Miguel Lora Fuentes
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¿No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista? Los explotados de Bolivia, en su mayoría de origen indígena, enfrentan ya más de cinco siglos de exclusión. A los habitantes originarios de estas tierras los sometieron con la cruz y la espada durante la colonia; los persiguieron y arrebataron sus tierras en la república; la revolución democrático burguesa de 1952 ignoró su cultura y cuando conquistan el poder estatal por la vía democrática en los inicios del Siglo XXI y reclaman el reconocimiento constitucional de su cultura comunitaria, las clases dominantes minoritarias los acusan de querer instaurar el “primer Estado fascista y racista en América Latina”.
¿No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista? Los explotados de Bolivia, en su mayoría de origen indígena, enfrentan ya más de cinco siglos de exclusión. A los habitantes originarios de estas tierras los sometieron con la cruz y la espada durante la colonia; los persiguieron y arrebataron sus tierras en la república; la revolución democrático burguesa de 1952 ignoró su cultura y cuando conquistan el poder estatal por la vía democrática en los inicios del Siglo XXI y reclaman el reconocimiento constitucional de su cultura comunitaria, las clases dominantes minoritarias los acusan de querer instaurar el “primer Estado fascista y racista en América Latina”.
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Caracteriza el momento histórico la profunda crisis de la economía de mercado, de la democracia liberal y de los fundamentos mismos del viejo Estado republicano colonial, monocultural, centralista y excluyente que no habían sido revisados desde la fundación de la República.
El momento constitutivo actual abierto por los movimientos indígena-populares se asemeja al período comprendido entre los años 40 y 50 del siglo XX, en el que la pugna por el poder entre la “rosca” y el movimiento popular marcó el preludio de la revolución nacionalista de 1952.
La novedad es que los pueblos indígenas son los retadores y cuestionadores del viejo Estado que vivió subordinado a potencias extranjeras y que fue el artífice de la sociedad con clases sociales racializadas de la actualidad. Decididos a librarse de su maldita heredad colonial, los sectores históricamente excluidos que nunca fueron reconocidos como sujetos con derechos políticos reorientan el rumbo del Estado e intentan consolidar reformas en la estructura económica, social y en el sistema cultural e institucional del país.
Se ha “desprivatizado el ejercicio de la política” que estaba en manos de los partidos del sistema, y ahora las masas populares irrumpen en la política apropiándose del espacio democrático burgués y del instrumental jurídico normativo con el que fueron dominadas históricamente. El Vicepresidente Alvaro García Linera define a esta coyuntura en términos “leninistas”: “Es el momento de irrupción de las masas (…) los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal”.
Se ha cristalizado en la mente de las clases sociales explotadas una visión distinta de Estado, y está comenzando a emerger una Segunda República cuyo sustento es la civilización comunitaria ignorada desde la fundación de la República.
Desde principios del nuevo siglo se construye un “nuevo sujeto social plural” que reclama un nuevo proyecto de nación. Se ha roto con el viejo Estado colonial, republicano y neoliberal y se asume el reto histórico de construir colectivamente el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en pos de una Bolivia verdadera (democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos).
Sin moverse un milímetro de los marcos conservadores del paradigma liberal agotado, los sectores políticos y empresariales más reaccionarios han renunciado a la confrontación democrática de ideas y apelan a las tácticas propias del fascismo para impedir las transformaciones impulsadas por la inmensa mayoría.
Minorías atrincheradas en las regiones de la “media luna”, timoneadas por la burguesía agroindustrial latifundista y comerciante vinculada a las transnacionales, violan abiertamente las reglas democráticas: desprecian la institucionalidad, cometen el delito de sedición, convocan abiertamente al desacato y organizan de facto republiquetas independientes del poder central.
Caracteriza el momento histórico la profunda crisis de la economía de mercado, de la democracia liberal y de los fundamentos mismos del viejo Estado republicano colonial, monocultural, centralista y excluyente que no habían sido revisados desde la fundación de la República.
El momento constitutivo actual abierto por los movimientos indígena-populares se asemeja al período comprendido entre los años 40 y 50 del siglo XX, en el que la pugna por el poder entre la “rosca” y el movimiento popular marcó el preludio de la revolución nacionalista de 1952.
La novedad es que los pueblos indígenas son los retadores y cuestionadores del viejo Estado que vivió subordinado a potencias extranjeras y que fue el artífice de la sociedad con clases sociales racializadas de la actualidad. Decididos a librarse de su maldita heredad colonial, los sectores históricamente excluidos que nunca fueron reconocidos como sujetos con derechos políticos reorientan el rumbo del Estado e intentan consolidar reformas en la estructura económica, social y en el sistema cultural e institucional del país.
Se ha “desprivatizado el ejercicio de la política” que estaba en manos de los partidos del sistema, y ahora las masas populares irrumpen en la política apropiándose del espacio democrático burgués y del instrumental jurídico normativo con el que fueron dominadas históricamente. El Vicepresidente Alvaro García Linera define a esta coyuntura en términos “leninistas”: “Es el momento de irrupción de las masas (…) los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal”.
Se ha cristalizado en la mente de las clases sociales explotadas una visión distinta de Estado, y está comenzando a emerger una Segunda República cuyo sustento es la civilización comunitaria ignorada desde la fundación de la República.
Desde principios del nuevo siglo se construye un “nuevo sujeto social plural” que reclama un nuevo proyecto de nación. Se ha roto con el viejo Estado colonial, republicano y neoliberal y se asume el reto histórico de construir colectivamente el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en pos de una Bolivia verdadera (democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos).
Sin moverse un milímetro de los marcos conservadores del paradigma liberal agotado, los sectores políticos y empresariales más reaccionarios han renunciado a la confrontación democrática de ideas y apelan a las tácticas propias del fascismo para impedir las transformaciones impulsadas por la inmensa mayoría.
