En las decisiones vitales, como la división de Jerusalem hay que hacer participar a todo el pueblo judío. Una vez aceptado este concepto, la siguiente pregunta es cómo lograrlo. Israel aspira a ser el país central del pueblo judío, y fortalecer su existencia por medio de una mayor integración entre Israel y la Diáspora. De aquí se desprenden algunas conclusiones prácticas, una de las cuales es que el pueblo judío debe participar en las decisiones del Estado de Israel que posean una significación crítica para su futuro.
Tomemos como un caso de prueba hipotética, aun si no es del todo irreal, de la propuesta de acuerdo definitivo con los palestinos, que incluye una retirada de la mayoría de los territorios de Judea y samaria, con evacuación de poblados judíos y la división de Jerusalem según Barak y Clinton, con una especie de gobierno en capas en el Monte del Templo.
A diferencia de otros componentes, en temas de seguridad y en el de refugiados, que son en su esencia “israelíes”, la renuncia a partes de la Tierra Prometida, sobre Jerusalem unificada y el control total sobre el Monte del Templo, tiene probablemente una significación enorme, aun si no es clara de entrada, sobre el futuro del pueblo judío. Por lo tanto, se debe participar a todo el pueblo judío en la decisión sobre el acuerdo.Los opositores a este tipo de participación sostienen que Israel representa al pueblo judío y tiene mandato para actuar en su nombre; todo judío que quiera influir en la decisión puede inmigrar; se trata de una decisión compleja que requiere un conocimiento que no poseen los judíos de la Diáspora, y que un acuerdo tiene implicancias en cuanto a paz o guerra, y por ello se debe depositar la decisión en manos de quienes está más cerca del frente, o sea, los ciudadanos del Estado de Israel.Pero los tres primeros argumentos son falsos, y el cuarto, si bien tiene peso, no define la inclinación de la balanza. El primer y segundo argumentos parten de la base de que los judíos que viven en Israel tienen derecho a un status superior en todo lo tocante a decisiones que diseñan el futuro del pueblo judío. Eso se parece al argumento de que sólo un judío que cumple los preceptos religiosos puede participar en la decisión sobre el futuro de la Ciudad Santa. Semejante postura se contradice con los valores básicos de consenso y democracia, y debemos rechazarla.
En cuanto al tercer argumento, no sólo opone un criterio anti democrático de “conocimiento” como base para el derecho a influir, sino que es erróneo desde el punto de vista factual, pues la mayoría absoluta de los ciudadanos de Israel tampoco entienden en profundidad los temas que toca el acuerdo con los palestinos, y en todo lo tocante a juicios de valor implicados en el tema, los ciudadanos de Israel carecen de toda ventaja normativa.El cuarto argumento, en el sentido de que nadie que cargue personalmente con las consecuencias directas de la decisión no tiene derecho a participar en ella, contradice los derechos de participación básica de una comunidad. Es como, si se tratara del futuro de la educación superior, sólo los estudiantes universitarios y secundarios, junto con los docentes de las instituciones de educación superior tuvieran derecho al voto.Con todo, el argumento tiene una justificación parcial, sobre todo por tratarse de cuestiones de vida o muerte. De aquí la formulación reescrita de la conclusión propuesta: todo el pueblo judío debiera participar en las decisiones del Estado de Israel que tienen una significación crítica para el futuro del pueblo judío en su conjunto. Sin embargo, cuando se trata de temas muy significativos también para la seguridad del Estado de Israel, se debe dar un peso superior a la opinión de los ciudadanos de Israel.La conclusión es radicalmente distinta si adoptamos la postura ideológica que ve en Israel pura y exclusivamente el estado de todos sus ciudadanos. Propongo rechazar esta postura, que niega los fundamentos del judaísmo y el sionismo. Es más, según mi opinión, ella es rechazada por la enorme mayoría de los ciudadanos del estado de los judíos, que son también la absoluta mayoría de la población total.
