El Banco Central (Markazi) de Irán recientemente dio a conocer los datos sobre el primer semestre del año fiscal reciéncumplido – 2007/2008 – el tercero que se ha gestionado de acuerdo con las indicaciones del cuarto plan quinquenal de desarrollo. La balanza de valores del Estado continúa aumentando su déficit, con una gestión fiscal más atenta a las repercusiones políticas que a los efectos económicos de las medidas adoptadas. Una postura que hace tambalear el futuro equilibrio de la República Islámica.
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Elisa Morici
Elisa Morici
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En el último año fiscal completamente reseñado por la Banca Central Iraní, el 2006/2007, el Gobierno central cerró sus propias cuentas en déficit, con una suma de casi 13.000 millones de euros, el 41% de la compra más con respecto al año fiscal precedente.
En el último año fiscal completamente reseñado por la Banca Central Iraní, el 2006/2007, el Gobierno central cerró sus propias cuentas en déficit, con una suma de casi 13.000 millones de euros, el 41% de la compra más con respecto al año fiscal precedente.
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Cómo el Estado gana y en qué gasta
Los principales recursos que garantizan la financiación del presupuesto estatal derivan del petróleo: la venta de petróleo y sus productos derivados, el impuesto sobre la oil performance, además de la extracción sobre la cuota de producción debida al Gobierno, aportan al Estado el 65,1% de su propia riqueza. Durante el año fiscal 2006/2007, los ingresos totales de la balanza de valores ascienden a 231.125.800 millones reales, por lo general derivados de la venta de bienes no financieros, como precisamente el crudo, y la recaudación de impuestos; los bienes financieros, que han tenido un año fiscal mejor que el precedente, han aportado a las arcaspúblicas menos de lo que conjeturaban las previsiones de la balanza de valores, seguido de la lentitud del proceso de privatización y la afluencia de menores inversiones externas. Un ingreso consistente extra en la balanza de valores, que también depende de los útiles petrolíferos, lo constituye la retirada sistemática de dinero del Oil Stabilisation Fund, el Fondo de Estabilización Petrolífero, en el que debería ser capitalizada la diferencia entre los ingresos realizados por las ventas de petróleo respecto a las ventas previstas, pero que el Gobierno utiliza para mantener los compromisos de compra corriente. En el año fiscal 2006/2007, el Gobierno ha obtenido del Fondo más de 142.000 millones de reales, una suma de más del doble respecto al año precedente. La dependencia de ingresos petrolíferos para satisfacer los compromisos de compra expone al mercado de valores a una caída del precio del crudo en el mercado internacional. Al mismo tiempo, , por una serie de circunstancias, el petróleo constituye actualmente una base sólida de las finanzas iraníes: ante todo, la marcha hacia el realce de sus cotizaciones sobre los mercados internacionales parece no pararse, produciendo, por lo tanto, un considerable instrumento para la República Islámica; en segundo lugar, pueden imponer restricciones sobre las exportaciones iraníes de crudo– mientras los demás productos, menos estratégicos para la economía internacional, están más sujetos a medidas similares. Al frente de la compra, con 29.100 millones de reales al año fiscal, han estado las ayudas prodigadas por el Gobierno para drenar la mayor suma de recursos: el 14% de todo el gasto público es absorbido por las contribuciones gubernamentales distribuidas a la población para los bienes esenciales, a los cuales se añaden las ayudas para carburantes, fertilizantes químicos y pesticidas, billetes de metro de Teherán, compra de medicinas y leche en polvo. Las ayudas representan un peso del cual el mercado de valores no consigue liberarse, seguido de la resistencia opuesta por el Parlamento, si bien, como opina el Fondo Monetario Internacional, una asistencia social dirigida sería económicamente más sostenible y permitiría la ralentización de la inflación –por lo tanto, las mismas presiones sobre el poder de adquisición que refuerzan la demanda de ayudas y su influencia política-.
