Por conmemorarse otro aniversario del Golpe de Estado militar de 1968, publicamos este extracto del libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), en el que desenmascaramos la crisis y podredumbre del régimen panameño de los 60, al que llaman algunos “democrático”, pero que no era más que una oligarquía corrupta, antipopular y represiva. -
Olmedo Beluche
-
Por conmemorarse otro aniversario del Golpe de Estado militar de 1968, publicamos este extracto del libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), en el que desenmascaramos la crisis y podredumbre del régimen panameño de los 60, al que llaman algunos “democrático”, pero que no era más que una oligarquía corrupta, antipopular y represiva.
Partamos por decir que ningún cambio de régimen político obedece a una sola y exclusiva causa. Pensamos que en el golpe de estado de 1968 confluyeron una serie de factores que forzaron una modificación del régimen político, necesaria para la sobrevivencia del sistema social (capitalista dependiente), el cual atravesaba por una crisis profunda en ese momento.
Las causas del golpe de estado ya han sido esbozadas de pasada en el resumen apretado de acontecimientos que hemos hecho en el punto anterior, debemos ahora retomar la reflexión en torno a ellas, pues nos ayudará a comprender el carácter del régimen militar, y de sus proyectos políticos, económicos y sociales.
1. Causas de tipo económico:En el plano económico, ya hemos señalado que en las décadas del 50 y el 60 el crecimiento económico estaba sustentado en una política de industrialización sustitutiva, la cual era impulsada por los organismos que orientan la política de la economía capitalista a nivel continental, como la Comisión Económica Permanente de América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas.
Como ya hemos mostrado, la industria sustitutiva no estaba confrontada con los intereses imperialistas, sino que, por el contrario, fue el mecanismo privilegiado para canalizar las inversiones del capital norteamericano en Latinoamérica durante este período. Se trataba de producir una ampliación del mercado interno de nuestros países mediante una industrialización cuyo sustento tecnológico y financiero estaba en estrecha dependencia con respecto a los capitales de las grandes metrópolis.
Para sustentar el crecimiento de la industria, facilitando la ampliación del mercado interno, la penetración de relaciones sociales capitalistas en el campo, forzando a una fuerte migración hacia los centros urbanos, para a su vez crear abundante mano de obra barata y un ejército industrial de reserva (desempleados), la llamada Alianza para el Progreso diseñó una serie de programas enfocados hacia la realización de reformas.
Dos aspectos ocupaban el eje central de las reformas propuestas para América Latina: la reforma agraria y la reforma tributaria. La primera debía ayudar a aplacar el creciente descontento campesino con la injusta distribución de la tierra, base social para revoluciones como la cubana, que se querían evitar. La segunda reforma estaba dirigida a aumentar los ingresos estatales para financiar tanto la modernización de la infraestructura económica de nuestros países, como para mejorar los servicios sociales que se prestaban a la población, y de esta manera paliar el descontento.
Para el sociólogo salvadoreño Rafael Menjívar: "Tres hechos fundamentales determinan el replanteamiento de dirección de la política económica: el quiebre sufrido en el mercado internacional por los productos de exportación, ... la Revolución Cubana, que obliga a los Estados Unidos a darle un giro distinto a su política en relación con América Latina, convirtiéndose en "defensor e impulsor" del reformismo, a través de la Alianza para el Progreso y, finalmente, el nuevo carácter del capitalismo que ha dado ya un giro de las economías de enclave y la inversión en sectores primarios, hacia el comercio y la exportación de capitales por medio de corporaciones multinacionales y de la explotación del sector industrial" (1).
Y añade Menjívar que (la) ""nueva política" se puede resumir en dos puntos: la diversificación agrícola y la iniciación de un proceso acelerado de sustitución de importaciones en lo que se refiere al aparato productivo y a la realización en el aspecto social de algunas reformas (agraria, tributaria, bancaria, etc)" (2).
Parte de la explicación del golpe de estado de 1968 está justamente en el fracaso del gobierno liberal de Marco Robles en implementar estas "reformas". Marco Gandásegui, en "La concentración del poder económico en Panamá", refiere cómo el lema bajo el cual asumió la presidencia Robles fue : "¡La reforma va!”. Esta consigna aludía a los tres pilares del programa de gobierno liberal en 1964-68: las renegociaciones del Tratado del Canal, la Reforma Agraria y la Reforma Tributaria.
De antemano hay que señalar que, como producto de la crisis y las confrontaciones políticas y sociales que hemos descrito, el gobierno de Robles no pudo implementar cabalmente estas tres "reformas", y fue justamente el régimen militar de Omar Torrijos el que retoma el programa liberal llevándolo a la práctica.
Respecto a la Reforma Tributaria, Gandásegui cita un "Estudio fiscal de Panamá", realizado en 1964 por el BID-OEA, en el que se analizan los bajos impuestos y la alta evasión impositiva que realizan las empresas panameñas, gracias a toda clase de maniobras, contratos y exoneraciones emitidos por el Estado. El estado panameño dejaba de percibir, cada año, casi 5 millones de dólares, que representaban el 13 por ciento de los ingresos fiscales del país, debido a exenciones emitidas en favor de diversas empresas (3).
