“Que nos gobiernen las putas…ya que sus hijos nos fallaron”(Graffiti Anónimo)/Montevideo
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Frecuentemente encontramos alusiones asépticas sobre “democracia”, “participación”, “ciudadanía”; nociones que despojadas de sus contenidos clasistas y culturales, flotando encima de los contextos y su devenir histórico, poco ayudan a comprender los graves desafíos que la región encara.
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Armando Chaguaceda Noriega
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Desde hace bastante es difícil no encontrar juntos, en un mismo foro, alabanzas y cuestionamientos al desarrollo democrático en los países latinoamericano. Año tras años en las diversas cumbres (Iberoamericanas, de la OEA, de las Américas) los gobernantes regionales para pasar balance de los procesos de integración, desarrollo y funcionamiento democrático. Y frecuentemente en las declaraciones finales encontramos alusiones asépticas sobre “democracia”, “participación”, “ciudadanía”; nociones que despojadas de sus contenidos clasistas y culturales, flotando encima de los contextos y su devenir histórico, poco ayudan a comprender los graves desafíos que la región encara. Entre ellos dos (los índices de desigualdad social y los procesos de desciudadanización ) se relacionan con el modelo económico y sociopolítico introducido en el último cuarto de siglo: el neoliberalismo.
A partir de la década del 80 se generalizó en la región un proceso transicional que apostaba por la instauración de gobiernos civiles como sustitutos de las desacreditadas dictaduras militares, surgiendo democracias representativas. La existencia en este decenio de tantas naciones que intentaron cambiar su régimen político según los preceptos democráticos hizo que estudiosos del tema como Samuel P. Huntington hablaran de una “tercera ola democrática”. Ola que derivó, tristemente, en un tsunami social de incalculables consecuencias para nuestros pueblos y replegó los índices de desarrollo y bienestar precaria e incompletamente alcanzados por varios países de la región.
Estas democracias neliberales, si bien representaron la reducción del terrorismo de Estado y los conflictos armados, la paulatina y conflictiva desmilitarización de las instituciones públicas, el perfeccionamiento de los procesos electorales y cierta socialización de una cultura democrática no acertaron a resolver los inmensos problemas estructurales de la región . Y al igual que sus brutales antecesoras, continuaron garantizando en lo fundamental la tajada a los inversionistas foráneos y al imperialismo en un ambiente de continuas privatizaciones. En ese contexto “(...) un segmento importante de la izquierda latinoamericana se adhirió a una concepción ingenuamente optimista y “facilista” de la democracia (...) el carácter presuntamente lineal e irreversible de los procesos democráticos (...) la creencia, teóricamente errónea e históricamente falsa, de que la democracia es un proyecto que se agota en la sola “normalización” de las instituciones políticas” .La transición del autoritarismo a la democracia fue un proceso impregnado del pacto y la impunidad para con los miembros del aparato represivo de los gobiernos militares anteriores. Si a eso sumamos que la llamada democratización fue de la mano con la implantación del modelo neoliberal y toda su cuota de exclusión social, enajenación de los recursos nacionales y pérdida de soberanía de los estados, entonces el panorama se vuelve visiblemente mucho más complejo.La década crítica y pérdida de los años 80 en América Latina se combinó con el auge de un neoliberalismo globalizado - que supuestamente iba a ser el encargado de corregir todos los desequilibrios producidos en las décadas de implantación de políticas desarrollistas y pseudokeinesianas, de Alianzas para el Progreso y crisis petroleras. De esta manera se procedió a achicar o a ir desmantelando las funciones (protección social, servicios públicos, etc.) del clásico Estado benefactor ; la incapacidad de estos gobiernos para resolver los problemas de la región, se revela en la despolitización y apatía que muestra la generación nacida en el marco de las “transiciones” latinoamericanas, concretándose en la reducción de las cuotas de participación en la política. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1998 las 225 personas más ricas del mundo poseían una riqueza comparable a la de la sumatoria de los PIB de los entonces 48 países menos desarrollados del planeta, o al ingreso combinado de 2,500 millones de seres humanos. En América Latina, según la CEPAL, el número de pobres casi se duplicó pasando de 130 millones en 1970 a 203 en 1990 (para un aumento del 64%) y de ellos los “pobres alimentarios relativos” aumentaron en 59 millones, mientras los “pobres alimentarios absolutos” lo hicieron en 42. Si establecemos una comparación de estos datos con el incremento poblacional ocurrido en la etapa con el objetivo de obtener la proporción de la pobreza dentro de la población adicionada al total demográfico-, es posible notar que ésta ascendía a 70.2% y 54% respectivamente.La retirada por parte del estado de los mecanismos por él establecidos de protección social (parcial o