Se puede llegar hasta el fondo y sostener que el pueblo judío no es una persona público-política y que, por lo tanto, no se puede amparar en los principios de la participación en la toma de decisiones. Rechazo esa opinión. En la visión de la sociología política y la concepción histórica, el pueblo judío posee características primordiales de un tipo de entidad política sobre la que rigen los principios de la participación en las decisiones. Toda otra visión niega el sionismo de raíz y cuestiona la base existencial del pueblo judío.Si la conclusión es aceptada, sigue la pregunta práctica, también crítica, de cómo se implementa. Un tipo de “plebiscito” no es posible en el futuro visible, a falta de una definición concertada de “quién es judío”, y de un marco símil-gubernamental adecuado. Más aún, problemas constitucionales y políticos en los países de la Diáspora podrían, con toda probabilidad, impedir este símil-plebiscito sobre una decisión que, formalmente, es israelí.
Pero se puede y se debe impulsar la implementación de estas conclusiones por cinco vías, avanzando modularmente: primero, la formación de un grupo de consulta permanente y compacto de los más altos líderes del pueblo judío en las Diásporas junto al primer ministro y su gobierno; segundo, ampliación de este grupo de consulta hacia una especie de “Consejo del Pueblo Judío”, que refleje con amplio consenso al liderazgo espiritual y público-orgánico del pueblo judío, incluyendo a los judíos del Estado de Israel (aunque no según su estructura partidaria). Tercero, ampliación del Consejo del Pueblo Judío por medio de elecciones de representantes de todo lugar en donde ello es posible.Cuarto, sondeos de opinión en el seno de las Diásporas acerca de los temas de decisión en el orden del día, utilizando métodos sobre los que exista un amplio consenso. Y quinto, la institucionalización del Consejo del Pueblo Judío como un organismo con status constitucional independiente en Israel, con derecho de expresión de opinión consultiva al gobierno y a la Knesset, junto con la autoridad con mayoría absoluta, de retrasar la aprobación de decisiones del gobierno y la Knesset por un período de tiempo fijado de antemano.Pero, primeramente, es vital que los organismos gubernamentales en Israel y los centros de toma de decisiones en el pueblo judío en las Diásporas reconozcan el principio de participación gradual de todo el pueblo judío en las decisiones del Estado de Israel, que tienen importancia más que significativa para el futuro del pueblo judío. Se trata de un llamado urgente, pues es posible que el Estado de Israel esté acercándose muchísimo a decisiones de esa naturaleza.
Autor: Iejezkel Dror – HaaretzEl profesor Dror es presidente fundador del Instituto de Planificación de Políticas del Pueblo Judío, Premio Israel a la Ciencia del Servicio Público, y miembro de la Comisión Winograd, que investiga la Segunda Guerra del Líbano.Traducción: Povesham
Tomemos como un caso de prueba hipotética, aun si no es del todo irreal, de la propuesta de acuerdo definitivo con los palestinos, que incluye una retirada de la mayoría de los territorios de Judea y samaria, con evacuación de poblados judíos y la división de Jerusalem según Barak y Clinton, con una especie de gobierno en capas en el Monte del Templo.
A diferencia de otros componentes, en temas de seguridad y en el de refugiados, que son en su esencia “israelíes”, la renuncia a partes de la Tierra Prometida, sobre Jerusalem unificada y el control total sobre el Monte del Templo, tiene probablemente una significación enorme, aun si no es clara de entrada, sobre el futuro del pueblo judío. Por lo tanto, se debe participar a todo el pueblo judío en la decisión sobre el acuerdo.Los opositores a este tipo de participación sostienen que Israel representa al pueblo judío y tiene mandato para actuar en su nombre; todo judío que quiera influir en la decisión puede inmigrar; se trata de una decisión compleja que requiere un conocimiento que no poseen los judíos de la Diáspora, y que un acuerdo tiene implicancias en cuanto a paz o guerra, y por ello se debe depositar la decisión en manos de quienes está más cerca del frente, o sea, los ciudadanos del Estado de Israel.Pero los tres primeros argumentos son falsos, y el cuarto, si bien tiene peso, no define la inclinación de la balanza. El primer y segundo argumentos parten de la base de que los judíos que viven en Israel tienen derecho a un status superior en todo lo tocante a decisiones que diseñan el futuro del pueblo judío. Eso se parece al argumento de que sólo un judío que cumple los preceptos religiosos puede participar en la decisión sobre el futuro de la Ciudad Santa. Semejante postura se contradice con los valores básicos de consenso y democracia, y debemos rechazarla.