Minorías atrincheradas en las regiones de la “media luna”, timoneadas por la burguesía agroindustrial latifundista y comerciante vinculada a las transnacionales, violan abiertamente las reglas democráticas: desprecian la institucionalidad, cometen el delito de sedición, convocan abiertamente al desacato y organizan de facto republiquetas independientes del poder central.
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En busca del pluralismo
La derecha entiende que el trasfondo del programa de transformaciones actual es “la dominación de un grupo social sobre otro”; el “cercenamiento” de las libertades políticas, económicas y culturales, y la construcción de un “Estado racista” con la “constitucionalización” del término “indígenas originarios campesinos”, que según el diputado de Podemos Walter Javier Arrázola Mendivil no tiene sustento sociológico ni histórico y que rompe el principio universal de “ciudadanía”.
Las fuerzas políticas conservadoras entienden que sólo las Naciones y Pueblos descendientes de habitantes “originarios” antes de la conquista española son reconocidos por la nueva Constitución Política del Estado, en tanto que otras identidades societales construidas en los últimos 500 años, como los mestizos, no tienen valor alguno.
La derecha asegura que la nueva Carta Magna “crea ciudadanos de primera y segunda” y que soslaya al “mestizaje”. De esta forma, el “ser indígena” se convierte en un mecanismo de acenso social y económico, en una especie de “revanchismo cultural y económico”. ¿Es realmente así?
Desde el inicio de los tiempos poblaron el territorio nacional diversidad de culturas con rostros diferentes que no conocieron el racismo hasta que comenzó la colonia, se describe en el preludio del proyecto de Carta Magna aprobado a fines de 2007.
Ahora, el pueblo boliviano se propone construir un nuevo Estado verdaderamente pluralista, inspirado en la memoria de sus mártires y en las luchas sociales e indígenas del pasado. Las mayorías indígenas-campesinas-obreras llevan adelante una revolución democrático burguesa; no buscan aniquilar a las minorías políticas conservadoras sino que reclaman el respeto e igualdad entre todos.
Lo único que busca la emergencia indígena, precisa García Linera, es la igualdad, nada más ni nada menos. De ahí que la premisa es la construcción de un Estado respetuoso del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, y sobre todo promotor de la “complementariedad intercivilizatoria del pueblo boliviano en su diversidad”, en convivencia colectiva, y con acceso universal al agua, trabajo, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado busca por sobre todas las cosas sentar las bases de una nueva “sociedad plural” desde el punto de vista político, económico, jurídico y cultural, trascendiendo los postulados del liberalismo económico y de la democracia representativa.
Para ello, la cosmovisión indígena se convierte por primera vez en parte sustancial de la identidad del Estado Plurinacional. Ahora las instituciones comunitarias son reconocidas como parte inherente de las formas de organización económica, política y cultural del Estado. [1]
A la derecha conservadora le parece un exceso que la Constitución reconozca la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; juzga que éstos reciben beneficios sobredimensionados del Estado Plurinacional, como la representación corporativa en el Estado o las Autonomías Indígenas con tuición soberana sobre los recursos naturales renovables y no renovables de sus territorios.
Le parece inconcebible que los indígenas originarios campesinos tengan representación directa, a través de sus usos y costumbres, con un 50% en el Congreso y en otras instituciones y/u órganos del Estado como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo Electoral Plurinacional. Pero lo único que hace la Constitución es reconocer la libre determinación y autogobierno de estos pueblos, en concordancia con el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la mayoría de los países del Planeta. [2]
En busca del pluralismo
La derecha entiende que el trasfondo del programa de transformaciones actual es “la dominación de un grupo social sobre otro”; el “cercenamiento” de las libertades políticas, económicas y culturales, y la construcción de un “Estado racista” con la “constitucionalización” del término “indígenas originarios campesinos”, que según el diputado de Podemos Walter Javier Arrázola Mendivil no tiene sustento sociológico ni histórico y que rompe el principio universal de “ciudadanía”.
Las fuerzas políticas conservadoras entienden que sólo las Naciones y Pueblos descendientes de habitantes “originarios” antes de la conquista española son reconocidos por la nueva Constitución Política del Estado, en tanto que otras identidades societales construidas en los últimos 500 años, como los mestizos, no tienen valor alguno.
La derecha asegura que la nueva Carta Magna “crea ciudadanos de primera y segunda” y que soslaya al “mestizaje”. De esta forma, el “ser indígena” se convierte en un mecanismo de acenso social y económico, en una especie de “revanchismo cultural y económico”. ¿Es realmente así?
Desde el inicio de los tiempos poblaron el territorio nacional diversidad de culturas con rostros diferentes que no conocieron el racismo hasta que comenzó la colonia, se describe en el preludio del proyecto de Carta Magna aprobado a fines de 2007.
Ahora, el pueblo boliviano se propone construir un nuevo Estado verdaderamente pluralista, inspirado en la memoria de sus mártires y en las luchas sociales e indígenas del pasado. Las mayorías indígenas-campesinas-obreras llevan adelante una revolución democrático burguesa; no buscan aniquilar a las minorías políticas conservadoras sino que reclaman el respeto e igualdad entre todos.
Lo único que busca la emergencia indígena, precisa García Linera, es la igualdad, nada más ni nada menos. De ahí que la premisa es la construcción de un Estado respetuoso del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, y sobre todo promotor de la “complementariedad intercivilizatoria del pueblo boliviano en su diversidad”, en convivencia colectiva, y con acceso universal al agua, trabajo, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado busca por sobre todas las cosas sentar las bases de una nueva “sociedad plural” desde el punto de vista político, económico, jurídico y cultural, trascendiendo los postulados del liberalismo económico y de la democracia representativa.
