Foto de la investigación presentada por la Dra. Benítez Leite -
Por: Miguel Armoa
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En nuestro país, el 40 por ciento de la la gente expuesta a los agrotóxicos corre el riesgo de traer hijos deformes al mundo. Los departamentos de alta producción de soja trasgénica como Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú, son los principales afectados. Bebés deformes que muchas veces sólo sirven para informes sensacionalistas en los medios. No estaba muy alejado de la realidad Fernando Lugo al denunciar el problema en la ONU. Pero de la denuncia a la acción efectiva de aplicar las leyes que protejan la vida hay mucho trecho.
En nuestro país, el 40 por ciento de la la gente expuesta a los agrotóxicos corre el riesgo de traer hijos deformes al mundo. Los departamentos de alta producción de soja trasgénica como Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú, son los principales afectados. Bebés deformes que muchas veces sólo sirven para informes sensacionalistas en los medios. No estaba muy alejado de la realidad Fernando Lugo al denunciar el problema en la ONU. Pero de la denuncia a la acción efectiva de aplicar las leyes que protejan la vida hay mucho trecho.
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El televisor está encendido sobre el mostrador del local. El noticiero del mediodía anuncia las noticias locales. Un grupo de trabajadores aguarda su almuerzo sentado en un copetín del microcentro asunceno. El presentador de noticias anuncia una nota sobre nuevas denuncias de intoxicación y muertes por agrotóxicos en el Alto Paraná. En el breve e imperceptible informe de dos minutos, dos mujeres, aparentemente de origen campesino e indígena, comprimen sus denuncias, demandas y flagelos sufridos por la comunidad de Puerto Indio en el Alto Paraná, a causa de los grandes productores brasileños. Abortos indeseados y malformaciones a causa de fumigaciones intensivas de cultivos de soja y trigo, violación de leyes ambientales, ausencia del Estado. Algunos espectadores siguen distraídamente el informe, aturdidos por el barullo en el comedor. El presentador pasa a otro tema. Para estas mujeres, los dos minutos tendrían que haber sido suficientes para provocar conmoción en la opinión pública en torno a la grave situación por la que atraviesan, y que las instituciones responsables del Estado tomen nota y accionen. Un televidente del comedor pide desde su mesa al mozo que cambie a las noticias deportivas: «¡Emoína depórtepe!».
El televisor está encendido sobre el mostrador del local. El noticiero del mediodía anuncia las noticias locales. Un grupo de trabajadores aguarda su almuerzo sentado en un copetín del microcentro asunceno. El presentador de noticias anuncia una nota sobre nuevas denuncias de intoxicación y muertes por agrotóxicos en el Alto Paraná. En el breve e imperceptible informe de dos minutos, dos mujeres, aparentemente de origen campesino e indígena, comprimen sus denuncias, demandas y flagelos sufridos por la comunidad de Puerto Indio en el Alto Paraná, a causa de los grandes productores brasileños. Abortos indeseados y malformaciones a causa de fumigaciones intensivas de cultivos de soja y trigo, violación de leyes ambientales, ausencia del Estado. Algunos espectadores siguen distraídamente el informe, aturdidos por el barullo en el comedor. El presentador pasa a otro tema. Para estas mujeres, los dos minutos tendrían que haber sido suficientes para provocar conmoción en la opinión pública en torno a la grave situación por la que atraviesan, y que las instituciones responsables del Estado tomen nota y accionen. Un televidente del comedor pide desde su mesa al mozo que cambie a las noticias deportivas: «¡Emoína depórtepe!».
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Un conflicto tóxico
Desde principios de la década del 90 hasta hoy, informes parecidos al proyectado en aquel comedor asunceno se han difundido con cierta frecuencia en los medios. Quizá no con la profundidad y la importancia que merecen, pero por lo general con imágenes suficientemente fuertes como para dejar la duda en quien lo viera, de que algo extraño está pasando en los campos de cultivo del interior del país.¿Qué hay detrás de aquel interminable conflicto en el campo? ¿Los agrotóxicos de la soja están matando a campesinos paraguayos, o es un invento de la «izquierda trasnochada», como afirman los sojeros?
