"Cacería de brujas" colombiana
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Detención en España, allanamientos en Suiza: complicidad con “Cacería de Brujas” implementada por el Terrorismo del Estado Colombiano (Persecución absoluta en época de saqueo intensivo de los recursos, y alerta sobre la necesidad de una activa solidaridad internacional en la denuncia de estas practicas dictatoriales.)
Detención en España, allanamientos en Suiza: complicidad con “Cacería de Brujas” implementada por el Terrorismo del Estado Colombiano (Persecución absoluta en época de saqueo intensivo de los recursos, y alerta sobre la necesidad de una activa solidaridad internacional en la denuncia de estas practicas dictatoriales.)
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Ayer conocimos la noticia de la detención de una ciudadana española en Madrid, en el marco de la operación de criminalización a gran escala desatada por el régimen de Uribe contra sus opositores. Las declaraciones del director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo son muy preocupantes; declaró a radio RCN que la detención en España de María Remedios García Albert se debe a que ella “es integrante de la llamada Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, y añadió ufano que su captura fue posible por la "estrecha cooperación” entre las autoridades de los dos países.También anunció que "Esa captura es el principio de una serie de detenciones que se van a llevar a cabo en Europa, básicamente de personas vinculadas con las FARC. Así lo esperamos en la medida en que se está procesando el material documental hallado en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes”. Una operación de criminalización cuya envergadura es sólo comparable en magnitud al carácter falaz de las acusaciones. Naranjo indicó que con los “datos recabados” se habría conformado una “estructura probatoria” que vincula con esa organización a "un número significativo de personas residentes en el exterior, algunas nacionales europeas y otros colombianos radicados en esos países". Esto es una operación de Terrorismo psicológico y de criminalización de la opinión política.
Ayer conocimos la noticia de la detención de una ciudadana española en Madrid, en el marco de la operación de criminalización a gran escala desatada por el régimen de Uribe contra sus opositores. Las declaraciones del director de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo son muy preocupantes; declaró a radio RCN que la detención en España de María Remedios García Albert se debe a que ella “es integrante de la llamada Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, y añadió ufano que su captura fue posible por la "estrecha cooperación” entre las autoridades de los dos países.También anunció que "Esa captura es el principio de una serie de detenciones que se van a llevar a cabo en Europa, básicamente de personas vinculadas con las FARC. Así lo esperamos en la medida en que se está procesando el material documental hallado en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes”. Una operación de criminalización cuya envergadura es sólo comparable en magnitud al carácter falaz de las acusaciones. Naranjo indicó que con los “datos recabados” se habría conformado una “estructura probatoria” que vincula con esa organización a "un número significativo de personas residentes en el exterior, algunas nacionales europeas y otros colombianos radicados en esos países". Esto es una operación de Terrorismo psicológico y de criminalización de la opinión política.
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Según Naranjo, a la ciudadana criminalizada y detenida se le encontró "bastante material documental que prueba una relación muy estrecha con las FARC, ejemplares de la revista Resistencia, un computador que está siendo procesado por las autoridades y en el momento de la captura dijo que sí conocía personalmente a los jefes rebeldes Iván Márquez y Raúl Reyes". Claramente, esto no son pruebas de nada, pues a Raúl Reyes lo conocía muchísima gente, así como innumerables diplomáticos, periodistas, académicos, estudiantes, investigadores y mediadores conocen a Iván Márquez. En cuanto a la tenencia de una revista, parece aberrante que eso sea una prueba de algo, pero es revelador que eso sea una prueba para general Óscar Naranjo, revelador de un Estado que, bañado en la impunidad y el horror de su estrategia paramilitar, cree poder criminalizar a quién quiera, dónde quiera, armando los montajes judiciales más burdos, cómo lo viene haciendo en Colombia desde hace años ya… Esto da una idea clara del nivel de represión y Terrorismo del Estado colombiano. La era del oscurantismo absoluto. Y aún hay gente, y la mayoría casi absoluta de los Estados y su diplomacia, que dicen que el Estado colombiano es un “Estado de derecho”… Parece que los Estados que albergan sedes madre de multinacionales que expolian Colombia, están dispuestos a darle colaboración al régimen colombiano… Esto es algo que le corresponde denunciar a los pueblos del mundo: esa connivencia atroz con un régimen genocida, en sus maniobras de criminalización del pensamiento. .