Para ello, la cosmovisión indígena se convierte por primera vez en parte sustancial de la identidad del Estado Plurinacional. Ahora las instituciones comunitarias son reconocidas como parte inherente de las formas de organización económica, política y cultural del Estado. [1]
A la derecha conservadora le parece un exceso que la Constitución reconozca la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; juzga que éstos reciben beneficios sobredimensionados del Estado Plurinacional, como la representación corporativa en el Estado o las Autonomías Indígenas con tuición soberana sobre los recursos naturales renovables y no renovables de sus territorios.
Le parece inconcebible que los indígenas originarios campesinos tengan representación directa, a través de sus usos y costumbres, con un 50% en el Congreso y en otras instituciones y/u órganos del Estado como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo Electoral Plurinacional. Pero lo único que hace la Constitución es reconocer la libre determinación y autogobierno de estos pueblos, en concordancia con el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la mayoría de los países del Planeta. [2]
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“Mestizos” vs. Indígenas
La derecha minimiza la importancia poblacional indígena en Bolivia y se aferra al concepto de “multiculturalidad mestiza” para devaluar la orientación comunitaria del actual el proceso de cambio. “La mediana estadística es de poco más de mil habitantes por pueblo indígena o etnia (37 en total), que el proyecto político e ideológico del MAS pretende constituir en nación”.
Según el diputado Arrázola, sólo existen dos pueblos indígenas numerosos en Bolivia: los aymaras y quechuas (el 91% de la población indígena) que habitan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, el occidente del país. El otro 9% está compuesto por casi 500 mil indígenas distribuidos en 34 etnias de tierras bajas (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija). El legislador opositor afirma que no existen “datos serios” que demuestren que Bolivia es mayoritariamente indígena y originaria, pues el único documento que respalda esta afirmación es el Censo de Población y Vivienda realizado el 2001, que concluye que el 62% de los bolivianos se autoidentifica como indígena. Este estudio, añade Arrázola, no ofreció a los bolivianos la alternativa de autoidentificarse como mestizos, lo que sí hizo un estudio particular realizado cinco años más tarde (Auditoría de la Democracia, Informe Boliviano 2006), llegando a la conclusión de que el 64% de los bolivianos se declara mestizo o cholo; el 19% indígena u originario, el 11% blanco, 0,55% negro y 4,28% ninguno. “Genéticamente”, es imposible demostrar la pureza racial o étnica, pues la globalización ha creado un mundo mestizo. Inclusive el Presidente de Bolivia es un “mestizo o cholo” porque apellida Morales, de origen español, y Ayma de origen indígena, razona Arrázola.
Lo cierto es que la mayoría nacional se autoidentifica con alguno de los 37 grupos étnicos en el país, algunos de los cuales sobrepasan las fronteras nacionales. A los 1,3 millones de aymaras que habitan en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, hay que sumar los 100 mil aymaras en Chile concentrados en Tarapacá y Antofagasta y otros 600 mil en Perú, en su mayoría de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sólo en Perú, los aymaras ocupan un territorio aproximado al de Bélgica o Suiza, en siete de las 10 provincias del departamento de Puno. Por otro lado, los guaraníes suman casi 300 mil en Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil.
“Mestizos” vs. Indígenas
La derecha minimiza la importancia poblacional indígena en Bolivia y se aferra al concepto de “multiculturalidad mestiza” para devaluar la orientación comunitaria del actual el proceso de cambio. “La mediana estadística es de poco más de mil habitantes por pueblo indígena o etnia (37 en total), que el proyecto político e ideológico del MAS pretende constituir en nación”.
Según el diputado Arrázola, sólo existen dos pueblos indígenas numerosos en Bolivia: los aymaras y quechuas (el 91% de la población indígena) que habitan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, el occidente del país. El otro 9% está compuesto por casi 500 mil indígenas distribuidos en 34 etnias de tierras bajas (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija). El legislador opositor afirma que no existen “datos serios” que demuestren que Bolivia es mayoritariamente indígena y originaria, pues el único documento que respalda esta afirmación es el Censo de Población y Vivienda realizado el 2001, que concluye que el 62% de los bolivianos se autoidentifica como indígena. Este estudio, añade Arrázola, no ofreció a los bolivianos la alternativa de autoidentificarse como mestizos, lo que sí hizo un estudio particular realizado cinco años más tarde (Auditoría de la Democracia, Informe Boliviano 2006), llegando a la conclusión de que el 64% de los bolivianos se declara mestizo o cholo; el 19% indígena u originario, el 11% blanco, 0,55% negro y 4,28% ninguno. “Genéticamente”, es imposible demostrar la pureza racial o étnica, pues la globalización ha creado un mundo mestizo. Inclusive el Presidente de Bolivia es un “mestizo o cholo” porque apellida Morales, de origen español, y Ayma de origen indígena, razona Arrázola.
Lo cierto es que la mayoría nacional se autoidentifica con alguno de los 37 grupos étnicos en el país, algunos de los cuales sobrepasan las fronteras nacionales. A los 1,3 millones de aymaras que habitan en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, hay que sumar los 100 mil aymaras en Chile concentrados en Tarapacá y Antofagasta y otros 600 mil en Perú, en su mayoría de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sólo en Perú, los aymaras ocupan un territorio aproximado al de Bélgica o Suiza, en siete de las 10 provincias del departamento de Puno. Por otro lado, los guaraníes suman casi 300 mil en Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil.
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¿Un Estado “marxista estalinista”?