Cómo el Estado gana y en qué gasta
Los principales recursos que garantizan la financiación del presupuesto estatal derivan del petróleo: la venta de petróleo y sus productos derivados, el impuesto sobre la oil performance, además de la extracción sobre la cuota de producción debida al Gobierno, aportan al Estado el 65,1% de su propia riqueza. Durante el año fiscal 2006/2007, los ingresos totales de la balanza de valores ascienden a 231.125.800 millones reales, por lo general derivados de la venta de bienes no financieros, como precisamente el crudo, y la recaudación de impuestos; los bienes financieros, que han tenido un año fiscal mejor que el precedente, han aportado a las arcaspúblicas menos de lo que conjeturaban las previsiones de la balanza de valores, seguido de la lentitud del proceso de privatización y la afluencia de menores inversiones externas. Un ingreso consistente extra en la balanza de valores, que también depende de los útiles petrolíferos, lo constituye la retirada sistemática de dinero del Oil Stabilisation Fund, el Fondo de Estabilización Petrolífero, en el que debería ser capitalizada la diferencia entre los ingresos realizados por las ventas de petróleo respecto a las ventas previstas, pero que el Gobierno utiliza para mantener los compromisos de compra corriente. En el año fiscal 2006/2007, el Gobierno ha obtenido del Fondo más de 142.000 millones de reales, una suma de más del doble respecto al año precedente. La dependencia de ingresos petrolíferos para satisfacer los compromisos de compra expone al mercado de valores a una caída del precio del crudo en el mercado internacional. Al mismo tiempo, , por una serie de circunstancias, el petróleo constituye actualmente una base sólida de las finanzas iraníes: ante todo, la marcha hacia el realce de sus cotizaciones sobre los mercados internacionales parece no pararse, produciendo, por lo tanto, un considerable instrumento para la República Islámica; en segundo lugar, pueden imponer restricciones sobre las exportaciones iraníes de crudo– mientras los demás productos, menos estratégicos para la economía internacional, están más sujetos a medidas similares. Al frente de la compra, con 29.100 millones de reales al año fiscal, han estado las ayudas prodigadas por el Gobierno para drenar la mayor suma de recursos: el 14% de todo el gasto público es absorbido por las contribuciones gubernamentales distribuidas a la población para los bienes esenciales, a los cuales se añaden las ayudas para carburantes, fertilizantes químicos y pesticidas, billetes de metro de Teherán, compra de medicinas y leche en polvo. Las ayudas representan un peso del cual el mercado de valores no consigue liberarse, seguido de la resistencia opuesta por el Parlamento, si bien, como opina el Fondo Monetario Internacional, una asistencia social dirigida sería económicamente más sostenible y permitiría la ralentización de la inflación –por lo tanto, las mismas presiones sobre el poder de adquisición que refuerzan la demanda de ayudas y su influencia política-.
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Elecciones políticas populares – pero autoritarias e insostenibles
Las ayudas son utilizadas como arma política para obtener el apoyo del pueblo, más que para sostener la renta y la capacidad de supervivencia de los menos pudientes. El cuarto plan de desarrollo quinquenal, entrando en su penúltimo año de realización, prevé entre sus objetivos el crecimiento sostenible y la justicia social; según el Banco Central -muy crítico sobre la gestión económica del Estado- deben adoptarse políticas monetarias capaces de satisfacer las demandas de liquidez, considerando el contenido de la inflación. Dichas indicaciones no se han cumplido: sobre todo, la base monetaria, en vez de a través de un refuerzo de la actividad capaz de llevar a cabo procesos virtuosos para el empleo y el crecimiento económico, está alimentada por los continuos retiros de reales del fondo de estabilización petrolífera, los que llevan a la elevación de la liquidez en circulación y, como consecuencia, a la inflación. La inflación se muestra bajo valores problemáticos en Irán. Con una tasa de crecimiento del 24%, las políticas fiscales y monetarias expansivas no podrán más que aportar ulteriores presiones en el realce de los precios. El cambio de imagen parece preocupar al presidente Ahmadineyad más que por las cuentas públicas, sobre todo por las próximas elecciones del 2009, como demuestra la última tentativa de redistribuir las ganancias petrolíferas entre la población: una elección popular en un primer momento, pero llevada a cabo en un contexto donde no tardarán en manifestarse graves efectos inflacionistas, denunciados por los opositores del presidente, en particular, por Rafsanjani. La irresponsabilidad económica constituye un ulterior factor de crítica a la ya discutida gestión política del país, además de una carencia difícil de colmar. Medidas como el estrecho control de las instituciones bancarias, las severas restricciones impuestas sobre los contratos petrolíferos y el alejamiento de diversos funcionarios experimentados de los ministerios, sustituidos por hombres del entorno del Presidente no muy hábiles, han conducido a la perdida de