«Las víctimas del franquismo no están reconocidas jurídicamente igual que las del terrorismo, y eso va contra acuerdos internacionales»
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Víctor Luis Álvarez Rodríguez es el presidente de la asociación Memoria Histórica Asturiana, una de las cuarenta asociaciones españolas que reivindican una ley de reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y la posguerra. En esta entrevista se muestra muy crítico con la ley que ahora propone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
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VÍCTOR LUIS ÁLVAREZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA ASTURIANA M. CASTRO
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Víctor Luis Álvarez Rodríguez es el presidente de la asociación Memoria Histórica Asturiana, una de las cuarenta asociaciones españolas que reivindican una ley de reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y la posguerra. En esta entrevista se muestra muy crítico con la ley que ahora propone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
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VÍCTOR LUIS ÁLVAREZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA ASTURIANA M. CASTRO
-La ley de Memoria Histórica está causando un enfrentamiento entre el PSOE y el PP. ¿Qué opina?
-El problema está entre las asociaciones y el Gobierno, no entre PSOE y el PP. No es un problema político, aunque tiene connotaciones políticas importantes. Es un problema de víctimas. Esta ley la podría suscribir el PP perfectamente. Es una ley que no dice nada, sin ningún tipo de consecuencia. La podrían suscribir todos menos Falange. Incluso Rajoy, cuyo abuelo fue apartado en el régimen de Franco por ser liberal galleguista, lo que fue un tipo de represión.
-¿Cuál es la cuestión, entonces?
-Aquí de lo que se trata es de que las víctimas del franquismo no están reconocidas jurídicamente como víctimas igual que lo están las del terrorismo. Eso contradice los acuerdos internacionales que ha firmado España y las sentencias de los tribunales de Nüremberg. Fue un crimen contra la Humanidad, con víctimas de una represión política a las que hay que reconocer jurídicamente como víctimas. A partir de ahí, actuar en consecuencia con las leyes internacionales, como es la anulación de juicios, como se hizo en Alemania y en Francia (tras la II Guerra Mundial) y la búsqueda de los desaparecidos. Lo demás es un debate falso. Los hijos de las víctimas el más joven tiene 70 años y están muriendo viendo que sus padres fueron sentenciados a muerte por auxiliar una rebelión, cuando realmente fue al revés.
-¿La cercanía de las elecciones hace que se esté usando este asunto para movilizar a los votantes?
-Por eso se está distorsionando el debate. Somos 40 asociaciones en toda España que decimos lo mismo, pero no se nos escucha por ningún lado, porque lo que interesa es buscar otro debate que les viene muy bien al PSOE y al PP para movilizar a sus bases.
-¿Cuándo empezaron las asociaciones a pedir ese reconocimiento a las víctimas?
-En los años ochenta. Entonces el Gobierno de Felipe González tuvo una ocasión de oro para hacerlo, con la entrada en la OTAN, en 1983, que fue un momento en el que desapareció la inquietud militar. La reivindicación de las asociaciones dio un salto cualitativo en 2002, cuando un periodista, Emilio Silva, busca, encuentra y desentierra a su abuelo, que estaba desaparecido en el Bierzo. Y lo saca a los medios, con lo que las fosas comunes del franquismo aparecen en televisión. A partir de ahí hay un salto cualitativo brutal.
-¿Y ahora?
-Uno de los principales detractores de la ley de Memoria Histórica es Alfonso Guerra. No el PP. Alfonso Guerra tiene un pasado oficial que no corresponde con la realidad, porque su padre fue el más destacado defensor del arsenal militar de Sevilla en la guerra civil, cuando lo intentaron tomar los de la CNT. Era falangista. Alfonso Guerra es un hombre que está radicalmente en contra de la ley. Él y Ramón Jáuregui. El problema para aprobar una ley está realmente en el PSOE.
-¿Son los hijos los más interesados en buscar los restos de sus padres?
-Más los nietos. Con los hijos pasa un hecho curioso, que es que siguen asustados y dicen a los nietos que no se metan ahí. Hay nietos que incluso se enteran ahora de cómo murió su abuelo. Entre marzo de 1939 y 1945 se ejecutó en España a 192.000 republicanos, una cifra que llega a los 400.000 si se incluyen los ejecutados durante la guerra y los que posteriormente desaparecieron. También hubo una represión republicana al inicio y al final de la guerra, fundamentalmente, con unas 50.000 ejecuciones en el momento inicial, porque la República pierde el control del Estado, y en el final, porque hubo una desbandada. Entre medias hubo una cierta estabilidad. Todos son víctimas. Nosotros no diferenciamos.
-A estos últimos ya se les reconoció su condición de víctimas tras la guerra civil.