A tal punto llegaban las exenciones que se denunciaba la existencia de un llamado "Club de los Exonerados", cuyas empresas estaban agrupadas en el poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). El poder y la influencia del CONEP eran tales que, pese a que el gobierno implementó la Ley 9 del 28 de diciembre de 1964, no aplicó cabalmente la reforma, puesto que sucesivamente fueron obligados a renunciar por presiones de ese gremio dos directores del Departamento de Ingresos del Ministerio de Hacienda (4).
La Reforma Tributaria era una necesidad dado el creciente déficit fiscal que alcanzó los 8 millones de dólares, en 1963, y los 5 millones de dólares en 1964. Pese a la resistencia del CONEP, y a las exoneraciones que continuaron habiendo, a partir de 1965, cuando entra en rigor la reforma, se logra un ligero superávit en el presupuesto (5).
Sin embargo, la apreciación general era que el conjunto de las reformas se habían estancado debido a las crisis general y a la resistencia de algunos círculos empresariales. Al respecto Gandásegui señala:
"El gobierno ha planteado la necesidad de iniciar varias reformas. La reforma agraria y la reforma tributaria son las hijas de un largo estancamiento.
-
Por conmemorarse otro aniversario del Golpe de Estado militar de 1968, publicamos este extracto del libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), en el que desenmascaramos la crisis y podredumbre del régimen panameño de los 60, al que llaman algunos “democrático”, pero que no era más que una oligarquía corrupta, antipopular y represiva.
Partamos por decir que ningún cambio de régimen político obedece a una sola y exclusiva causa. Pensamos que en el golpe de estado de 1968 confluyeron una serie de factores que forzaron una modificación del régimen político, necesaria para la sobrevivencia del sistema social (capitalista dependiente), el cual atravesaba por una crisis profunda en ese momento.
Las causas del golpe de estado ya han sido esbozadas de pasada en el resumen apretado de acontecimientos que hemos hecho en el punto anterior, debemos ahora retomar la reflexión en torno a ellas, pues nos ayudará a comprender el carácter del régimen militar, y de sus proyectos políticos, económicos y sociales.
1. Causas de tipo económico:En el plano económico, ya hemos señalado que en las décadas del 50 y el 60 el crecimiento económico estaba sustentado en una política de industrialización sustitutiva, la cual era impulsada por los organismos que orientan la política de la economía capitalista a nivel continental, como la Comisión Económica Permanente de América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas.
Como ya hemos mostrado, la industria sustitutiva no estaba confrontada con los intereses imperialistas, sino que, por el contrario, fue el mecanismo privilegiado para canalizar las inversiones del capital norteamericano en Latinoamérica durante este período. Se trataba de producir una ampliación del mercado interno de nuestros países mediante una industrialización cuyo sustento tecnológico y financiero estaba en estrecha dependencia con respecto a los capitales de las grandes metrópolis.
Para sustentar el crecimiento de la industria, facilitando la ampliación del mercado interno, la penetración de relaciones sociales capitalistas en el campo, forzando a una fuerte migración hacia los centros urbanos, para a su vez crear abundante mano de obra barata y un ejército industrial de reserva (desempleados), la llamada Alianza para el Progreso diseñó una serie de programas enfocados hacia la realización de reformas.
Dos aspectos ocupaban el eje central de las reformas propuestas para América Latina: la reforma agraria y la reforma tributaria. La primera debía ayudar a aplacar el creciente descontento campesino con la injusta distribución de la tierra, base social para revoluciones como la cubana, que se querían evitar. La segunda reforma estaba dirigida a aumentar los ingresos estatales para financiar tanto la modernización de la infraestructura económica de nuestros países, como para mejorar los servicios sociales que se prestaban a la población, y de esta manera paliar el descontento.
Para el sociólogo salvadoreño Rafael Menjívar: "Tres hechos fundamentales determinan el replanteamiento de dirección de la política económica: el quiebre sufrido en el mercado internacional por los productos de exportación, ... la Revolución Cubana, que obliga a los Estados Unidos a darle un giro distinto a su política en relación con América Latina, convirtiéndose en "defensor e impulsor" del reformismo, a través de la Alianza para el Progreso y, finalmente, el nuevo carácter del capitalismo que ha dado ya un giro de las economías de enclave y la inversión en sectores primarios, hacia el comercio y la exportación de capitales por medio de corporaciones multinacionales y de la explotación del sector industrial" (1).
Y añade Menjívar que (la) ""nueva política" se puede resumir en dos puntos: la diversificación agrícola y la iniciación de un proceso acelerado de sustitución de importaciones en lo que se refiere al aparato productivo y a la realización en el aspecto social de algunas reformas (agraria, tributaria, bancaria, etc)" (2).
Parte de la explicación del golpe de estado de 1968 está justamente en el fracaso del gobierno liberal de Marco Robles en implementar estas "reformas". Marco Gandásegui, en "La concentración del poder económico en Panamá", refiere cómo el lema bajo el cual asumió la presidencia Robles fue : "¡La reforma va!”. Esta consigna aludía a los tres pilares del programa de gobierno liberal en 1964-68: las renegociaciones del Tratado del Canal, la Reforma Agraria y la Reforma Tributaria.