Esta detención se produjo después de la reunión mantenida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española, Javier Zaragoza, y el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, en la que se abordó la “colaboración de los dos países para luchar contra el narcotráfico” Zaragoza expresó que "Sabemos que el dinero de las FARC procedente del narcotráfico se mueve también a través de Europa y esperamos prestar a las autoridades colombianas y muy especialmente a la Fiscalía de la nación toda la ayuda que sea necesaria para llegar a las últimas consecuencias de la investigación". Esta Utilización del tema del narcotráfico para criminalizar a los movimientos insurgentes es de lo más cínica, cuando se sabe que el régimen de Uribe está completamente empapado por el narcotráfico, empezando por el propio Uribe, que tiene un historial contundente y comprobado en el narcotráfico, desde los permisos a las avionetas de los narcos que expedía cuando era director de la Aeronáutica civil, pasando por su labor en estrecha vinculación con Escobar y los Ochoa desde la gobernación de Antioquia, sus permisos aduaneros para el Permanganato de Potasio necesario para la pasta base de cocaína a su amigo y socio de narco-negocios Moreno Villa… en fin, la lista es demasiado larga…(consultar la investigación de Joseph Contreras titulada “Uribe, el señor de las Sombras”, entre otras múltiples fuentes que desvelan la narco-connivencia de Uribe.)
Esta detención se produjo después de la reunión mantenida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española, Javier Zaragoza, y el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, en la que se abordó la “colaboración de los dos países para luchar contra el narcotráfico” Zaragoza expresó que "Sabemos que el dinero de las FARC procedente del narcotráfico se mueve también a través de Europa y esperamos prestar a las autoridades colombianas y muy especialmente a la Fiscalía de la nación toda la ayuda que sea necesaria para llegar a las últimas consecuencias de la investigación". Esta Utilización del tema del narcotráfico para criminalizar a los movimientos insurgentes es de lo más cínica, cuando se sabe que el régimen de Uribe está completamente empapado por el narcotráfico, empezando por el propio Uribe, que tiene un historial contundente y comprobado en el narcotráfico, desde los permisos a las avionetas de los narcos que expedía cuando era director de la Aeronáutica civil, pasando por su labor en estrecha vinculación con Escobar y los Ochoa desde la gobernación de Antioquia, sus permisos aduaneros para el Permanganato de Potasio necesario para la pasta base de cocaína a su amigo y socio de narco-negocios Moreno Villa… en fin, la lista es demasiado larga…(consultar la investigación de Joseph Contreras titulada “Uribe, el señor de las Sombras”, entre otras múltiples fuentes que desvelan la narco-connivencia de Uribe.)
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Además de la detención de la ciudadana española, en estos últimos 10 días han sido allanadas varias casas de refugiados colombianos en Suiza, por orden de un fiscal, dentro de esta operación de criminalización a gran escala que lleva el Gobierno Colombiano… gobierno calificado por muchos, debido a su accionar paramilitar y las múltiples implicaciones en el Narcotráfico de muchos de sus integrantes, desde generales a congresistas, de gobierno-narco-paramilitar.
Además de la detención de la ciudadana española, en estos últimos 10 días han sido allanadas varias casas de refugiados colombianos en Suiza, por orden de un fiscal, dentro de esta operación de criminalización a gran escala que lleva el Gobierno Colombiano… gobierno calificado por muchos, debido a su accionar paramilitar y las múltiples implicaciones en el Narcotráfico de muchos de sus integrantes, desde generales a congresistas, de gobierno-narco-paramilitar.
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Llegan a las casa, incautan los computadores, toman fotos, miran el tipo de literatura... Se trata de amedrentar a los refugiados y mantener calladas las denuncias al régimen. El gobierno colombiano puede acceder a la información personal de los computadores: a direcciones de familiares en Colombia; esto pone en peligro la vida de los familiares de los refugiados. ¿Se harán co-responsables de eventuales muertes o “desapariciones” perpetradas contra los familiares por parte de la represión del régimen colombiano las autoridades europeas, que aún sabiendo el nivel de terror del Estado colombiano, se prestan para esta criminalización…?