Maguiorina Balbuena, activista de la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), es una de las dos mujeres que salieron en aquel noticiero a denunciar las fumigaciones en el Alto Paraná. «Ese es un caso que no está aislado de tantos otros casos, solo que se denunció nomás», comenta Maguiorina.
La comunidad de Puerto Indio está ubicada a 150 kilómetros de Ciudad del Este. Según denunciaron los pobladores, la entrada y los alrededores del pueblo están minados de cultivos de soja y de trigo, cuyas siembras rotan de acuerdo a las temporadas de verano e invierno, respectivamente. Estos cultivos no tienen ninguna franja de árboles de protección, como exigen las normativas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que impidan que las fumigaciones tóxicas lleguen a los poblados por acción del viento. Además, algo tragicómico: el puesto de salud al que acuden todos los habitantes de los alrededores está rodeado de plantaciones de soja.
Existen cuatro casos de nacimientos con problemas debido a las fumigaciones. Dos niños ciegos y dos con malformaciones. También se han registrado varios casos de abortos indeseados, uno de los cuales se produjo en una madre que fue «rociada» camino al hospital. «Casos hay muchos, solo que la gente no quiere denunciar», insiste Balbuena.
Un conflicto tóxico
Desde principios de la década del 90 hasta hoy, informes parecidos al proyectado en aquel comedor asunceno se han difundido con cierta frecuencia en los medios. Quizá no con la profundidad y la importancia que merecen, pero por lo general con imágenes suficientemente fuertes como para dejar la duda en quien lo viera, de que algo extraño está pasando en los campos de cultivo del interior del país.¿Qué hay detrás de aquel interminable conflicto en el campo? ¿Los agrotóxicos de la soja están matando a campesinos paraguayos, o es un invento de la «izquierda trasnochada», como afirman los sojeros?
Maguiorina Balbuena, activista de la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), es una de las dos mujeres que salieron en aquel noticiero a denunciar las fumigaciones en el Alto Paraná. «Ese es un caso que no está aislado de tantos otros casos, solo que se denunció nomás», comenta Maguiorina.
La comunidad de Puerto Indio está ubicada a 150 kilómetros de Ciudad del Este. Según denunciaron los pobladores, la entrada y los alrededores del pueblo están minados de cultivos de soja y de trigo, cuyas siembras rotan de acuerdo a las temporadas de verano e invierno, respectivamente. Estos cultivos no tienen ninguna franja de árboles de protección, como exigen las normativas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que impidan que las fumigaciones tóxicas lleguen a los poblados por acción del viento. Además, algo tragicómico: el puesto de salud al que acuden todos los habitantes de los alrededores está rodeado de plantaciones de soja.
Existen cuatro casos de nacimientos con problemas debido a las fumigaciones. Dos niños ciegos y dos con malformaciones. También se han registrado varios casos de abortos indeseados, uno de los cuales se produjo en una madre que fue «rociada» camino al hospital. «Casos hay muchos, solo que la gente no quiere denunciar», insiste Balbuena.
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Un balde de agua fría
Una de las grandes controversias del tema plaguicidas es lo relacionado a efectos que causan en la salud. En nuestro país las investigaciones al respecto son prácticamente nulas, y las estadísticas incompletas o poco precisas.
Las críticas a los opositores de los «agrotóxicos» han sido siempre ante esta falta de pruebas científicas que avalen sus denuncias.
En julio de este año esa historia cambió. Una profesora de la Facultad de Medicina, la doctora Stella Benítez Leite, presentó el primer trabajo científico realizado al respecto. Intrigada por los numerosos casos de nacimientos con malformaciones de la que era testigo en el Centro Materno Infantil de San Lorenzo, donde trabaja desde hace más de 25 años, la Dra. Benítez inició su investigación en febrero del 2006. Junto a ella, sus colegas Maria Luisa Macchi, Marta Acosta y el aval de la Facultad de Medicina.
