Por Wolfgang Kerler
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NACIONES UNIDAS (IPS) - La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al gobierno de Etiopía de mantener detenidos desde comienzos de 2007, sin someterlos a juicio, al menos a 10 sospechosos de terrorismo de diversas nacionalidades.
Según HRW, con sede en Nueva York, los detenidos fueron interrogados por funcionarios estadounidenses el año pasado. La institución "llama al gobierno etiope a liberar de inmediato a todos los presos o procesarlos por delitos en un tribunal que funcione según criterios de justicia internacionalmente reconocidos", dijo a IPS Jennifer Daskal, de HRW. La activista redactó un informe de 54 páginas sobre la captura ilegal y entrega a otros países de al menos 85 hombres, mujeres y niños en 2006 y 2007, operaciones en las que participaron fuerzas de seguridad e inteligencia de Kenia, Etiopía y Estados Unidos. A fines de 2006, cientos de personas huían de Somalia al estallar la violencia entre el Gobierno Federal de Transición --de hecho, una facción más del conflicto armado en ese país, asistida por las fuerzas armadas de Etiopía y con apoyo occidental-- y la Unión de Cortes Islámicas. Más de 150 refugiados fueron capturados por las autoridades de Kenia en la frontera con Somalia, y se los acusó de vínculos con la organización extremista Al Qaeda. HRW advirtió que los keniatas mantuvieron a estos prisioneros, procedentes de al menos 18 países --incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá--, durante varias semanas sin acusarlos formalmente. Entre ellos figuraba Kamilya Mohammed Tuwein, de 43 años. Esta madre de tres niños oriunda de Dubai se dirigía a Nairobi. El 10 de enero de 2007, Tuwein y dos socios empresariales suyos fueron arrestados por la policía keniata. "Les pedimos que llamaran a nuestras embajadas", dijo Tuwein a HRW. "Nos dijeron: 'Cuando sea el momento apropiado.' Uno de los comandantes de policía nos pidió un soborno de 35.000 chelines (equivalente a 500 dólares) por nuestra libertad." La mujer no pagó el soborno. Fue entregada a Somalia y luego a Etiopía, sin que nadie le comunicara a ella o a su familia a dónde la conducirían. Según HRW, 85 personas en total compartieron ese destino entre el 20 de enero y el 10 de febrero de 2007, entre ellas 19 mujeres y 15 niños. En julio de ese año, funcionarios keniatas expulsaron a otros tres hombres a Somalia, donde fueron entregados a funcionarios etiopes que los llevaron a su país. Uno de los arrestados en enero de 2007 fue Ishmael Noor, un pastor etiope de 37 años. "Nos maniataron a la espalda con esposas de plástico blanco muy dolorosas. Nos sacaron los zapatos y nos empujaron al avión. Teníamos los pies atados y también nos ataron al asiento. Vi cómo los funcionarios golpeaban a patadas y puñetazos a un hombre", dijo Noor a HORW. Los detenidos informaron a la organización humanitaria que en Etiopía los mantuvieron "durante meses sin acusarnos" ante un tribunal, a pesar de que fueron "interrogados y torturados por hombres vestidos de uniforme militar". "Me golpearon de la cabeza a los pies. Usaban una vara de madera. También la culata de sus fusiles. Si alguno pensaba que resistiría, me golpeaba en los testículos", agregó Noor. A comienzos de 2007, agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos interrogaron a detenidos en Adis Abeba, capital de Etiopía, según informes de HRW confirmados luego por un funcionario del gobierno en Washington. "El gobierno estadounidense es cómplice en este caso", dijo Daskal. Luego de los interrogatorios a cargo de estadounidenses, concluidos en mayo de 2007, el gobierno etiope liberó a la mayoría de los prisioneros, pero nunca reconoció que mantuvo detenidas al menos a 41 personas transferidas desde Kenia. HRW afirmó que nueve keniatas y un etiope-canadiense aún están arrestados, y que nadie informa sobre el paradero de 22 somalíes, eritreos y keniatas entregados a Somalia a comienzos de 2007. Con la entrega clandestina y sistemática de detenidos a otros países, Etiopia, Kenia y Somalia violaron varios derechos humanos fundamentales garantizados por el derecho internacional, sostuvo HRW. Además, las fuerzas de seguridad etiopes son sospechosas de haber apelado a la tortura y el maltrato. Las fuerzas etiopes, con apoyo de Estados Unidos, invadieron Somalia en julio de 2006 para apoyar al Gobierno Federal de Transición en su lucha contra la Unión de Cortes Islámicas, que había tomado control de la capital, Mogadiscio, y otras zonas del país a comienzos de ese año. Etiopía también temía que la Unión de Cortes Islámicas y Eritrea prestaran asistencia a la insurgencia dentro de su territorio. El 29 de diciembre, tras nueve días de intensos combates, el Gobierno Federal de Transición y las tropas de Etiopía desalojaron a la organización islamista de Mogadiscio. La violencia desató grandes oleadas de refugiados. El apoyo de Estados Unidos a Etiopía es clave en la "guerra contra el terror" declarada por el presidente George W. Bush en el Cuerno de África. La Unión de Cortes Islámicas es acusada de contar en sus filas con miembros de la red extremista Al Qaeda.