Llegan a las casa, incautan los computadores, toman fotos, miran el tipo de literatura... Se trata de amedrentar a los refugiados y mantener calladas las denuncias al régimen. El gobierno colombiano puede acceder a la información personal de los computadores: a direcciones de familiares en Colombia; esto pone en peligro la vida de los familiares de los refugiados. ¿Se harán co-responsables de eventuales muertes o “desapariciones” perpetradas contra los familiares por parte de la represión del régimen colombiano las autoridades europeas, que aún sabiendo el nivel de terror del Estado colombiano, se prestan para esta criminalización…?
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Un motivo esgrimido durante los allanamientos, entre otros pretextos burdos, fue la supuesta búsqueda del autor de una caricatura que según ellos incurre en el delito de insulto al presidente de Colombia (Uribe), o “injuria a gobierno extranjero”. Esta caricatura fue ampliamente difundida en Internet, y fue ampliamente usada como pancarta en las marchas del 6 de marzo contra los Crímenes de Estado, marcha que fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y realizada a nivel internacional. No encontraron mejores pretextos que ese supuesto “delito de injuria” y otras grotescas invenciones para justificar semejante atropello a las libertades, e incurrir en la intimidad de las personas para fiscalizar y perseguirlas en sus opiniones. En la caricatura se ve a Uribe alzando una motosierra ensangrentada: esta imagen es una metáfora visual de la política de Uribe de crear, auspiciar y premiar a la estructura paramilitar, como la herramienta de guerra sucia del Estado Colombiano. Esta herramienta de guerra sucia del Estado, los paramilitares, han masacrado a decenas de miles de campesinos colombianos, y muchas de esas masacres fueron perpetradas usando motosierras para desmembrar a las víctimas, en un claro acto de Terrorismo de Estado. La intencionalidad de esos niveles de horror siempre fue conseguir que las poblaciones sobrevivientes accedieran a dejar sus casas y sus tierras, y se convirtieran en desplazados, dejando así las tierras libres a las explotaciones mineras, agro-industriales, u otro tipo de explotación de la tierra y los recursos naturales beneficioso para las multinacionales, que en múltiples casos han también cofinanciado a estos grupos de torturadores: los paramilitares. En Colombia hay ya más de 4 millones de personas desplazadas internas por esa política de Terrorismo de Estado, aplicada con una doble finalidad: la primera finalidad es liberar de sus pobladores las tierras ricas en recursos y de alto interés económico para las multinacionales para así viabilizar el Saqueo sin obstáculos o reivindicación ambiental o laboral de ninguna índole, y la otra finalidad de ese Terrorismo de Estado ha sido(y es) la política de la “tierra arrasada”, con la que se busca vaciar al campo del campesinado, en una estrategia contra-insurgente, puesto que los miembros de las guerrillas son los mismo hijos, hermanos y familiares de estos campesinos, históricamente expoliados y explotados; campesinos que conocen unas tasas de empobrecimiento indignantes, y para los cuales la presencia del Estado siempre ha representado represión y muerte en pro de facilitar el saqueo del medio-ambiente, generando contaminación y miseria… la presencia del estado nunca ha representado sus derechos más básicos a tener hospitales, escuelas o salubridad.
