Horst Grebe López
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(Nueva Crónica).- El ciclo que se inicia a comienzos de los años ochenta en América Latina está demostrando ser el más prolongado y robusto de transición de los diversos tipos de autoritarismo a otras tantas variantes de la democracia. Una mirada retrospectiva a la trayectoria recorrida muestra que el proceso latinoamericano se inscribió en una tendencia mundial que adquirió características propias luego de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del socialismo en Europa. Fue la ocasión para que intelectuales y políticos conservadores celebraran la llegada de la historia a su estación final, donde imperarían supuestamente para siempre la democracia representativa y el mercado como las dos instituciones permanentes de organización política y económica de las sociedades modernas.
Los veinticinco años pasados en Bolivia sólo han confirmado en parte tales interpretaciones. Si bien resulta evidente que las instituciones democráticas gozan de una salud relativamente buena, y que han demostrado una fortaleza indiscutible cuando han sido puestas a prueba por las severas crisis políticas que se presentaron en varias ocasiones, como fue el caso de la salida acordada en el diálogo de fines de 1984 y viabilizada por la renuncia del presidente Siles a un año de su mandato, pero asimismo cuando se llevaron a cabo las dos sucesiones presidenciales en 2003 y 2005 para evitar quebrantos democráticos mayores, también es preciso reconocer que la democracia representativa por sí sola no hubiera podido sortear todos los problemas que se fueron presentando en el sistema político a medida que se hacía evidente el desgaste de los viejos aparatos partidarios. Fue necesaria, en efecto, la ampliación de la democracia representativa mediante la democracia participativa para que la sociedad encuentre cauces adicionales de participación, sin cuyo concurso hubiera sido imposible preservar las instituciones republicanas básicas en ausencia de un renovado sistema pluralista de partidos políticos. La propia elección del presidente Morales tiene que contabilizarse sin duda entre los efectos que ha traído aparejada la participación popular y la consiguiente expansión de la representación política a nuevos sectores sociales.
Sin desmerecer la importancia que han tenido adquisiciones institucionales como el referéndum, el control constitucional y el inicio de la descentralización política expresada en la elección directa de los prefectos departamentales, no puede olvidarse que todavía falta un importante esfuerzo para robustecer los cimientos del orden republicano, pero así también para afianzar paulatinamente una genuina cultura democrática en la práctica cotidiana de gobernantes y gobernados.
Como es sabido, el orden político se compone siempre de un conjunto de instituciones que son a la vez el resultado de acuerdos y compromisos entre los actores estratégicos, por una parte, y del acatamiento de la sociedad civil, por otra. Tales instituciones consisten de una serie de normas formalizadas en sendos textos legales, pero asimismo de ciertas pautas y prácticas informales, que la sociedad acata y cumple por efecto de la conducción que ejercen los liderazgos respectivos. Precisamente por eso, en épocas de reconstrucción institucional es la pedagogía del ejemplo que ejercitan los principales dirigentes la que determina el estilo peculiar de la contienda política y la calidad de las instituciones que se establecen.
En lo que atañe a la modernización del orden económico, los resultados son bastante más discutibles. Lo cierto es que el dogmatismo neoliberal y su instrumentación mecánica no buscaron el tránsito del patrón de desarrollo primario-exportador hacia una economía más diversificada y dinámica. A las conocidas limitaciones estructurales de una economía de enclaves sin articulaciones entre ellos, se han sumado en los años pasados las distorsiones generadas por reformas extrovertidas, que han profundizado la heterogeneidad de los agentes económicos y la falta de eslabonamientos entre ramas industriales, sectores y regiones. No es de extrañar, por consiguiente, que las frustraciones acumuladas y la incapacidad de generar suficientes empleos decentes por ausencia de las inversiones necesarias, estén dando lugar ahora a una enorme migración de fuerza de trabajo, pero también a concepciones de política económica que impulsan el péndulo en dirección hacia un mayor dirigismo estatal.