Las fuerzas políticas conservadoras interpretan que el proyecto de poder del MAS utiliza el término indígena para sustentar ideológicamente un Estado “marxista estalinista” que sustituye la lucha de clases y el proletariado por luchas de reivindicación étnica.
En su criterio, si bien la Constitución oficialista garantiza la protección de la propiedad privada, el “Capitalismo de Estado” centralizador y planificador de la economía tenderá a eliminar la propiedad privada de manera gradual.
El hecho es que el gobierno de Morales negoció nuevos contratos con las empresas petroleras garantizando sus propiedades, sus inversiones y sus ganancias; otorgó amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan las leyes, y en la nueva Constitución sólo plantea que las antiguas elites compartan el poder con las emergentes elites indígenas.
La economía concebida por el nuevo Estado plural declara expresamente que las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa “son iguales ante la ley” y están articuladas sobre principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.
Los cuatro ejes del nuevo Estado pluricultural en construcción son: 1. el Estado protagonista de la economía y responsable de la redistribución equitativa de la riqueza nacional; 2. la igualdad entre pueblos y culturas diversas de Bolivia; 3. el derecho indígena de tomar decisiones estatales; y 4. el Estado nacional autonómico.
Uno de los objetivos del proyecto de cambio es reconstituir el territorio de las comunidades indígenas que les permita desarrollar su cultura colectiva de manera autónoma, a partir de la evidencia de la desigual distribución de tierras actual. El Occidente ocupa un tercio del territorio nacional y cobija casi a dos tercios de la población, mientras que en el Oriente, que ocupa dos tercios del territorio, vive un poco más de un tercio de la población nacional.
La derecha denuncia que el MAS distribuirá las tierras del Oriente aprovechándose del concepto indígena originario campesino para que los habitantes del Occidente “conquisten”, “neocolonicen” y fomenten procesos de “aculturización” de los pobladores de tierras bajas que construyeron histórica, sociológica y culturalmente sus “identidades mestizas”.
¿Un Estado “marxista estalinista”?
Las fuerzas políticas conservadoras interpretan que el proyecto de poder del MAS utiliza el término indígena para sustentar ideológicamente un Estado “marxista estalinista” que sustituye la lucha de clases y el proletariado por luchas de reivindicación étnica.
En su criterio, si bien la Constitución oficialista garantiza la protección de la propiedad privada, el “Capitalismo de Estado” centralizador y planificador de la economía tenderá a eliminar la propiedad privada de manera gradual.
El hecho es que el gobierno de Morales negoció nuevos contratos con las empresas petroleras garantizando sus propiedades, sus inversiones y sus ganancias; otorgó amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan las leyes, y en la nueva Constitución sólo plantea que las antiguas elites compartan el poder con las emergentes elites indígenas.
La economía concebida por el nuevo Estado plural declara expresamente que las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa “son iguales ante la ley” y están articuladas sobre principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.
Los cuatro ejes del nuevo Estado pluricultural en construcción son: 1. el Estado protagonista de la economía y responsable de la redistribución equitativa de la riqueza nacional; 2. la igualdad entre pueblos y culturas diversas de Bolivia; 3. el derecho indígena de tomar decisiones estatales; y 4. el Estado nacional autonómico.
Uno de los objetivos del proyecto de cambio es reconstituir el territorio de las comunidades indígenas que les permita desarrollar su cultura colectiva de manera autónoma, a partir de la evidencia de la desigual distribución de tierras actual. El Occidente ocupa un tercio del territorio nacional y cobija casi a dos tercios de la población, mientras que en el Oriente, que ocupa dos tercios del territorio, vive un poco más de un tercio de la población nacional.
La derecha denuncia que el MAS distribuirá las tierras del Oriente aprovechándose del concepto indígena originario campesino para que los habitantes del Occidente “conquisten”, “neocolonicen” y fomenten procesos de “aculturización” de los pobladores de tierras bajas que construyeron histórica, sociológica y culturalmente sus “identidades mestizas”.
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Un único proyecto nacional y resistencias regionales
Los sectores políticos conservadores definen que en la actual coyuntura pugnan dos visiones de país distintas y distantes, aunque en la práctica, como en 1952, lo que ocurre es que clases minoritarias provincianas carentes de programa enfrentan el nuevo proyecto político económico hegemonizado por las mayorías nacionales.
Pequeños clanes siempre vinculados al poder político, que cogobernaron con las dictaduras militares y con los regímenes neoliberales, fueron arrinconados por insurrección popular en 2003. Después de 20 años de democracia pactada, este es el primer gobierno en el que los grupos de poder no administran directamente el aparato estatal.
La tierra se convierte en un fuerte elemento movilizador y cohesionador de la oligarquía opositora nacional. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que aproximadamente 100 familias con rasgos feudales poseen cinco veces más tierra (25 millones de hectáreas) que dos millones de campesinos (cinco millones de hectáreas) condenados a explotar minifundios degradados por la sobreexplotación. En promedio, una familia de terratenientes en Bolivia detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) mientras que una familia campesina debe conformarse con una hectárea.
La concentración de la tierra es más notoria en el departamento de Santa Cruz, el más extenso del país, donde los latifundios se construyeron primero con la ayuda de ex dictadores y luego por funcionarios y políticos corruptos de viejos partidos políticos extinguidos como ADN, MIR y MNR después de la “segunda reforma agraria” de 1996. [3]
El clan es poderoso porque además de tierras, es dueño de ríos, bosques, haciendas y hasta de la vida de sus peones. Controla la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los medios de comunicación en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Maneja las principales organizaciones empresariales, cívicas e inclusive populares. Ahora la oligarquía ejerce, en los hechos, el poder político y gobierna en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, cuatro de los nueve departamentos del país.