Un motivo esgrimido durante los allanamientos, entre otros pretextos burdos, fue la supuesta búsqueda del autor de una caricatura que según ellos incurre en el delito de insulto al presidente de Colombia (Uribe), o “injuria a gobierno extranjero”. Esta caricatura fue ampliamente difundida en Internet, y fue ampliamente usada como pancarta en las marchas del 6 de marzo contra los Crímenes de Estado, marcha que fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y realizada a nivel internacional. No encontraron mejores pretextos que ese supuesto “delito de injuria” y otras grotescas invenciones para justificar semejante atropello a las libertades, e incurrir en la intimidad de las personas para fiscalizar y perseguirlas en sus opiniones. En la caricatura se ve a Uribe alzando una motosierra ensangrentada: esta imagen es una metáfora visual de la política de Uribe de crear, auspiciar y premiar a la estructura paramilitar, como la herramienta de guerra sucia del Estado Colombiano. Esta herramienta de guerra sucia del Estado, los paramilitares, han masacrado a decenas de miles de campesinos colombianos, y muchas de esas masacres fueron perpetradas usando motosierras para desmembrar a las víctimas, en un claro acto de Terrorismo de Estado. La intencionalidad de esos niveles de horror siempre fue conseguir que las poblaciones sobrevivientes accedieran a dejar sus casas y sus tierras, y se convirtieran en desplazados, dejando así las tierras libres a las explotaciones mineras, agro-industriales, u otro tipo de explotación de la tierra y los recursos naturales beneficioso para las multinacionales, que en múltiples casos han también cofinanciado a estos grupos de torturadores: los paramilitares. En Colombia hay ya más de 4 millones de personas desplazadas internas por esa política de Terrorismo de Estado, aplicada con una doble finalidad: la primera finalidad es liberar de sus pobladores las tierras ricas en recursos y de alto interés económico para las multinacionales para así viabilizar el Saqueo sin obstáculos o reivindicación ambiental o laboral de ninguna índole, y la otra finalidad de ese Terrorismo de Estado ha sido(y es) la política de la “tierra arrasada”, con la que se busca vaciar al campo del campesinado, en una estrategia contra-insurgente, puesto que los miembros de las guerrillas son los mismo hijos, hermanos y familiares de estos campesinos, históricamente expoliados y explotados; campesinos que conocen unas tasas de empobrecimiento indignantes, y para los cuales la presencia del Estado siempre ha representado represión y muerte en pro de facilitar el saqueo del medio-ambiente, generando contaminación y miseria… la presencia del estado nunca ha representado sus derechos más básicos a tener hospitales, escuelas o salubridad.
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Es en el marco de esta política de saqueo y represión que el Terrorismo del Estado en Colombia ha desarrollado sus bandas paramilitares, que violan, torturan, castran y amputan partes del cuerpo con motosierra, siempre asegurándose que el pueblo o poblado presencie esta barbarie para disuadirlos de luchar por mejoras sociales, mediante el Terror inducido, y para asegurarse la huída despavorida de los habitantes. Ese método atroz de viabilizar el saqueo de los recursos ha logrado desplazar poblaciones que, de otro modo, jamás habrían abandonado sus tierras: las poblaciones campesinas de Colombia están profundamente arraigadas con la tierra, y para las poblaciones campesinas-indígenas ese arraigo es algo indisociable de su cultura y de su existencia misma como grupo social, cultural y étnico. Por eso decimos que el Estado, y las multinacionales, son responsables de un claro etnocidio y genocidio contra la población colombiana, al socavar también la soberanía alimentaria de un país, acabando con su campesinado para instaurar el agro-industrial con fines de agro-combustibles o instaurar la minería u otro uso esquilmante del medio ambiente.
Es en el marco de esta política de saqueo y represión que el Terrorismo del Estado en Colombia ha desarrollado sus bandas paramilitares, que violan, torturan, castran y amputan partes del cuerpo con motosierra, siempre asegurándose que el pueblo o poblado presencie esta barbarie para disuadirlos de luchar por mejoras sociales, mediante el Terror inducido, y para asegurarse la huída despavorida de los habitantes. Ese método atroz de viabilizar el saqueo de los recursos ha logrado desplazar poblaciones que, de otro modo, jamás habrían abandonado sus tierras: las poblaciones campesinas de Colombia están profundamente arraigadas con la tierra, y para las poblaciones campesinas-indígenas ese arraigo es algo indisociable de su cultura y de su existencia misma como grupo social, cultural y étnico. Por eso decimos que el Estado, y las multinacionales, son responsables de un claro etnocidio y genocidio contra la población colombiana, al socavar también la soberanía alimentaria de un país, acabando con su campesinado para instaurar el agro-industrial con fines de agro-combustibles o instaurar la minería u otro uso esquilmante del medio ambiente.