De antemano hay que señalar que, como producto de la crisis y las confrontaciones políticas y sociales que hemos descrito, el gobierno de Robles no pudo implementar cabalmente estas tres "reformas", y fue justamente el régimen militar de Omar Torrijos el que retoma el programa liberal llevándolo a la práctica.
Respecto a la Reforma Tributaria, Gandásegui cita un "Estudio fiscal de Panamá", realizado en 1964 por el BID-OEA, en el que se analizan los bajos impuestos y la alta evasión impositiva que realizan las empresas panameñas, gracias a toda clase de maniobras, contratos y exoneraciones emitidos por el Estado. El estado panameño dejaba de percibir, cada año, casi 5 millones de dólares, que representaban el 13 por ciento de los ingresos fiscales del país, debido a exenciones emitidas en favor de diversas empresas (3).
A tal punto llegaban las exenciones que se denunciaba la existencia de un llamado "Club de los Exonerados", cuyas empresas estaban agrupadas en el poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). El poder y la influencia del CONEP eran tales que, pese a que el gobierno implementó la Ley 9 del 28 de diciembre de 1964, no aplicó cabalmente la reforma, puesto que sucesivamente fueron obligados a renunciar por presiones de ese gremio dos directores del Departamento de Ingresos del Ministerio de Hacienda (4).
La Reforma Tributaria era una necesidad dado el creciente déficit fiscal que alcanzó los 8 millones de dólares, en 1963, y los 5 millones de dólares en 1964. Pese a la resistencia del CONEP, y a las exoneraciones que continuaron habiendo, a partir de 1965, cuando entra en rigor la reforma, se logra un ligero superávit en el presupuesto (5).
Sin embargo, la apreciación general era que el conjunto de las reformas se habían estancado debido a las crisis general y a la resistencia de algunos círculos empresariales. Al respecto Gandásegui señala:
"El gobierno ha planteado la necesidad de iniciar varias reformas. La reforma agraria y la reforma tributaria son las hijas de un largo estancamiento.
-
-La Reforma Agraria ha tropezado como era de esperarse con los intereses creados. El 16% de las tierras cultivables se encuentran en poder de seis personas. El 27% en manos de 36 personas. Esos intereses, además del propio poder que generan sus tierras, están íntimamente asociados o pertenecen directamente al "supergrupo", que controla el 82.5% de la economía. A la vez sus representantes son y forman el gobierno nacional, provincial y distritorial.
-La Reforma Tributaria, documento progresista en su planteamiento para Panamá, fue derrotada y desechada a los pocos meses después de entrar en función..." (6).
¿Qué influencia tuvo el fracaso de estas reformas en los acontecimientos que desembocan en el golpe de estado de 1968? No olvidemos que la manifestación más clara que adquirió la crisis política al final del mandato de Robles, fue la división de la coalición encabezada por el Partido Liberal en torno a la figura del sucesor presidencial.
Cuando el presidente Robles se empecina en impulsar la candidatura del Ing. David Samudio, contra la voluntad de Roberto Chiari, cabeza política de bloque liberal gobernante, y elemento perteneciente a la cúpula de lo que Gandásegui llama el "supergrupo" empresarial, se está dando continuidad a la batalla por la aplicación del conjunto de las reformas contra los intereses creados de este sector clave de la burguesía panameña.
No se trata de un capricho personal, de Chiari por Raúl Arango y de Robles por David Samudio, sino de una confrontación en la que, además de otros problemas políticos, estaban de por medio importantes intereses económicos. El 11 de septiembre de 1967, cuando Robles postula a Samudio para la candidatura presidencial del Partido Liberal Nacional, lo hace en estos términos:
"...por su gran capacidad administrativa, por su profundidad humana,..., y por haber sido factor importante en el desenvolvimiento del programa de desarrollo económico y social de mi gobierno, que debe continuar en la próxima administración, recomiendo la candidatura del Ingeniero David Samudio Avila" (7).
Las reformas liberales no implicaban una confrontación entre un sector "nacionalista" de la burguesía frente a otro sector "antinacional". Ya hemos señalado los vínculos directos existentes entre el supuesto capital manufacturero "nacional" y los capitales imperialistas. Se trataba de imponer un paquete de medidas, diseñado por conspicuas instituciones imperialistas (OEA, BID, etc.), que favorecían los intereses de los capitalistas a largo plazo, contra los intereses mezquinos, a corto plazo, de esos mismos capitalistas.
El estancamiento de las reformas tributaria y agraria, y la necesidad de darles continuidad a esta estrategia económica impulsada por el imperialismo norteamericano desde la Organización de Estados Americanos, es uno de los elementos tomados en cuenta por Washington al momento de decidirse por avalar el golpe de estado militar. Nos atrevemos a suponer que, antes de que reventara la crisis política, en 1967, David Samudio era el candidato favorecido por el gobierno norteamericano, porque representaba la continuidad de la estrategia económica imperialista.
Esto explica también la incorporación y colaboración con el nuevo gobierno militar de prominentes figuras provenientes del equipo económico liberal, que habían diseñado las reformas, junto con David Samudio, como Menalco Solís y Ardito Barletta.
2. El problema canalero como causal del golpe:Como ya explicáramos anteriormente, los acontecimientos de enero de 1964 marcaron cualitativamente las relaciones entre los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos. Ya no era posible seguir con el método, privilegiado por la burguesía panameña, de renegociar constantemente aspectos parciales del Tratado de 1903.