El sitio de investigación seleccionado fue el Hospital Regional de Encarnación, teniendo en cuenta que el departamento de Itapúa es donde la soja se ha desarrollado más extensamente. La pregunta inicial era si las malformaciones congénitas podrían ser atribuidas a la exposición de los padres a pesticidas. El seguimiento se hizo por más de un año: de febrero de 2006 hasta marzo del 2007. Los resultados fueron contundentes: según los datos relevados, había dos veces más riesgos de tener hijos con malformaciones en los padres que vivían cerca de los campos fumigados. Así como también los que utilizaban contenedores de pesticidas, o aquellos que vivían a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados.
En la investigación se encontraron con casos de niños con malformaciones de extrema gravedad. Niños con anencefalia, es decir con el cerebro afuera, o «polimalformados», con deformaciones múltiples en los miembros y órganos. Se registraron un total de 52 nacimientos con malformaciones y 32 nacidos muertos, de los cuales 2 presentaban anomalías. Otro dato aportado es que alrededor del 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos habían nacido con algún tipo de malformación.
«Al hablar de riesgos, hablamos de cifras que no podemos atribuir al azar», resalta la doctora Benítez. El estudio finaliza afirmando la necesidad de estudios futuros para confirmar los resultados. Es importante aclarar que también muchos casos derivan del mal manejo de plaguicidas por parte de los agricultores, algunos cuyo uso incluso están prohibidos en el mercado.
La noticia cayó como un balde de agua fría en los gremios de productores, y los medios de prensa, alérgicos al tema, se vieron obligados a darle un tímido espacio en algunas de sus páginas e imágenes ante la difusión de la noticia a través de las agencias internacionales como efe. Las repercusiones de los resultados de la investigación en el espectro mediático no llegó a una semana.
Un balde de agua fría
Una de las grandes controversias del tema plaguicidas es lo relacionado a efectos que causan en la salud. En nuestro país las investigaciones al respecto son prácticamente nulas, y las estadísticas incompletas o poco precisas.
Las críticas a los opositores de los «agrotóxicos» han sido siempre ante esta falta de pruebas científicas que avalen sus denuncias.
En julio de este año esa historia cambió. Una profesora de la Facultad de Medicina, la doctora Stella Benítez Leite, presentó el primer trabajo científico realizado al respecto. Intrigada por los numerosos casos de nacimientos con malformaciones de la que era testigo en el Centro Materno Infantil de San Lorenzo, donde trabaja desde hace más de 25 años, la Dra. Benítez inició su investigación en febrero del 2006. Junto a ella, sus colegas Maria Luisa Macchi, Marta Acosta y el aval de la Facultad de Medicina.
El sitio de investigación seleccionado fue el Hospital Regional de Encarnación, teniendo en cuenta que el departamento de Itapúa es donde la soja se ha desarrollado más extensamente. La pregunta inicial era si las malformaciones congénitas podrían ser atribuidas a la exposición de los padres a pesticidas. El seguimiento se hizo por más de un año: de febrero de 2006 hasta marzo del 2007. Los resultados fueron contundentes: según los datos relevados, había dos veces más riesgos de tener hijos con malformaciones en los padres que vivían cerca de los campos fumigados. Así como también los que utilizaban contenedores de pesticidas, o aquellos que vivían a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados.
En la investigación se encontraron con casos de niños con malformaciones de extrema gravedad. Niños con anencefalia, es decir con el cerebro afuera, o «polimalformados», con deformaciones múltiples en los miembros y órganos. Se registraron un total de 52 nacimientos con malformaciones y 32 nacidos muertos, de los cuales 2 presentaban anomalías. Otro dato aportado es que alrededor del 40% de los niños cuyas madres tuvieron contacto en forma directa o indirecta con los químicos habían nacido con algún tipo de malformación.
«Al hablar de riesgos, hablamos de cifras que no podemos atribuir al azar», resalta la doctora Benítez. El estudio finaliza afirmando la necesidad de estudios futuros para confirmar los resultados. Es importante aclarar que también muchos casos derivan del mal manejo de plaguicidas por parte de los agricultores, algunos cuyo uso incluso están prohibidos en el mercado.
La noticia cayó como un balde de agua fría en los gremios de productores, y los medios de prensa, alérgicos al tema, se vieron obligados a darle un tímido espacio en algunas de sus páginas e imágenes ante la difusión de la noticia a través de las agencias internacionales como efe. Las repercusiones de los resultados de la investigación en el espectro mediático no llegó a una semana.