expertos directivos y de las voces de disensión en lugares estratégicos que habrían podido responsabilizar, o cuanto menos contrarrestar, las políticas presidenciales. Las potenciales implosiones de las cuentas públicas complica un escenario, como el iraní, ya agravado por la ausencia de una programación económica y por el creciente peso de las sanciones. En los últimos veinte años, la falta de consenso político sobre el rol de las inversiones externas, sobre todo occidentales y, más en general, el enfrentamiento entre defensores del rol del Gobierno en la economía y partidarios de la independencia del mercado han impedido la redacción de una política de desarrollo coherente y sólida, además han recluido el poder privado a un rol marginal, dejando en manos del poder público la gestión económica –y la responsabilidad de cargas crecientes. Por otra parte, las sanciones, adoptadas por diversos protagonistas de la comunidad internacional en respuesta a los planes nucleares iraníes, desaniman a las empresas extranjeras a la hora de actuar, que, una vez invertido a largo plazo en el país, temen verse obstaculizadas por la retorsión de las líneas de financiación de la US Export-Import Bank y de otras instituciones financieras estadounidenses, además de perder la licencia de exportaciones hacia Estados Unidos: se trata de medidas radicales que Estados Unidos han decidido aplicar, in primis contra las sociedades de los propios socios comerciales, pero que constituyen igualmente un elemento de disuasión para las inversiones privadas.
Elecciones políticas populares – pero autoritarias e insostenibles
Las ayudas son utilizadas como arma política para obtener el apoyo del pueblo, más que para sostener la renta y la capacidad de supervivencia de los menos pudientes. El cuarto plan de desarrollo quinquenal, entrando en su penúltimo año de realización, prevé entre sus objetivos el crecimiento sostenible y la justicia social; según el Banco Central -muy crítico sobre la gestión económica del Estado- deben adoptarse políticas monetarias capaces de satisfacer las demandas de liquidez, considerando el contenido de la inflación. Dichas indicaciones no se han cumplido: sobre todo, la base monetaria, en vez de a través de un refuerzo de la actividad capaz de llevar a cabo procesos virtuosos para el empleo y el crecimiento económico, está alimentada por los continuos retiros de reales del fondo de estabilización petrolífera, los que llevan a la elevación de la liquidez en circulación y, como consecuencia, a la inflación. La inflación se muestra bajo valores problemáticos en Irán. Con una tasa de crecimiento del 24%, las políticas fiscales y monetarias expansivas no podrán más que aportar ulteriores presiones en el realce de los precios. El cambio de imagen parece preocupar al presidente Ahmadineyad más que por las cuentas públicas, sobre todo por las próximas elecciones del 2009, como demuestra la última tentativa de redistribuir las ganancias petrolíferas entre la población: una elección popular en un primer momento, pero llevada a cabo en un contexto donde no tardarán en manifestarse graves efectos inflacionistas, denunciados por los opositores del presidente, en particular, por Rafsanjani. La irresponsabilidad económica constituye un ulterior factor de crítica a la ya discutida gestión política del país, además de una carencia difícil de colmar. Medidas como el estrecho control de las instituciones bancarias, las severas restricciones impuestas sobre los contratos petrolíferos y el alejamiento de diversos funcionarios experimentados de los ministerios, sustituidos por hombres del entorno del Presidente no muy hábiles, han conducido a la perdida de expertos directivos y de las voces de disensión en lugares estratégicos que habrían podido responsabilizar, o cuanto menos contrarrestar, las políticas presidenciales. Las potenciales implosiones de las cuentas públicas complica un escenario, como el iraní, ya agravado por la ausencia de una programación económica y por el creciente peso de las sanciones. En los últimos veinte años, la falta de consenso político sobre el rol de las inversiones externas, sobre todo occidentales y, más en general, el enfrentamiento entre defensores del rol del Gobierno en la economía y partidarios de la independencia del mercado han impedido la redacción de una política de desarrollo coherente y sólida, además han recluido el poder privado a un rol marginal, dejando en manos del poder público la gestión económica –y la responsabilidad de cargas crecientes. Por otra parte, las sanciones, adoptadas por diversos protagonistas de la comunidad internacional en respuesta a los planes nucleares iraníes, desaniman a las empresas extranjeras a la hora de actuar, que, una vez invertido a largo plazo en el país, temen verse obstaculizadas por la retorsión de las líneas de financiación de la US Export-Import Bank y de otras instituciones financieras estadounidenses, además de perder la licencia de exportaciones hacia Estados Unidos: se trata de medidas radicales que Estados Unidos han decidido aplicar, in primis contra las sociedades de los propios socios comerciales, pero que constituyen igualmente un elemento de disuasión para las inversiones privadas.