-Hubo un decreto ley en 1940 que obligaba a los alcaldes a buscar a las víctimas de la represión republicana. Por lo tanto, aún puede aparecer alguna, pero lo que no se encontró en 1940 va a ser difícil encontrarlo ahora. Además, a una familia que tuviera un represaliado republicano se le daba un estanco, una pensión, una beca o algo. Tampoco era mucho, porque la guerra la perdió todo Dios. Sólo se beneficiaron los estraperlistas y media docena de empresarios.
-¿Se parece en algo la ley de Memoria Histórica a las leyes que se hicieron en otros países de Europa tras la caída de los regímenes fascistas?
-El Tribunal de Cuentas ha localizado para qué empresas trabajaban como esclavos los prisioneros, porque las empresas tenían que pagar al Estado una cantidad por cada esclavo. Entre otras empresas está Duro Felguera. En Alemania, Bayern, Volkswagen y Mercedes están pagando a los trabajadores que tuvieron como esclavos. Allí sí se les restituyó. Una ley como la alemana, en este país, sería la de Dios. Si Alemania lo pudo hacer, anulando también los juicios de Hitler, los políticos, por qué no lo va a poder hacer España. Por eso digo que el problema de la ley es entre las asociaciones y el Gobierno, y se ha llevado a un falso debate político por la cercanía de las elecciones.
-¿Considera descafeinada la ley que promueve el Gobierno de Zapatero?
-Es que no dice nada. Es como la Constitución de 1812, que decía: «Los españoles serán justos y benéficos». No concreta nada. Esta ley sólo concreta una cosa y no del todo, que es el acceso a los archivos. En otras cosas, nada. Respecto a la búsqueda de desaparecidos esta ley dice que el Gobierno propondrá que los ayuntamientos favorezcan la búsqueda de los desaparecidos. El que lo quiera hacer ya lo está haciendo y el que no no lo va a hacer. Son todo intenciones y bla, bla, bla. Cualquier ley tiene unos efectos concretos. Si ésta se aprueba en el Congreso, no va a tener ninguno.
-¿A qué atribuye que no se siga aquí el ejemplo alemán?
-O el de Italia y Francia. Aquí no se hizo porque hay un rechazo a la memoria histórica dentro del PSOE. El PSOE tiene mucho que ocultar, como lo de Casado, al final de la guerra civil, rinde Madrid y entrega a los comunistas a Franco. La historia no gusta a mucha gente. Ni a Carrillo tampoco.
-¿Y la postura de IU?
-Es curioso el cambio que ha dado Llamazares. IU e Izquierda Republicana presentaron dos proyectos de ley en los que se recogía más o menos lo que pedíamos las asociaciones. IU abandona su proyecto y acepta el del Gobierno.
-¿A qué lo atribuye?
-La única clave que veo es que Llamazares está apuntalando a Zapatero para que saque esta ley adelante, porque Zapatero tiene problemas dentro del PSOE.
-¿Qué opina de la eliminación de los símbolos franquistas?
-De lo que no cabe duda es de que hay placas que son ofensivas y, además, no son ciertas. Por ejemplo, las famosas placas de la Iglesiona no dicen la verdad. Se habla de las personas que sufrieron martirio en ese centro, cuando allí hubo presos, pero no los mataron. Los que sí murieron son los de Jove, que, por cierto, lo tienen abandonado. Yo si fuera de derechas me caería la cara de vergüenza. Allí hay 64 que llevaron a fusilar desde la iglesia de San José.
-¿Cómo fue aquel hecho?
-El 14 de agosto de 1936 el grupo Ansaldo bombardea Gijón con dos «Dragon Rapide» que salen desde San Sebastián. Bombardean donde El Parchís y la estación de Langreo. Ese día había mercado donde El Parchís y se producen 56 muertos. Curiosamente, esos 56 muertos no originan ninguna represalia. La última bomba cae entre Tremañes y La Calzada y mata a un guaje de 9 años. Entonces, lo ponen en un carro y vienen andando con el guaje en el carro por toda la fachada de El Natahoyo. Y empieza la gente a agruparse detrás. Por eso mataron a los de San José y no a los de la Iglesiona, porque era la iglesia que se encontraron de camino desde esa zona. Había dos milicianos a la puerta de la iglesia. Uno pegó un tiro al aire, tiró el fusil y marchó. El otro se escondió en la sacristía. Entonces sacan a 64 de la iglesia, los llevan al cementerio de Jove -porque era el cementerio de la zona de la que venían, por eso no los llevan a Ceares- y allí los fusilan. Entre los que mataron había gente que estaba protegida, como el abogado de la CNT, que lo habían metido ahí para que no lo paseasen. Los presos más significados estaban en la Iglesiona, no en la iglesia de San José. A mí me da pena ir ahora allí, a Jove, porque son gente asesinada, son víctimas, y vas para allá y ves todo con maleza y escayos, sin pintar ni cuidar.