totalmente privatizados en la mayoría del continente), con la cada vez más creciente pobreza neoliberal , ha gravitado adicionalmente sobre los entornos educativos, comunitarios y familiares. La violencia delictiva de las urbes latinoamericanas, como resultante, ha sido percibida como el devenir siniestro y policíaco de la lucha de clases. Como plantea Perry Anderson “(...) la contradicción actual del capitalismo es más sociológica que económica. Ella se manifiesta en la destrucción social creada por el poder del mercado. Vemos en todos los países, tendencias a un desempleo de masas de carácter permanente, la reproducción incesante de la pobreza y, también, el surgimiento de altos grados de desesperanza y violencia (...)” , esto evidencia el olvido de los grupos y fuerzas sociales que dirigieron estos procesos de transformaciones en el continente del concepto de justicia social en la elaboración de políticas públicas.Las expectativas de que la democracia representativa, resultara en una reconstrucción del pacto cívico nacional (algo así como un nuevo Contrato Social a firmarse por todos los actores sociales) quedaron desechas. Las terapias de choque y los ajustes estructurales destruyeron las condiciones de gobernabilidad para desarrollar cualquier proyecto político medianamente serio. Durante algún tiempo el discurso oficial de los estados, las élites y organizaciones transnacionales, con la complicidad de un sector apreciable de la academia, parecía desconocer estas realidades, pero las graves convulsiones de los últimos años mostraron la debacle derivada del Consenso de Washington.Hace tres años los resultados del informe "La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", evidenciaron la crisis de confianza existente en los sistemas liberaldemocráticos, a partir de su incapacidad para satisfacer las aspiraciones políticas, sociales y económicas de los latinoamericanos. El informe, considerado la iniciativa más importante del PNUD de los últimos años en la región, reunió un equipo de expertos que incluía a 32 gobernantes y ex gobernantes latinoamericanos, además de altos funcionarios de organismos regionales, académicos y observadores externos, Durante la investigación fueron entrevistados 231 líderes políticos y se elaboraron dos mediciones, el Índice de Democracia Electoral (IDE) y el Índice de Apoyo a la Democracia, sobre la base de encuestas de opinión pública a 20.000 personas de 18 países de la región.Los resultados del informe indicaban que en 2002, de acuerdo a las encuestas, el 54,7 % de los latinoamericanos declaraba que prefería un "régimen autoritario" a uno democrático, si el primero le "resolvía" sus problemas económicos. Por su parte un 56,3 % consideró que "el desarrollo económico es más importante que la democracia", frente a 48,1 % que opinó lo contrario. La critica y el cansancio se expresaron en que 58,1 % de los encuestados estimó legítimo que sus presidentes "vayan más allá de las leyes", un 43,9 % se mostró escéptico de que "la democracia solucione los problemas del país", contra 35,8 por ciento que aún confía en los sistemas representativos. Por si esto fuera poco un 40 % de la población consideró que "puede haber democracia sin partidos", opción negada por solo 34,2 por ciento mientras que un 38,2 % estimaba que "puede haber democracia sin un Congreso (legislativo) nacional" mientras 32,2 sostiene lo contrario. Adicionalmente un 79,7 % de los encuestados consideró que son los grupos económicos empresariales y financieros los que ejercen el poder en sus países y 65,2 por ciento atribuyó también poder a los medios de comunicación . Reconociéndose la relación entre neoliberalismo y democracia como uno de los temas privilegiados por un importante sector crítico de las ciencias sociales latinoamericanas en los últimos años, se perciben varios enfoques básicos: economistas enfatizan el impacto regresivo de la aplicación de las políticas de ajuste, sociólogos hacen hincapié en la brecha social creciente y politólogos demuestran el efecto negativo sobre la consolidación democrática en América Latina. Se trata de un proceso de múltiple impacto que reduce, aun en medio de la ampliación de las libertades y derechos formales, la posibilidad de su ejercicio efectivo para amplias mayorías. Como reconocen numerosos investigadores “El lento, pero progresivo desplazamiento del lenguaje de los “derechos” (...) al lenguaje de los “bienes”, conjugado y resuelto en el ámbito del mercado, es un sutil indicador de la decadencia política de las democracias latinoamericanas.” Lo que sucede es que el neoliberalismo, aunque sea comúnmente visto como una teoría económica es, a partir de la propia intencionalidad de sus fundadores, “un programa político” . En una valoración acertada el politólogo David Held percibe los trazos de la teoría política del neoliberalismo en el modelo de “democracia legal” elaborado por teóricos como Hayek y Nozick, al calor del movimiento de “la Nueva Derecha”, que catapultó a la presidencia al presidente Ronald Reagan. y es que en realidad el proyecto neoliberal puede identificarse, en su expresión específicamente política, más con el pensamiento neoconservador que con las fórmulas del liberalismo originario de inicios del siglo XIX.