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Conclusiones
Después del posible empeoramiento de las relaciones internacionales, el equilibrio de la posición fiscal de la República Islámica representa el mayor riesgo para el futuro. Los ingresos son altamente vulnerables a la caída de los precios del petróleo, como consecuencia la estructura de las ayudas no puede todavía ser mantenida a largo plazo. Sin embargo, un replanteamiento de las políticas asistenciales en clave más restrictiva es improbable antes de las elecciones políticas de 2009. Salvo un cambio en el orden del Estado Islámico, el control sobre la población es mantenido a través de políticas populistas, dirigidas a cuidar la desaprobación a través de la garantía de un cierto apoyo de los consumidores. Estos efectos podrían desencadenar en el retiro de las ayudas sobre bienes esenciales o sobre carburante en un país donde la cuarta parte de los jóvenes está desempleada, son previsibles: desapego del poder central y la autoridad, por lo tanto contestaciones, también de violencia, y difusión de desordenes internos en un área ya altamente inestable como es la meridional.Por el momento es impensable el retiro de las ayudas, todavía menos si se habla de diversificación productiva de la realidad iraní, necesaria para hacer las inversiones menos volátiles en el transcurso de los mercados internacionales. Las sanciones y las restricciones a las importaciones son impuestas por la comunidad internacional para disuadir a Irán de sus ambiciones nucleares penalizando el resto de la economía productiva de los inversores extranjeros en sectores de petróleo y de gas natural.
Conclusiones
Después del posible empeoramiento de las relaciones internacionales, el equilibrio de la posición fiscal de la República Islámica representa el mayor riesgo para el futuro. Los ingresos son altamente vulnerables a la caída de los precios del petróleo, como consecuencia la estructura de las ayudas no puede todavía ser mantenida a largo plazo. Sin embargo, un replanteamiento de las políticas asistenciales en clave más restrictiva es improbable antes de las elecciones políticas de 2009. Salvo un cambio en el orden del Estado Islámico, el control sobre la población es mantenido a través de políticas populistas, dirigidas a cuidar la desaprobación a través de la garantía de un cierto apoyo de los consumidores. Estos efectos podrían desencadenar en el retiro de las ayudas sobre bienes esenciales o sobre carburante en un país donde la cuarta parte de los jóvenes está desempleada, son previsibles: desapego del poder central y la autoridad, por lo tanto contestaciones, también de violencia, y difusión de desordenes internos en un área ya altamente inestable como es la meridional.Por el momento es impensable el retiro de las ayudas, todavía menos si se habla de diversificación productiva de la realidad iraní, necesaria para hacer las inversiones menos volátiles en el transcurso de los mercados internacionales. Las sanciones y las restricciones a las importaciones son impuestas por la comunidad internacional para disuadir a Irán de sus ambiciones nucleares penalizando el resto de la economía productiva de los inversores extranjeros en sectores de petróleo y de gas natural.
Traducido por Diana Casal
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Equilibri.net - Italy/05/06/2008
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