Liga Internacional de los Trabajadores - LIT-CI (www.marxismo.info)
La situación boliviana continúa siendo muy inestable. Recientemente, en la Asamblea Constituyente -que se encuentra virtualmente paralizada desde su constitución - diputados del MAS de Evo Morales se enfrentaron a puñetazos con los representantes de las burguesías regionales de la llamada “media luna” (Santa Cruz de la Sierra, Tarija, El Beni y Pando). Estas burguesías exigen la “autonomía” para sus departamentos (e incluso han amenazado con dividir el país) y han realizado varios “paros cívicos” para respaldar su reclamo.
Por otro lado, junto a luchas obreras, como la de los trabajadores de Huanuni en defensa de la minería estatal, varias organizaciones de los “pueblos originarios” (amplia mayoría de la población del país) amenazaron con romper con el gobierno si éste retiraba de la Constituyente la propuesta de “Estado Plurinacional”, que contemple “autonomías territoriales” a esas naciones originarias (aimaras, quechuas y tupí-guaraníes).
Se trata de una situación altamente compleja que trataremos de ir analizando en sus diferentes componentes y en su perspectiva.
Una situación revolucionaria
Para entender la actual crisis, debemos partir de que es resultado de lo que llamamos una “situación revolucionaria”. Es decir, una situación en que las masas entraron con procesos masivos de movilización y cuestionaron y pusieron en jaque a las instituciones políticas tradicionales de la burguesía.
Esta situación posiblemente se abrió con la “Guerra del Agua” (2000), cuando el pueblo de Cochabamba expulsó a la empresa Aguas del Tunari (de capital extranjero) que se estaba apropiando de este recurso en la región. Y tuvo sus picos más altos en las movilizaciones que derribaron a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goñi, en 2003, y Carlos Mesa, en 2005.
La burguesía boliviana y el imperialismo intentaron derrotar o desviar ese proceso revolucionario por varias vías: la represión de Goñi (más de 80 muertos en octubre del 2003), la “continuidad institucional” con Mesa, el intento de golpe de Hormando Vaca Díez, etc. Pero todas esas políticas fueron fracasando.
Por otro lado, las masas bolivianas, aunque derrotaron estos intentos, no lograron imponer su propia salida, un verdadero gobierno de los trabajadores y campesinos, que permitiese el avance de la revolución. Por eso, en el marco de esta contradicción, la situación revolucionaria sigue abierta y su curso futuro es aún indefinido.
Evo Morales: un gobierno burgués “especial”
En las elecciones presidenciales de 2006, la burguesía boliviana y el imperialismo apostaron por la candidatura de Tuto Quiroga, que resultó claramente derrotado frente a Evo Morales. En estas condiciones, se vieron obligados a aceptarlo como el “mal menor” dentro de la situación.
En este sentido, el gobierno de Evo es resultado del proceso revolucionario, pero también es un gobierno burgués que intenta ser utilizado por “los de arriba” como una herramienta para derrotar ese proceso, “adormeciendo” a las masas con una política de conciliación entre las clases sociales enemigas.
Resulta claro que ni la burguesía ni el imperialismo ven a Evo como un gobierno “propio” sino sólo como una salida transitoria, para controlar los momentos más difíciles del proceso revolucionario. Por ello, mientras lo utilizan en este sentido, buscan también desgastarlo y debilitarlo para preparar una alternativa (por ahora, en el terreno electoral) que les permita recuperar el poder de modo más directo.
Por su parte, Evo debe maniobrar entre esta exigencia de “los de arriba” y la presión de las luchas y los compromisos que asumió con el movimiento de masas. Por eso, siempre dentro de la perspectiva más estratégica de proteger los intereses de la burguesía y del imperialismo (ver artículo sobre las tropas bolivianas en Haití), su política es muchas veces oscilante, llena de marchas y contramarchas, según la presión dominante en cada momento.
El gobierno de Evo es, entonces, lo que llamamos un “frente popular”: un tipo de gobierno burgués “especial” porque está integrado y encabezado por organizaciones y dirigentes populares. Esto provoca una nefasta ilusión política en las masas porque éstas lo ven como “su gobierno” y no como lo que realmente es: una herramienta al servicio de la burguesía.
