “Un Congreso verdaderamente representativo debería tener 50-50 por ciento de hombres y mujeres y 60-40 por ciento de indígenas y ladinos”, consideró al detallar la conformación social del país.
Fueros y privilegios
Uno de los personajes más respetados en Guatemala es el ex diputado Alfonso Bauer, quien desde 1944, año del comienzo de la Revolución de la Primavera con el presidente Jacobo Arbenz a la cabeza, se mantiene activo en política.
Señaló como una de las limitaciones del sistema electoral “la existencia de la relección ilimitada de diputados y concejales, lo cual permite mantener fueros y privilegios; hay diputados que hasta tienen 20 años allí y otros consejeros que han construido verdaderos feudos políticos, sobre todo en las regiones rurales”.
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La Jornada-México/08/09/2007
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