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Un proyecto no puede ser llamado público si no es transparente y ciudadano. Pero son precisamente estas cualidades que deben tener las obras promovidas por el gobierno, las que han faltado en el proyecto Arco Vial Sureste, que incluye el polémico túnel en el Cerro de La Silla.
La oscuridad comienza en el nombre. La obra es más conocida por su parte más pequeña -el túnel de 1.6 kilómetros que atraviesa el Cerro y la Sierra de la Silla- que por el conjunto total de 20 kilómetros de carretera que conectarán a Juárez con Santiago, dos polos de desarrollo que prácticamente ya son parte de la mancha urbana de Monterrey,
Desde el principio, esta obra promovida por la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León (encabezada por el ex alcalde de Escobedo y ex candidato a la alcaldía de Monterrey, Abel Guerra Garza), se manejó sólo a nivel local. El proyecto fue dado a conocer a los habitantes del municipio de Juárez dentro de la consulta pública para cambiar el Plan de Desarrollo Urbano de este municipio al oriente de la capital nuevoleonesa.
Y pese a ser promovida como “el primer gran paso para resolver en forma definitiva el problema de la vialidad”, cuando la dieron a conocer, no hubo el gran y multipublicitado evento con el que el gobernador, Natividad González Parás, siempre da a conocer sus proyectos públicos. No esta vez.
Cuando el cabildo de Juárez finalmente aprobó el plan –con obra incluida- el siguiente paso fue el Congreso: y extrañamente, la mayoría del PAN esta vez respaldó a sus opositores y aprobó una iniciativa presentada por la corporación para que el proyecto fuera decretado “de utilidad pública” y se permitiera el cobro del Impuesto de Mejoría Específica a los propietarios del terreno que resultarán beneficiados con la obra. “Algo negociaron a cambio de eso”, me comentó aquella vez una compañera que trabaja en el Legislativo.
En el dictamen, el trazo del túnel afectaba una parte del Cerro de la Silla, decreto el 26 de abril de 1991 como Monumento Natural Protegido, lo que significa que “posee valores escénicos, turísticos, recreativos, científicos y ecológicos, únicos e importantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio. Además, representa importantes beneficios para las comunidades que se encuentran dentro de su zona de influencia funcionando como reserva de flora y fauna en zonas clave”.
Y la Corporación siguió, en silencio, los trabajos. Pero justo el 24 de abril de este año, MILENIO reveló que, a escondidas y sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la empresa Ingeniería Geotecnológica de México (que recibió más de 20 millones de pesos del erario por sus asesorías), ya había dañado el medio ambiente en el Cañón de Santa Ana durante sus trabajos de exploración para el túnel. Una empresa que cobró 20 millones de pesos…y cometió un error básico que le costó la clausura de las labores por parte de la Profepa y por consiguiente, la suspensión de los estudios geológicos. Pese a esto, el gobernador Natividad González Parás sentenció que el asunto “está sobredimensionado”. Claro, a la naturaleza, ni quien la defienda.
Y el mismo delegado de Profepa, Francisco Treviño, admitió que parte de los trabajos se realizaron en el Monumento Natural; sin embargo, Guerra Garza insiste en que el túnel no es zona federal, pero su colega en el gobierno, el director de la Agencia de Medio Ambiente, José Luis Tamez, advirtió que el trazo de la estructura podría modificarse para no dañar especies de flora y fauna.
¿Entonces sí está en zona federal o no? Aunque el gobierno intentaminimizar los daños ecológicos del túnel, el hecho de que esté en la Sierra de la Silla implica que se encuentra en un Área Estatal Protegida, que mide 10 mil 620 hectáreas y en la que existen especies en extinción, como la Aguililla Cola Roja y el Venado Cola Blanca. Además. Es un área importante de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana.
Pero esto no contó mucho a la hora de los planes del verdadero negocio: la urbanización de la zona de Juárez, Cadereyta y Santiago. Guerra Garza lo admitió: “de aquel lado del túnel hay ocho mil hectáreas desarrollables y si ves la gran concentración poblacional que se está haciendo sin planeación, nos vamos a asustar”.
Y el urbanista Humberto Leal lo confirmó cuando le preguntamos qué es lo que se pretende desarrollar en la zona: “vivienda, principalmente, cuidando la sustentabilidad del medio ambiente y la ecología. Por lo tanto serían zonas con un desarrollo con vocación importante para vivienda, sino de lujo, media, de buen tamaño”.
Esto no concuerda con la visión –seguramente sin intereses- del gobernador Natividad González Parás, quien al cuestionársele sobre la especulación que ya existe en la zona aledaña al proyecto, respondió que no, que al contrario: el proyecto combatirá la especulación porque, con más hectáreas de vivienda, se bajarán los precios de las casas. Él afirmó “vivienda económica”. ¿En Santiago, justo en el área de Los Cristales, por la Carretera Nacional?
Se habla de un plan urbano, de regular el crecimiento, pero parece que detrás de esta obra, la filosofía es: “si ya construyeron cien en área natural, pues que se abra a todo el mundo”.
Aunado a esto, un grupo de vecinos preocupados por el medio ambiente y habitantes de una zona a 10 kilómetros de donde se ubicará el túnel, se han organizado porque se oponen al proyecto.
Y el argumento de la autoridad es “ellos están a 10 kilómetros de la obra”. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún artículo establece que la cercanía o lejanía de la gente a algún asunto de interés, sea factor para evitar la participación. Además, hablar de kilómetros en esta zona es cosa común, tratándose de rancherías y ejidos y también fraccionamientos residenciales campestres.