La noción democrática del neoliberalismo, esencialmente conservadora, está fundada en la libertad negativa de matriz socialmente conservadora, dirigida al goce y disfrute individual de la propiedad, y defiende la primacía del ideal liberal sobre el democrático. El segundo principio (eminentemente schumpeteriano ), subordinado al anterior, es que la democracia es un instrumento, un mecanismo electoral de promoción y recambio de líderes (extraídos de elites propietarias y tecnocráticas) y no un determinado orden con contenidos (institucionales, participativos) o un fin que realice ciertos ideales como justicia social, respeto a la diversidad, igualdad. Según esa concepción la democracia se reduce a una cuestión de método de gobierno divorciado de los valores e intereses que mueven la lucha de los actores colectivos. Pero como no es posible hablar de la democracia en abstracto, ni referirse a ella como una categoría exclusivamente institucional, cualquier análisis que se haga en este campo tiene que tomar en cuenta la estructura del capitalismo en América Latina para determinar las formas y alcances del proceso de democratización en las diferentes sociedades que integran la región.
El modelo neoliberal aporta una visión conservadora y economicista de la democracia, donde esta debe ser limitada, restringida y protegida. Hayek, por ejemplo, proponía un sistema bicameral, en el cual una de las cámaras estaría formada por representantes elegidos por todos los ciudadanos. Esta cámara nombraría un gabinete que ejercería el poder ejecutivo gobernando y haciendo cumplir las leyes. En tanto la función legislativa descansaría en la otra cámara. Sus miembros no podrían pertenecer a un partido político, sino que serían hombres y mujeres particularmente respetados por su propiedad y sabiduría, seleccionados mediante un censo y no reelegibles, que ejercerían su cargo por un largo período. Coinciden los miembros de esta elite política con los ganadores en una “sociedad de mercado libre”, subordinándose la política a la lógica del mercado Una versión de este modelo restrictivo de democracia lo constituyó el esquema institucional vigente en Chile desde los tiempos de la dictadura y que solo ahora, muy lentamente, esta siendo realmente desmontado.
Es posible que ciertos resultados de las reformas implementadas en las últimas décadas en la región - asociadas con diversa pertinencia al proyecto neoliberal - pueden tener aristas positivas como son la activación de actores dentro de la sociedad civil y el gradual debilitamiento de tradiciones excesivamente centralista (institucional y territorialmente hablando) de la política latinoamericana y de este modo contribuir al paulatino afianzamiento democrático desde el punto de vista regional.
Pero se hace necesario hacer en las actuales circunstancias algunas dobles lecturas. ¿Es la sociedad civil un concepto virtuoso y aséptico, desprovisto de determinaciones clasistas? ¿No se organizan también las asociaciones de propietarios, las fundaciones derechistas y movimientos conservadores de matriz religiosa? ¿La emergencia de movimientos sociales que ha tenido lugar no han sido sino la respuesta desesperada de esos sectores populares a los desastres causados por las terapias de choque neoliberales?Para Noam Chomsky el impacto de las políticas neoliberales ha sido devastador toda vez que “(..) la privatización reduce la arena pública por definición y trasfiere decisiones de la arena pública a las manos de tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie. Las corporaciones no son otra cosa. Y esto por definición quebranta las democracias. (...) la extensión de la democracia formal en América Latina en años recientes ha sido acompañada por una constante falta de confianza en este régimen (....) la extensión de la democracia formal coincidió con la aplicación de las políticas neoliberales que de esta manera minaron el funcionamiento de la democracia”. En ese marco la activación de la lucha popular en América Latina está emergiendo impregnada de un espíritu antipartidario y antigubernamental como resultado de la corrupción generalizada de las elites políticas, la ineficiencia de las agencias públicas para garantizar el orden interno y la protección social, la relación directamente proporcional existente entre el deterioro de las condiciones económicas de amplias masas y la subordinación a los designios de las organizaciones financieras internacionales. en medio de crecientes dificultades que presenta el Estado para resolver las demandas sociales.Es necesario señalar la relación dialéctica existente entre las novedosas fórmulas de acción popular a nivel continental y la recuperación critica de las mejores tradiciones de la izquierda latinoamericana. A pesar de las rupturas con el pasado, resultado del análisis de las nuevas condiciones socioestructurales y la autoorganización popular, de la incorporación de muchos sujetos a la red de redes que integran los Foros Sociales (con su lógica horizontalizadora del poder) y al balance de los errores del socialismo irreal, no es posible negar las matrices y raíces de ciertos movimientos sociales. La continua y renovada protesta popular es un reflejo de la existencia de grandes conflictos sociales de la región, como consecuencia de cambios políticos que no resuelven los graves problemas estructurales acumulados y los emergentes. De ahí que la institucionalidad postdictatorial en América Latina se encuentre inmersa en una crisis permanente toda vez que la restringida democracia política que sucedió a las dictaduras no ha podido resolver las demandas populares. Para afrontar los nuevos cambios estructurales a que el momento nos convoca América Latina cuenta con una adecuada combinación de factores culturales, sociales y nacionales sui géneris opuestos al neoliberalismo, unido a una historia continua de luchas radicales durante más de un siglo y existencia actual de coaliciones de gobiernos y movimientos opuestos a hegemonía neoliberal. Es en ese sentido que el capitalismo, en su expansión dirigida por el capital financiero, no ha sido solo la causante del panorama de destrucción y desorden en que hoy se encuentra América Latina abarcando todos los órdenes, sino que a la vez se ha convertido en el marco propicio para que dentro de ella se vaya gestando una alternativa que de respuesta a viejos problemas e introduzca nuevas interrogantes a ser solucionadas.
