BRASILIA (AP) - La unidad elite que combate el trabajo degradante o en condiciones similares a la esclavitud retomará sus labores la próxima semana, anunció el miércoles el ministro del Trabajo, Carlos Lupi.
"Muchos comienzan a estar felices por que hayamos parado, pero era una parada por estrategia, para tomar un aire, organizar el equipo", dijo Lupi en el ministerio sin mencionar directamente a ningún sector.
"A partir del próximo lunes considero que es un buen plazo para que tengamos todo articulado para retomar" los trabajos, agregó Lupi al ser consultado por los periodistas sobre cuándo sería la reanudación de las labores del grupo elite.
La unidad detuvo sus labores en todo el país el 21 de septiembre por decisión de la jefa de ese grupo, Ruth Vilela, al considerar que críticas de senadores por recientes operaciones fueron "una interferencia política" y que los fiscales debían ejercer sus funciones "libres de la injerencia de factores extraños".
Al solicitar garantías judiciales para el trabajo de sus fiscales, Vilela y Lupi consiguieron en la jornada que el Ministerio del Trabajo firmara un acuerdo con la Fiscalía General para que los miembros de la unidad elite tengan abogados que los representen en caso de ser demandados por una empresa, que apela una operación de esa entidad.
Lupi negó que se cometan excesos en las fiscalizaciones hechas por la unidad --creada en 1995 y compuesta por ocho equipos de siete miembros cada uno y con actuación en todo el país-- y dijo que su despacho estaba abierto a cualquier investigación. Las equipos están integrados por fiscales del ministerio del trabajo, miembros de la policía federal y auditores, entre otros.
"Yo no temo a nada...de nadie, pero yo no puedo obligar al sector de fiscalización a trabajar, de la forma en que ellos trabajan con eficiencia, con competencia, metiéndose con muchos intereses, intereses de grupos muy poderosos, sin darles las garantías necesarias para que al ejercer su función no sufran cualquier tipo de coacción, física o moral", dijo.
En Brasil, cientos de trabajadores laboran en remotas regiones, viven en tiendas de campaña, sin piso, sin agua corriente, ni electricidad. No reciben salarios porque lo deben todo al propietario de la finca por cuenta de compra de alimentos o medicinas, por ejemplo.
El código penal brasileño define el "trabajo degradante" como el empleo de personas en contra de su voluntad, haciendo uso de coerción o recursos, incluso endeudamiento forzado en tiendas privadas, o amenazas a miembros de la familia.
Las leyes brasileñas contemplan penas de dos a seis años de cárcel y el pago de multas mínimas de 250 reales (unos 138 dólares), por cada trabajador encontrado en esas condiciones.
El grupo elite ha retirado o "liberado" a unos 25.000 trabajadores en distintas localidades de Brasil, desde su creación hasta julio pasado, según datos del Ministerio del Trabajo.
"Muchos comienzan a estar felices por que hayamos parado, pero era una parada por estrategia, para tomar un aire, organizar el equipo", dijo Lupi en el ministerio sin mencionar directamente a ningún sector.
"A partir del próximo lunes considero que es un buen plazo para que tengamos todo articulado para retomar" los trabajos, agregó Lupi al ser consultado por los periodistas sobre cuándo sería la reanudación de las labores del grupo elite.
La unidad detuvo sus labores en todo el país el 21 de septiembre por decisión de la jefa de ese grupo, Ruth Vilela, al considerar que críticas de senadores por recientes operaciones fueron "una interferencia política" y que los fiscales debían ejercer sus funciones "libres de la injerencia de factores extraños".
Al solicitar garantías judiciales para el trabajo de sus fiscales, Vilela y Lupi consiguieron en la jornada que el Ministerio del Trabajo firmara un acuerdo con la Fiscalía General para que los miembros de la unidad elite tengan abogados que los representen en caso de ser demandados por una empresa, que apela una operación de esa entidad.
Lupi negó que se cometan excesos en las fiscalizaciones hechas por la unidad --creada en 1995 y compuesta por ocho equipos de siete miembros cada uno y con actuación en todo el país-- y dijo que su despacho estaba abierto a cualquier investigación. Las equipos están integrados por fiscales del ministerio del trabajo, miembros de la policía federal y auditores, entre otros.
"Yo no temo a nada...de nadie, pero yo no puedo obligar al sector de fiscalización a trabajar, de la forma en que ellos trabajan con eficiencia, con competencia, metiéndose con muchos intereses, intereses de grupos muy poderosos, sin darles las garantías necesarias para que al ejercer su función no sufran cualquier tipo de coacción, física o moral", dijo.
En Brasil, cientos de trabajadores laboran en remotas regiones, viven en tiendas de campaña, sin piso, sin agua corriente, ni electricidad. No reciben salarios porque lo deben todo al propietario de la finca por cuenta de compra de alimentos o medicinas, por ejemplo.
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Univisión - USA/10/10/2007
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