Viendo amenazados sus intereses porque la nueva Constitución restringe la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas, las clases dominantes conspiran abiertamente contra el gobierno e intentan armar republiquetas autónomas, con Parlamento y Policía propia y con tuición absoluta sobre la tierra, el régimen impositivo, la educación y los recursos naturales regionales.
Las minorías conservadoras recobraron influencia reivindicando la autonomía y luchando contra del centralismo, que según ellos es el causante de todos los males nacionales. “La pobreza de Bolivia y de los indígenas, sobre todo del Occidente, ha sido responsabilidad del centralismo estatal y de la concentración de la toma de decisiones en el gobierno central representado por La Paz. (…) Frente a la pobreza imperante en el país, el Oriente planteó la descentralización y democratización del poder en Bolivia, por medio de las Autonomías Departamentales”, afirma Arrázola y argumenta que la rica región cruceña (donde se producen cerca de 2/3 del PIB Nacional; Santa Cruz produce 1/3 del PIB, el 50% de los impuestos y aranceles aduaneros y poco más de la mitad de los alimentos de Bolivia) creció “gracias al trabajo, el esfuerzo y la visión liberal y emprendedora de su gente”.
Empresarios, políticos de partidos tradicionales y algunos profesionales de clase media articulan el sólido bloque antipopular capaz de movilizar a multitudes, con el apoyo decidido del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la burguesía en pleno: la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
Lidera circunstancialmente el clan Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, quien junto al prefecto Costas, son la cabeza visible del movimiento secesionista. El 6 de diciembre, Marinkovic envió una carta al Presidente Evo Morales para informarle que emprendía una lucha “por la democracia y la libertad y contra la dictadura”, asegurando que la lucha autonómica de Santa Cruz no tiene móviles políticos ni obedece a intereses personales “de ningún personaje”, aunque él es el primer latifundista que podría ser perjudicado por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. [4]
La Embajada de Estados Unidos promueve y financia al clan. Philip Goldberg tiene una relación estrecha con Costas y Marinkovic; mientras que USAID financia a los políticos derechistas. Goldberg trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída del presidente Slobodan Milosevic en 2000. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora alienta la rebelión de los autonomistas.
La rebelión cívico-empresarial en cuatro departamentos deja al descubierto que la sociedad boliviana aún no ha superado las taras del pasado. En los últimos meses, centenas de campesinos e indígenas han sido denigrados, insultados, escupidos y golpeados en las calles de Santa Cruz y Sucre por el solo hecho de tener la piel más oscura y vestir pollera y abarcas.
Es como haber retrocedido décadas en pocos meses. De pronto, pequeños sectores blancos y mestizos reincorporan a su vocabulario expresiones racistas y discriminatorias que se creía enterradas. En Sucre y Santa Cruz, principalmente, a diario se escucha denigrar a la “indiada hedionda e inculta”, a los “indios de mierda”, a los “collas sucios”, a las “indias alzadas”. Hoy las oligarquías desafían la autoridad del Presidente legítimo sólo porque es “indio”, “macaco”, “ignorante”…
Un único proyecto nacional y resistencias regionales
Los sectores políticos conservadores definen que en la actual coyuntura pugnan dos visiones de país distintas y distantes, aunque en la práctica, como en 1952, lo que ocurre es que clases minoritarias provincianas carentes de programa enfrentan el nuevo proyecto político económico hegemonizado por las mayorías nacionales.
Pequeños clanes siempre vinculados al poder político, que cogobernaron con las dictaduras militares y con los regímenes neoliberales, fueron arrinconados por insurrección popular en 2003. Después de 20 años de democracia pactada, este es el primer gobierno en el que los grupos de poder no administran directamente el aparato estatal.
La tierra se convierte en un fuerte elemento movilizador y cohesionador de la oligarquía opositora nacional. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que aproximadamente 100 familias con rasgos feudales poseen cinco veces más tierra (25 millones de hectáreas) que dos millones de campesinos (cinco millones de hectáreas) condenados a explotar minifundios degradados por la sobreexplotación. En promedio, una familia de terratenientes en Bolivia detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) mientras que una familia campesina debe conformarse con una hectárea.
La concentración de la tierra es más notoria en el departamento de Santa Cruz, el más extenso del país, donde los latifundios se construyeron primero con la ayuda de ex dictadores y luego por funcionarios y políticos corruptos de viejos partidos políticos extinguidos como ADN, MIR y MNR después de la “segunda reforma agraria” de 1996. [3]
El clan es poderoso porque además de tierras, es dueño de ríos, bosques, haciendas y hasta de la vida de sus peones. Controla la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los medios de comunicación en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Maneja las principales organizaciones empresariales, cívicas e inclusive populares. Ahora la oligarquía ejerce, en los hechos, el poder político y gobierna en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, cuatro de los nueve departamentos del país.
Viendo amenazados sus intereses porque la nueva Constitución restringe la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas, las clases dominantes conspiran abiertamente contra el gobierno e intentan armar republiquetas autónomas, con Parlamento y Policía propia y con tuición absoluta sobre la tierra, el régimen impositivo, la educación y los recursos naturales regionales.
Las minorías conservadoras recobraron influencia reivindicando la autonomía y luchando contra del centralismo, que según ellos es el causante de todos los males nacionales. “La pobreza de Bolivia y de los indígenas, sobre todo del Occidente, ha sido responsabilidad del centralismo estatal y de la concentración de la toma de decisiones en el gobierno central representado por La Paz. (…) Frente a la pobreza imperante en el país, el Oriente planteó la descentralización y democratización del poder en Bolivia, por medio de las Autonomías Departamentales”, afirma Arrázola y argumenta que la rica región cruceña (donde se producen cerca de 2/3 del PIB Nacional; Santa Cruz produce 1/3 del PIB, el 50% de los impuestos y aranceles aduaneros y poco más de la mitad de los alimentos de Bolivia) creció “gracias al trabajo, el esfuerzo y la visión liberal y emprendedora de su gente”.
