A partir del 11-S homologó sus políticas con las de EU.Movimiento pro refugiados plantea derogar el acuerdo que impide solicitar asilo después de cruzar Estados Unidos
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Blanche Petrich
Blanche Petrich
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Toronto - A pesar de su fama de país mestizo, simbolizada por el hecho de tener como gobernadora general a una asilada haitiana, Michelle Jean, Canadá empezó a endurecer sus políticas migratorias y de asilo en la década pasada, en particular a partir del ataque del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en Nueva York. Los gobiernos recientes han aplicado medidas para homologar las reglas de ingreso de inmigrantes y refugiados con las leyes “antiterroristas” de Estados Unidos.
La idea de “fronteras selladas” en todo el perímetro de América del Norte, incluida en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, golpea principalmente al eslabón más vulnerable de la cadena migratoria: los que se van porque en su tierra su integridad y su vida corren peligro, contingente en el cual los mexicanos son mayoría.
“El Canadá que yo he visto a partir de cómo tratan las autoridades a muchos compatriotas que llegan aquí como inmigrantes económicos o solicitantes de asilo, dista mucho del país de brazos abiertos del que nos han hablado”, afirma Enrique Rivera, activista del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier de San Luis Potosí, perseguido político del gobierno que encabeza el panista Marcelo de los Santos, y solicitante de asilo radicado en Montreal.
Dice que a él, apoyado por organizaciones que monitorean los excesos de las empresas mineras canadienses en América Latina, lo han tratado bien. “Desde el aeropuerto dieron entrada a mi solicitud de asilo, pero he visto a muchos paisanos a quienes les cierran las puertas, no obtienen la ayuda a que tienen derecho y no tienen siquiera acceso a un salario digno mientras esperan que se defina su situación”.
Las quejas más frecuentes de mexicanos solicitantes de asilo por maltrato se refieren a las condiciones a que son sometidos en el Celebrity Inn, cerca del aeropuerto Pearson, de Toronto. No es un hotel para celebridades, sino centro de detención donde los recién llegados son recluidos hasta que alguna institución les encuentra albergue.
El retroceso en materia de asilo en este país se expresa de distintas formas y ha movilizado a las organizaciones humanitarias. El mayor escándalo fue la detención de Janet Hinshaw-Thomas, una abuela de 65 años, integrante de un grupo ecuménico estadunidense, quien en octubre de 2007 subió a su camioneta a 12 perseguidos haitianos, cruzó con ellos la frontera en busca de un santuario y llegó a Montreal. Ahí los haitianos fueron aceptados como solicitantes de asilo, pero su protectora fue encarcelada por “traficar seres humanos” en violación a las medidas antiterroristas de su país. Al día siguiente Janet fue liberada mediante una fianza, pero el incidente avivó las denuncias sobre la creciente criminalización a la comunidad que lucha en Canadá por los derechos de los refugiados.
Toronto - A pesar de su fama de país mestizo, simbolizada por el hecho de tener como gobernadora general a una asilada haitiana, Michelle Jean, Canadá empezó a endurecer sus políticas migratorias y de asilo en la década pasada, en particular a partir del ataque del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en Nueva York. Los gobiernos recientes han aplicado medidas para homologar las reglas de ingreso de inmigrantes y refugiados con las leyes “antiterroristas” de Estados Unidos.
La idea de “fronteras selladas” en todo el perímetro de América del Norte, incluida en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, golpea principalmente al eslabón más vulnerable de la cadena migratoria: los que se van porque en su tierra su integridad y su vida corren peligro, contingente en el cual los mexicanos son mayoría.
“El Canadá que yo he visto a partir de cómo tratan las autoridades a muchos compatriotas que llegan aquí como inmigrantes económicos o solicitantes de asilo, dista mucho del país de brazos abiertos del que nos han hablado”, afirma Enrique Rivera, activista del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier de San Luis Potosí, perseguido político del gobierno que encabeza el panista Marcelo de los Santos, y solicitante de asilo radicado en Montreal.
Dice que a él, apoyado por organizaciones que monitorean los excesos de las empresas mineras canadienses en América Latina, lo han tratado bien. “Desde el aeropuerto dieron entrada a mi solicitud de asilo, pero he visto a muchos paisanos a quienes les cierran las puertas, no obtienen la ayuda a que tienen derecho y no tienen siquiera acceso a un salario digno mientras esperan que se defina su situación”.
Las quejas más frecuentes de mexicanos solicitantes de asilo por maltrato se refieren a las condiciones a que son sometidos en el Celebrity Inn, cerca del aeropuerto Pearson, de Toronto. No es un hotel para celebridades, sino centro de detención donde los recién llegados son recluidos hasta que alguna institución les encuentra albergue.
El retroceso en materia de asilo en este país se expresa de distintas formas y ha movilizado a las organizaciones humanitarias. El mayor escándalo fue la detención de Janet Hinshaw-Thomas, una abuela de 65 años, integrante de un grupo ecuménico estadunidense, quien en octubre de 2007 subió a su camioneta a 12 perseguidos haitianos, cruzó con ellos la frontera en busca de un santuario y llegó a Montreal. Ahí los haitianos fueron aceptados como solicitantes de asilo, pero su protectora fue encarcelada por “traficar seres humanos” en violación a las medidas antiterroristas de su país. Al día siguiente Janet fue liberada mediante una fianza, pero el incidente avivó las denuncias sobre la creciente criminalización a la comunidad que lucha en Canadá por los derechos de los refugiados.
