Por: Miguel González Compeán
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La transición política mexicana posee, hoy se sabe de manera indubitable, diversas aristas y características propias. Durante su ya largo proceso, muchos argumentos y, hasta mitos, han sido esgrimidos para describirla, caracterizarla o compararla con otras transiciones surgidas al final del siglo XX en el mundo. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre el papel que juegan los intereses de los grandes grupos privados, sociales, políticos o burocráticos —que suelen conocerse también como intereses reales, grupos de interés o poderes fácticos—, en la definición de arreglos institucionales (es decir en el proceso de elaboración o modificación de leyes y, por lo tanto, en la construcción de políticas públicas) dentro del Congreso mexicano.Durante largos años, los intereses reales estuvieron mediatizados y, por lo tanto, agazapados, detrás de las características propias del sistema político. Lo cierto es que junto con los cambios que la transición política de nuestro país ha generado en los términos en los que los actores sociales participan de la vida pública y persiguen sus propios intereses, también se han modificado significativamente los espacios de decisión y concreción de sus demandas. Si hubiésemos de esquematizar de manera sencilla este proceso, diríamos que antes de la transición democrática la relación entre los intereses reales y el Estado mexicano estaba marcada por dos características distintivas. Primero, el Ejecutivo federal era el principal conducto institucional para que los diversos grupos de interés lograran impulsar sus agendas. Segundo, al monopolizar los conductos institucionales para atender y resolver las demandas de los grupos de interés, el Ejecutivo contaba con amplias facultades —formales e informales— para administrar la forma y los tiempos en que se atendían dichos intereses en función de las prioridades del Gobierno mexicano. Parecía existir un pacto que funcionaba en todos los niveles.En la actualidad, la situación es radicalmente diferente. Diversos estudios ilustran que el Ejecutivo ha dejado de ser el fiel o acomodador de dichos intereses y, en su lugar, el Congreso de la Unión ha adquirido un papel preponderante en esta materia. Asimismo, la pluralidad política que desde hace más de una década convive en el Congreso mexicano ha permitido que se multipliquen los conductos institucionales mediante los cuales los grupos de interés pueden impulsar sus agendas; no sólo a través de la creciente gama de partidos, sino también mediante los diversos órganos políticos y de trabajo del Congreso —entre ellas la Mesa Directiva, las fracciones parlamentarias, la Junta de Coordinación Política, las distintas comisiones de trabajo legislativo, entre otras.Puesto de otra forma, la transición a la democracia no sólo ha alterado las vías institucionales a través de las cuales los intereses reales pueden canalizar sus demandas, sino que además ha transformado profundamente las condiciones de negociación entre el Estado mexicano y los grupos de interés. Mientras que el Ejecutivo contaba anteriormente con una ventaja relativa para negociar con los grupos de interés y darle rumbo a un proyecto de desarrollo económico o social —producto de su virtual control de los conductos institucionales para atender sus demandas—, la nueva realidad política nacional —en la que los grupos de interés cuentan con una gama mucho más amplia de rutas institucionales para impulsar sus demandas— provoca que el poder de negociación del Congreso esté mucho más disperso. Además, ocasiona que este poder se ejerza en una forma menos coordinada de como lo hacía el Presidente de la República en épocas anteriores, fortaleciendo, al mismo tiempo, la posición de negociación de los grupos de interés. A río revuelto ganancia de pescadores.Este sensible cambio en la relación entre los intereses reales y el Estado mexicano puede ser explicado gracias a la concreción de, cuando menos, tres elementos: el surgimiento de la pluralidad en el Congreso de la Unión —y con ella, la llegada de gobiernos divididos y sin mayoría—; la alternancia del partido en el Ejecutivo federal; y la progresiva reducción de las facultades institucionales del Poder Ejecutivo a raíz de las múltiples y sucesivas reformas hechas al entramado constitucional. Desde 1997, ningún presidente de México ha contado con una mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, provocando, por un lado, que el mandatario ya no pueda garantizar que algún interés específico logre concretar sus aspiraciones de manera indudable, y, por el otro, que tanto los legisladores como los grupos de interés tengan incentivos para negociar directamente las agendas de estos últimos, incluso marginando, en ciertas circunstancias, al Ejecutivo federal. En medio del proceso de redefinición de instituciones y de la reforma del Estado en curso, tan necesarias ambas para avanzar en nuestro proceso de democratización y eficacia en el gobierno, suena ambicioso, asombroso y, hasta, extraño el señalamiento del Presidente del República: México tiene rumbo. ¿Adónde? ¿Con qué herramientas? ¿Quiénes lo acompañan y qué puede ofrecerles o intercambiar en el mar de intereses que acompañan una gestión como la suya? Ningún loco se atrevería a defender a Fox y su gobierno, pero uno pregunta, si las taras e incapacidad evidentes del sexenio pasado, sólo fueron ignorancia y falta de voluntad o el asunto es más profundo. ¿Es pregunta: hay rumbo ?