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Ahora se desata una persecución internacional contra todo aquel que denuncie estas prácticas de genocidio, y que denuncie a los responsables: el Terrorismo de Estado y las grandes Multinacionales… Esta oleada de persecución es fundamentada por el gobierno colombiano en las supuestas “pruebas” de nexos y apoyo a las FARC, que el gobierno habría “encontrado” en la computadora de Raúl Reyes, incautada según el gobierno, después del bombardeo del Campamento de las FARC en el Ecuador, el 1ro de marzo 2008. En ese bombardeo fue asesinado Raúl Reyes y otros guerrilleros que estaban en Ecuador en misión de paz y de intercambio humanitario, y además fueron asesinados un ciudadano ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos que se hallaban en el campamento estudiando a las FARC como parte de los movimientos insurgentes de América Latina, y como tales parte de la historia misma del continente. Pero nadie se esperaba que las fuerzas de la inquisición y el oscurantismo se abatieran sobre el campamento con toneladas de bombas. Por si fuera poco, las tres sobrevivientes relatan que los heridos eran rematados a quemarropa por el ejército colombiano, que entró al campamento después de los bombardeos a continuar la masacre, estos testimonios fueron confirmados por las autopsias practicadas en el Ecuador a cadáveres de personas que, según toda evidencia, habían sido asesinadas por bala a quemarropa, cuando habían logrado sobrevivir a los bombardeos. Además de esto, el ejército colombiano se llevó a 11 personas con vida del campamento, estas personas se encuentran en la actualidad “desaparecidas”. Ver a propósito de la masacre y el tratamiento brutal que los medios le han dado a las sobrevivientes, este excelente video titulado “Rompiendo el silencio” y publicado en Rebelión.
Ahora se desata una persecución internacional contra todo aquel que denuncie estas prácticas de genocidio, y que denuncie a los responsables: el Terrorismo de Estado y las grandes Multinacionales… Esta oleada de persecución es fundamentada por el gobierno colombiano en las supuestas “pruebas” de nexos y apoyo a las FARC, que el gobierno habría “encontrado” en la computadora de Raúl Reyes, incautada según el gobierno, después del bombardeo del Campamento de las FARC en el Ecuador, el 1ro de marzo 2008. En ese bombardeo fue asesinado Raúl Reyes y otros guerrilleros que estaban en Ecuador en misión de paz y de intercambio humanitario, y además fueron asesinados un ciudadano ecuatoriano y 4 estudiantes mexicanos que se hallaban en el campamento estudiando a las FARC como parte de los movimientos insurgentes de América Latina, y como tales parte de la historia misma del continente. Pero nadie se esperaba que las fuerzas de la inquisición y el oscurantismo se abatieran sobre el campamento con toneladas de bombas. Por si fuera poco, las tres sobrevivientes relatan que los heridos eran rematados a quemarropa por el ejército colombiano, que entró al campamento después de los bombardeos a continuar la masacre, estos testimonios fueron confirmados por las autopsias practicadas en el Ecuador a cadáveres de personas que, según toda evidencia, habían sido asesinadas por bala a quemarropa, cuando habían logrado sobrevivir a los bombardeos. Además de esto, el ejército colombiano se llevó a 11 personas con vida del campamento, estas personas se encuentran en la actualidad “desaparecidas”. Ver a propósito de la masacre y el tratamiento brutal que los medios le han dado a las sobrevivientes, este excelente video titulado “Rompiendo el silencio” y publicado en Rebelión.
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A estas computadoras que el gobierno colombiano aduce como “pruebas” se las llama ya las “computadoras mágicas”, no sólo porque han resistido a toneladas de bombas, sino que también, después del 1ro de marzo, estando ya en manos del gobierno, han “generado solas” más de 48.000 archivos (según la propia INTERPOL, después del 1ro de marzo, más de 48.000 archivos han sido creados u modificados en dichas computadoras).
A estas computadoras que el gobierno colombiano aduce como “pruebas” se las llama ya las “computadoras mágicas”, no sólo porque han resistido a toneladas de bombas, sino que también, después del 1ro de marzo, estando ya en manos del gobierno, han “generado solas” más de 48.000 archivos (según la propia INTERPOL, después del 1ro de marzo, más de 48.000 archivos han sido creados u modificados en dichas computadoras).
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Pero ahora, en base a esta falacia de las “computadoras mágicas” se hacen allanamientos, detenciones, judicializaciones, y no sólo en el continente Americano, sino ahora también en Europa; sin duda hay que reaccionar terminantemente en condena a esta criminalización, y la solidaridad de los europeos es fundamental en esta condena a la criminalización y mackarthysación internacional.
Pero ahora, en base a esta falacia de las “computadoras mágicas” se hacen allanamientos, detenciones, judicializaciones, y no sólo en el continente Americano, sino ahora también en Europa; sin duda hay que reaccionar terminantemente en condena a esta criminalización, y la solidaridad de los europeos es fundamental en esta condena a la criminalización y mackarthysación internacional.