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Tecnologías peligrosas
Los agrotóxicos, como se denominan comúnmente a los plaguicidas artificiales de uso agrícola, son sustancias utilizadas en la agricultura para combatir todo tipo de plagas y malezas. Comienzan su auge a partir de los años 60, de la mano de la Revolución Verde, periodo de modernización e implantación del modelo de la agricultura intensiva y de gran escala en el mundo, como lo conocemos hoy. Esta revolución tuvo un alto costo a medida que se iban consolidando los distintos productos químicos para combatir plagas, mientras que las multinacionales ensanchaban sus bolsillos y empezaban a aparecer defectos imprevistos causados por aquella nueva tecnología. Los bananeros nicaragüenses conocen la historia. En los años 80 fueron víctimas del Nemagón, un veneno esterilizador y cancerígeno que la transnacional Standard Fruit Company utilizaba para el tratamiento de sus cultivos. Las consecuencias de aquellas tecnologías fueron terribles para millones de agricultores pobres y el medio ambiente en todo el mundo.
Actualmente, en Paraguay existen unos 15 tipos de plaguicidas que han sido prohibidos por su toxicidad, persistencia en el ambiente, y en muchos casos por ser cancerígenos. Estos productos anteriormente fueron utilizados libremente en la agricultura, algunos hasta hace pocos años, gracias a la publicidad a través de los grandes medios de comunicación sobre su efectividad y la practicamente nula advertencia de su peligrosidad. Los avances científicos y las investigaciones han mejorado sin dudas la calidad y seguridad de los nuevos plaguicidas en comparación con los producidos en décadas anteriores, pero los devastadores antecedentes tienden a hacer poco convincentes las defensas y las publicidades sobre las bondades de los nuevos plaguicidas.
Tecnologías peligrosas
Los agrotóxicos, como se denominan comúnmente a los plaguicidas artificiales de uso agrícola, son sustancias utilizadas en la agricultura para combatir todo tipo de plagas y malezas. Comienzan su auge a partir de los años 60, de la mano de la Revolución Verde, periodo de modernización e implantación del modelo de la agricultura intensiva y de gran escala en el mundo, como lo conocemos hoy. Esta revolución tuvo un alto costo a medida que se iban consolidando los distintos productos químicos para combatir plagas, mientras que las multinacionales ensanchaban sus bolsillos y empezaban a aparecer defectos imprevistos causados por aquella nueva tecnología. Los bananeros nicaragüenses conocen la historia. En los años 80 fueron víctimas del Nemagón, un veneno esterilizador y cancerígeno que la transnacional Standard Fruit Company utilizaba para el tratamiento de sus cultivos. Las consecuencias de aquellas tecnologías fueron terribles para millones de agricultores pobres y el medio ambiente en todo el mundo.
Actualmente, en Paraguay existen unos 15 tipos de plaguicidas que han sido prohibidos por su toxicidad, persistencia en el ambiente, y en muchos casos por ser cancerígenos. Estos productos anteriormente fueron utilizados libremente en la agricultura, algunos hasta hace pocos años, gracias a la publicidad a través de los grandes medios de comunicación sobre su efectividad y la practicamente nula advertencia de su peligrosidad. Los avances científicos y las investigaciones han mejorado sin dudas la calidad y seguridad de los nuevos plaguicidas en comparación con los producidos en décadas anteriores, pero los devastadores antecedentes tienden a hacer poco convincentes las defensas y las publicidades sobre las bondades de los nuevos plaguicidas.
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Los dueños del negocio
Detrás de este negocio se mueven grandes multinacionales que son como pulpos con sus tentáculos en el todo el mundo. La vanguardia del mercado en Paraguay está comandada por la Monsanto, que produce el herbicida más vendido del planeta: el Roundup. Le siguen las transnacionales Cargill, Basf, Bayer, Dow Agro Sciencies, Syngenta.
Los dueños del negocio
Detrás de este negocio se mueven grandes multinacionales que son como pulpos con sus tentáculos en el todo el mundo. La vanguardia del mercado en Paraguay está comandada por la Monsanto, que produce el herbicida más vendido del planeta: el Roundup. Le siguen las transnacionales Cargill, Basf, Bayer, Dow Agro Sciencies, Syngenta.