Empresarios, políticos de partidos tradicionales y algunos profesionales de clase media articulan el sólido bloque antipopular capaz de movilizar a multitudes, con el apoyo decidido del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la burguesía en pleno: la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).
Lidera circunstancialmente el clan Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, quien junto al prefecto Costas, son la cabeza visible del movimiento secesionista. El 6 de diciembre, Marinkovic envió una carta al Presidente Evo Morales para informarle que emprendía una lucha “por la democracia y la libertad y contra la dictadura”, asegurando que la lucha autonómica de Santa Cruz no tiene móviles políticos ni obedece a intereses personales “de ningún personaje”, aunque él es el primer latifundista que podría ser perjudicado por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. [4]
La Embajada de Estados Unidos promueve y financia al clan. Philip Goldberg tiene una relación estrecha con Costas y Marinkovic; mientras que USAID financia a los políticos derechistas. Goldberg trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída del presidente Slobodan Milosevic en 2000. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora alienta la rebelión de los autonomistas.
La rebelión cívico-empresarial en cuatro departamentos deja al descubierto que la sociedad boliviana aún no ha superado las taras del pasado. En los últimos meses, centenas de campesinos e indígenas han sido denigrados, insultados, escupidos y golpeados en las calles de Santa Cruz y Sucre por el solo hecho de tener la piel más oscura y vestir pollera y abarcas.
Es como haber retrocedido décadas en pocos meses. De pronto, pequeños sectores blancos y mestizos reincorporan a su vocabulario expresiones racistas y discriminatorias que se creía enterradas. En Sucre y Santa Cruz, principalmente, a diario se escucha denigrar a la “indiada hedionda e inculta”, a los “indios de mierda”, a los “collas sucios”, a las “indias alzadas”. Hoy las oligarquías desafían la autoridad del Presidente legítimo sólo porque es “indio”, “macaco”, “ignorante”…
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Se quiebra la hegemonía política del clan
El escenario de crisis política generado por los sectores más conservadores de la sociedad aparentemente ha frenado el proceso de transformaciones en el país, pero al mismo tiempo radicaliza el discurso del movimiento popular. El 10 de septiembre de 2007, una “Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades” aprobó la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.
La prioridad del Presidente Morales en su tercer año de gobierno es acelerar el programa de transformaciones estructurales y la “descolonización” del Estado con la ayuda de una inédita Coordinadora Nacional por el Cambio. Una de las primeras medidas es la reversión y expropiación de tierras de hacendados que esclavizan a indígenas en el Chaco boliviano. [5]
La descolonización es un proceso irreversible; no es un discurso político sino una realidad dolorosa que debe enfrentarse con audacia, pues la única vía para transformar el Estado es cerrar la profunda herida que el colonialismo dejó en América Latina, afirma Morales.
El gobierno asegura haber cumplido las bases programáticas de la campaña electoral de 2005 como la nacionalización de hidrocarburos, la instalación de una Asamblea Constituyente, y ahora se apresta a incorporar al nuevo Estado los principios filosóficos de la comunidad indígena, es decir la redistribución equitativa de bienes y riquezas naturales y el “vivir bien” colectivo sin aprovecharse del prójimo.
El fin del Estado Plurinacional que se está construyendo es la búsqueda del vivir bien con soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, mientras que la nueva Carta Magna interpela al neoliberalismo desde una perspectiva comunitaria, privilegiando la igualdad sobre la libertad y los derechos colectivos sobre los derechos individuales.
Según muchos analistas, en Bolivia se vive un momento de ruptura de los principios filosóficos del “Siglo de las luces”, del individuo como supuesto dueño y dominador de la naturaleza, pues en el proyecto indígena no se reivindica derechos colectivos e individuales solamente, sino también los derechos de la naturaleza.
El Estado boliviano ha reconocido a las sociedades indígenas como formas societales alternativas al capitalismo, al mercado y a la sociedad occidental, y en escenarios internacionales el gobierno toma como bandera a esta otra forma de convivencia superior al individualismo occidental causante de la crisis medioambiental.
Los movimientos sociales bolivianos están construyendo un modelo civilizatorio más humano, austero y respetuoso con la naturaleza con el aporte invaluable del conocimiento y la práctica ancestral de los pueblos indígenas. El movimiento popular está perfilando un sujeto colectivo sin desechar la creatividad individual y la libertad privada, pero privilegiando la dimensión intersubjetiva del individuo y su identidad esencialmente comunal.
Se quiebra la hegemonía política del clan
El escenario de crisis política generado por los sectores más conservadores de la sociedad aparentemente ha frenado el proceso de transformaciones en el país, pero al mismo tiempo radicaliza el discurso del movimiento popular. El 10 de septiembre de 2007, una “Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades” aprobó la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.
La prioridad del Presidente Morales en su tercer año de gobierno es acelerar el programa de transformaciones estructurales y la “descolonización” del Estado con la ayuda de una inédita Coordinadora Nacional por el Cambio. Una de las primeras medidas es la reversión y expropiación de tierras de hacendados que esclavizan a indígenas en el Chaco boliviano. [5]
La descolonización es un proceso irreversible; no es un discurso político sino una realidad dolorosa que debe enfrentarse con audacia, pues la única vía para transformar el Estado es cerrar la profunda herida que el colonialismo dejó en América Latina, afirma Morales.