En cuanto al tercer argumento, no sólo opone un criterio anti democrático de “conocimiento” como base para el derecho a influir, sino que es erróneo desde el punto de vista factual, pues la mayoría absoluta de los ciudadanos de Israel tampoco entienden en profundidad los temas que toca el acuerdo con los palestinos, y en todo lo tocante a juicios de valor implicados en el tema, los ciudadanos de Israel carecen de toda ventaja normativa.El cuarto argumento, en el sentido de que nadie que cargue personalmente con las consecuencias directas de la decisión no tiene derecho a participar en ella, contradice los derechos de participación básica de una comunidad. Es como, si se tratara del futuro de la educación superior, sólo los estudiantes universitarios y secundarios, junto con los docentes de las instituciones de educación superior tuvieran derecho al voto.Con todo, el argumento tiene una justificación parcial, sobre todo por tratarse de cuestiones de vida o muerte. De aquí la formulación reescrita de la conclusión propuesta: todo el pueblo judío debiera participar en las decisiones del Estado de Israel que tienen una significación crítica para el futuro del pueblo judío en su conjunto. Sin embargo, cuando se trata de temas muy significativos también para la seguridad del Estado de Israel, se debe dar un peso superior a la opinión de los ciudadanos de Israel.La conclusión es radicalmente distinta si adoptamos la postura ideológica que ve en Israel pura y exclusivamente el estado de todos sus ciudadanos. Propongo rechazar esta postura, que niega los fundamentos del judaísmo y el sionismo. Es más, según mi opinión, ella es rechazada por la enorme mayoría de los ciudadanos del estado de los judíos, que son también la absoluta mayoría de la población total.
Se puede llegar hasta el fondo y sostener que el pueblo judío no es una persona público-política y que, por lo tanto, no se puede amparar en los principios de la participación en la toma de decisiones. Rechazo esa opinión. En la visión de la sociología política y la concepción histórica, el pueblo judío posee características primordiales de un tipo de entidad política sobre la que rigen los principios de la participación en las decisiones. Toda otra visión niega el sionismo de raíz y cuestiona la base existencial del pueblo judío.Si la conclusión es aceptada, sigue la pregunta práctica, también crítica, de cómo se implementa. Un tipo de “plebiscito” no es posible en el futuro visible, a falta de una definición concertada de “quién es judío”, y de un marco símil-gubernamental adecuado. Más aún, problemas constitucionales y políticos en los países de la Diáspora podrían, con toda probabilidad, impedir este símil-plebiscito sobre una decisión que, formalmente, es israelí.
Pero se puede y se debe impulsar la implementación de estas conclusiones por cinco vías, avanzando modularmente: primero, la formación de un grupo de consulta permanente y compacto de los más altos líderes del pueblo judío en las Diásporas junto al primer ministro y su gobierno; segundo, ampliación de este grupo de consulta hacia una especie de “Consejo del Pueblo Judío”, que refleje con amplio consenso al liderazgo espiritual y público-orgánico del pueblo judío, incluyendo a los judíos del Estado de Israel (aunque no según su estructura partidaria). Tercero, ampliación del Consejo del Pueblo Judío por medio de elecciones de representantes de todo lugar en donde ello es posible.Cuarto, sondeos de opinión en el seno de las Diásporas acerca de los temas de decisión en el orden del día, utilizando métodos sobre los que exista un amplio consenso. Y quinto, la institucionalización del Consejo del Pueblo Judío como un organismo con status constitucional independiente en Israel, con derecho de expresión de opinión consultiva al gobierno y a la Knesset, junto con la autoridad con mayoría absoluta, de retrasar la aprobación de decisiones del gobierno y la Knesset por un período de tiempo fijado de antemano.Pero, primeramente, es vital que los organismos gubernamentales en Israel y los centros de toma de decisiones en el pueblo judío en las Diásporas reconozcan el principio de participación gradual de todo el pueblo judío en las decisiones del Estado de Israel, que tienen importancia más que significativa para el futuro del pueblo judío. Se trata de un llamado urgente, pues es posible que el Estado de Israel esté acercándose muchísimo a decisiones de esa naturaleza.
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Notiisrael - Israel/16/10/2007
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