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Los agrotóxicos de la soja matan
Debido a la expansión en el país de la agricultura empresarial, teniendo como rubro puntal a la soja, seguido de lejos por el maíz y el trigo, el mercado de los plaguicidas en Paraguay crece todos los años a la medida que se extienden en millones de hectáreas las plantaciones de soja.
El plaguicida por excelencia de la soja es el Roundup, nombre comercial con el que sale al mercado el glifosato, de la multinacional Monsanto. Puede ser aplicada únicamente a la soja transgénica, patentada por la misma empresa, pues tiene resistencia al veneno. Su principal ventaja es que extermina todas las hierbas y arbustos excepto la soja. Se evita así la necesidad de la carpida y la limpieza manual. El 80% de la soja en Paraguay es transgénica.
Su gancho publicitario es su supuesta baja toxicidad. Sin embargo, estudios del North Weast Coalition For Alternatives to pesticidas de EEUU indican que el glifosato fue erróneamente calificado de «baja toxicidad»: son altamente tóxicos para animales, seres humanos y para la naturaleza, arrojando miles de víctimas humanas al año.
Según investigaciones aparecidas en el 2006 en la publicación anual de las «25 Historias más ocultadas de EEUU», de la red informativa Voltaire, un grupo de científicos de la Universidad de Caen, Francia, encontró que las células placentarias humanas son muy sensibles al Roundup, aún cuando sean usadas en escasa dosis. Es que un estudio epidemiológico sobre la población granjera de Ontario, Canadá, demostró que la exposición al glifosato –el ingrediente dominante del Roundup– casi duplicó el riesgo de abortos indeseados.
Otros estudios han demostrado efectos nocivos en el medio ambiente, como los que afectan a otras formas de vida no vegetales como los anfibios, los insectos benéficos y la aparición de malezas resistentes al herbicida de Monsanto.
En Paraguay no existen estudios sobre el mismo. Sin embargo las denuncias sobre las intoxicaciones, muertes y efectos en la salud son numerosas, sobre todo en las comunidades campesinas. El caso más representativo de muerte por causa del glifosato es el de Silvino Talavera, niño del distrito de Edelira (Itapúa), quien falleció a causa de las fumigaciones con este plaguicida (ver enlace). Es el único caso hasta la fecha condenado judicialmente.
Los agrotóxicos de la soja matan
Debido a la expansión en el país de la agricultura empresarial, teniendo como rubro puntal a la soja, seguido de lejos por el maíz y el trigo, el mercado de los plaguicidas en Paraguay crece todos los años a la medida que se extienden en millones de hectáreas las plantaciones de soja.
El plaguicida por excelencia de la soja es el Roundup, nombre comercial con el que sale al mercado el glifosato, de la multinacional Monsanto. Puede ser aplicada únicamente a la soja transgénica, patentada por la misma empresa, pues tiene resistencia al veneno. Su principal ventaja es que extermina todas las hierbas y arbustos excepto la soja. Se evita así la necesidad de la carpida y la limpieza manual. El 80% de la soja en Paraguay es transgénica.
Su gancho publicitario es su supuesta baja toxicidad. Sin embargo, estudios del North Weast Coalition For Alternatives to pesticidas de EEUU indican que el glifosato fue erróneamente calificado de «baja toxicidad»: son altamente tóxicos para animales, seres humanos y para la naturaleza, arrojando miles de víctimas humanas al año.
Según investigaciones aparecidas en el 2006 en la publicación anual de las «25 Historias más ocultadas de EEUU», de la red informativa Voltaire, un grupo de científicos de la Universidad de Caen, Francia, encontró que las células placentarias humanas son muy sensibles al Roundup, aún cuando sean usadas en escasa dosis. Es que un estudio epidemiológico sobre la población granjera de Ontario, Canadá, demostró que la exposición al glifosato –el ingrediente dominante del Roundup– casi duplicó el riesgo de abortos indeseados.
Otros estudios han demostrado efectos nocivos en el medio ambiente, como los que afectan a otras formas de vida no vegetales como los anfibios, los insectos benéficos y la aparición de malezas resistentes al herbicida de Monsanto.