El gobierno asegura haber cumplido las bases programáticas de la campaña electoral de 2005 como la nacionalización de hidrocarburos, la instalación de una Asamblea Constituyente, y ahora se apresta a incorporar al nuevo Estado los principios filosóficos de la comunidad indígena, es decir la redistribución equitativa de bienes y riquezas naturales y el “vivir bien” colectivo sin aprovecharse del prójimo.
El fin del Estado Plurinacional que se está construyendo es la búsqueda del vivir bien con soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, mientras que la nueva Carta Magna interpela al neoliberalismo desde una perspectiva comunitaria, privilegiando la igualdad sobre la libertad y los derechos colectivos sobre los derechos individuales.
Según muchos analistas, en Bolivia se vive un momento de ruptura de los principios filosóficos del “Siglo de las luces”, del individuo como supuesto dueño y dominador de la naturaleza, pues en el proyecto indígena no se reivindica derechos colectivos e individuales solamente, sino también los derechos de la naturaleza.
El Estado boliviano ha reconocido a las sociedades indígenas como formas societales alternativas al capitalismo, al mercado y a la sociedad occidental, y en escenarios internacionales el gobierno toma como bandera a esta otra forma de convivencia superior al individualismo occidental causante de la crisis medioambiental.
Los movimientos sociales bolivianos están construyendo un modelo civilizatorio más humano, austero y respetuoso con la naturaleza con el aporte invaluable del conocimiento y la práctica ancestral de los pueblos indígenas. El movimiento popular está perfilando un sujeto colectivo sin desechar la creatividad individual y la libertad privada, pero privilegiando la dimensión intersubjetiva del individuo y su identidad esencialmente comunal.
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Notas
[1] SECCIÓN III: CULTURAS. Artículo 99: I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.
[2] Después de 24 años de debate, Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que reconoce el derecho a la autodeterminación, a la propiedad de tierras, acceso a los recursos naturales y a la preservación de conocimientos tradicionales y cultura de 370 millones de indígenas en el mundo víctimas de injusticias históricas. La colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo en conformidad con sus propias necesidades e intereses. Ahora estos pueblos indígenas son libres de toda forma de discriminación, indica la histórica Declaración en su preámbulo, que también condena las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales porque “son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en convertir en Ley de la República la histórica Declaración de las Naciones Unidas. "Bolivia es nación de naciones", dijo Evo Morales al promulgar la Ley 3760 de los derechos de los Pueblos Indígenas.
[3] Hace tres años, el INRA calculó que en las provincias cruceñas de Guarayos, Chiquitos y Cordillera existían 800 mil hectáreas de tierras reversibles en manos de no más de 500 personas. No pocos ex ministros y legisladores abusaron de su poder para acaparar tierras, como el ex presidente del Senado Sandro Giordano y su esposa, o la familia de Luis Fernando Saavedra Bruno.
[4] En el estado mayor del bloque de derechas destaca Oscar Ortiz, ex gerente de la Cainco y hoy senador de Podemos, partido vástago del fascista ADN del ex dictador Hugo Banzer; el ex presidente de Fegasacruz Antonio Franco (ganadero que pidió encarcelar a responsables de ONGs que apoyan a indígenas y actual legislador de Podemos) y Branco Marinkovic, ex presidente de la Federación de Empresarios y hoy presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.En la división ciudadana del frente autonomista destaca el ex presidente del Comité Cívico Rubén Costas, hoy prefecto del Departamento. El ex diputado y ministro de salud del MIR Carlos Dabdoub es uno de los ideólogos del movimiento y actualmente ocupa la secretaría de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz. Quién es quién en Santa Cruz Según datos del INRA, 15 familias disponen de medio millón de hectáreas de tierra que equivalen en superficie a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz (20 mil hectáreas). Figuran en la lista del clan los Saavedra Buno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner. Los Gutiérrez poseen 96 mil hectáreas, los Paz Hurtado 76 mil y los Gasser Bowles 72 mil hectáreas. Marinkovic es el ideólogo del bloque de la "media luna" empresarial y se lo conoce como el más lúcido del movimiento empresarial. Se destacó por su incondicional defensa de los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, gremio petrolero afiliado a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Marinkovic dirige Industrias Oleaginosas Limitada (IOL) y junto a los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Los Marinkovic poseen sin títulos de propiedad más de 26 mil hectáreas en Santa Cruz, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña. El Viceministerio de Tierras y el INRA intentan revertir al Estado las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. El predio Laguna Corazón es propiedad de Branco y Yasminka pertenece a su hermana Yasminka Catarina. Una parte de la hacienda Yasminka está dentro de la tierra comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena guarayo y el 100 por ciento del predio Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente asentamientos humanos. El saneamiento irregular de ambas haciendas ejemplifica cómo gente poderosa de Santa Cruz se apoderó de miles de hectáreas en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados, violentando leyes y alterando datos de sus expedientes agrarios. Las haciendas Laguna Corazón y Yasminka no son las únicas propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz. Según los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la familia tiene al menos otros nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban. La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales. Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis. Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel. Oswaldo “Pato” Monasterios fue senador por el MNR. Según el INRA, la familia poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el área rural y 20.505 hectáreas en la capital. Es decir, controlan una superficie de tierra tres veces superior a la ciudad de Santa Cruz. Gran parte le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales. Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país. Informes de la Superintendencia de Bancos revela el enorme peso de los latifundistas en el paquete accionario de la banca nacional y muestran, además, que se usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder. Más de la mitad de los créditos se destinó a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país. Los clanes cruceños están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo porque muchos de ellos son descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras. Un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas es controlado por empresarios brasileños. Otro tercio de la producción y exportación está bajo control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
[1] SECCIÓN III: CULTURAS. Artículo 99: I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.