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México ¿seguro?
Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) suelen afirmar, en sus sentencias de rechazo a las solicitudes de asilo, que México es un país donde el gobierno “hace esfuerzos” por combatir la corrupción y mejorar el sistema de procuración de justicia, donde existen vías a las que la población víctima de violencia puede acudir en busca de protección –como el área de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales–, y donde los ciudadanos pueden recurrir y apelar decisiones judiciales con las que no están de acuerdo.
Para ello cuentan con un documento marco elaborado en febrero de 2007, a raíz de una misión de investigación de la JIR que viajó a México a finales de 2006. Los interlocutores de la misión canadiense fueron representantes de la embajada de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Secretaría de la Función Pública, de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Agencia Federal de Investigación y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.
Las “avenidas” de protección a las que se refiere el informe son la CNDH y las comisiones estatales; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dependiente de Presidencia; la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, el Sistema de Protección de la SIEDO e Inmujeres.
Jim Hodgson, coordinador de programas para América Latina de la Unión de Iglesias de Canadá y uno de los organizadores del seminario ¿Por qué refugiados de México?, sostiene que la relación política de los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte influye hasta en la forma de describir la situación de derechos humanos en México. Así, las autoridades canadienses se resisten a aceptar las graves fallas de los sistemas judicial, penal y policial del socio menor.
“¿Por qué no podemos hablar honestamente de las debilidades e injusticias en los tres países y buscar medidas para mejorar nuestros sistemas?”, cuestiona Hodgson, quien residió en México y fue activo en la Red Mexicana ante el Libre Comercio y su contraparte en Canadá.
El movimiento pro refugiados de Canadá tiene dos demandas centrales. Una es la derogación del “acuerdo sobre el tercer país seguro”, vigente desde 2004, que imposibilita a quienes llegan a la frontera pedir asilo después de haber pasado por Estados Unidos, supuesto “tercer país seguro”. Amnistía Internacional y el Consejo Canadiense para Refugiados lograron que la Corte Federal de Canadá declarara ilegal ese acuerdo, pero el gobierno de Ottawa presentó una nueva apelación. Otra es la instalación de una sección de apelación que permita un marco adecuado a los recursos que presenten los solicitantes de asilo, que para los mexicanos tiene un índice de rechazo de 99 por ciento.
En el juego que representa en la política canadiense el destino de miles de perseguidos, Hodgson destaca “el lado positivo”: que los partidos representados en el Parlamento (Liberal, Conservador, Bloque Quebequense y Nuevo Partido Demócrata) coinciden en que Canadá puede y debe seguir recibiendo una alta cuota de inmigrantes, unos 30 mil al año.
México ¿seguro?
Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) suelen afirmar, en sus sentencias de rechazo a las solicitudes de asilo, que México es un país donde el gobierno “hace esfuerzos” por combatir la corrupción y mejorar el sistema de procuración de justicia, donde existen vías a las que la población víctima de violencia puede acudir en busca de protección –como el área de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales–, y donde los ciudadanos pueden recurrir y apelar decisiones judiciales con las que no están de acuerdo.
Para ello cuentan con un documento marco elaborado en febrero de 2007, a raíz de una misión de investigación de la JIR que viajó a México a finales de 2006. Los interlocutores de la misión canadiense fueron representantes de la embajada de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Secretaría de la Función Pública, de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Agencia Federal de Investigación y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.
Las “avenidas” de protección a las que se refiere el informe son la CNDH y las comisiones estatales; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dependiente de Presidencia; la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, el Sistema de Protección de la SIEDO e Inmujeres.
Jim Hodgson, coordinador de programas para América Latina de la Unión de Iglesias de Canadá y uno de los organizadores del seminario ¿Por qué refugiados de México?, sostiene que la relación política de los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte influye hasta en la forma de describir la situación de derechos humanos en México. Así, las autoridades canadienses se resisten a aceptar las graves fallas de los sistemas judicial, penal y policial del socio menor.
“¿Por qué no podemos hablar honestamente de las debilidades e injusticias en los tres países y buscar medidas para mejorar nuestros sistemas?”, cuestiona Hodgson, quien residió en México y fue activo en la Red Mexicana ante el Libre Comercio y su contraparte en Canadá.
El movimiento pro refugiados de Canadá tiene dos demandas centrales. Una es la derogación del “acuerdo sobre el tercer país seguro”, vigente desde 2004, que imposibilita a quienes llegan a la frontera pedir asilo después de haber pasado por Estados Unidos, supuesto “tercer país seguro”. Amnistía Internacional y el Consejo Canadiense para Refugiados lograron que la Corte Federal de Canadá declarara ilegal ese acuerdo, pero el gobierno de Ottawa presentó una nueva apelación. Otra es la instalación de una sección de apelación que permita un marco adecuado a los recursos que presenten los solicitantes de asilo, que para los mexicanos tiene un índice de rechazo de 99 por ciento.
En el juego que representa en la política canadiense el destino de miles de perseguidos, Hodgson destaca “el lado positivo”: que los partidos representados en el Parlamento (Liberal, Conservador, Bloque Quebequense y Nuevo Partido Demócrata) coinciden en que Canadá puede y debe seguir recibiendo una alta cuota de inmigrantes, unos 30 mil al año.
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La Jornada - México/18/02/2008
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