La furia antiimperialista del pueblo panameño había roto con la ilusión de que renegociando Estados Unidos llegaría a respetar la soberanía panameña. También se había producido un cambio en los métodos de lucha populares, pues habían tomado un carácter insurreccional. Era necesario derogar el Tratado de 1903 y reemplazarlo con uno nuevo que solventara las "causas de conflicto". Al respecto dice Carlos Bolívar Pedreschi:
"Los acontecimientos de enero de 1964 lesionaron a tal extremo el sentimiento nacionalista del país, que la opinión pública panameña fue virtualmente unánime en exigir al gobierno panameño que no reanudara relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos mientras éste no conviniera en negociar nuevos tratados que derogaran el de 1903 y los siguientes en materia canalera" (8).
Pedreschi cita la declaración de la cancillería panameña con fecha del 15 de enero de 1964 en la que se reitera que Panamá no reanudaría relaciones diplomáticas "mientras el gobierno de los Estados Unidos no le dé las seguridades al gobierno de Panamá de que se iniciarán negociaciones para celebrar un nuevo tratado que sustituya a los existentes" (9).
El imperialismo norteamericano también comprendió la importancia de cambiar su estrategia hacia el problema canalero en interés de preservar sus intereses. Este cambio de actitud norteamericano se hizo tácito con la firma del Acuerdo del 3 de abril de 1964, por el cual ambos países normalizaban sus relaciones diplomáticas a la vez que designaban embajadores especiales para discutir un "acuerdo justo y equitativo". Y luego se hizo explícito con la firma del Acuerdo Johnson-Robles en setiembre de 1965.
Un editorial del New York Times, del 25 de diciembre de 1964, reflejó la necesidad del imperialismo de firmar un nuevo tratado, por supuesto sin renunciar a los intereses estadounidenses en el Istmo, en los siguientes términos:
"Las grandes potencias no pueden ya dictar condiciones a los países pequeños y débiles. El nacionalismo es la más poderosa arma política de nuestra época. No es posible forzar a Panamá a que acepte a perpetuidad un status que faculta a los Estados Unidos a ejercitar derechos dentro de una zona canalera como si fuesen soberanos. El caso sería igual si el Canal se construyera a través de Colombia, Costa Rica o Nicaragua...El problema diplomático principal consistirá en preparar una fórmula que justifique el desembolso de miles de millones de dólares y que garantice la seguridad del Hemisferio Occidental sin el ejercicio unilateral de la soberanía por los Estados Unidos" (10).
De estas consideraciones estratégicas partió la necesidad de renegociar cuanto antes un nuevo tratado del canal por parte de ambos gobiernos. Estados Unidos tenía la necesidad política de estabilizar su presencia en Panamá, desmontando el clima antiimperialista, mediante un nuevo tratado que, sin que implicara la pérdida de ninguno de sus intereses estratégicos (incluida la permanencia de las bases militares), hiciera concesiones a Panamá tanto en materia de soberanía como en lo económico.
Por parte del gobierno liberal de Marco Robles se trataba de alcanzar dos objetivos a la vez: por un lado, apaciguar el creciente antiimperialismo del pueblo panameño, canalizándolo hacia el apoyo de las negociaciones que su gobierno adelantaba; por otro lado, se trataba de obtener nuevas concesiones norteamericanas que beneficiaran la economía nacional y sirvieran de pivote para sostener el crecimiento económico.
Esa era la importancia de los Tratados 3 en 1, y por eso, cuando el tratado es masivamente rechazado en 1967, se abre una crisis de envergadura en el marco de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Era una crisis que tenía varias implicaciones colaterales: el gobierno había fracasado en canalizar las aspiraciones nacionalistas del pueblo panameño, quedando el creciente sentimiento antinorteamericano sin una conducción burguesa, y con el peligro de que tuviera implicaciones revolucionarias concretas; por otro lado, se colocaba como motivo de fricción interburguesa la definición de quiénes (qué fracción) negociarían los nuevos tratados, lo que le daría garantías para la explotación a su favor de las ventajas económicas que se alcanzasen.
Algunos autores dejan entrever que la causa real de la ruptura de la unidad burguesa en torno al gobierno de Robles se debió fundamentalmente al fracaso de éste con los Tratados 3 en 1, y que la disputa por la sucesión presidencial fue un episodio derivado de esta crisis.
"Con ocasión del rechazo de los tres proyectos de tratados durante el año 1967, se hizo evidente que la oligarquía quedó aislada. No pudo imponer sus engendros, pues perdió la dirección política sobre las masas panameñas...
En estos momentos y para hacer menos visible su derrota, los sectores reaccionarios abrieron sorpresivamente la campaña presidencial con la intención de recuperar el terreno perdido. Se intentó llegar a una candidatura única; se intentó una candidatura militarista pero todo eso falló. Los mismos sectores oligárquicos se dividieron y entraron divorciados a la lucha electoral" (11).