No hay duda de que se necesita un cambio profundo en la estrategia de desarrollo, acompañado además de nuevos soportes institucionales orientados a generar los incentivos necesarios para guiar la conducta de los agentes económicos hacia niveles superiores de articulación, productividad y eficiencia. En tal contexto, la actualización del régimen económico de la Constitución Política del Estado constituye una condición necesaria para proporcionar las garantías jurídicas y las normas básicas de los emprendimientos privados, públicos y comunitarios. Pero las reformas constitucionales en materia económica no son suficientes para impulsar una dinámica de crecimiento sostenido; se necesita además una estrategia coherente de desarrollo de largo plazo, acordada mediante un diálogo sistemático entre el Estado y los distintos actores socio-económicos. Y esto es tanto más urgente si se confirman las señales de agotamiento próximo de la actual fase expansiva de la economía internacional, con las repercusiones correspondientes sobre la situación de las exportaciones nacionales. Es preciso adoptar previsiones de política económica y monetaria mientras dure todavía la holgura macroeconómica.
La Asamblea Constituyente ha perdido su calidad de foro central de la concertación de un proyecto nacional. Todo parece anunciar en cambio un resultado relativamente modesto en comparación con las expectativas que se despertaron a un comienzo, y no habría que descartar la posibilidad de que algunos reacomodos institucionales alternativos, se acuerden en otros escenarios políticos democráticos. Lo único condenable serían los quebrantos y las regresiones del orden democrático y republicano. Está demostrado que todo lo demás puede avanzar por cauces y a ritmos inesperados, dependiendo de la capacidad de deliberación de los dirigentes políticos y sociales, y del acompañamiento que haga la opinión pública informada.
Nueva Crónica desea sumar, con su identidad y estilo propios, sus esfuerzos e iniciativas al fortalecimiento de la democracia y las libertades ciudadanas. Nos inspiran los valores del pluralismo político, la tolerancia y el diálogo intercultural, así como el ejercicio de la comunicación de alta calidad profesional y ética, reforzada con análisis y opinión independientes sobre temas nacionales y del mundo.
Plural editores y el Instituto prisma, en asociación con el CIDES-UMSA y el CESU-UMSS, continúa ahora por nuevos caminos la primera experiencia desplegada con el suplemento DeAcuerdo, que publicamos durante nueve meses en el diario La Razón.
Los propósitos siguen siendo ahora los mismos de entonces, pero reforzados esta vez por la experiencia acumulada y también por la incorporación de destacadas personalidades al Consejo Editorial, así como por la apertura de nuevos ejes temáticos de análisis y opinión. Nuestro compromiso indeclinable consiste en seguir alentando el debate de ideas para contribuir a la deliberación de políticas públicas innovativas y reformas institucionales que enmienden errores, proporcionen rumbo y perfeccionen los logros de los veinticinco años pasados.
(Nueva Crónica).- El ciclo que se inicia a comienzos de los años ochenta en América Latina está demostrando ser el más prolongado y robusto de transición de los diversos tipos de autoritarismo a otras tantas variantes de la democracia. Una mirada retrospectiva a la trayectoria recorrida muestra que el proceso latinoamericano se inscribió en una tendencia mundial que adquirió características propias luego de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del socialismo en Europa. Fue la ocasión para que intelectuales y políticos conservadores celebraran la llegada de la historia a su estación final, donde imperarían supuestamente para siempre la democracia representativa y el mercado como las dos instituciones permanentes de organización política y económica de las sociedades modernas.
Los veinticinco años pasados en Bolivia sólo han confirmado en parte tales interpretaciones. Si bien resulta evidente que las instituciones democráticas gozan de una salud relativamente buena, y que han demostrado una fortaleza indiscutible cuando han sido puestas a prueba por las severas crisis políticas que se presentaron en varias ocasiones, como fue el caso de la salida acordada en el diálogo de fines de 1984 y viabilizada por la renuncia del presidente Siles a un año de su mandato, pero asimismo cuando se llevaron a cabo las dos sucesiones presidenciales en 2003 y 2005 para evitar quebrantos democráticos mayores, también es preciso reconocer que la democracia representativa por sí sola no hubiera podido sortear todos los problemas que se fueron presentando en el sistema político a medida que se hacía evidente el desgaste de los viejos aparatos partidarios. Fue necesaria, en efecto, la ampliación de la democracia representativa mediante la democracia participativa para que la sociedad encuentre cauces adicionales de participación, sin cuyo concurso hubiera sido imposible preservar las instituciones republicanas básicas en ausencia de un renovado sistema pluralista de partidos políticos. La propia elección del presidente Morales tiene que contabilizarse sin duda entre los efectos que ha traído aparejada la participación popular y la consiguiente expansión de la representación política a nuevos sectores sociales.
