25/10/2007Columnista
LA INICIATIVA MÉRIDA
Sergio Muñoz Bata.
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EL TIEMPO
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El plan sobre migración y drogas entre México y E.U.
Al final de su gira por América Latina en marzo, George W. Bush se detuvo en Mérida (Yucatán) para reiterar que no escatimaría esfuerzos para lograr la aprobación de una reforma migratoria integral.
Después de reconocer el esfuerzo y el sufrimiento de los inmigrantes y sus familias, el presidente mexicano, Felipe Calderón, volvió a formular el viejo reclamo mexicano de la imposibilidad de contener el tráfico de drogas en los países productores y de tránsito sin que haya una reducción sustantiva en el país que con mayor voracidad las consume.
Más que un lamento, el pronunciamiento de Calderón llevaba la intención política de orillar a Bush a que Estados Unidos finalmente aceptara el principio de la responsabilidad compartida en el combate del tráfico de drogas.
De regreso en Washington, Bush fracasó en su intento de recomponer el desvencijado sistema migratorio nacional, pero funcionarios de E.U. y México empezaron las negociaciones secretas para elaborar un plan del que muy poco se supo hasta principios de esta semana, cuando las dos casas presidenciales hicieron sus respectivos anuncios.
Durante este largo vacío de información fidedigna, el proyecto empezó a ser conocido como la versión mexicana del Plan Colombia. Una caracterización de mala fe para descarrilarlo aprovechando el embate brutal contra el presidente Álvaro Uribe en el Congreso norteamericano, a pesar de que hoy Colombia es un país mucho más seguro de lo que era hace menos de una década.
Hoy la Casa Blanca le pidió al Congreso 50 millones de dólares para Centroamérica y 500 millones, como parte de un programa multianual de 1.400 millones, para combatir el narco y para la procuración de justicia y el fortalecimiento institucional.
Según Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México, la Iniciativa Mérida "es una buena manera de responder al acercamiento muscular al problema que ha planteado el presidente Calderón y tiene un enorme significado político".
Y es precisamente la dimensión política del asunto la que suscita el mayor número de interrogantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del subcomité para asuntos del hemisferio, Eliot Engel, hoy dijo que el Congreso estadounidense no fue consultado durante la etapa de elaboración del plan y señaló que esa "no es la mejor manera de empezar un esfuerzo tan importante".
Y del lado mexicano ¿mantuvo la Presidencia informados a los líderes del Congreso sobre los términos del posible acuerdo? ¿Se requerirá la aprobación del Senado mexicano? ¿Se han realizado los amarres políticos imprescindibles para evitar que el plan aborte?
Otro interrogante es si el dinero solicitado por la Casa Blanca sería suficiente para el declarado propósito. "La idea es buena", dice el mexicano Andrés Rosental, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, "en el sentido de que compromete por primera vez a Estados Unidos a aceptar responsabilidad compartida para combatir un problema gringo. Si no fuera por la demanda, no habría mucho qué combatir. Pero como contribución real al problema, la cifra pedida es menos de lo que gasta México al año".
A pesar de que la Cancillería mexicana se ha apresurado a aclarar que no se autorizaría la presencia de militares o paramilitares estadounidenses en territorio nacional, es evidente que cualquier intervención extranjera en México generará una fuerte reacción nacionalista.
Aun así, Davidow piensa que "si el Gobierno explica de manera transparente cómo va a disponer de los nuevos fondos, se podría superar el tradicional desfallecimiento que sienten los mexicanos cuando perciben una amenaza a su soberanía y se sobrepondrían reconociendo la cada día más grande amenaza real de la violencia y las drogas".
El plan sobre migración y drogas entre México y E.U.
Al final de su gira por América Latina en marzo, George W. Bush se detuvo en Mérida (Yucatán) para reiterar que no escatimaría esfuerzos para lograr la aprobación de una reforma migratoria integral.
Después de reconocer el esfuerzo y el sufrimiento de los inmigrantes y sus familias, el presidente mexicano, Felipe Calderón, volvió a formular el viejo reclamo mexicano de la imposibilidad de contener el tráfico de drogas en los países productores y de tránsito sin que haya una reducción sustantiva en el país que con mayor voracidad las consume.
Más que un lamento, el pronunciamiento de Calderón llevaba la intención política de orillar a Bush a que Estados Unidos finalmente aceptara el principio de la responsabilidad compartida en el combate del tráfico de drogas.
De regreso en Washington, Bush fracasó en su intento de recomponer el desvencijado sistema migratorio nacional, pero funcionarios de E.U. y México empezaron las negociaciones secretas para elaborar un plan del que muy poco se supo hasta principios de esta semana, cuando las dos casas presidenciales hicieron sus respectivos anuncios.
Durante este largo vacío de información fidedigna, el proyecto empezó a ser conocido como la versión mexicana del Plan Colombia. Una caracterización de mala fe para descarrilarlo aprovechando el embate brutal contra el presidente Álvaro Uribe en el Congreso norteamericano, a pesar de que hoy Colombia es un país mucho más seguro de lo que era hace menos de una década.
Hoy la Casa Blanca le pidió al Congreso 50 millones de dólares para Centroamérica y 500 millones, como parte de un programa multianual de 1.400 millones, para combatir el narco y para la procuración de justicia y el fortalecimiento institucional.
Según Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México, la Iniciativa Mérida "es una buena manera de responder al acercamiento muscular al problema que ha planteado el presidente Calderón y tiene un enorme significado político".
Y es precisamente la dimensión política del asunto la que suscita el mayor número de interrogantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del subcomité para asuntos del hemisferio, Eliot Engel, hoy dijo que el Congreso estadounidense no fue consultado durante la etapa de elaboración del plan y señaló que esa "no es la mejor manera de empezar un esfuerzo tan importante".
Y del lado mexicano ¿mantuvo la Presidencia informados a los líderes del Congreso sobre los términos del posible acuerdo? ¿Se requerirá la aprobación del Senado mexicano? ¿Se han realizado los amarres políticos imprescindibles para evitar que el plan aborte?
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A pesar de que la Cancillería mexicana se ha apresurado a aclarar que no se autorizaría la presencia de militares o paramilitares estadounidenses en territorio nacional, es evidente que cualquier intervención extranjera en México generará una fuerte reacción nacionalista.
Aun así, Davidow piensa que "si el Gobierno explica de manera transparente cómo va a disponer de los nuevos fondos, se podría superar el tradicional desfallecimiento que sienten los mexicanos cuando perciben una amenaza a su soberanía y se sobrepondrían reconociendo la cada día más grande amenaza real de la violencia y las drogas".
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