Este elemento estaría presente también en la estrategia de volcar hacia un "líder" nacional como Arnulfo Arias las simpatías populares, de manera que éste a su vez las canalizase hacia un nuevo tratado. Al respecto Ricord señala:
"El Gobierno de Robles ni siquiera pudo firmar los proyectos de Tratados, para someterlos luego a la consideración de la Asamblea Nacional, debido a la presionante oposición política desatada por sus enemigos en contra de esos tratados. Y un posible gobierno de David Samudio, con la terrible división que estaba dejando la campaña electoral, era lo menos indicado para lograr la aprobación panameña de los Tratados ... Siendo claro el triunfo electoral de Arnulfo Arias, y siendo evidente la popularidad de Arias en las ciudades de Panamá y Colón, ..., nada más seguro para el éxito de las negociaciones que interesan vitalmente a los Estados Unidos, que la Presidencia del Dr. Arnulfo Arias" (12).
Pero, es conocido el final de la historia, Arnulfo Arias no fue capaz de concitar a su favor la unidad del conjunto de la burguesía y, mucho menos, de la oficialidad de la Guardia Nacional. De manera que el problema de negociar un nuevo tratado del Canal pasó a ser uno de los puntos cardinales del régimen militar, y la figura del General Omar Torrijos, reemplazó el carisma de Arnulfo Arias.
3. Causas sociales y políticas del golpe:De lo que hemos analizado hasta aquí se desprende que a fines de los años sesenta se vivía una creciente lucha de clases, en la que los sectores populares, encabezados por la clase obrera y los estudiantes, habían logrado crear un cisma a lo interno del bloque burgués dominante, el cual se había dividido en torno a cómo hacer frente a la crisis en que estaba colocado el país. En una frase, existía una situación revolucionaria.
Era una necesidad objetiva para la clase dominante colocar un gobierno que estabilizara la situación política, conteniendo las luchas populares y saldando las crecientes fricciones interburguesas. Pero era difícil, sino imposible, realizar esta tarea en el marco del régimen democrático burgués.
Las divisiones entre los partidos políticos burgueses habían llegado a un punto en que era imposible poner orden a través de las existentes instituciones "democráticas" (Tribunal Electoral, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Organo Ejecutivo, Guardia Nacional), ya que estaban completamente divididas y confrontadas entre sí. Se hacía cada vez más necesario una salida bonapartista, en la que una institución, y una figura, resolvieran las crecientes contradicciones políticas.
Las instituciónmenos dividida, con fuerza represiva y que ya venía haciendo de árbitro, no sólo en los momentos cruciales de la crisis de 1968, sino desde la década de 1940, era la Guardia Nacional. Por eso, mucho antes del 11 de octubre se había considerado la posibilidad de una candidatura de unidad nacional encabezada por el General Bolívar Vallarino. Y cuando esta alternativa fracasó, hasta hubo campaña en los diarios nacionales en favor del golpe de estado liso y llano (13).
En medio de la creciente anarquía política sólo un árbitro podía imponer la paz, necesaria para el normal funcionamiento de la actividad económica, aplacando los ánimos, arbitrando las disputas por los privilegios económicos y los contratos con el estado. Un régimen bonapartista también enfrentaría la creciente movilización popular, causa originaria de la crisis, reprimiendo a los cada vez más importantes movimientos obreros y estudiantiles.
Pero la Revolución Cubana había demostrado también que no bastaba la represión para aplacar al movimiento popular en ascenso. Era necesario hacer algunas reformas económicas y sociales que permitieran bajar el descontento popular. Esta tarea, como ya hemos visto, tampoco era posible llevarla a cabo por medio de gobiernos directamente manejados por empresarios que se negaban a ceder la menor concesión económica, ni ante las clases trabajadoras ni ante el estado.
Era necesario modernizar las relaciones obrero-patronales; había que saldar, parcialmente, el problema campesino, con una reforma agraria limitada; el estado debía mejorar los servicios sociales como educación y salud para crear la mano de obra al servicio del desarrollo capitalista; había que modernizar la red vial del país, para beneficio del crecimiento económico, etc. Todo esto sólo era posible hacerlo con un régimen fuerte que supiera combinar el dar y quitar a cada clase según fuera necesario para el éxito del plan económico.
Confrontar al movimiento popular desde una perspectiva que no implicara tan sólo la represión, sino también crearle expectativas en un líder carismático en el cual depositar su confianza era más necesario en un país como Panamá, en el que estaba de por medio el problema del canal. No era posible para Estados Unidos, ni para ningún gobierno panameño, imponer un nuevo tratado al margen de la opinión mayoritaria de los panameños, pues esto le quitaría legitimidad y valor jurídico internacional.
El hecho de que los factores antes descritos determinaran el futuro carácter del régimen que surgió el 11 de octubre de 1968, esto no quiere decir que los militares al momento de asumir el poder político en sus manos tenían un programa de gobierno claramente definido. Más bien parece que al principio el régimen se caracterizó por un período de búsqueda de una definición, en el cual, poco a poco, fueron haciéndose evidentes las necesidades fundamentales que debían ser resueltas por el régimen.
-
Citas:
1.Gorostiaga, Xavier. “La inversión extranjera en Panamá”. En La inversión extranjera en Centroamérica. EDUCA. San José, 1982. Pág. 12.
2. Loc. Cit.
3. Gandásegui, M. “La concentración del poder económico en Panamá”. En Panamá, dependencia y liberación. EDUCA. San José, 1974. Pág. 135.