Una clara demostración del verdadero carácter del gobierno es su política de preservar del desgaste y fortalecer a las FF.AA. burguesas. Por ejemplo, en la conmemoración de los 100 años de la creación del actual ejército boliviano, Evo dijo en su discurso que "las FFAA son revolucionarias, un instrumento al servicio de la revolución". Al mismo tiempo, les ha otorgado un aumento salarial superior a los demás sectores y los oficiales están haciendo cursos de entrenamiento en Venezuela y reciben nuevos equipamientos de ese país.
Otro aspecto que muestra este carácter burgués son los bajísimos salarios que continúan percibiendo la mayoría de los trabajadores (con reajustes que no cubren las pérdidas por inflación), el mantenimiento del sistema privatizado de seguridad social y pensiones (Ley 1732) y la represión a los mineros de Huanuni, el 5 de julio pasado.
Por otro lado, de modo contradictorio, el gobierno también expresa las características étnicas y sociales del país. Evo es el principal dirigente surgido en las luchas campesinas en los últimos años y tiene origen aimará. Por eso, la gran mayoría de las masas bolivianas (campesina y/o indígena) considera que con él accedieron al poder después de siglos de marginación y opresión. Una visión que se acentúa porque la oposición de derecha es encabezada por la burguesía blanca y latifundista de Santa Cruz. Salvando las distancias, podemos decir que el caso de Evo es similar al del brasileño Lula quien, para llegar a la presidencia, se apoyó en su prestigio como dirigente obrero, originario de una de las regiones más pobres del país.
Los ejes del proceso revolucionario
Hasta ahora, la reivindicación más destacada del proceso revolucionario, que apareció como centro de la lucha contra Goñi y Mesa, fue la nacionalización sin pago de los recursos naturales (el gas y los minerales). Sin embargo, existen otros dos temas de igual importancia. El primero es la cuestión indígeno-campesina de las naciones aimará, quechua y tupí-guaraní. El segundo es el de la unidad del país, amenazada por las burguesías de la “media luna”. Todas estas reivindicaciones se concentraron en el reclamo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana (propuesta central de Evo para resolverlos, en las movilizaciones del 2005). Veamos qué ha sucedido con cada uno de esos temas y cuál fue la política de Evo para cada uno de ellos.
La nacionalización de los recursos naturales
Como fue el centro de las movilizaciones del 2003 y 2005, Evo se vio obligado a avanzar con algunas medidas parciales (la renacionalización de las riquezas del subsuelo, la recompra de las refinerías de Petrobrás, la renegociación de los contratos de venta de gas, etc.). Aunque las medidas fueron sumamente tibias y no cuestionaron el fondo del control imperialista del sector, sí lograron una mejora importante en los ingresos del Estado (un aumento cercano al 8% del PIB del país).
Al mismo tiempo, como resultado de la movilización de masas y de duros enfrentamientos, tuvo que nacionalizar la planta bombeadora de gas San Alberto (Tarija) y dar concesiones a los mineros de Huanuni, ampliando el sector estatal de esa mina frente al de los cooperativistas. Por el contrario, donde no hubo presión del movimiento de masas, avanzó en entregar el yacimiento de hierro de El Mutún (Santa Cruz) a la empresa Jindal.
El tema de los recursos naturales está muy lejos de haber sido resuelto por el gobierno, pero esa mejora en los ingresos del Estado le ha permitido a Evo, por lo menos en lo inmediato, disminuir la explosividad de los años anteriores.
La cuestión de las naciones originarias
Este tema, que afecta a la gran mayoría oprimida de la población boliviana, es muchísimo más complejo de resolver para Evo. Estas naciones sintetizan sus reivindicaciones en Tierra y Territorio. Es decir, en la reforma agraria y en el derecho a tener regiones autónomas en sus “territorios ancestrales”, donde puedan organizarse institucionalmente según sus tradiciones y disponer de los recursos naturales con su propio criterio. Pero estas reivindicaciones chocan hoy claramente con los intereses de la burguesía boliviana y los planes del imperialismo (la “autonomía reaccionaria” que reclama la “media luna”) y marcan claros límites a la política que el gobierno puede impulsar sin ir a mayores enfrentamientos con ellas.