Las alternativas de una verdadera democracia más participativa no pueden derivar de propuestas neoliberales pero tampoco neokeinesianas o neopopulistas. En la actualidad están en discusión en nuestros pueblos varios modos de asumir y desplegar la participación, concretados en proyectos participativos. Algunos identifican la participación con movilización, definen su sujeto como masa y reduce su función a implementar las políticas diseñadas desde estados todopoderosos. Otros proyectan una imagen mercantilizada, para la cual el ciudadano es consumidor dentro del mercado de la política, dominado por la manipulación mediática y dopado con los planes asistencialistas que buscan, con diverso éxito, acallar la protesta social y legitimar estructuras corruptas y oligárquicas.
Los nuevos movimientos sociales apuestan por otra visión de la democracia. Quieren rescatar los recursos naturales, devolver capacidades arrebatadas a los estados nacionales para que cumplan sus funciones redistributivas y promotoras del desarrollo y la soberanía, quieren experimentar con formas que rebasan el esquema representativo liberal. Sienten que participar es ser solidario, autónomo y autogestionario, definirse como ciudadanos activos, compartir y cogestionar decisiones (mediante Presupuestos Participativos y otras fórmulas) con la institucionalidad estatal, se llenan de gente que emplea su tiempo, capacidades y recursos en hacer política fuera de las estructuras tradicionales. Esas posturas tienen correlatos generacionales, territoriales y culturales muy complejos que les ubican en disímiles puntos de nuestras cartografías espaciales y humanas, desde Porto Alegre a Caracas, de El Alto a la Habana, de Neuquén a Guanacaste. Creo firmemente que lo que muy imperfectamente he descrito en estas páginas forma parte de algo mayor. Constato un ethos, una inclinación o aliento compartido por sujetos populares, capas medias, grupos marginados e identidades emergentes en toda Latinoamérica, que en torno a la participación proponen nuevos modos de hacer y vivir la política democrática. Todos reivindican ideales de autonomía (definiendo su espacio y normas de acción), autogestión (procurando el control y gestión de recursos propios) y despliegan formas horizontalidad organizativa en comités barriales, movimientos sectoriales, centros de capacitación, análisis y memoria colectiva, etc. Todos apuestan por formas de solidaridad auténtica y sostenible, respetuosa de la diversidad; y eligen estrategias de desarrollo que oscilan entre el alejamiento, la colaboración o la ruptura con la institucionalidad dominante en cada país. Y buscan articular rebeldía y propuesta en una perspectiva emancipadora a disímiles escalas. Si contemplamos los marcos para la acción colectiva en cualquier contexto histórico-social, hallaremos que existe un número casi infinito de escenarios posibles, algo menor cantidad de escenarios probables y muy pocos escenarios preferibles, sobre todo si apostamos por proyectos de humanización integral de las relaciones interpersonales. Y siempre nos acecharán el fantasma del pesimismo y la tentación de pasarnos al bando de los dominadores. Por ello es sumamente importante que no nos sintamos solos, defendamos nuestra identidad común, que aprendamos de los otros, que nos conozcamos y concienticemos que hay mucha gente pensando y actuando de maneras similares en muchos rincones de este hemisferio y del mundo. Conviene pues recordar que en la búsqueda de ese “otro mundo mejor posible” no tendremos nunca la certeza de prevalecer, ya que las armas milenarias de la dominación son siempre muy poderosas. Pero también es un hecho que la propia resistencia (aún cuando resulte finalmente derrotada) puede configurar realidades, que nuestra inacción siempre refuerza la fortaleza aparente -e inercial- de viejas estructuras opresoras. Y que el valor de actuar lleva implícito, cuando menos, el legado liberador del testimonio.