En Paraguay no existen estudios sobre el mismo. Sin embargo las denuncias sobre las intoxicaciones, muertes y efectos en la salud son numerosas, sobre todo en las comunidades campesinas. El caso más representativo de muerte por causa del glifosato es el de Silvino Talavera, niño del distrito de Edelira (Itapúa), quien falleció a causa de las fumigaciones con este plaguicida (ver enlace). Es el único caso hasta la fecha condenado judicialmente.
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Intoxicaciones censuradas
El Centro Nacional de Toxicología documentó entre 1999 y 2003, 250 muertes por intoxicación con plaguicidas; en Itapúa 45, en Caaguazú (35), y en Alto Paraná (30). Todos departamentos sojeros. En el 2004 aparecieron más de 400 casos. En 2005 esta cifra bajó extrañamente a 150, por una redistribución de causales. Según Vía Campesina, el sistema de vigilancia de intoxicación está siendo manipulado por presión a funcionarios de parte de grupos de poder, haciendo que casos de intoxicación por plaguicidas no se registren como tales, sino como casos de parasitosis.
Por otra parte, según autoridades de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, los datos anteriores al 2007 no eran estadísticas certeras. Recién a partir de este año se viene realizando una depuración de los casos. Los últimos datos correspondientes al 2007, hablan de 370 personas intoxicadas con agrotóxicos, aún no se han dado informes sobre los fallecidos. Según dichas autoridades, aún con esta nueva depuración, existe un margen de error muy grande, debido a que muchos funcionarios tienen miedo de denunciar los casos de intoxicación por el poder que tienen los «empresarios de los agrotóxicos». En otras ocasiones también muchos casos de intoxicación con plaguicidas son confundidos por los profesionales médicos con enfermedades como gastroenteritis, y otros. Probablemente se pierden «hasta dos veces más del número registrado».
Intoxicaciones censuradas
El Centro Nacional de Toxicología documentó entre 1999 y 2003, 250 muertes por intoxicación con plaguicidas; en Itapúa 45, en Caaguazú (35), y en Alto Paraná (30). Todos departamentos sojeros. En el 2004 aparecieron más de 400 casos. En 2005 esta cifra bajó extrañamente a 150, por una redistribución de causales. Según Vía Campesina, el sistema de vigilancia de intoxicación está siendo manipulado por presión a funcionarios de parte de grupos de poder, haciendo que casos de intoxicación por plaguicidas no se registren como tales, sino como casos de parasitosis.
Por otra parte, según autoridades de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, los datos anteriores al 2007 no eran estadísticas certeras. Recién a partir de este año se viene realizando una depuración de los casos. Los últimos datos correspondientes al 2007, hablan de 370 personas intoxicadas con agrotóxicos, aún no se han dado informes sobre los fallecidos. Según dichas autoridades, aún con esta nueva depuración, existe un margen de error muy grande, debido a que muchos funcionarios tienen miedo de denunciar los casos de intoxicación por el poder que tienen los «empresarios de los agrotóxicos». En otras ocasiones también muchos casos de intoxicación con plaguicidas son confundidos por los profesionales médicos con enfermedades como gastroenteritis, y otros. Probablemente se pierden «hasta dos veces más del número registrado».
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Legislaciones violadas
Existen leyes y reglamentaciones vigentes que regulan el uso de plaguicidas, muchas de ellas desconocidas y por lo general violadas por los grandes empresarios agrícolas.
Protección a comunidades: Se exige franjas de seguridad de 100 metros a la redonda de asentamientos humanos, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de concurrencia pública y cursos de agua en general. Dentro de la franja no se puede aplicar ningún tipo de plaguicidas. El caso Puerto Indio es un ejemplo de la violación de esta disposición.(Art. 1ro. Inc. a. Resolución 485/03 del mag).
Sobre franjas vivas: En los cultivos colindantes a caminos vecinales y poblados se debe contar con franjas de arbustos o árboles que eviten que se expandan los plaguicidas en el momento del rociado por acción del viento o la erosión. (Art. 2. Decreto 18.831 de diciembre de 1986).