Evo está llevando adelante una tibia entrega de tierras fiscales o privadas improductivas, pero no tiene ningunaintención de meterse con los latifundios de Santa Cruz (soja), El Beni (ganadería) o Pando (maderas preciosas). Pero es en estas regiones donde el tema de la tierra es más agudo, ya que en el altiplano se realizó una reforma agraria durante la revolución de 1952. Por eso, ya se han producido algunas movilizaciones campesinas en Santa Cruz, exigiendo un avance más rápido en este tema.
Sobre la cuestión de la “autonomía territorial”, Evo está intentando dejar de lado esta cuestión en la Constituyente (punto central del “Pacto de Unidad” que hizo con su base campesina e indígena, durante la campaña electoral), reemplazándola por la “autonomía social”, que incluye otros derechos (lengua, educación, instituciones locales y regionales) pero no la plena soberanía sobre las regiones. Ante ello, varias organizaciones indígenas[1] amenazaron con romper con el gobierno. Frente a ese riesgo, Evo retrocedió y mantuvo su propuesta de “Nuevo Estado Plurinacional”. Un hecho que muestra que, aunque esta base campesina e indígena ve a Evo como “su” gobierno y mantiene su confianza en él, no está dispuesta a dejar que traicione sus reivindicaciones históricas.
El divisionismo de la burguesía de la “media luna”
El territorio histórico de Bolivia ya sufrió varias pérdidas impulsadas por el imperialismo y los países más fuertes del continente, como fue el caso de la salida al mar, perdida en la Guerra del Pacífico contra Chile, o la región de Acre, hoy parte de Brasil.
La unidad de su territorio actual nuevamente se ve amenazada por la coalición de las burguesías regionales de la “media luna”. Estos departamentos poseen una parte muy importante de las riquezas naturales bolivianas (petróleo, gas, hierro, producción de soja y carne): con el 35% de la población generan la mitad del PIB nacional y dos tercios de sus exportaciones.
La coalición es encabezada por la burguesía cruceña, posiblemente la más fuerte y dinámica del país, con un proyecto político propio que viene impulsando desde hace varios años. Algunos de sus miembros son de un origen europeo mucho más reciente. Su principal dirigente, Branko Marinkovik, es hijo de un inmigrante croata. Además de importante latifundista, es directivo de la poderosa empresa Transporte de Hidrocarburos, que opera 6.000 km de de gasoductos y oleoductos con destino a Brasil, Argentina y Chile. El 50% del capital de esta empresa pertenece a Exxon y Shell.
Los “comités cívicos” formados por las burguesías de esos departamentos constituyen de hecho un poder paralelo. Incluso están ensayando movimientos de tipo fascistas, como el de la Juventud Cívica Cruceña, para reprimir a los trabajadores y campesinos de la región. Esta organización está formada por los hijos de los empresarios y latifundistas y también incorpora a jóvenes de clase media, ansiosos por escalar socialmente.
Es muy posible que, detrás de sus reivindicaciones de “autonomía”, estén impulsando un proyecto estratégico de dividir realmente el país cuando las condiciones se lo permitan. En otras palabras, poder entregar directamente al imperialismo y a los países más fuertes del continente, como Brasil, las riquezas naturales de su región, quedándose con una parte mayor de la que hoy obtiene, ya que no tendría que dividir esa parte con la burguesía de La Paz. Al mismo tiempo, se desembarazarían del “altiplano pobre” y de sus “masas revoltosas”, cuya movilización ya se está contagiando a la propia Santa Cruz. Es importante destacar que se trata de un sector muy ligado al imperialismo y a la burguesía brasileña que, evidentemente, están detrás de su proyecto divisionista.
A este proyecto se opone la burguesía de los departamentos del altiplano, especialmente de La Paz, que se vería muy afectada económicamente no sólo por la división del país sino incluso por una “autonomía” profunda. No es casual que los altos mandos del Ejército boliviano hayan declarado su oposición. En otras palabras, un enfrentamiento real y profundo entre sectores burgueses con una dinámica impredecible.
