Curas mexicanos quieren participar más en la política
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Gardenia Mendoza Aguilar
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MÉXICO, D.F. Los curas mexicanos están inconformes: limitados por la Constitución que prohíbe la participación de los ministros religiosos en la educación, la política y la economía, dicen sentirse ciudadanos de segunda, discriminados y violados en sus garantías individuales.
"No estamos discapacitados", gritan cada vez más alto, desde diversas tribunas, y —respaldados por el Vaticano— han emprendido una abierta ofensiva para pelear un lugar en las urnas, las aulas y los medios de comunicación.
Las proclamas pasaron de los púlpitos al debate legislativo el pasado 4 de octubre cuando el Colegio de Abogados Católicos presentó al Senado de la República una propuesta de reforma a los artículos 3, 24 y 130 de la Carta Magna para impartir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, hacer propaganda política y tener un canal de televisión abierta.
Desde 1859 la Iglesia fue deslindada de las funciones del Estado (controlaba latifundios, diezmos, cargos gubernamentales y hasta el registro civil). Sus bienes fueron nacionalizados.
La Constitución de 1917 prohibió la participación del clero en política e impidió el culto público fuera de los templos. Estas restricciones provocaron la Guerra de los Cristeros (1926-1929) entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos, que dejó 250 mil muertos.
La derrota de los "cristeros" dio valía total a la ley: los curas perdieron casi todos sus derechos hasta 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari concedió personalidad jurídica a las instituciones religiosas y permitió el voto a los clérigos.
Pero la Iglesia Católica —que actualmente cuenta con 18 mil sacerdotes— no está satisfecha.
El pasado 2 de octubre, el marco del XV aniversario del restablecimiento de las relaciones de México con el Vaticano, Dominique Mamberti, canciller del Papa, lanzó un persuasivo discurso ante la cúpula del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
"Espero que este encuentro nos ayude a proponer nuevos caminos del marco jurídico actual con vistas a una plena garantía a la libertad religiosa", dijo Mamberti, "superando limitaciones y equívocos".
Horas después se reunió con el presidente Felipe Calderón.
En tanto, el cardenal Norberto Rivera lamentó en el semanario Desde la Fe —órgano informativo de la Arquidiócesis Primada de México— las limitaciones que tienen los ministros de culto de criticar las leyes y los partidos políticos, "algo inconcebible en una sociedad democrática".
El 7 de octubre, la camioneta del cardenal fue golpeada por simpatizantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). El religioso interpuso una denuncia penal y pidió protección oficial.
De acuerdo con una bitácora de la Arquidiócesis —respaldada con fotografías— entre el 6 de agosto de 2006 y el 11 de octubre de 2007 los perredistas hicieron 23 irrupciones violentas en la Basílica y la Catedral en protestas por la "intromisión" de la Iglesia en la vida pública.
En noviembre de 2006 la actriz Jesusa Rodríguez y la compositora Liliana Felipe presentaron una demanda por delitos electorales contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien calificó de "estúpidas" las críticas que hiciera el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral.
Las pretensiones de la Iglesia son consideradas por algunos sectores como un abuso y una provocación.
"Tener uno o varios ministros de culto sentados en San Lázaro (sede de la Cámara de Diputados) o Xicoténcatl (Senado) en un palacio municipal o en la casa de gobierno de una entidad federativa altera la laicidad del Estado", considera María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
"Lo que está a discusión es si el Estado laico, uno de los pilares de nuestro pacto social, está en peligro", agrega.
Incluso hay quienes consideran un error haber ampliado los derechos de los curas: "Las reformas de 1992 sólo sirvieron para presionar al gobierno a continuar fortaleciendo su influencia política en beneficio de intereses particulares", señala el político y jurista Jorge Carpizo.
Ante la polémica, el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, admitió que postular clérigos a puestos de elección popular, polarizaría a la población y aseguró que el gobierno garantizará la laicidad.
Al respecto, la Iglesia asegura que no pide fuero o privilegios para los ministros de culto, pero sí que se les trate con igualdad respecto al resto de los ciudadanos mexicanos.
"Es como si a una persona discapacitada le restringieran sus derechos de cualquier tipo, por el simple hecho de estar discapacitada", señala el obispo de Texcoco, Estado de México, Carlos Aguilar. "Esto va contra los derechos humanos".
Otro caso al que recurre el clero para justificar sus demandas son las "injustas" amenazas de muerte que recibieron varios sacerdotes sólo por protestar en el centro del Distrito Federal contra la despenalización del aborto en la ciudad durante las primeras 12 semanas de gestación.
No es la primera vez que la Iglesia intenta librarse de ataduras. De hecho, en los últimos tiempos sus demandas han tenido éxito.