Aviso previo de aplicación: Las fumigaciones aéreas de plaguicidas deben ser comunicadas con antelación a los vecinos y a las autoridades públicas y privadas, indicando el área de fumigación. (Art. 8 del Decreto 2048/04).
Legislaciones violadas
Existen leyes y reglamentaciones vigentes que regulan el uso de plaguicidas, muchas de ellas desconocidas y por lo general violadas por los grandes empresarios agrícolas.
Protección a comunidades: Se exige franjas de seguridad de 100 metros a la redonda de asentamientos humanos, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, plazas, lugares de concurrencia pública y cursos de agua en general. Dentro de la franja no se puede aplicar ningún tipo de plaguicidas. El caso Puerto Indio es un ejemplo de la violación de esta disposición.(Art. 1ro. Inc. a. Resolución 485/03 del mag).
Sobre franjas vivas: En los cultivos colindantes a caminos vecinales y poblados se debe contar con franjas de arbustos o árboles que eviten que se expandan los plaguicidas en el momento del rociado por acción del viento o la erosión. (Art. 2. Decreto 18.831 de diciembre de 1986).
Aviso previo de aplicación: Las fumigaciones aéreas de plaguicidas deben ser comunicadas con antelación a los vecinos y a las autoridades públicas y privadas, indicando el área de fumigación. (Art. 8 del Decreto 2048/04).
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Presión multinacional
Muchas de las principales transnacionales del negocio del plaguicida que acaparan el mercado tanto nacional como internacional, utilizan su poder económico como herramienta de expansión, ejerciendo presiones y tratando de hacer privilegiar sus intereses antes que la vida humana en los débiles gobiernos tercermundistas. La Senave es la institución encargada de legislar sobre el uso de los plaguicidas. Según fuentes de dicha institución estatal, son comunes las presiones de parte de dichos organismos. Sobre todo con respecto a la reinserción de algunos productos que han sido prohibidos en el país por convenios internacionales, pero que ellos siguen comercializando en otras geografías. «Amenazan con retirar sus empresas si no se vuelven a legalizar sus productos. Envían notas de diferentes países donde muestran como se siguen utilizando sus productos en otros lugares, incluso del primer mundo. Amenazan con retirar sus agencias u oficinas del país, dejando sin trabajo a muchas personas»
Incluso, según la misma fuente, en un viaje diplomático del gobierno anterior a Alemania, miembros del gobierno y de una famosa empresa creadora del analgésico más popular del mundo, solicitaron la reinserción al mercado paraguayo de producto altamente tóxico prohibido hace pocos años, el cual era muy utilizado por los campesinos algodoneros y que se llevó consigo a varios de ellos. El producto, sin embargo sigue prohibido.
Presión multinacional
Muchas de las principales transnacionales del negocio del plaguicida que acaparan el mercado tanto nacional como internacional, utilizan su poder económico como herramienta de expansión, ejerciendo presiones y tratando de hacer privilegiar sus intereses antes que la vida humana en los débiles gobiernos tercermundistas. La Senave es la institución encargada de legislar sobre el uso de los plaguicidas. Según fuentes de dicha institución estatal, son comunes las presiones de parte de dichos organismos. Sobre todo con respecto a la reinserción de algunos productos que han sido prohibidos en el país por convenios internacionales, pero que ellos siguen comercializando en otras geografías. «Amenazan con retirar sus empresas si no se vuelven a legalizar sus productos. Envían notas de diferentes países donde muestran como se siguen utilizando sus productos en otros lugares, incluso del primer mundo. Amenazan con retirar sus agencias u oficinas del país, dejando sin trabajo a muchas personas»
Incluso, según la misma fuente, en un viaje diplomático del gobierno anterior a Alemania, miembros del gobierno y de una famosa empresa creadora del analgésico más popular del mundo, solicitaron la reinserción al mercado paraguayo de producto altamente tóxico prohibido hace pocos años, el cual era muy utilizado por los campesinos algodoneros y que se llevó consigo a varios de ellos. El producto, sin embargo sigue prohibido.
BASE Investigaciones Sociales / Universidad Nacional de Asunción.
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E´a - Paraguay/23/10/2008
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