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La transición política mexicana posee, hoy se sabe de manera indubitable, diversas aristas y características propias. Durante su ya largo proceso, muchos argumentos y, hasta mitos, han sido esgrimidos para describirla, caracterizarla o compararla con otras transiciones surgidas al final del siglo XX en el mundo. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre el papel que juegan los intereses de los grandes grupos privados, sociales, políticos o burocráticos —que suelen conocerse también como intereses reales, grupos de interés o poderes fácticos—, en la definición de arreglos institucionales (es decir en el proceso de elaboración o modificación de leyes y, por lo tanto, en la construcción de políticas públicas) dentro del Congreso mexicano.Durante largos años, los intereses reales estuvieron mediatizados y, por lo tanto, agazapados, detrás de las características propias del sistema político. Lo cierto es que junto con los cambios que la transición política de nuestro país ha generado en los términos en los que los actores sociales participan de la vida pública y persiguen sus propios intereses, también se han modificado significativamente los espacios de decisión y concreción de sus demandas. Si hubiésemos de esquematizar de manera sencilla este proceso, diríamos que antes de la transición democrática la relación entre los intereses reales y el Estado mexicano estaba marcada por dos características distintivas. Primero, el Ejecutivo federal era el principal conducto institucional para que los diversos grupos de interés lograran impulsar sus agendas. Segundo, al monopolizar los conductos institucionales para atender y resolver las demandas de los grupos de interés, el Ejecutivo contaba con amplias facultades —formales e informales— para administrar la forma y los tiempos en que se atendían dichos intereses en función de las prioridades del Gobierno mexicano. Parecía existir un pacto que funcionaba en todos los niveles.En la actualidad, la situación es radicalmente diferente. Diversos estudios ilustran que el Ejecutivo ha dejado de ser el fiel o acomodador de dichos intereses y, en su lugar, el Congreso de la Unión ha adquirido un papel preponderante en esta materia. Asimismo, la pluralidad política que desde hace más de una década convive en el Congreso mexicano ha permitido que se multipliquen los conductos institucionales mediante los cuales los grupos de interés pueden impulsar sus agendas; no sólo a través de la creciente gama de partidos, sino también mediante los diversos órganos políticos y de trabajo del Congreso —entre ellas la Mesa Directiva, las fracciones parlamentarias, la Junta de Coordinación Política, las distintas comisiones de trabajo legislativo, entre otras.Puesto de otra forma, la transición a la democracia no sólo ha alterado las vías institucionales a través de las cuales los intereses reales pueden canalizar sus demandas, sino que además ha transformado profundamente las condiciones de negociación entre el Estado mexicano y los grupos de interés. Mientras que el Ejecutivo contaba anteriormente con una ventaja relativa para negociar con los grupos de interés y darle rumbo a un proyecto de desarrollo económico o social —producto de su virtual control de los conductos institucionales para atender sus demandas—, la nueva realidad política nacional —en la que los grupos de interés cuentan con una gama mucho más amplia de rutas institucionales para impulsar sus demandas— provoca que el poder de negociación del Congreso esté mucho más disperso. Además, ocasiona que este poder se ejerza en una forma menos coordinada de como lo hacía el Presidente de la República en épocas anteriores, fortaleciendo, al mismo tiempo, la posición de negociación de los grupos de interés. A río revuelto ganancia de pescadores.Este sensible cambio en la relación entre los intereses reales y el Estado mexicano puede ser explicado gracias a la concreción de, cuando menos, tres elementos: el surgimiento de la pluralidad en el Congreso de la Unión —y con ella, la llegada de gobiernos divididos y sin mayoría—; la alternancia del partido en el Ejecutivo federal; y la progresiva reducción de las facultades institucionales del Poder Ejecutivo a raíz de las múltiples y sucesivas reformas hechas al entramado constitucional. Desde 1997, ningún presidente de México ha contado con una mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, provocando, por un lado, que el mandatario ya no pueda garantizar que algún interés específico logre concretar sus aspiraciones de manera indudable, y, por el otro, que tanto los legisladores como los grupos de interés tengan incentivos para negociar directamente las agendas de estos últimos, incluso marginando, en ciertas circunstancias, al Ejecutivo federal. En medio del proceso de redefinición de instituciones y de la reforma del Estado en curso, tan necesarias ambas para avanzar en nuestro proceso de democratización y eficacia en el gobierno, suena ambicioso, asombroso y, hasta, extraño el señalamiento del Presidente del República: México tiene rumbo. ¿Adónde? ¿Con qué herramientas? ¿Quiénes lo acompañan y qué puede ofrecerles o intercambiar en el mar de intereses que acompañan una gestión como la suya? Ningún loco se atrevería a defender a Fox y su gobierno, pero uno pregunta, si las taras e incapacidad evidentes del sexenio pasado, sólo fueron ignorancia y falta de voluntad o el asunto es más profundo. ¿Es pregunta: hay rumbo ?
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La Crónica de Hoy - Mexico/23/11/2007
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