Desde hace bastante es difícil no encontrar juntos, en un mismo foro, alabanzas y cuestionamientos al desarrollo democrático en los países latinoamericano. Año tras años en las diversas cumbres (Iberoamericanas, de la OEA, de las Américas) los gobernantes regionales para pasar balance de los procesos de integración, desarrollo y funcionamiento democrático. Y frecuentemente en las declaraciones finales encontramos alusiones asépticas sobre “democracia”, “participación”, “ciudadanía”; nociones que despojadas de sus contenidos clasistas y culturales, flotando encima de los contextos y su devenir histórico, poco ayudan a comprender los graves desafíos que la región encara. Entre ellos dos (los índices de desigualdad social y los procesos de desciudadanización ) se relacionan con el modelo económico y sociopolítico introducido en el último cuarto de siglo: el neoliberalismo.
A partir de la década del 80 se generalizó en la región un proceso transicional que apostaba por la instauración de gobiernos civiles como sustitutos de las desacreditadas dictaduras militares, surgiendo democracias representativas. La existencia en este decenio de tantas naciones que intentaron cambiar su régimen político según los preceptos democráticos hizo que estudiosos del tema como Samuel P. Huntington hablaran de una “tercera ola democrática”. Ola que derivó, tristemente, en un tsunami social de incalculables consecuencias para nuestros pueblos y replegó los índices de desarrollo y bienestar precaria e incompletamente alcanzados por varios países de la región.
Estas democracias neliberales, si bien representaron la reducción del terrorismo de Estado y los conflictos armados, la paulatina y conflictiva desmilitarización de las instituciones públicas, el perfeccionamiento de los procesos electorales y cierta socialización de una cultura democrática no acertaron a resolver los inmensos problemas estructurales de la región . Y al igual que sus brutales antecesoras, continuaron garantizando en lo fundamental la tajada a los inversionistas foráneos y al imperialismo en un ambiente de continuas privatizaciones. En ese contexto “(...) un segmento importante de la izquierda latinoamericana se adhirió a una concepción ingenuamente optimista y “facilista” de la democracia (...) el carácter presuntamente lineal e irreversible de los procesos democráticos (...) la creencia, teóricamente errónea e históricamente falsa, de que la democracia es un proyecto que se agota en la sola “normalización” de las instituciones políticas” .La transición del autoritarismo a la democracia fue un proceso impregnado del pacto y la impunidad para con los miembros del aparato represivo de los gobiernos militares anteriores. Si a eso sumamos que la llamada democratización fue de la mano con la implantación del modelo neoliberal y toda su cuota de exclusión social, enajenación de los recursos nacionales y pérdida de soberanía de los estados, entonces el panorama se vuelve visiblemente mucho más complejo.La década crítica y pérdida de los años 80 en América Latina se combinó con el auge de un neoliberalismo globalizado - que supuestamente iba a ser el encargado de corregir todos los desequilibrios producidos en las décadas de implantación de políticas desarrollistas y pseudokeinesianas, de Alianzas para el Progreso y crisis petroleras. De esta manera se procedió a achicar o a ir desmantelando las funciones (protección social, servicios públicos, etc.) del clásico Estado benefactor ; la incapacidad de estos gobiernos para resolver los problemas de la región, se revela en la despolitización y apatía que muestra la generación nacida en el marco de las “transiciones” latinoamericanas, concretándose en la reducción de las cuotas de participación en la política. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1998 las 225 personas más ricas del mundo poseían una riqueza comparable a la de la sumatoria de los PIB de los entonces 48 países menos desarrollados del planeta, o al ingreso combinado de 2,500 millones de seres humanos. En América Latina, según la CEPAL, el número de pobres casi se duplicó pasando de 130 millones en 1970 a 203 en 1990 (para un aumento del 64%) y de ellos los “pobres alimentarios relativos” aumentaron en 59 millones, mientras los “pobres alimentarios absolutos” lo hicieron en 42. Si establecemos una comparación de estos datos con el incremento poblacional ocurrido en la etapa con el objetivo de obtener la proporción de la pobreza dentro de la población adicionada al total demográfico-, es posible notar que ésta ascendía a 70.2% y 54% respectivamente.La retirada por parte del estado de los mecanismos por él establecidos de protección social (parcial o totalmente privatizados en la mayoría del continente), con la cada vez más creciente pobreza neoliberal , ha gravitado adicionalmente sobre los entornos educativos, comunitarios y familiares. La violencia delictiva de las urbes latinoamericanas, como resultante, ha sido percibida como