Sin desmerecer la importancia que han tenido adquisiciones institucionales como el referéndum, el control constitucional y el inicio de la descentralización política expresada en la elección directa de los prefectos departamentales, no puede olvidarse que todavía falta un importante esfuerzo para robustecer los cimientos del orden republicano, pero así también para afianzar paulatinamente una genuina cultura democrática en la práctica cotidiana de gobernantes y gobernados.
Como es sabido, el orden político se compone siempre de un conjunto de instituciones que son a la vez el resultado de acuerdos y compromisos entre los actores estratégicos, por una parte, y del acatamiento de la sociedad civil, por otra. Tales instituciones consisten de una serie de normas formalizadas en sendos textos legales, pero asimismo de ciertas pautas y prácticas informales, que la sociedad acata y cumple por efecto de la conducción que ejercen los liderazgos respectivos. Precisamente por eso, en épocas de reconstrucción institucional es la pedagogía del ejemplo que ejercitan los principales dirigentes la que determina el estilo peculiar de la contienda política y la calidad de las instituciones que se establecen.
En lo que atañe a la modernización del orden económico, los resultados son bastante más discutibles. Lo cierto es que el dogmatismo neoliberal y su instrumentación mecánica no buscaron el tránsito del patrón de desarrollo primario-exportador hacia una economía más diversificada y dinámica. A las conocidas limitaciones estructurales de una economía de enclaves sin articulaciones entre ellos, se han sumado en los años pasados las distorsiones generadas por reformas extrovertidas, que han profundizado la heterogeneidad de los agentes económicos y la falta de eslabonamientos entre ramas industriales, sectores y regiones. No es de extrañar, por consiguiente, que las frustraciones acumuladas y la incapacidad de generar suficientes empleos decentes por ausencia de las inversiones necesarias, estén dando lugar ahora a una enorme migración de fuerza de trabajo, pero también a concepciones de política económica que impulsan el péndulo en dirección hacia un mayor dirigismo estatal.
No hay duda de que se necesita un cambio profundo en la estrategia de desarrollo, acompañado además de nuevos soportes institucionales orientados a generar los incentivos necesarios para guiar la conducta de los agentes económicos hacia niveles superiores de articulación, productividad y eficiencia. En tal contexto, la actualización del régimen económico de la Constitución Política del Estado constituye una condición necesaria para proporcionar las garantías jurídicas y las normas básicas de los emprendimientos privados, públicos y comunitarios. Pero las reformas constitucionales en materia económica no son suficientes para impulsar una dinámica de crecimiento sostenido; se necesita además una estrategia coherente de desarrollo de largo plazo, acordada mediante un diálogo sistemático entre el Estado y los distintos actores socio-económicos. Y esto es tanto más urgente si se confirman las señales de agotamiento próximo de la actual fase expansiva de la economía internacional, con las repercusiones correspondientes sobre la situación de las exportaciones nacionales. Es preciso adoptar previsiones de política económica y monetaria mientras dure todavía la holgura macroeconómica.
La Asamblea Constituyente ha perdido su calidad de foro central de la concertación de un proyecto nacional. Todo parece anunciar en cambio un resultado relativamente modesto en comparación con las expectativas que se despertaron a un comienzo, y no habría que descartar la posibilidad de que algunos reacomodos institucionales alternativos, se acuerden en otros escenarios políticos democráticos. Lo único condenable serían los quebrantos y las regresiones del orden democrático y republicano. Está demostrado que todo lo demás puede avanzar por cauces y a ritmos inesperados, dependiendo de la capacidad de deliberación de los dirigentes políticos y sociales, y del acompañamiento que haga la opinión pública informada.
Nueva Crónica desea sumar, con su identidad y estilo propios, sus esfuerzos e iniciativas al fortalecimiento de la democracia y las libertades ciudadanas. Nos inspiran los valores del pluralismo político, la tolerancia y el diálogo intercultural, así como el ejercicio de la comunicación de alta calidad profesional y ética, reforzada con análisis y opinión independientes sobre temas nacionales y del mundo.
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BolPress - Bolivia/23/10/2007
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