El dictamen de impacto ecológico (elaborado por el ambientalista favorito del gobierno, Benjamín Limón), aún no ha sido dado a conocer. Y mientras, Guerra Garza insiste en que la obra sigue en camino, aunque la solicitud de permiso para desmontes y cambio de uso de suelo no ha sido presentada a la Semarnat. Entonces, ¿cuándo se verá la luz en el túnel? Cuando realmente sea transparente. Realmente.
La oscuridad comienza en el nombre. La obra es más conocida por su parte más pequeña -el túnel de 1.6 kilómetros que atraviesa el Cerro y la Sierra de la Silla- que por el conjunto total de 20 kilómetros de carretera que conectarán a Juárez con Santiago, dos polos de desarrollo que prácticamente ya son parte de la mancha urbana de Monterrey,
Desde el principio, esta obra promovida por la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León (encabezada por el ex alcalde de Escobedo y ex candidato a la alcaldía de Monterrey, Abel Guerra Garza), se manejó sólo a nivel local. El proyecto fue dado a conocer a los habitantes del municipio de Juárez dentro de la consulta pública para cambiar el Plan de Desarrollo Urbano de este municipio al oriente de la capital nuevoleonesa.
Y pese a ser promovida como “el primer gran paso para resolver en forma definitiva el problema de la vialidad”, cuando la dieron a conocer, no hubo el gran y multipublicitado evento con el que el gobernador, Natividad González Parás, siempre da a conocer sus proyectos públicos. No esta vez.
Cuando el cabildo de Juárez finalmente aprobó el plan –con obra incluida- el siguiente paso fue el Congreso: y extrañamente, la mayoría del PAN esta vez respaldó a sus opositores y aprobó una iniciativa presentada por la corporación para que el proyecto fuera decretado “de utilidad pública” y se permitiera el cobro del Impuesto de Mejoría Específica a los propietarios del terreno que resultarán beneficiados con la obra. “Algo negociaron a cambio de eso”, me comentó aquella vez una compañera que trabaja en el Legislativo.
En el dictamen, el trazo del túnel afectaba una parte del Cerro de la Silla, decreto el 26 de abril de 1991 como Monumento Natural Protegido, lo que significa que “posee valores escénicos, turísticos, recreativos, científicos y ecológicos, únicos e importantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio. Además, representa importantes beneficios para las comunidades que se encuentran dentro de su zona de influencia funcionando como reserva de flora y fauna en zonas clave”.
Y la Corporación siguió, en silencio, los trabajos. Pero justo el 24 de abril de este año, MILENIO reveló que, a escondidas y sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la empresa Ingeniería Geotecnológica de México (que recibió más de 20 millones de pesos del erario por sus asesorías), ya había dañado el medio ambiente en el Cañón de Santa Ana durante sus trabajos de exploración para el túnel. Una empresa que cobró 20 millones de pesos…y cometió un error básico que le costó la clausura de las labores por parte de la Profepa y por consiguiente, la suspensión de los estudios geológicos. Pese a esto, el gobernador Natividad González Parás sentenció que el asunto “está sobredimensionado”. Claro, a la naturaleza, ni quien la defienda.
Y el mismo delegado de Profepa, Francisco Treviño, admitió que parte de los trabajos se realizaron en el Monumento Natural; sin embargo, Guerra Garza insiste en que el túnel no es zona federal, pero su colega en el gobierno, el director de la Agencia de Medio Ambiente, José Luis Tamez, advirtió que el trazo de la estructura podría modificarse para no dañar especies de flora y fauna.
¿Entonces sí está en zona federal o no? Aunque el gobierno intentaminimizar los daños ecológicos del túnel, el hecho de que esté en la Sierra de la Silla implica que se encuentra en un Área Estatal Protegida, que mide 10 mil 620 hectáreas y en la que existen especies en extinción, como la Aguililla Cola Roja y el Venado Cola Blanca. Además. Es un área importante de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana.
Pero esto no contó mucho a la hora de los planes del verdadero negocio: la urbanización de la zona de Juárez, Cadereyta y Santiago. Guerra Garza lo admitió: “de aquel lado del túnel hay ocho mil hectáreas desarrollables y si ves la gran concentración poblacional que se está haciendo sin planeación, nos vamos a asustar”.
Y el urbanista Humberto Leal lo confirmó cuando le preguntamos qué es lo que se pretende desarrollar en la zona: “vivienda, principalmente, cuidando la sustentabilidad del medio ambiente y la ecología. Por lo tanto serían zonas con un desarrollo con vocación importante para vivienda, sino de lujo, media, de buen tamaño”.
Esto no concuerda con la visión –seguramente sin intereses- del gobernador Natividad González Parás, quien al cuestionársele sobre la especulación que ya existe en la zona aledaña al proyecto, respondió que no, que al contrario: el proyecto combatirá la especulación porque, con más hectáreas de vivienda, se bajarán los precios de las casas. Él afirmó “vivienda económica”. ¿En Santiago, justo en el área de Los Cristales, por la Carretera Nacional?
Se habla de un plan urbano, de regular el crecimiento, pero parece que detrás de esta obra, la filosofía es: “si ya construyeron cien en área natural, pues que se abra a todo el mundo”.
Aunado a esto, un grupo de vecinos preocupados por el medio ambiente y habitantes de una zona a 10 kilómetros de donde se ubicará el túnel, se han organizado porque se oponen al proyecto.
Y el argumento de la autoridad es “ellos están a 10 kilómetros de la obra”. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún artículo establece que la cercanía o lejanía de la gente a algún asunto de interés, sea factor para evitar la participación. Además, hablar de kilómetros en esta zona es cosa común, tratándose de rancherías y ejidos y también fraccionamientos residenciales campestres.
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