-¿Cree que deben eliminarse todos los símbolos, como, por ejemplo, los que fueron tapados en la Universidad Laboral?
-Es complicado, porque entonces qué hacemos con el Valle de los Caídos, que fue construido por presos. Hay quien opina que lo que hay que hacer no es actuar sobre el símbolo, sino poner paneles explicativos. Pero hay cosas que son ofensivas.
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-El problema está entre las asociaciones y el Gobierno, no entre PSOE y el PP. No es un problema político, aunque tiene connotaciones políticas importantes. Es un problema de víctimas. Esta ley la podría suscribir el PP perfectamente. Es una ley que no dice nada, sin ningún tipo de consecuencia. La podrían suscribir todos menos Falange. Incluso Rajoy, cuyo abuelo fue apartado en el régimen de Franco por ser liberal galleguista, lo que fue un tipo de represión.
-¿Cuál es la cuestión, entonces?
-Aquí de lo que se trata es de que las víctimas del franquismo no están reconocidas jurídicamente como víctimas igual que lo están las del terrorismo. Eso contradice los acuerdos internacionales que ha firmado España y las sentencias de los tribunales de Nüremberg. Fue un crimen contra la Humanidad, con víctimas de una represión política a las que hay que reconocer jurídicamente como víctimas. A partir de ahí, actuar en consecuencia con las leyes internacionales, como es la anulación de juicios, como se hizo en Alemania y en Francia (tras la II Guerra Mundial) y la búsqueda de los desaparecidos. Lo demás es un debate falso. Los hijos de las víctimas el más joven tiene 70 años y están muriendo viendo que sus padres fueron sentenciados a muerte por auxiliar una rebelión, cuando realmente fue al revés.
-¿La cercanía de las elecciones hace que se esté usando este asunto para movilizar a los votantes?
-Por eso se está distorsionando el debate. Somos 40 asociaciones en toda España que decimos lo mismo, pero no se nos escucha por ningún lado, porque lo que interesa es buscar otro debate que les viene muy bien al PSOE y al PP para movilizar a sus bases.
-¿Cuándo empezaron las asociaciones a pedir ese reconocimiento a las víctimas?
-En los años ochenta. Entonces el Gobierno de Felipe González tuvo una ocasión de oro para hacerlo, con la entrada en la OTAN, en 1983, que fue un momento en el que desapareció la inquietud militar. La reivindicación de las asociaciones dio un salto cualitativo en 2002, cuando un periodista, Emilio Silva, busca, encuentra y desentierra a su abuelo, que estaba desaparecido en el Bierzo. Y lo saca a los medios, con lo que las fosas comunes del franquismo aparecen en televisión. A partir de ahí hay un salto cualitativo brutal.
-¿Y ahora?
-Uno de los principales detractores de la ley de Memoria Histórica es Alfonso Guerra. No el PP. Alfonso Guerra tiene un pasado oficial que no corresponde con la realidad, porque su padre fue el más destacado defensor del arsenal militar de Sevilla en la guerra civil, cuando lo intentaron tomar los de la CNT. Era falangista. Alfonso Guerra es un hombre que está radicalmente en contra de la ley. Él y Ramón Jáuregui. El problema para aprobar una ley está realmente en el PSOE.
-¿Son los hijos los más interesados en buscar los restos de sus padres?
-Más los nietos. Con los hijos pasa un hecho curioso, que es que siguen asustados y dicen a los nietos que no se metan ahí. Hay nietos que incluso se enteran ahora de cómo murió su abuelo. Entre marzo de 1939 y 1945 se ejecutó en España a 192.000 republicanos, una cifra que llega a los 400.000 si se incluyen los ejecutados durante la guerra y los que posteriormente desaparecieron. También hubo una represión republicana al inicio y al final de la guerra, fundamentalmente, con unas 50.000 ejecuciones en el momento inicial, porque la República pierde el control del Estado, y en el final, porque hubo una desbandada. Entre medias hubo una cierta estabilidad. Todos son víctimas. Nosotros no diferenciamos.
-A estos últimos ya se les reconoció su condición de víctimas tras la guerra civil.
-Hubo un decreto ley en 1940 que obligaba a los alcaldes a buscar a las víctimas de la represión republicana. Por lo tanto, aún puede aparecer alguna, pero lo que no se encontró en 1940 va a ser difícil encontrarlo ahora. Además, a una familia que tuviera un represaliado republicano se le daba un estanco, una pensión, una beca o algo. Tampoco era mucho, porque la guerra la perdió todo Dios. Sólo se beneficiaron los estraperlistas y media docena de empresarios.
-¿Se parece en algo la ley de Memoria Histórica a las leyes que se hicieron en otros países de Europa tras la caída de los regímenes fascistas?
