Ante la creciente derechización del Gobierno del PSOE: Relanzar la movilización social, crear un polo anticapitalista, construir Espacio Alternativo Editorial de Enero 2008 de la revista Corriente Alterna-
Mientras los medios de comunicación de masas se ufanan en publicitar que el Estado español supera ya a Italia en el PIB por habitante, sin considerar para nada la endeblez de un modelo económico muy sustentado en la construcción y en la especulación inmobiliaria, que ya apunta síntomas preocupantes de crisis, la política gubernamental del PSOE continúa su giro hacia la derecha.
La política económica neoliberal, desarrollada por el vicepresidente económico Pedro Solbes, gana peso al ceder el PSOE a las exigencias que éste ha formulado para formar parte de un nuevo gobierno tras las elecciones generales de marzo. Solbes ha pedido que “se eviten alegrías en el gasto” en la próxima legislatura y para ello pretende supervisar el programa electoral socialista. A tenor de las pocas “alegrías” presupuestarias que este mandato ha deparado a la clase trabajadora y a los sectores de rentas más bajas, fácil es suponer cuales serán las consecuencias del control del vicepresidente en un contexto que, además, se caracterizará seguramente por la desaceleración económica.
También en el terreno de la política internacional el gobierno socialista muestra sin tapujos su faz neoliberal. En América Latina promueve el neocolonialismo español y defiende a capa y espada a las empresas transnacionales españolas, aliándose con los gobiernos de la zona que practican políticas social-liberales y hostigando a aquellos otros que se encuentran en ruptura parcial con el imperialismo y el neoliberalismo, como el de Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador.
Una de las últimas muestras de esta política de mercaderes sin escrúpulos protagonizada por el gobierno de Zapatero se ha escenificado con la visita al Estado español del dictador libio Muamar el Gadafi, que ha sido recibido con todos los honores y sin crítica alguna. Los sustanciosos beneficios que empresas como Sacyr, Repsol y Fenosa esperan obtener de los acuerdos firmados con el régimen libio parecen justificar la amnesia gubernamental en relación a la ausencia de derechos democráticos en este país norteafricano. Además, el dictador Gadafi y el Rey han manifestado públicamente la necesidad de cooperación entre Libia y el Estado español para hacer frente a los problemas del “terrorismo” y de la inmigración, sellando de esta forma una alianza represiva entre los dos países.
El escándalo de la injerencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en la celebración del Foro Social por una Paz Justa en Oriente Medio de Madrid, que ha concluido con su suspensión tras la retirada de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y de activistas como Michel Warchaswski, ha demostrado también como el gobierno se alinea con posiciones prosionistas y con los planes de guerra trazados en Annapolis por George Bush y Ehud Olmert.
Aunque el tiempo transcurrido desde el 14-M del 2004 sea poco, quedan ya lejos el “nuevo talante” de Zapatero en relación a Euskadi y a Catalunya, así como la pretensión de culminar un proceso de paz dialogada en el País Vasco. La represión sobre ETA y la izquierda abertzale, que en ningún momento cesó, se ha exacerbado tras la ruptura de la tregua y estamos asistiendo a lo que parece un nuevo intento de eliminar por la vía represiva toda expresión de la izquierda abertzale. Aunque la admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del recurso presentado por Batasuna pueda suponer algunas dificultades para el gobierno, las detenciones de las personas procesadas en el sumario 18/98, así como la sentencia anunciada contra ellos por la Audiencia Nacional- tribunal de excepción heredado del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista - constituyen un nuevo y gravísimo ataque a los derechos y libertades de expresión y asociación, y un nuevo paso en la criminalización de un amplio sector del pueblo vasco. Se amenaza, además, con la posible ilegalización de ANV al amparo de la aberrante y antidemocrática ley de partidos.
En Catalunya, mientras tanto, el escándalo de las infraestructuras ferroviarias y de la falta de invesiones, propició el éxito el 1 de diciembre pasado de la convocatoria de la “Plataforma pel Dret a Decidir”, expresándose así el profundo y largamente contenido descontento de la sociedad catalana frente al poder central. Pero la manifestación puso también de relieve una profunda crisis de la izquierda social y política catalanas, ya que los representantes más genuinos de la burguesía catalana, CiU, consiguieron en cierta forma capitalizar el evento. El gobierno del socialista Montilla, en buena medida sucursalista del de Zapatero, y los socios catalanes de éste, ICV y ERC, no son en nada ajenos a esta situación.
Amparadas y reforzadas por las movilizaciones de masas que la derecha ha lanzado repetidamente contra el gobierno y por los sentimientos xenófobos y racistas de una parte de la población contra la la gente inmigrante, las organizaciones fascistas y de extrema derecha han experimentado un cierto crecimiento y un aumento de su actividad. El asesinato del joven de Vallecas Carlos Javier Palomino a manos de un militar profesional que acudía a una manifestación del grupo fascista DN, ha puesto dolorosamente de relieve este hecho. Las manifestaciones y actos de protesta que posteriormente es han realizado en diversas ciudades del estado han señalado el camino a seguir frente al ascenso de las ideologías y prácticas fascistas, aunque queda bastante camino por recorrer hasta que el antifascismo activo amplíe lo suficiente su reducida base social actual.