4. Ibidem, pp 131 - 135.
5. Ricord, H. Los clanes de la oligarquía panameña. Colección Política y Sociedad en Panamá No. 5. Panamá, 1983. pp 18 - 19.
6. Ibidem, pág. 178. Subr. OB.
7. Ibid., pág. 27. Subr. OB.
8. Pedreschi, Carlos B. Una explosión en América: el Canal de Panamá. Ed. Siglo XXI. México 1976. Pág. 174.
9. Ibidem, pág. 175.
10. Goytía, Víctor F. Cómo negocia Panamá su Canal. Imprenta y Litografía Lehmann. San José. 1973. Pág. 69.
11. Declaración del Partido del Pueblo, 5 de marzo de 1968. Documentos históricos. Ed. Colombia Nueva Ltda. 1971. Pág. 212.
12. Ricord. H. Los clanes...Op. Cit., pág. 87.
13. Ibidem, pp 107 - 110.
-La Reforma Tributaria, documento progresista en su planteamiento para Panamá, fue derrotada y desechada a los pocos meses después de entrar en función..." (6).
¿Qué influencia tuvo el fracaso de estas reformas en los acontecimientos que desembocan en el golpe de estado de 1968? No olvidemos que la manifestación más clara que adquirió la crisis política al final del mandato de Robles, fue la división de la coalición encabezada por el Partido Liberal en torno a la figura del sucesor presidencial.
Cuando el presidente Robles se empecina en impulsar la candidatura del Ing. David Samudio, contra la voluntad de Roberto Chiari, cabeza política de bloque liberal gobernante, y elemento perteneciente a la cúpula de lo que Gandásegui llama el "supergrupo" empresarial, se está dando continuidad a la batalla por la aplicación del conjunto de las reformas contra los intereses creados de este sector clave de la burguesía panameña.
No se trata de un capricho personal, de Chiari por Raúl Arango y de Robles por David Samudio, sino de una confrontación en la que, además de otros problemas políticos, estaban de por medio importantes intereses económicos. El 11 de septiembre de 1967, cuando Robles postula a Samudio para la candidatura presidencial del Partido Liberal Nacional, lo hace en estos términos:
"...por su gran capacidad administrativa, por su profundidad humana,..., y por haber sido factor importante en el desenvolvimiento del programa de desarrollo económico y social de mi gobierno, que debe continuar en la próxima administración, recomiendo la candidatura del Ingeniero David Samudio Avila" (7).
Las reformas liberales no implicaban una confrontación entre un sector "nacionalista" de la burguesía frente a otro sector "antinacional". Ya hemos señalado los vínculos directos existentes entre el supuesto capital manufacturero "nacional" y los capitales imperialistas. Se trataba de imponer un paquete de medidas, diseñado por conspicuas instituciones imperialistas (OEA, BID, etc.), que favorecían los intereses de los capitalistas a largo plazo, contra los intereses mezquinos, a corto plazo, de esos mismos capitalistas.
El estancamiento de las reformas tributaria y agraria, y la necesidad de darles continuidad a esta estrategia económica impulsada por el imperialismo norteamericano desde la Organización de Estados Americanos, es uno de los elementos tomados en cuenta por Washington al momento de decidirse por avalar el golpe de estado militar. Nos atrevemos a suponer que, antes de que reventara la crisis política, en 1967, David Samudio era el candidato favorecido por el gobierno norteamericano, porque representaba la continuidad de la estrategia económica imperialista.
Esto explica también la incorporación y colaboración con el nuevo gobierno militar de prominentes figuras provenientes del equipo económico liberal, que habían diseñado las reformas, junto con David Samudio, como Menalco Solís y Ardito Barletta.
2. El problema canalero como causal del golpe:Como ya explicáramos anteriormente, los acontecimientos de enero de 1964 marcaron cualitativamente las relaciones entre los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos. Ya no era posible seguir con el método, privilegiado por la burguesía panameña, de renegociar constantemente aspectos parciales del Tratado de 1903.
La furia antiimperialista del pueblo panameño había roto con la ilusión de que renegociando Estados Unidos llegaría a respetar la soberanía panameña. También se había producido un cambio en los métodos de lucha populares, pues habían tomado un carácter insurreccional. Era necesario derogar el Tratado de 1903 y reemplazarlo con uno nuevo que solventara las "causas de conflicto". Al respecto dice Carlos Bolívar Pedreschi:
"Los acontecimientos de enero de 1964 lesionaron a tal extremo el sentimiento nacionalista del país, que la opinión pública panameña fue virtualmente unánime en exigir al gobierno panameño que no reanudara relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos mientras éste no conviniera en negociar nuevos tratados que derogaran el de 1903 y los siguientes en materia canalera" (8).
Pedreschi cita la declaración de la cancillería panameña con fecha del 15 de enero de 1964 en la que se reitera que Panamá no reanudaría relaciones diplomáticas "mientras el gobierno de los Estados Unidos no le dé las seguridades al gobierno de Panamá de que se iniciarán negociaciones para celebrar un nuevo tratado que sustituya a los existentes" (9).