En 1986, los obispos de Chihuahua —bendecidos por la Conferencia del Episcopado Mexicano— amenazaron con organizar, como durante la Guerra Cristera, una huelga de cultos… Y las presiones llevaron a las reformas de 1992.
"No estamos discapacitados", gritan cada vez más alto, desde diversas tribunas, y —respaldados por el Vaticano— han emprendido una abierta ofensiva para pelear un lugar en las urnas, las aulas y los medios de comunicación.
Las proclamas pasaron de los púlpitos al debate legislativo el pasado 4 de octubre cuando el Colegio de Abogados Católicos presentó al Senado de la República una propuesta de reforma a los artículos 3, 24 y 130 de la Carta Magna para impartir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, hacer propaganda política y tener un canal de televisión abierta.
Desde 1859 la Iglesia fue deslindada de las funciones del Estado (controlaba latifundios, diezmos, cargos gubernamentales y hasta el registro civil). Sus bienes fueron nacionalizados.
La Constitución de 1917 prohibió la participación del clero en política e impidió el culto público fuera de los templos. Estas restricciones provocaron la Guerra de los Cristeros (1926-1929) entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos, que dejó 250 mil muertos.
La derrota de los "cristeros" dio valía total a la ley: los curas perdieron casi todos sus derechos hasta 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari concedió personalidad jurídica a las instituciones religiosas y permitió el voto a los clérigos.
Pero la Iglesia Católica —que actualmente cuenta con 18 mil sacerdotes— no está satisfecha.
El pasado 2 de octubre, el marco del XV aniversario del restablecimiento de las relaciones de México con el Vaticano, Dominique Mamberti, canciller del Papa, lanzó un persuasivo discurso ante la cúpula del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
"Espero que este encuentro nos ayude a proponer nuevos caminos del marco jurídico actual con vistas a una plena garantía a la libertad religiosa", dijo Mamberti, "superando limitaciones y equívocos".
Horas después se reunió con el presidente Felipe Calderón.
En tanto, el cardenal Norberto Rivera lamentó en el semanario Desde la Fe —órgano informativo de la Arquidiócesis Primada de México— las limitaciones que tienen los ministros de culto de criticar las leyes y los partidos políticos, "algo inconcebible en una sociedad democrática".
El 7 de octubre, la camioneta del cardenal fue golpeada por simpatizantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). El religioso interpuso una denuncia penal y pidió protección oficial.
De acuerdo con una bitácora de la Arquidiócesis —respaldada con fotografías— entre el 6 de agosto de 2006 y el 11 de octubre de 2007 los perredistas hicieron 23 irrupciones violentas en la Basílica y la Catedral en protestas por la "intromisión" de la Iglesia en la vida pública.
En noviembre de 2006 la actriz Jesusa Rodríguez y la compositora Liliana Felipe presentaron una demanda por delitos electorales contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien calificó de "estúpidas" las críticas que hiciera el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral.
Las pretensiones de la Iglesia son consideradas por algunos sectores como un abuso y una provocación.
"Tener uno o varios ministros de culto sentados en San Lázaro (sede de la Cámara de Diputados) o Xicoténcatl (Senado) en un palacio municipal o en la casa de gobierno de una entidad federativa altera la laicidad del Estado", considera María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
"Lo que está a discusión es si el Estado laico, uno de los pilares de nuestro pacto social, está en peligro", agrega.
Incluso hay quienes consideran un error haber ampliado los derechos de los curas: "Las reformas de 1992 sólo sirvieron para presionar al gobierno a continuar fortaleciendo su influencia política en beneficio de intereses particulares", señala el político y jurista Jorge Carpizo.
Ante la polémica, el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar, admitió que postular clérigos a puestos de elección popular, polarizaría a la población y aseguró que el gobierno garantizará la laicidad.
Al respecto, la Iglesia asegura que no pide fuero o privilegios para los ministros de culto, pero sí que se les trate con igualdad respecto al resto de los ciudadanos mexicanos.
"Es como si a una persona discapacitada le restringieran sus derechos de cualquier tipo, por el simple hecho de estar discapacitada", señala el obispo de Texcoco, Estado de México, Carlos Aguilar. "Esto va contra los derechos humanos".
Otro caso al que recurre el clero para justificar sus demandas son las "injustas" amenazas de muerte que recibieron varios sacerdotes sólo por protestar en el centro del Distrito Federal contra la despenalización del aborto en la ciudad durante las primeras 12 semanas de gestación.
No es la primera vez que la Iglesia intenta librarse de ataduras. De hecho, en los últimos tiempos sus demandas han tenido éxito.
En 1986, los obispos de Chihuahua —bendecidos por la Conferencia del Episcopado Mexicano— amenazaron con organizar, como durante la Guerra Cristera, una huelga de cultos… Y las presiones llevaron a las reformas de 1992.
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La Opinión Digital - USA/19/10/2007
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