-El Tribunal de Cuentas ha localizado para qué empresas trabajaban como esclavos los prisioneros, porque las empresas tenían que pagar al Estado una cantidad por cada esclavo. Entre otras empresas está Duro Felguera. En Alemania, Bayern, Volkswagen y Mercedes están pagando a los trabajadores que tuvieron como esclavos. Allí sí se les restituyó. Una ley como la alemana, en este país, sería la de Dios. Si Alemania lo pudo hacer, anulando también los juicios de Hitler, los políticos, por qué no lo va a poder hacer España. Por eso digo que el problema de la ley es entre las asociaciones y el Gobierno, y se ha llevado a un falso debate político por la cercanía de las elecciones.
-¿Considera descafeinada la ley que promueve el Gobierno de Zapatero?
-Es que no dice nada. Es como la Constitución de 1812, que decía: «Los españoles serán justos y benéficos». No concreta nada. Esta ley sólo concreta una cosa y no del todo, que es el acceso a los archivos. En otras cosas, nada. Respecto a la búsqueda de desaparecidos esta ley dice que el Gobierno propondrá que los ayuntamientos favorezcan la búsqueda de los desaparecidos. El que lo quiera hacer ya lo está haciendo y el que no no lo va a hacer. Son todo intenciones y bla, bla, bla. Cualquier ley tiene unos efectos concretos. Si ésta se aprueba en el Congreso, no va a tener ninguno.
-¿A qué atribuye que no se siga aquí el ejemplo alemán?
-O el de Italia y Francia. Aquí no se hizo porque hay un rechazo a la memoria histórica dentro del PSOE. El PSOE tiene mucho que ocultar, como lo de Casado, al final de la guerra civil, rinde Madrid y entrega a los comunistas a Franco. La historia no gusta a mucha gente. Ni a Carrillo tampoco.
-¿Y la postura de IU?
-Es curioso el cambio que ha dado Llamazares. IU e Izquierda Republicana presentaron dos proyectos de ley en los que se recogía más o menos lo que pedíamos las asociaciones. IU abandona su proyecto y acepta el del Gobierno.
-¿A qué lo atribuye?
-La única clave que veo es que Llamazares está apuntalando a Zapatero para que saque esta ley adelante, porque Zapatero tiene problemas dentro del PSOE.
-¿Qué opina de la eliminación de los símbolos franquistas?
-De lo que no cabe duda es de que hay placas que son ofensivas y, además, no son ciertas. Por ejemplo, las famosas placas de la Iglesiona no dicen la verdad. Se habla de las personas que sufrieron martirio en ese centro, cuando allí hubo presos, pero no los mataron. Los que sí murieron son los de Jove, que, por cierto, lo tienen abandonado. Yo si fuera de derechas me caería la cara de vergüenza. Allí hay 64 que llevaron a fusilar desde la iglesia de San José.
-¿Cómo fue aquel hecho?
-El 14 de agosto de 1936 el grupo Ansaldo bombardea Gijón con dos «Dragon Rapide» que salen desde San Sebastián. Bombardean donde El Parchís y la estación de Langreo. Ese día había mercado donde El Parchís y se producen 56 muertos. Curiosamente, esos 56 muertos no originan ninguna represalia. La última bomba cae entre Tremañes y La Calzada y mata a un guaje de 9 años. Entonces, lo ponen en un carro y vienen andando con el guaje en el carro por toda la fachada de El Natahoyo. Y empieza la gente a agruparse detrás. Por eso mataron a los de San José y no a los de la Iglesiona, porque era la iglesia que se encontraron de camino desde esa zona. Había dos milicianos a la puerta de la iglesia. Uno pegó un tiro al aire, tiró el fusil y marchó. El otro se escondió en la sacristía. Entonces sacan a 64 de la iglesia, los llevan al cementerio de Jove -porque era el cementerio de la zona de la que venían, por eso no los llevan a Ceares- y allí los fusilan. Entre los que mataron había gente que estaba protegida, como el abogado de la CNT, que lo habían metido ahí para que no lo paseasen. Los presos más significados estaban en la Iglesiona, no en la iglesia de San José. A mí me da pena ir ahora allí, a Jove, porque son gente asesinada, son víctimas, y vas para allá y ves todo con maleza y escayos, sin pintar ni cuidar.
-¿Cree que deben eliminarse todos los símbolos, como, por ejemplo, los que fueron tapados en la Universidad Laboral?
-Es complicado, porque entonces qué hacemos con el Valle de los Caídos, que fue construido por presos. Hay quien opina que lo que hay que hacer no es actuar sobre el símbolo, sino poner paneles explicativos. Pero hay cosas que son ofensivas.
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La Nueva España - España/22/10/2007
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