El imperialismo norteamericano también comprendió la importancia de cambiar su estrategia hacia el problema canalero en interés de preservar sus intereses. Este cambio de actitud norteamericano se hizo tácito con la firma del Acuerdo del 3 de abril de 1964, por el cual ambos países normalizaban sus relaciones diplomáticas a la vez que designaban embajadores especiales para discutir un "acuerdo justo y equitativo". Y luego se hizo explícito con la firma del Acuerdo Johnson-Robles en setiembre de 1965.
Un editorial del New York Times, del 25 de diciembre de 1964, reflejó la necesidad del imperialismo de firmar un nuevo tratado, por supuesto sin renunciar a los intereses estadounidenses en el Istmo, en los siguientes términos:
"Las grandes potencias no pueden ya dictar condiciones a los países pequeños y débiles. El nacionalismo es la más poderosa arma política de nuestra época. No es posible forzar a Panamá a que acepte a perpetuidad un status que faculta a los Estados Unidos a ejercitar derechos dentro de una zona canalera como si fuesen soberanos. El caso sería igual si el Canal se construyera a través de Colombia, Costa Rica o Nicaragua...El problema diplomático principal consistirá en preparar una fórmula que justifique el desembolso de miles de millones de dólares y que garantice la seguridad del Hemisferio Occidental sin el ejercicio unilateral de la soberanía por los Estados Unidos" (10).
De estas consideraciones estratégicas partió la necesidad de renegociar cuanto antes un nuevo tratado del canal por parte de ambos gobiernos. Estados Unidos tenía la necesidad política de estabilizar su presencia en Panamá, desmontando el clima antiimperialista, mediante un nuevo tratado que, sin que implicara la pérdida de ninguno de sus intereses estratégicos (incluida la permanencia de las bases militares), hiciera concesiones a Panamá tanto en materia de soberanía como en lo económico.
Por parte del gobierno liberal de Marco Robles se trataba de alcanzar dos objetivos a la vez: por un lado, apaciguar el creciente antiimperialismo del pueblo panameño, canalizándolo hacia el apoyo de las negociaciones que su gobierno adelantaba; por otro lado, se trataba de obtener nuevas concesiones norteamericanas que beneficiaran la economía nacional y sirvieran de pivote para sostener el crecimiento económico.
Esa era la importancia de los Tratados 3 en 1, y por eso, cuando el tratado es masivamente rechazado en 1967, se abre una crisis de envergadura en el marco de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Era una crisis que tenía varias implicaciones colaterales: el gobierno había fracasado en canalizar las aspiraciones nacionalistas del pueblo panameño, quedando el creciente sentimiento antinorteamericano sin una conducción burguesa, y con el peligro de que tuviera implicaciones revolucionarias concretas; por otro lado, se colocaba como motivo de fricción interburguesa la definición de quiénes (qué fracción) negociarían los nuevos tratados, lo que le daría garantías para la explotación a su favor de las ventajas económicas que se alcanzasen.
Algunos autores dejan entrever que la causa real de la ruptura de la unidad burguesa en torno al gobierno de Robles se debió fundamentalmente al fracaso de éste con los Tratados 3 en 1, y que la disputa por la sucesión presidencial fue un episodio derivado de esta crisis.
"Con ocasión del rechazo de los tres proyectos de tratados durante el año 1967, se hizo evidente que la oligarquía quedó aislada. No pudo imponer sus engendros, pues perdió la dirección política sobre las masas panameñas...
En estos momentos y para hacer menos visible su derrota, los sectores reaccionarios abrieron sorpresivamente la campaña presidencial con la intención de recuperar el terreno perdido. Se intentó llegar a una candidatura única; se intentó una candidatura militarista pero todo eso falló. Los mismos sectores oligárquicos se dividieron y entraron divorciados a la lucha electoral" (11).
Este elemento estaría presente también en la estrategia de volcar hacia un "líder" nacional como Arnulfo Arias las simpatías populares, de manera que éste a su vez las canalizase hacia un nuevo tratado. Al respecto Ricord señala:
"El Gobierno de Robles ni siquiera pudo firmar los proyectos de Tratados, para someterlos luego a la consideración de la Asamblea Nacional, debido a la presionante oposición política desatada por sus enemigos en contra de esos tratados. Y un posible gobierno de David Samudio, con la terrible división que estaba dejando la campaña electoral, era lo menos indicado para lograr la aprobación panameña de los Tratados ... Siendo claro el triunfo electoral de Arnulfo Arias, y siendo evidente la popularidad de Arias en las ciudades de Panamá y Colón, ..., nada más seguro para el éxito de las negociaciones que interesan vitalmente a los Estados Unidos, que la Presidencia del Dr. Arnulfo Arias" (12).
Pero, es conocido el final de la historia, Arnulfo Arias no fue capaz de concitar a su favor la unidad del conjunto de la burguesía y, mucho menos, de la oficialidad de la Guardia Nacional. De manera que el problema de negociar un nuevo tratado del Canal pasó a ser uno de los puntos cardinales del régimen militar, y la figura del General Omar Torrijos, reemplazó el carisma de Arnulfo Arias.