[2] Después de 24 años de debate, Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que reconoce el derecho a la autodeterminación, a la propiedad de tierras, acceso a los recursos naturales y a la preservación de conocimientos tradicionales y cultura de 370 millones de indígenas en el mundo víctimas de injusticias históricas. La colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo en conformidad con sus propias necesidades e intereses. Ahora estos pueblos indígenas son libres de toda forma de discriminación, indica la histórica Declaración en su preámbulo, que también condena las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales porque “son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en convertir en Ley de la República la histórica Declaración de las Naciones Unidas. "Bolivia es nación de naciones", dijo Evo Morales al promulgar la Ley 3760 de los derechos de los Pueblos Indígenas.
[3] Hace tres años, el INRA calculó que en las provincias cruceñas de Guarayos, Chiquitos y Cordillera existían 800 mil hectáreas de tierras reversibles en manos de no más de 500 personas. No pocos ex ministros y legisladores abusaron de su poder para acaparar tierras, como el ex presidente del Senado Sandro Giordano y su esposa, o la familia de Luis Fernando Saavedra Bruno.
[4] En el estado mayor del bloque de derechas destaca Oscar Ortiz, ex gerente de la Cainco y hoy senador de Podemos, partido vástago del fascista ADN del ex dictador Hugo Banzer; el ex presidente de Fegasacruz Antonio Franco (ganadero que pidió encarcelar a responsables de ONGs que apoyan a indígenas y actual legislador de Podemos) y Branco Marinkovic, ex presidente de la Federación de Empresarios y hoy presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.En la división ciudadana del frente autonomista destaca el ex presidente del Comité Cívico Rubén Costas, hoy prefecto del Departamento. El ex diputado y ministro de salud del MIR Carlos Dabdoub es uno de los ideólogos del movimiento y actualmente ocupa la secretaría de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz. Quién es quién en Santa Cruz Según datos del INRA, 15 familias disponen de medio millón de hectáreas de tierra que equivalen en superficie a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz (20 mil hectáreas). Figuran en la lista del clan los Saavedra Buno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner. Los Gutiérrez poseen 96 mil hectáreas, los Paz Hurtado 76 mil y los Gasser Bowles 72 mil hectáreas. Marinkovic es el ideólogo del bloque de la "media luna" empresarial y se lo conoce como el más lúcido del movimiento empresarial. Se destacó por su incondicional defensa de los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, gremio petrolero afiliado a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Marinkovic dirige Industrias Oleaginosas Limitada (IOL) y junto a los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Los Marinkovic poseen sin títulos de propiedad más de 26 mil hectáreas en Santa Cruz, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña. El Viceministerio de Tierras y el INRA intentan revertir al Estado las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. El predio Laguna Corazón es propiedad de Branco y Yasminka pertenece a su hermana Yasminka Catarina. Una parte de la hacienda Yasminka está dentro de la tierra comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena guarayo y el 100 por ciento del predio Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente asentamientos humanos. El saneamiento irregular de ambas haciendas ejemplifica cómo gente poderosa de Santa Cruz se apoderó de miles de hectáreas en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados, violentando leyes y alterando datos de sus expedientes agrarios. Las haciendas Laguna Corazón y Yasminka no son las únicas propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz. Según los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la familia tiene al menos otros nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban. La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales. Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis. Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel. Oswaldo “Pato” Monasterios fue senador por el MNR. Según el INRA, la familia poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el área rural y 20.505 hectáreas en la capital. Es decir, controlan una superficie de tierra tres veces superior a la ciudad de Santa Cruz. Gran parte le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales. Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país. Informes de la Superintendencia de Bancos revela el enorme peso de los latifundistas en el paquete accionario de la banca nacional y muestran, además, que se usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder. Más de la mitad de los créditos se destinó a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país. Los clanes cruceños están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo porque muchos de ellos son descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras. Un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas es controlado por empresarios brasileños. Otro tercio de la producción y exportación está bajo control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
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Quién es quién en Beni
Reino de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Ávila, Nacif, Antelo, Salek. 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que en extensión es 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.
Aparecen también los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner, familias europeas que controlan el comercio, la banca, la administración pública y la prensa. Uno de ellos, Ernesto Suárez Sattori, ganadero latifundista y ex parlamentario de ADN, es Prefecto del departamento.
Quién es quién en Beni
Reino de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Ávila, Nacif, Antelo, Salek. 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que en extensión es 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.
Aparecen también los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner, familias europeas que controlan el comercio, la banca, la administración pública y la prensa. Uno de ellos, Ernesto Suárez Sattori, ganadero latifundista y ex parlamentario de ADN, es Prefecto del departamento.
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Quién es quién en Pando
Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz. Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas equivalentes a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna otro ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández. Su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció hace un año y medio que sea candidato por el MAS a la Prefectura de Pando. (Con datos de 1. “La rebelión de los 100 clanes”, www.econoticiasbolivia.com; 2. “La tierra, el telón de fondo del movimiento autonomista”, www.bolpress.com).
[5] Quedan unas mil familias guaraníes esclavizadas sin tierra, sin salario y sin gozar derechos básicos como la libre expresión. Aunque parezca mentira, para hablar con ellos hay que pedir permiso al patrón.
Quién es quién en Pando
Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz. Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas equivalentes a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna otro ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández. Su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció hace un año y medio que sea candidato por el MAS a la Prefectura de Pando. (Con datos de 1. “La rebelión de los 100 clanes”, www.econoticiasbolivia.com; 2. “La tierra, el telón de fondo del movimiento autonomista”, www.bolpress.com).
[5] Quedan unas mil familias guaraníes esclavizadas sin tierra, sin salario y sin gozar derechos básicos como la libre expresión. Aunque parezca mentira, para hablar con ellos hay que pedir permiso al patrón.
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BolPress - Bolivia/04/05/2008
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