La “autonomía” que exigen estas burguesías regionales no refleja el justo reclamo de una nacionalidad oprimida, como es el caso de los pueblos originarios. Por el contrario, esa “autonomía” (y más aún, la división del país) representa un ataque al conjunto del puebloboliviano porque su objetivo es una entrega aún mayor de los recursos naturales, un mayor enriquecimiento de esas burguesías regionales, y un mayor empobrecimiento del pueblo boliviano en su conjunto. Es una propuesta reaccionaria y proimperialista.
Podemos compararla con la “independencia” de Panamá que, impulsada por el imperialismo estadounidense, se separó de Colombia en 1903 para controlar el futuro Canal. O, en la propia historia boliviana, con la “revuelta” separatista de los latifundistas de Acre, impulsada por la burguesía de Brasil. Por eso, los revolucionarios debemos oponernos a ella y apoyar la justa lucha de la mayoría del pueblo boliviano por mantener la unidad geográfica del país.
Evo camina por la cuerda floja
La política del gobierno ha sido intentar “administrar” una situación compleja y muy polarizada sin traspasar los marcos del estado burgués. Su política hacia la oposición burguesa de derecha ha sido de conciliación y concesiones permanentes, algo que se expresó claramente en la Asamblea Constituyente: a pesar de que los diputados del MAS y sus aliados contaban con una clara mayoría, le otorgó a la oposición el “derecho a veto”.
Pero esta política no ha hecho más que fortalecer a una oposición que exige cada vez más, sobrepasando los límites tolerables para Evo porque afectan demasiado a los intereses de los sectores burgueses del altiplano o porque significarían una ruptura abierta con su propia base.
En algunos casos, se vio obligado a responder a “contragolpe”, como la movilización de un millón en La Paz por la defensa de la unidad del país, o las movilizaciones de campesinos cruceños por lareforma agraria. Pero el objetivo de estos “contragolpes” no es avanzar a fondo contra la burguesía opositora y el imperialismo sino volver a un “equilibrio” que le permita mantener una conciliación “tolerable”.
Al mismo tiempo, Evo mantiene todo su prestigio y apoyo popular porque, además de ser visto como el representante de los pueblos originarios, se presenta como el “defensor de la unidad del país” frente a la burguesía blanca, latifundista y divisionista de Santa Cruz.
En lo inmediato, incluso puede aprovechar el impasse de la Asamblea Constituyente para decirle a las masas que “la derecha no me deja gobernar” (por eso no puede avanzar en satisfacer más los reclamos populares) y que ahora lo central es la “unidad contra la derecha”, como un argumento para frenar las luchas contra su gobierno.
Pero en un plazo más largo esta situación se le volverá en contra porque las contradicciones se irán acumulando crecientemente entre una burguesía que exige cada vez más y un movimiento de masas que no está dispuesto a abandonar sus reivindicaciones.
Las masas bolivianas deben avanzar en su organización y en su lucha independiente
El gobierno de Evo no sólo no resuelve los problemas más profundos del país y las necesidades del pueblo boliviano: su política de conciliación con la derecha y de desmovilización de las masas crea las condiciones para una trágica derrota si éstas no avanzan en su lucha y organización autónomas, sobrepasando al gobierno de Evo en esa lucha.
Las tareas de la revolución (nacionalizar sin pago los recursos naturales; la reforma agraria; los derechos territoriales para los pueblos originarios y la defensa de la unidad del país) sólo podrán conseguirse si la movilización de masas las toma directamente en sus manos. La gran contradicción de la situación actual es que la amplia mayoría del pueblo boliviano todavía confía en que sea el gobierno de Evo quien las lleve adelante.
En esta situación, es imprescindible que la clase obrera boliviana entre en escena con peso propio y una política totalmente independiente de la burguesía y el gobierno. Una política que, además de luchar por sus propias reivindicaciones, sea capaz de encabezar, como lo hizo varias veces en el pasado, las reivindicaciones y luchas del conjunto del pueblo.
Es cierto que la burguesía de la “media luna” quiere aplastar el proceso revolucionario y tiene un proyecto divisionista para Bolivia. Pero para derrotar este proyecto reaccionario el peor camino es el de la “conciliación” que ha elegido el gobierno de Evo. El único camino para derrotar a la derecha y conseguir las reivindicaciones históricas del pueblo boliviano es la lucha y la organización autónoma de las masas, encabezadas por la clase obrera.