3. Causas sociales y políticas del golpe:De lo que hemos analizado hasta aquí se desprende que a fines de los años sesenta se vivía una creciente lucha de clases, en la que los sectores populares, encabezados por la clase obrera y los estudiantes, habían logrado crear un cisma a lo interno del bloque burgués dominante, el cual se había dividido en torno a cómo hacer frente a la crisis en que estaba colocado el país. En una frase, existía una situación revolucionaria.
Era una necesidad objetiva para la clase dominante colocar un gobierno que estabilizara la situación política, conteniendo las luchas populares y saldando las crecientes fricciones interburguesas. Pero era difícil, sino imposible, realizar esta tarea en el marco del régimen democrático burgués.
Las divisiones entre los partidos políticos burgueses habían llegado a un punto en que era imposible poner orden a través de las existentes instituciones "democráticas" (Tribunal Electoral, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Organo Ejecutivo, Guardia Nacional), ya que estaban completamente divididas y confrontadas entre sí. Se hacía cada vez más necesario una salida bonapartista, en la que una institución, y una figura, resolvieran las crecientes contradicciones políticas.
Las instituciónmenos dividida, con fuerza represiva y que ya venía haciendo de árbitro, no sólo en los momentos cruciales de la crisis de 1968, sino desde la década de 1940, era la Guardia Nacional. Por eso, mucho antes del 11 de octubre se había considerado la posibilidad de una candidatura de unidad nacional encabezada por el General Bolívar Vallarino. Y cuando esta alternativa fracasó, hasta hubo campaña en los diarios nacionales en favor del golpe de estado liso y llano (13).
En medio de la creciente anarquía política sólo un árbitro podía imponer la paz, necesaria para el normal funcionamiento de la actividad económica, aplacando los ánimos, arbitrando las disputas por los privilegios económicos y los contratos con el estado. Un régimen bonapartista también enfrentaría la creciente movilización popular, causa originaria de la crisis, reprimiendo a los cada vez más importantes movimientos obreros y estudiantiles.
Pero la Revolución Cubana había demostrado también que no bastaba la represión para aplacar al movimiento popular en ascenso. Era necesario hacer algunas reformas económicas y sociales que permitieran bajar el descontento popular. Esta tarea, como ya hemos visto, tampoco era posible llevarla a cabo por medio de gobiernos directamente manejados por empresarios que se negaban a ceder la menor concesión económica, ni ante las clases trabajadoras ni ante el estado.
Era necesario modernizar las relaciones obrero-patronales; había que saldar, parcialmente, el problema campesino, con una reforma agraria limitada; el estado debía mejorar los servicios sociales como educación y salud para crear la mano de obra al servicio del desarrollo capitalista; había que modernizar la red vial del país, para beneficio del crecimiento económico, etc. Todo esto sólo era posible hacerlo con un régimen fuerte que supiera combinar el dar y quitar a cada clase según fuera necesario para el éxito del plan económico.
Confrontar al movimiento popular desde una perspectiva que no implicara tan sólo la represión, sino también crearle expectativas en un líder carismático en el cual depositar su confianza era más necesario en un país como Panamá, en el que estaba de por medio el problema del canal. No era posible para Estados Unidos, ni para ningún gobierno panameño, imponer un nuevo tratado al margen de la opinión mayoritaria de los panameños, pues esto le quitaría legitimidad y valor jurídico internacional.
El hecho de que los factores antes descritos determinaran el futuro carácter del régimen que surgió el 11 de octubre de 1968, esto no quiere decir que los militares al momento de asumir el poder político en sus manos tenían un programa de gobierno claramente definido. Más bien parece que al principio el régimen se caracterizó por un período de búsqueda de una definición, en el cual, poco a poco, fueron haciéndose evidentes las necesidades fundamentales que debían ser resueltas por el régimen.
-
Citas:
1.Gorostiaga, Xavier. “La inversión extranjera en Panamá”. En La inversión extranjera en Centroamérica. EDUCA. San José, 1982. Pág. 12.
2. Loc. Cit.
3. Gandásegui, M. “La concentración del poder económico en Panamá”. En Panamá, dependencia y liberación. EDUCA. San José, 1974. Pág. 135.
4. Ibidem, pp 131 - 135.
5. Ricord, H. Los clanes de la oligarquía panameña. Colección Política y Sociedad en Panamá No. 5. Panamá, 1983. pp 18 - 19.
6. Ibidem, pág. 178. Subr. OB.
7. Ibid., pág. 27. Subr. OB.
8. Pedreschi, Carlos B. Una explosión en América: el Canal de Panamá. Ed. Siglo XXI. México 1976. Pág. 174.
9. Ibidem, pág. 175.
10. Goytía, Víctor F. Cómo negocia Panamá su Canal. Imprenta y Litografía Lehmann. San José. 1973. Pág. 69.
11. Declaración del Partido del Pueblo, 5 de marzo de 1968. Documentos históricos. Ed. Colombia Nueva Ltda. 1971. Pág. 212.
12. Ricord. H. Los clanes...Op. Cit., pág. 87.
13. Ibidem, pp 107 - 110.
-
Artículos de Olmedo Beluche en Kaos en la Red >>
Leer artículos relacionados en Kaos América Latina >>
Leer artículos relacionados en Kaos Panamá >>
Leer artículos relacionados en Kaos América Latina >>
Leer artículos relacionados en Kaos Panamá >>
-
kaosenlared.net - España/15/10/2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario