Por PAMELA HESS
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La Cámara de Representantes aprobó el viernes una propuesta de ley de los demócratas que fija reglas para el espionaje que realiza el gobierno en llamadas telefónicas y mensajes electrónicos dentro de Estados Unidos.
La medida, aprobada por los legisladores antes de un receso de dos semanas, enfrenta una amenaza de veto del presidente Geroge W. Bush. La votación en la cámara baja fue de 213-197, básicamente las bancadas de demócratas y republicanos.
Ante la advertencia del veto, "esta votación no tiene ningún impacto", dijo el líder republicano Roy Blunt.
La principal objeción de Bush es que la iniciativa de ley no protege de demandas a las compañías de telecomunicaciones que permitieron que el gobierno espiase a sus usuarios sin permiso de los tribunales luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
El portavoz de la Casa Blanca Tony Fratto calificó la propuesta de "un complot político" para dar a los demócratas una cobertura por no haber otorgado inmunidad retroactiva plena a las compañías de telecomunicaciones.
La votación envió la medida al Senado, el cual ya aprobó su propia versión que incluye la inmunidad demandada por Bush para las compañías.
Sin esa provisión, dijeron los republicanos de la cámara baja, las compañías no cooperarán con los servicios de inteligencia.
"Nosotros no podemos realizar espionaje sin ellas (las compañías). Pero si seguimos dejándoles sujetas a demandas millonarias, arriesgamos perder esa cooperación en el futuro", dijo el republicano Lamar Smith.
El gobierno tiene la facultad de obligar a las compañías de telecomunicaciones a cooperar en el espionaje electrónico si recibe permisos judiciales de un tribunal secreto. El gobierno al parecer no obtuvo esos permisos antes de iniciar las operaciones de espionaje interno luego del 11 de septiembre, y esa es la base de las demandas.
El jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Silvestre Reyes, dijo que la propuesta de ley busca corregir el problema. La medida dejaría que un juez determinase si las demandas son atendidas o desestimadas, en lugar que obligar al Congreso a tomar la decisión.
La Cámara de Representantes aprobó el viernes una propuesta de ley de los demócratas que fija reglas para el espionaje que realiza el gobierno en llamadas telefónicas y mensajes electrónicos dentro de Estados Unidos.
La medida, aprobada por los legisladores antes de un receso de dos semanas, enfrenta una amenaza de veto del presidente Geroge W. Bush. La votación en la cámara baja fue de 213-197, básicamente las bancadas de demócratas y republicanos.
Ante la advertencia del veto, "esta votación no tiene ningún impacto", dijo el líder republicano Roy Blunt.
La principal objeción de Bush es que la iniciativa de ley no protege de demandas a las compañías de telecomunicaciones que permitieron que el gobierno espiase a sus usuarios sin permiso de los tribunales luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
El portavoz de la Casa Blanca Tony Fratto calificó la propuesta de "un complot político" para dar a los demócratas una cobertura por no haber otorgado inmunidad retroactiva plena a las compañías de telecomunicaciones.
La votación envió la medida al Senado, el cual ya aprobó su propia versión que incluye la inmunidad demandada por Bush para las compañías.
Sin esa provisión, dijeron los republicanos de la cámara baja, las compañías no cooperarán con los servicios de inteligencia.
"Nosotros no podemos realizar espionaje sin ellas (las compañías). Pero si seguimos dejándoles sujetas a demandas millonarias, arriesgamos perder esa cooperación en el futuro", dijo el republicano Lamar Smith.
El gobierno tiene la facultad de obligar a las compañías de telecomunicaciones a cooperar en el espionaje electrónico si recibe permisos judiciales de un tribunal secreto. El gobierno al parecer no obtuvo esos permisos antes de iniciar las operaciones de espionaje interno luego del 11 de septiembre, y esa es la base de las demandas.
El jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Silvestre Reyes, dijo que la propuesta de ley busca corregir el problema. La medida dejaría que un juez determinase si las demandas son atendidas o desestimadas, en lugar que obligar al Congreso a tomar la decisión.
© 2008 The Associated Press
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Houston Chronicle - USA/15/03/2008
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