Por supuesto que sí se planteara un peligro de golpe inminente o la burguesía de la “media luna” tratase de concretar de inmediato la división del país, sería necesario llamar a la lucha unitaria junto con el gobierno de Evo para derrotar estos ataques. Pero lo que no se puede hacer es justificar con estos riesgos, reales pero no inminentes, la capitulación al gobierno y a su llamado de “unidad contra la derecha”. No sólo porque eso significa abandonar la lucha contra un gobierno burgués sino porque, como ya hemos dicho, ese camino lleva a una inevitable derrota frente a la derecha.
En este sentido, el proceso revolucionario boliviano necesita que la COB recupere su papel histórico de dirección de las masas. El camino para hacerlo está marcado por los conceptos centrales de las Tesis de Pulacayo. En otras palabras, para luchar realmente contra la derecha burguesa y que el proceso revolucionario avance, es necesario luchar también contra el gobierno de Evo y contra sus políticas antiobreras y de conciliación con la burguesía y el imperialismo.
Para los revolucionarios se presenta, entonces, una doble tarea. La primera es la de explicar pacientemente a las masas el verdadero carácter del gobierno de Evo Morales y la necesidad de avanzar hacia un verdadero gobierno de los trabajadores y los campesinos. La segunda es la de impulsar la movilización de masas que le exija al gobierno de Evo que cumpla con sus promesas y concrete esas tareas.
Por su carácter burgués, es absolutamente imposible que el gobierno de Evo lo haga, pero esas movilizaciones y el choque con esa realidad son las que permitirán el avance en su conciencia y, con él, el progreso del proceso revolucionario, superando los límites que hoy le impone Evo.
El pueblo boliviano no ha sido derrotado ni mucho menos. Sus fuerzas están intactas y, a la vez, tiene una gran tradición histórica y experiencias muy recientes de lucha. Por lo tanto, el curso futuro del proceso revolucionario boliviano sigue abierto.
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La Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente se ubica en el centro del debate político en Bolivia por dos razones principales. La primera es que, por el carácter democrático y de soberanía nacional de los principales reclamos populares (propiedad de los recursos naturales, propiedad de la tierra, derechos de los pueblos originarios, unidad nacional) aparece como el “ámbito natural” para discutirlos y resolverlos, especialmente para la mayoría campesina y originaria del país.
En segundo lugar, el propio Evo levantó en los procesos del 2005 la exigencia central de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Después, durante su campaña electoral, éste fue el eje de sus propuestas: en ella se resolverían esos temas y se fundaría un nuevo Estado Plurinacional boliviano. En base a esta propuesta, firmó el Pacto de Unidad con las organizaciones de los pueblos originarios.
Por eso ha generado muchas expectativas en los sectores populares. Sin embargo, desde que comenzó sus sesiones el 6 de agosto del 2006, ha estado virtualmente paralizada.
La oposición de derecha ha trabado su funcionamiento y es la principal responsable de esta situación. Pero el MAS comparte la responsabilidad ya que ganó las elecciones nacionales para elegir diputados constituyentes y tiene el 55% de los representantes. Sin embargo, antes había pactado con los partidos de derecha un reglamento por el que la nueva constitución sólo podría ser aprobada con el voto de los 2/3 de la Asamblea. Es decir, otorgó a la minoría un derecho de veto totalmente antidemocrático.
Después, el gobierno planteó que ese criterio sólo era válido para la nueva constitución en su conjunto (en caso de no ser aprobada en la Constituyente sería sometida a plebiscito) pero no para los artículos individuales. Intentaba así incluir, al menos, algunos puntos parciales que le permitieran mostrar a su base que se estaba avanzando. Pero la derecha se aferró a la cláusula de los 2/3 y vetaba todos los artículos con los que no concordaba. Exigía, a la vez, que el triunfo que había obtenido el SÍ en el plebiscito por la autonomía en los departamentos de la “media luna” (aunque el NO logró mayoría a nivel nacional) fuera considerado un mandato para la nueva constitución. Así las cosas, la Asamblea quedó paralizada.
Vaciándola de contenido
Al mismo tiempo, a pesar de su discurso radical sobre el carácter "originario" y de “refundación de Bolivia" que tendría la Asamblea, el gobierno de Evo Morales la ha ido "esterilizando" en varios puntos centrales.
Sobre el tema de los hidrocarburos y la minería dice que "ya ha sido resuelto" con las tibias medidas adoptadas y que la Constituyente debería limitarse a refrendar el contenido de sus decretos y la base conceptual de los nuevos contratos. Tampoco será incluida una verdadera reforma agraria.
La última tentativa que impulsó el gobierno fue la de cambiar la “autonomía territorial” para los pueblos originarios por la “autonomía social”. Pero debió retroceder por la amenaza de ruptura con el gobierno de varias organizaciones indígenas.
El hecho de que varias de las cuestiones centrales fueron sacadas del debate de la Asamblea Constituyente ha sido reconocido por el propio gobierno. En una entrevista con Radio FIDES, el vicepresidente Álvaro García aceptó que "la magna asamblea probablemente no modificara más del 20 % del articulado constitucional."
Sin embargo, a pesar de este vaciamiento del contenido, sigue habiendo profundos temas planteados. Especialmente, el choque irreconciliable entre el justo reclamo de “autonomía territorial” exigido por los pueblos originarios oprimidos y la autonomía reaccionaria y proimperialista reclamada por las burguesías de la “media luna”. Estos son los puntos que mantienen paralizada la Asamblea Constituyente.
La necesidad de una política revolucionaria hacia la AC
En el marco del Estado burgués, más aún con los “acuerdos reglamentarios” de Evo con la derecha, esta Asamblea no resolverá ninguno de los graves problemas del país y del pueblo. Sólo la movilización y la organización autónoma de las masas podrán lograrlo, Por eso, aquí también es necesario explicar pacientemente a las masas el verdadero carácter de clase de esta Constituyente.
Pero una política revolucionaria no puede limitarse sólo a la denuncia de esta institución burguesa. Los revolucionarios debemos defender también el derecho democrático del pueblo boliviano a que la Constituyente funcione y discuta los principales problemas del país. Por esta razón, es totalmente legítimo y necesario impulsar movilizaciones para exigir a la Asamblea que cumpla el mandato para el que fue votada por el pueblo, especialmente contra las trabas que le impone la derecha.
En este marco, esas movilizaciones deben levantar también una exigencia central al propio MAS y al gobierno de Evo: que rompa el acuerdo de los 2/3 y utilice su mayoría para aprobar las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo y combatir a la derecha.
Tal como señalamos en el artículo principal, aquí también “es absolutamente imposible que el gobierno lo haga, pero esas movilizaciones y el choque con esta realidad son las que permitirán el avance en su conciencia y, con él, el avance del proceso revolucionario, superando los límites que hoy le impone Evo”.
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La posición de los marxistas frente a la cuestión nacional
La “cuestión nacional” es uno de los centros de la situación boliviana actual. En este sentido, es necesario, en primer lugar, diferenciar claramente los dos reclamos de “autonomía” que aparecen enfrentados.
La reivindicación de los pueblos originarios aimará, quechua y tupí guaraní es totalmente justo y legítimo porque representan la absoluta mayoría del pueblo boliviano y, además, han sufrido siglos de opresión y saqueos. Al mismo tiempo, ellos reivindican la unidad territorial de Bolivia, a través de un “estado plurinacional”. Por eso, los revolucionarios debemos apoyar su reclamo.
Por el contrario, la “autonomía” reclamada por las burguesías de la “media luna” (más aún, la posible división del país) es, como hemos visto, reaccionaria y proimperialista. En el colmo de la hipocresía, la burguesía de Santa Cruz llega a reivindicar una tradición tupí guaraní diferenciada de los pueblos del altiplano, cuando su principal dirigente es un descendiente puro de croatas. Por eso, los revolucionarios debemos combatir esa “autonomía”.
Sin embargo, es necesario precisar más la política de los revolucionarios frente a la cuestión nacional, un tema que fue muy discutido por los bolcheviques, en los años previos a la revolución de socialista de 1917, ya que el Imperio Ruso era un estado multinacional, con numerosas naciones oprimidas.
Como norma programática, los marxistas nos oponemos a la división de los estados existentes porque eso también significaría una división y una fragmentación de la clase obrera, protagonista central de la lucha por el socialismo. Nuestra propuesta para los pueblos oprimidos es constituir una Federación Socialista, en la que esas naciones tengan plenos derechos garantizados. Utilizando el término que los propios pueblos originarios emplean, en Bolivia hablaríamos de conformar un “Estado plurinacional socialista”.
Todo un símbolo:
Las tropas de Evo en Haití
Algunas corrientes políticas de izquierda caracterizan al gobierno de Evo Morales como parte de un “campo antiimperialista” latinoamericano que estaría realizando un duro enfrentamiento con el imperialismo, especialmente el yanqui, junto con los gobiernos de Chávez, Fidel Castro y otros.
Es evidente que el gobierno de Evo es diferente de aquellos encabezados por agentes directos del imperialismo, como el colombiano Uribe o el mexicano Calderón. Incluso también lo es de gobiernos como Lula o Tabaré Vázquez que subieron en medio de una gran expectativa popular, pero que rápidamente mostraron su carácter proimperialista.
Pero afirmamos que la diferencia con Lula y Tabaréno se origina en la “vocación de lucha antiimperialista” de Evo sino en las condiciones políticas diferentes en que debe gobernar. Surgido como producto de un proceso revolucionario, Evo debe combinar la necesidad de ir dando alguna respuesta a los reclamos de las masas con su intención de afectar lo menos posible los intereses del imperialismo, de la burguesía boliviana y de las burguesías más fuertes del continente, como la brasileña.
La tibieza de sus medidas en el terreno de los hidrocarburos y la minería surgen de esa combinación. Se limitaron a presionar para obtener apenas una porción algo mayor de la explotación de esas riquezas sin afectar la cuestión de fondo: el saqueo de esos recursos naturales que vive el país.
En realidad, Evo está impulsando un proyecto económico exportador de gas y minerales que es compatible con los proyectos del imperialismo. Lo que está en discusión, y genera el pulso con el imperialismo y la burguesía brasileña, es el tamaño de las migajas que ese saqueo dejará en el país, cómo se distribuirán internamente y si Evo es el hombre idóneo para llevar ese proyecto adelante.
Que el gobierno de Evo no tiene vocación antiimperialista lo ha expresado el propio vicepresidente, Álvaro García Linera. El año pasado declaró en un discurso: "EE.UU. ha sido, es y será un aliado estratégico de Bolivia". Para que no quede ninguna duda, agregó: "las relaciones con EE.UU. están en un proceso de creciente mejoramiento" (Clarín, 20/10/2006).
Si algo muestra con total claridad esta política de “alianza estratégica con EE.UU.” (es decir, de sumisión al imperialismo) es la presencia de tropas bolivianas en la ocupación de Haití como parte de los cascos azules de la onU. Tal como han denunciado varias organizaciones haitianas e internacionales, está ocupación, que reprime y asesina al pueblo haitiano, está al servicio de mantener una situación colonial en ese país, en beneficio del imperialismo estadounidense.
Los soldados bolivianos fueron enviados originalmente por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2002. Desde entonces los contingentes han sido renovados por los gobiernos posteriores.
El año pasado, se produjo un debate en el seno del gobierno de Evo sobre si se mantenían o retiraban. Evo resolvió su continuidad como un mensaje de “amistad” hacia los EE.UU. La explicación pública que dio es casi increíble: "La presencia de estas tropas de paz bolivianas permite contar al país con un ingreso de 3 millones de dólares y crear 215 fuentes de trabajo" (www.lahaine.org, 16/09/06).
Lo cierto es que el gobierno “antiimperialista” de Evo es cómplice, al igual que muchos otros gobiernos latinoamericanos, de la ocupación colonial del país que, a inicios del siglo XIX, vio surgir la primera república libre de Latinoamérica. ¡Debemos exigirle que retire de inmediato esos soldados de Haití!
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kaosenlared.net - España/04/10/2007
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