el devenir siniestro y policíaco de la lucha de clases. Como plantea Perry Anderson “(...) la contradicción actual del capitalismo es más sociológica que económica. Ella se manifiesta en la destrucción social creada por el poder del mercado. Vemos en todos los países, tendencias a un desempleo de masas de carácter permanente, la reproducción incesante de la pobreza y, también, el surgimiento de altos grados de desesperanza y violencia (...)” , esto evidencia el olvido de los grupos y fuerzas sociales que dirigieron estos procesos de transformaciones en el continente del concepto de justicia social en la elaboración de políticas públicas.Las expectativas de que la democracia representativa, resultara en una reconstrucción del pacto cívico nacional (algo así como un nuevo Contrato Social a firmarse por todos los actores sociales) quedaron desechas. Las terapias de choque y los ajustes estructurales destruyeron las condiciones de gobernabilidad para desarrollar cualquier proyecto político medianamente serio. Durante algún tiempo el discurso oficial de los estados, las élites y organizaciones transnacionales, con la complicidad de un sector apreciable de la academia, parecía desconocer estas realidades, pero las graves convulsiones de los últimos años mostraron la debacle derivada del Consenso de Washington.Hace tres años los resultados del informe "La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", evidenciaron la crisis de confianza existente en los sistemas liberaldemocráticos, a partir de su incapacidad para satisfacer las aspiraciones políticas, sociales y económicas de los latinoamericanos. El informe, considerado la iniciativa más importante del PNUD de los últimos años en la región, reunió un equipo de expertos que incluía a 32 gobernantes y ex gobernantes latinoamericanos, además de altos funcionarios de organismos regionales, académicos y observadores externos, Durante la investigación fueron entrevistados 231 líderes políticos y se elaboraron dos mediciones, el Índice de Democracia Electoral (IDE) y el Índice de Apoyo a la Democracia, sobre la base de encuestas de opinión pública a 20.000 personas de 18 países de la región.Los resultados del informe indicaban que en 2002, de acuerdo a las encuestas, el 54,7 % de los latinoamericanos declaraba que prefería un "régimen autoritario" a uno democrático, si el primero le "resolvía" sus problemas económicos. Por su parte un 56,3 % consideró que "el desarrollo económico es más importante que la democracia", frente a 48,1 % que opinó lo contrario. La critica y el cansancio se expresaron en que 58,1 % de los encuestados estimó legítimo que sus presidentes "vayan más allá de las leyes", un 43,9 % se mostró escéptico de que "la democracia solucione los problemas del país", contra 35,8 por ciento que aún confía en los sistemas representativos. Por si esto fuera poco un 40 % de la población consideró que "puede haber democracia sin partidos", opción negada por solo 34,2 por ciento mientras que un 38,2 % estimaba que "puede haber democracia sin un Congreso (legislativo) nacional" mientras 32,2 sostiene lo contrario. Adicionalmente un 79,7 % de los encuestados consideró que son los grupos económicos empresariales y financieros los que ejercen el poder en sus países y 65,2 por ciento atribuyó también poder a los medios de comunicación . Reconociéndose la relación entre neoliberalismo y democracia como uno de los temas privilegiados por un importante sector crítico de las ciencias sociales latinoamericanas en los últimos años, se perciben varios enfoques básicos: economistas enfatizan el impacto regresivo de la aplicación de las políticas de ajuste, sociólogos hacen hincapié en la brecha social creciente y politólogos demuestran el efecto negativo sobre la consolidación democrática en América Latina. Se trata de un proceso de múltiple impacto que reduce, aun en medio de la ampliación de las libertades y derechos formales, la posibilidad de su ejercicio efectivo para amplias mayorías. Como reconocen numerosos investigadores “El lento, pero progresivo desplazamiento del lenguaje de los “derechos” (...) al lenguaje de los “bienes”, conjugado y resuelto en el ámbito del mercado, es un sutil indicador de la decadencia política de las democracias latinoamericanas.” Lo que sucede es que el neoliberalismo, aunque sea comúnmente visto como una teoría económica es, a partir de la propia intencionalidad de sus fundadores, “un programa político” . En una valoración acertada el politólogo David Held percibe los trazos de la teoría política del neoliberalismo en el modelo de “democracia legal” elaborado por teóricos como Hayek y Nozick, al calor del movimiento de “la Nueva Derecha”, que catapultó a la presidencia al presidente Ronald Reagan. y es que en realidad el proyecto neoliberal puede identificarse, en su expresión específicamente política, más con el pensamiento neoconservador que con las fórmulas del liberalismo originario de inicios del siglo XIX.
La noción democrática del neoliberalismo, esencialmente conservadora, está fundada en la libertad negativa de matriz socialmente conservadora, dirigida al goce y disfrute individual de la propiedad, y defiende la primacía del ideal liberal sobre el democrático. El segundo principio (eminentemente schumpeteriano ), subordinado al anterior, es que la democracia es un instrumento, un mecanismo electoral de promoción y recambio de líderes (extraídos de elites propietarias y tecnocráticas) y no un determinado orden con contenidos (institucionales, participativos) o un fin que realice ciertos ideales como justicia social, respeto a la diversidad, igualdad. Según esa concepción la democracia se reduce a una cuestión de método de gobierno divorciado de los valores e intereses que mueven la lucha de los actores colectivos. Pero como no es posible hablar de la democracia en abstracto, ni referirse a ella como una categoría exclusivamente institucional, cualquier análisis que se haga en este campo tiene que tomar en cuenta la estructura del capitalismo en América Latina para determinar las formas y alcances del proceso de democratización en las diferentes sociedades que integran la región.
El modelo neoliberal aporta una visión conservadora y economicista de la democracia, donde esta debe ser limitada, restringida y protegida. Hayek, por ejemplo, proponía un sistema bicameral, en el cual una de las cámaras estaría formada por representantes elegidos por todos los ciudadanos. Esta cámara nombraría un gabinete que ejercería el poder ejecutivo gobernando y haciendo cumplir las leyes. En tanto la función legislativa descansaría en la otra cámara. Sus miembros no podrían pertenecer a un partido político, sino que serían hombres y mujeres particularmente respetados por su propiedad y sabiduría, seleccionados mediante un censo y no reelegibles, que ejercerían su cargo por un largo período. Coinciden los miembros de esta elite política con los ganadores en una “sociedad de mercado libre”, subordinándose la política a la lógica del mercado Una versión de este modelo restrictivo de democracia lo constituyó el esquema institucional vigente en Chile desde los tiempos de la dictadura y que solo ahora, muy lentamente, esta siendo realmente desmontado.
Es posible que ciertos resultados de las reformas implementadas en las últimas décadas en la región - asociadas con diversa pertinencia al proyecto neoliberal - pueden tener aristas positivas como son la activación de actores dentro de la sociedad civil y el gradual debilitamiento de tradiciones excesivamente centralista (institucional y territorialmente hablando) de la política latinoamericana y de este modo contribuir al paulatino afianzamiento democrático desde el punto de vista regional.
Pero se hace necesario hacer en las actuales circunstancias algunas dobles lecturas. ¿Es la sociedad civil un concepto virtuoso y aséptico, desprovisto de determinaciones clasistas? ¿No se organizan también las asociaciones de propietarios, las fundaciones derechistas y movimientos conservadores de matriz religiosa? ¿La emergencia de movimientos sociales que ha tenido lugar no han sido sino la respuesta desesperada de esos sectores populares a los desastres causados por las terapias de choque neoliberales?Para Noam Chomsky el impacto de las políticas neoliberales ha sido devastador toda vez que “(..) la privatización reduce la arena pública por definición y trasfiere decisiones de la arena pública a las manos de tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie. Las corporaciones no son otra cosa. Y esto por definición quebranta las democracias. (...) la extensión de la democracia formal en América Latina en años recientes ha sido acompañada por una constante falta de confianza en este régimen (....) la extensión de la democracia formal coincidió con la aplicación de las políticas neoliberales que de esta manera minaron el funcionamiento de la democracia”. En ese marco la activación de la lucha popular en América Latina está emergiendo impregnada de un espíritu antipartidario y antigubernamental como resultado de la corrupción generalizada de las elites políticas, la ineficiencia de las agencias públicas para garantizar el orden interno y la protección social, la relación directamente proporcional existente entre el deterioro de las condiciones económicas de amplias masas y la subordinación a los designios de las organizaciones financieras internacionales. en medio de crecientes dificultades que presenta el Estado para resolver las demandas sociales.Es necesario señalar la relación dialéctica existente entre las novedosas fórmulas de acción popular a nivel continental y la recuperación critica de las mejores tradiciones de la izquierda latinoamericana. A pesar de las rupturas con el pasado, resultado del análisis de las nuevas condiciones socioestructurales y la autoorganización popular, de la incorporación de muchos sujetos a la red de redes que integran los Foros Sociales (con su lógica horizontalizadora del poder) y al balance de los errores del socialismo irreal, no es posible negar las matrices y raíces de ciertos movimientos sociales. La continua y renovada protesta popular es un reflejo de la existencia de grandes conflictos sociales de la región, como consecuencia de cambios políticos que no resuelven los graves problemas estructurales acumulados y los emergentes. De ahí que la institucionalidad postdictatorial en América Latina se encuentre inmersa en una crisis permanente toda vez que la restringida democracia política que sucedió a las dictaduras no ha podido resolver las demandas populares. Para afrontar los nuevos cambios estructurales a que el momento nos convoca América Latina cuenta con una adecuada combinación de factores culturales, sociales y nacionales sui géneris opuestos al neoliberalismo, unido a una historia continua de luchas radicales durante más de un siglo y existencia actual de coaliciones de gobiernos y movimientos opuestos a hegemonía neoliberal. Es en ese sentido que el capitalismo, en su expansión dirigida por el capital financiero, no ha sido solo la causante del panorama de destrucción y desorden en que hoy se encuentra América Latina abarcando todos los órdenes, sino que a la vez se ha convertido en el marco propicio para que dentro de ella se vaya gestando una alternativa que de respuesta a viejos problemas e introduzca nuevas interrogantes a ser solucionadas.
Las alternativas de una verdadera democracia más participativa no pueden derivar de propuestas neoliberales pero tampoco neokeinesianas o neopopulistas. En la actualidad están en discusión en nuestros pueblos varios modos de asumir y desplegar la participación, concretados en proyectos participativos. Algunos identifican la participación con movilización, definen su sujeto como masa y reduce su función a implementar las políticas diseñadas desde estados todopoderosos. Otros proyectan una imagen mercantilizada, para la cual el ciudadano es consumidor dentro del mercado de la política, dominado por la manipulación mediática y dopado con los planes asistencialistas que buscan, con diverso éxito, acallar la protesta social y legitimar estructuras corruptas y oligárquicas.
Los nuevos movimientos sociales apuestan por otra visión de la democracia. Quieren rescatar los recursos naturales, devolver capacidades arrebatadas a los estados nacionales para que cumplan sus funciones redistributivas y promotoras del desarrollo y la soberanía, quieren experimentar con formas que rebasan el esquema representativo liberal. Sienten que participar es ser solidario, autónomo y autogestionario, definirse como ciudadanos activos, compartir y cogestionar decisiones (mediante Presupuestos Participativos y otras fórmulas) con la institucionalidad estatal, se llenan de gente que emplea su tiempo, capacidades y recursos en hacer política fuera de las estructuras tradicionales. Esas posturas tienen correlatos generacionales, territoriales y culturales muy complejos que les ubican en disímiles puntos de nuestras cartografías espaciales y humanas, desde Porto Alegre a Caracas, de El Alto a la Habana, de Neuquén a Guanacaste. Creo firmemente que lo que muy imperfectamente he descrito en estas páginas forma parte de algo mayor. Constato un ethos, una inclinación o aliento compartido por sujetos populares, capas medias, grupos marginados e identidades emergentes en toda Latinoamérica, que en torno a la participación proponen nuevos modos de hacer y vivir la política democrática. Todos reivindican ideales de autonomía (definiendo su espacio y normas de acción), autogestión (procurando el control y gestión de recursos propios) y despliegan formas horizontalidad organizativa en comités barriales, movimientos sectoriales, centros de capacitación, análisis y memoria colectiva, etc. Todos apuestan por formas de solidaridad auténtica y sostenible, respetuosa de la diversidad; y eligen estrategias de desarrollo que oscilan entre el alejamiento, la colaboración o la ruptura con la institucionalidad dominante en cada país. Y buscan articular rebeldía y propuesta en una perspectiva emancipadora a disímiles escalas. Si contemplamos los marcos para la acción colectiva en cualquier contexto histórico-social, hallaremos que existe un número casi infinito de escenarios posibles, algo menor cantidad de escenarios probables y muy pocos escenarios preferibles, sobre todo si apostamos por proyectos de humanización integral de las relaciones interpersonales. Y siempre nos acecharán el fantasma del pesimismo y la tentación de pasarnos al bando de los dominadores. Por ello es sumamente importante que no nos sintamos solos, defendamos nuestra identidad común, que aprendamos de los otros, que nos conozcamos y concienticemos que hay mucha gente pensando y actuando de maneras similares en muchos rincones de este hemisferio y del mundo. Conviene pues recordar que en la búsqueda de ese “otro mundo mejor posible” no tendremos nunca la certeza de prevalecer, ya que las armas milenarias de la dominación son siempre muy poderosas. Pero también es un hecho que la propia resistencia (aún cuando resulte finalmente derrotada) puede configurar realidades, que nuestra inacción siempre refuerza la fortaleza aparente -e inercial- de viejas estructuras opresoras. Y que el valor de actuar lleva implícito, cuando menos, el legado liberador del testimonio.
San José, Costa Rica, noviembre 2007
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kaosenlared.net - Barcelona/17/11/2007
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