Hemos estado asistiendo durante este periodo a un rosario de luchas de diferente naturaleza y ámbito de extensión: las antifascistas ya citadas, las movilizaciones en Euskadi contra la represión y los encarcelamientos de las personas procesadas en el sumario 18/98, las convocatorias catalanas de la “Plataforma pel Dret a Decidir”, movilizaciones estudiantiles contra el proceso de Bolonia- como la recientemente acontecida en Sevilla o la actual huelga de Santiago de Compostela -por la vivienda digna, contra la especulación urbanística y en defensa del territorio, sindicales localizadas, como Delphi en Cadiz o MacDonald's en Granada... En conjunto, sin embargo, estas movilizaciones no han sido aun suficientes para invertir el estado de atonía general que se produjo a partir del 14-M.
En este contexto de derechización gubernamental e insuficiencia de la movilización, la IU de Llamazares ha certificado su conversión en un partido totalmente supeditado al PSOE y a la acción institucional y en el cual no se permite la disidencia interna, como demuestra la exclusión de la dirección federal de los representantes del PCE. En el caso de la federación valenciana, la pugna por la conformación de las listas electorales ha llegado a un punto que parece abocar a la escisión, incluso antes de marzo. Tampoco otras fuerzas de ámbito nacional, como ERC o el BNG, planteen una alternativa sólida a las políticas neoliberales que se desarrolla el gobierno.
Junto con la necesidad de un relanzamiento de la movilización social, existe en el estado español un notorio vacío de alternativa política al social-liberalismo del PSOE. Como se ha señalado en los V Encuentros de Espacio Alternativo recientemente celebrados: “Es necesario construir una izquierda a la izquierda gestionaria del sistema, una “izquierda de izquierdas” que cubra el vacío político de “alternativa” que hoy existe. Ésta debería incluir una amplia pluralidad de sectores, de procedencia diversa, pero con un acuerdo mínimo en torno a un programa de acción, una estrategia y una concepción organizativa compartida.” Iniciativas como el ya consolidado “Bloco d'Esquerda” portugués, la formación de una organización de izquierda anticapitalista promovida por la LCR francesa o la reciente constitución de “Sinistra Crítica” en Italia, se insertan dentro de un proceso que, con diferentes ritmos y formas según los lugares, se está desarrollando a escala europea. Para poder trabajar de manera adecuada en esta dirección, resulta igualmente preciso en estos momentos construir, fortalecer y desarrollar una organización como Espacio Alternativo, tal y como también han definido los Documentos aprobados en nuestros V Encuentros.
La política económica neoliberal, desarrollada por el vicepresidente económico Pedro Solbes, gana peso al ceder el PSOE a las exigencias que éste ha formulado para formar parte de un nuevo gobierno tras las elecciones generales de marzo. Solbes ha pedido que “se eviten alegrías en el gasto” en la próxima legislatura y para ello pretende supervisar el programa electoral socialista. A tenor de las pocas “alegrías” presupuestarias que este mandato ha deparado a la clase trabajadora y a los sectores de rentas más bajas, fácil es suponer cuales serán las consecuencias del control del vicepresidente en un contexto que, además, se caracterizará seguramente por la desaceleración económica.
También en el terreno de la política internacional el gobierno socialista muestra sin tapujos su faz neoliberal. En América Latina promueve el neocolonialismo español y defiende a capa y espada a las empresas transnacionales españolas, aliándose con los gobiernos de la zona que practican políticas social-liberales y hostigando a aquellos otros que se encuentran en ruptura parcial con el imperialismo y el neoliberalismo, como el de Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador.
Una de las últimas muestras de esta política de mercaderes sin escrúpulos protagonizada por el gobierno de Zapatero se ha escenificado con la visita al Estado español del dictador libio Muamar el Gadafi, que ha sido recibido con todos los honores y sin crítica alguna. Los sustanciosos beneficios que empresas como Sacyr, Repsol y Fenosa esperan obtener de los acuerdos firmados con el régimen libio parecen justificar la amnesia gubernamental en relación a la ausencia de derechos democráticos en este país norteafricano. Además, el dictador Gadafi y el Rey han manifestado públicamente la necesidad de cooperación entre Libia y el Estado español para hacer frente a los problemas del “terrorismo” y de la inmigración, sellando de esta forma una alianza represiva entre los dos países.
El escándalo de la injerencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en la celebración del Foro Social por una Paz Justa en Oriente Medio de Madrid, que ha concluido con su suspensión tras la retirada de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y de activistas como Michel Warchaswski, ha demostrado también como el gobierno se alinea con posiciones prosionistas y con los planes de guerra trazados en Annapolis por George Bush y Ehud Olmert.
Aunque el tiempo transcurrido desde el 14-M del 2004 sea poco, quedan ya lejos el “nuevo talante” de Zapatero en relación a Euskadi y a Catalunya, así como la pretensión de culminar un proceso de paz dialogada en el País Vasco. La represión sobre ETA y la izquierda abertzale, que en ningún momento cesó, se ha exacerbado tras la ruptura de la tregua y estamos asistiendo a lo que parece un nuevo intento de eliminar por la vía represiva toda expresión de la izquierda abertzale. Aunque la admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del recurso presentado por Batasuna pueda suponer algunas dificultades para el gobierno, las detenciones de las personas procesadas en el sumario 18/98, así como la sentencia anunciada contra ellos por la Audiencia Nacional- tribunal de excepción heredado del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista - constituyen un nuevo y gravísimo ataque a los derechos y libertades de expresión y asociación, y un nuevo paso en la criminalización de un amplio sector del pueblo vasco. Se amenaza, además, con la posible ilegalización de ANV al amparo de la aberrante y antidemocrática ley de partidos.
En Catalunya, mientras tanto, el escándalo de las infraestructuras ferroviarias y de la falta de invesiones, propició el éxito el 1 de diciembre pasado de la convocatoria de la “Plataforma pel Dret a Decidir”, expresándose así el profundo y largamente contenido descontento de la sociedad catalana frente al poder central. Pero la manifestación puso también de relieve una profunda crisis de la izquierda social y política catalanas, ya que los representantes más genuinos de la burguesía catalana, CiU, consiguieron en cierta forma capitalizar el evento. El gobierno del socialista Montilla, en buena medida sucursalista del de Zapatero, y los socios catalanes de éste, ICV y ERC, no son en nada ajenos a esta situación.
Amparadas y reforzadas por las movilizaciones de masas que la derecha ha lanzado repetidamente contra el gobierno y por los sentimientos xenófobos y racistas de una parte de la población contra la la gente inmigrante, las organizaciones fascistas y de extrema derecha han experimentado un cierto crecimiento y un aumento de su actividad. El asesinato del joven de Vallecas Carlos Javier Palomino a manos de un militar profesional que acudía a una manifestación del grupo fascista DN, ha puesto dolorosamente de relieve este hecho. Las manifestaciones y actos de protesta que posteriormente es han realizado en diversas ciudades del estado han señalado el camino a seguir frente al ascenso de las ideologías y prácticas fascistas, aunque queda bastante camino por recorrer hasta que el antifascismo activo amplíe lo suficiente su reducida base social actual.
Hemos estado asistiendo durante este periodo a un rosario de luchas de diferente naturaleza y ámbito de extensión: las antifascistas ya citadas, las movilizaciones en Euskadi contra la represión y los encarcelamientos de las personas procesadas en el sumario 18/98, las convocatorias catalanas de la “Plataforma pel Dret a Decidir”, movilizaciones estudiantiles contra el proceso de Bolonia- como la recientemente acontecida en Sevilla o la actual huelga de Santiago de Compostela -por la vivienda digna, contra la especulación urbanística y en defensa del territorio, sindicales localizadas, como Delphi en Cadiz o MacDonald's en Granada... En conjunto, sin embargo, estas movilizaciones no han sido aun suficientes para invertir el estado de atonía general que se produjo a partir del 14-M.
En este contexto de derechización gubernamental e insuficiencia de la movilización, la IU de Llamazares ha certificado su conversión en un partido totalmente supeditado al PSOE y a la acción institucional y en el cual no se permite la disidencia interna, como demuestra la exclusión de la dirección federal de los representantes del PCE. En el caso de la federación valenciana, la pugna por la conformación de las listas electorales ha llegado a un punto que parece abocar a la escisión, incluso antes de marzo. Tampoco otras fuerzas de ámbito nacional, como ERC o el BNG, planteen una alternativa sólida a las políticas neoliberales que se desarrolla el gobierno.
Junto con la necesidad de un relanzamiento de la movilización social, existe en el estado español un notorio vacío de alternativa política al social-liberalismo del PSOE. Como se ha señalado en los V Encuentros de Espacio Alternativo recientemente celebrados: “Es necesario construir una izquierda a la izquierda gestionaria del sistema, una “izquierda de izquierdas” que cubra el vacío político de “alternativa” que hoy existe. Ésta debería incluir una amplia pluralidad de sectores, de procedencia diversa, pero con un acuerdo mínimo en torno a un programa de acción, una estrategia y una concepción organizativa compartida.” Iniciativas como el ya consolidado “Bloco d'Esquerda” portugués, la formación de una organización de izquierda anticapitalista promovida por la LCR francesa o la reciente constitución de “Sinistra Crítica” en Italia, se insertan dentro de un proceso que, con diferentes ritmos y formas según los lugares, se está desarrollando a escala europea. Para poder trabajar de manera adecuada en esta dirección, resulta igualmente preciso en estos momentos construir, fortalecer y desarrollar una organización como Espacio Alternativo, tal y como también han definido los Documentos aprobados en nuestros V Encuentros.
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kaosenlared.net - España/27/12/2007
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