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En Colombia mueren cada año 20.000 niños por enfermedades curables y prevenibles tales como diarrea, enfermedades respiratorias y desnutrición. Colombia se ubica en el puesto número 11 entre los países con mayor desigualdad en el mundo (PNUD). Por razones de parto son casi mil mujeres las que mueren cada año. El panorama de la guerra social y económica, así como el de la represión contra las reivindicaciones sociales es absolutamente catastrófico, he aquí un breve recordatorio de cifras y hechos: 3.500 fosas comunes han sido destapadas porque los paramilitares dieron sus coordenadas para poderse acoger a una ley que les garantiza impunidad y los favorece, ley llamada “Ley de Justicia y Paz”, y confeccionada por uno de los principales instigadores de la estrategia paramilitar en Colombia: el presidente ilegítimo Uribe(obtuvo su reelección con delito de cohecho y coaccionando los votantes mediante sus paramilitares); miles de masacres por la estrategia paramilitar en connivencia con el ejército oficial han producido más de 4 millones de desplazados bajo la política de la “tierra arrasada”; más de 6 millones de hectáreas de tierras robadas a los desplazados por multinacionales de la extracción, del agro-industrial, y gamonales paramilitares y terratenientes que amplían su posesión de tierras en base al genocidio; Miles de ejecuciones extrajudiciales, al menos 11.386 colombianos asesinados fuera de combate por paramilitares y militares oficiales. Masacres en connivencia militar-paramilitar; más de 1.700 indígenas masacrados en lo que es un claro etnocidio; Centenares de montajes judiciales contra luchadores sociales; Miles de presos políticos que sufren torturas en las cárceles (denuncias múltiples: entre ellas OMCT). Torturas que a veces se transforman en asesinatos, que los carceleros disfrazan en “suicidios”:"hay asesinatos de algunos compañeros ahorcados, asesinados por sobredosis de droga, cuando ese interno nunca ha consumido", relata un preso (fuente radio Desalambrar)…"Es normal encontrar compañeros con graves dolencias intestinales a causa que nos ha tocado consumir agua con materia fecal en varias ocasiones".Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos(TPP) un proceso de diecisiete audiencias preliminares nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.Las empresas acusadas por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Son también acusados, por sus acciones y omisiones los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.Después de analizar las denuncias, testimonios y pruebas presentadas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, emitió su condena ética y moral contra 43 empresas de capitales extranjeros, que violan los derechos fundamentales en Colombia. También condenó al Gobierno de Colombia “por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus modalidades de matanzas, lesión grave a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan llevar a la destrucción física total o parcial” de grupos de personas. Las empresas fueron condenadas por violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios. También los estados que permiten y facilitan este tipo de violaciones por parte de las empresas, recibieron el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos. El dictamen también emite su condena contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales. Y responsabiliza a los organismos internacionales de alentar y permitir "la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional".Ahora más que nunca es clave la solidaridad internacional, para que los opositores al régimen de Colombia, y los luchadores sociales y ecológicos no sean arrinconados en las esquinas del terror y del silencio, si no son encarcelados o “desaparecidos”… Varias organizaciones de Derechos Humanos han trabajado para obtener registros sistemáticos sobre la desaparición forzada en Colombia entre ellas ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), estas organizaciones han denunciado cifras que alcanzan los 30.000 desaparecidos; cifras que han sido difíciles de oficializar por la diversidad de los mecanismos de impunidad que se han consolidado a lo largo de la historia en Colombia. Durante la administración del presidente Uribe ha sido muy difícil documentar y denunciar, ya que las familias y comunidades que denuncian son perseguidas, amenazadas, judicializadas y en muchos casos asesinadas. Ha sido el silencio la única garantía de vida en regiones fuertemente militarizadas y con presencia permanente de grupos paramilitares.