NACIONES UNIDAS (IPS) - La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al gobierno de Etiopía de mantener detenidos desde comienzos de 2007, sin someterlos a juicio, al menos a 10 sospechosos de terrorismo de diversas nacionalidades.
Según HRW, con sede en Nueva York, los detenidos fueron interrogados por funcionarios estadounidenses el año pasado. La institución "llama al gobierno etiope a liberar de inmediato a todos los presos o procesarlos por delitos en un tribunal que funcione según criterios de justicia internacionalmente reconocidos", dijo a IPS Jennifer Daskal, de HRW. La activista redactó un informe de 54 páginas sobre la captura ilegal y entrega a otros países de al menos 85 hombres, mujeres y niños en 2006 y 2007, operaciones en las que participaron fuerzas de seguridad e inteligencia de Kenia, Etiopía y Estados Unidos. A fines de 2006, cientos de personas huían de Somalia al estallar la violencia entre el Gobierno Federal de Transición --de hecho, una facción más del conflicto armado en ese país, asistida por las fuerzas armadas de Etiopía y con apoyo occidental-- y la Unión de Cortes Islámicas. Más de 150 refugiados fueron capturados por las autoridades de Kenia en la frontera con Somalia, y se los acusó de vínculos con la organización extremista Al Qaeda. HRW advirtió que los keniatas mantuvieron a estos prisioneros, procedentes de al menos 18 países --incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá--, durante varias semanas sin acusarlos formalmente. Entre ellos figuraba Kamilya Mohammed Tuwein, de 43 años. Esta madre de tres niños oriunda de Dubai se dirigía a Nairobi. El 10 de enero de 2007, Tuwein y dos socios empresariales suyos fueron arrestados por la policía keniata. "Les pedimos que llamaran a nuestras embajadas", dijo Tuwein a HRW. "Nos dijeron: 'Cuando sea el momento apropiado.' Uno de los comandantes de policía nos pidió un soborno de 35.000 chelines (equivalente a 500 dólares) por nuestra libertad." La mujer no pagó el soborno. Fue entregada a Somalia y luego a Etiopía, sin que nadie le comunicara a ella o a su familia a dónde la conducirían. Según HRW, 85 personas en total compartieron ese destino entre el 20 de enero y el 10 de febrero de 2007, entre ellas 19 mujeres y 15 niños. En julio de ese año, funcionarios keniatas expulsaron a otros tres hombres a Somalia, donde fueron entregados a funcionarios etiopes que los llevaron a su país. Uno de los arrestados en enero de 2007 fue Ishmael Noor, un pastor etiope de 37 años. "Nos maniataron a la espalda con esposas de plástico blanco muy dolorosas. Nos sacaron los zapatos y nos empujaron al avión. Teníamos los pies atados y también nos ataron al asiento. Vi cómo los funcionarios golpeaban a patadas y puñetazos a un hombre", dijo Noor a HORW. Los detenidos informaron a la organización humanitaria que en Etiopía los mantuvieron "durante meses sin acusarnos" ante un tribunal, a pesar de que fueron "interrogados y torturados por hombres vestidos de uniforme militar". "Me golpearon de la cabeza a los pies. Usaban una vara de madera. También la culata de sus fusiles. Si alguno pensaba que resistiría, me golpeaba en los testículos", agregó Noor. A comienzos de 2007, agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos interrogaron a detenidos en Adis Abeba, capital de Etiopía, según informes de HRW confirmados luego por un funcionario del gobierno en Washington. "El gobierno estadounidense es cómplice en este caso", dijo Daskal. Luego de los interrogatorios a cargo de estadounidenses, concluidos en mayo de 2007, el gobierno etiope liberó a la mayoría de los prisioneros, pero nunca reconoció que mantuvo detenidas al menos a 41 personas transferidas desde Kenia. HRW afirmó que nueve keniatas y un etiope-canadiense aún están arrestados, y que nadie informa sobre el paradero de 22 somalíes, eritreos y keniatas entregados a Somalia a comienzos de 2007. Con la entrega clandestina y sistemática de detenidos a otros países, Etiopia, Kenia y Somalia violaron varios derechos humanos fundamentales garantizados por el derecho internacional, sostuvo HRW. Además, las fuerzas de seguridad etiopes son sospechosas de haber apelado a la tortura y el maltrato. Las fuerzas etiopes, con apoyo de Estados Unidos, invadieron Somalia en julio de 2006 para apoyar al Gobierno Federal de Transición en su lucha contra la Unión de Cortes Islámicas, que había tomado control de la capital, Mogadiscio, y otras zonas del país a comienzos de ese año. Etiopía también temía que la Unión de Cortes Islámicas y Eritrea prestaran asistencia a la insurgencia dentro de su territorio. El 29 de diciembre, tras nueve días de intensos combates, el Gobierno Federal de Transición y las tropas de Etiopía desalojaron a la organización islamista de Mogadiscio. La violencia desató grandes oleadas de refugiados. El apoyo de Estados Unidos a Etiopía es clave en la "guerra contra el terror" declarada por el presidente George W. Bush en el Cuerno de África. La Unión de Cortes Islámicas es acusada de contar en sus filas con miembros de la red extremista Al Qaeda.
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IPS - Uruguay/03/10/2008
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