En Colombia mueren cada año 20.000 niños por enfermedades curables y prevenibles tales como diarrea, enfermedades respiratorias y desnutrición. Colombia se ubica en el puesto número 11 entre los países con mayor desigualdad en el mundo (PNUD). Por razones de parto son casi mil mujeres las que mueren cada año. El panorama de la guerra social y económica, así como el de la represión contra las reivindicaciones sociales es absolutamente catastrófico, he aquí un breve recordatorio de cifras y hechos: 3.500 fosas comunes han sido destapadas porque los paramilitares dieron sus coordenadas para poderse acoger a una ley que les garantiza impunidad y los favorece, ley llamada “Ley de Justicia y Paz”, y confeccionada por uno de los principales instigadores de la estrategia paramilitar en Colombia: el presidente ilegítimo Uribe(obtuvo su reelección con delito de cohecho y coaccionando los votantes mediante sus paramilitares); miles de masacres por la estrategia paramilitar en connivencia con el ejército oficial han producido más de 4 millones de desplazados bajo la política de la “tierra arrasada”; más de 6 millones de hectáreas de tierras robadas a los desplazados por multinacionales de la extracción, del agro-industrial, y gamonales paramilitares y terratenientes que amplían su posesión de tierras en base al genocidio; Miles de ejecuciones extrajudiciales, al menos 11.386 colombianos asesinados fuera de combate por paramilitares y militares oficiales. Masacres en connivencia militar-paramilitar; más de 1.700 indígenas masacrados en lo que es un claro etnocidio; Centenares de montajes judiciales contra luchadores sociales; Miles de presos políticos que sufren torturas en las cárceles (denuncias múltiples: entre ellas OMCT). Torturas que a veces se transforman en asesinatos, que los carceleros disfrazan en “suicidios”:"hay asesinatos de algunos compañeros ahorcados, asesinados por sobredosis de droga, cuando ese interno nunca ha consumido", relata un preso (fuente radio Desalambrar)…"Es normal encontrar compañeros con graves dolencias intestinales a causa que nos ha tocado consumir agua con materia fecal en varias ocasiones".Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos(TPP) un proceso de diecisiete audiencias preliminares nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.Las empresas acusadas por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Son también acusados, por sus acciones y omisiones los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.Después de analizar las denuncias, testimonios y pruebas presentadas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, emitió su condena ética y moral contra 43 empresas de capitales extranjeros, que violan los derechos fundamentales en Colombia. También condenó al Gobierno de Colombia “por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus modalidades de matanzas, lesión grave a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan llevar a la destrucción física total o parcial” de grupos de personas. Las empresas fueron condenadas por violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios. También los estados que permiten y facilitan este tipo de violaciones por parte de las empresas, recibieron el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos. El dictamen también emite su condena contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales. Y responsabiliza a los organismos internacionales de alentar y permitir "la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional".Ahora más que nunca es clave la solidaridad internacional, para que los opositores al régimen de Colombia, y los luchadores sociales y ecológicos no sean arrinconados en las esquinas del terror y del silencio, si no son encarcelados o “desaparecidos”… Varias organizaciones de Derechos Humanos han trabajado para obtener registros sistemáticos sobre la desaparición forzada en Colombia entre ellas ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), estas organizaciones han denunciado cifras que alcanzan los 30.000 desaparecidos; cifras que han sido difíciles de oficializar por la diversidad de los mecanismos de impunidad que se han consolidado a lo largo de la historia en Colombia. Durante la administración del presidente Uribe ha sido muy difícil documentar y denunciar, ya que las familias y comunidades que denuncian son perseguidas, amenazadas, judicializadas y en muchos casos asesinadas. Ha sido el silencio la única garantía de vida en regiones fuertemente militarizadas y con presencia permanente de grupos paramilitares.
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Para que el silencio no gane difundamos juntos la verdad, no dejemos aislar a los que se atreven, es un llamado, un SOS a la comunidad internacional a solidarizarse con el reprimido pueblo de Colombia, si prohíben una caricatura, difundámosla, si no quieren que se estudie la realidad de un pueblo, estudiémosla, por encima de esta dictadura camuflada, y sus mentiras mediáticas… no nos dejemos amordazar, si lo hacemos, la represión irá ganando más terreno…
Para que el silencio no gane difundamos juntos la verdad, no dejemos aislar a los que se atreven, es un llamado, un SOS a la comunidad internacional a solidarizarse con el reprimido pueblo de Colombia, si prohíben una caricatura, difundámosla, si no quieren que se estudie la realidad de un pueblo, estudiémosla, por encima de esta dictadura camuflada, y sus mentiras mediáticas… no nos dejemos amordazar, si lo hacemos, la represión irá ganando más terreno…
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LQSomos. Tupac Wayra & Colectivo Latir Unidos. Julio de 2008
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LQSomos/02/08/2008
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