INFORME DIPLÓ I
El 1-8-08, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva creó el Fondo amazónico, destinado a financiar la lucha contra la deforestación y promover actividades forestables durables. Por su parte, las empresas privadas dicen estar interesadas en “salvar el planeta”. Pero, ¿es posible contar con ellas para salvar al Amazonas de la destrucción masiva?
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Jacques Denis/Enviado especial/Periodista.
Traducción: Mariana Saúl
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Es un claro en medio de la inmensa selva brasileña. A algunos cientos de metros de allí, el río Solimos empieza su larga bajada. Ahora, en el mes de abril, el suelo aún está húmedo; los mosquitos son voraces. Un árbol caído anuncia un aserradero a cielo abierto. “Los árboles se marcan desde el momento en que su diámetro llega a los veinticinco centímetros –indica Antonio, un robusto leñador de cincuenta años que vive en la otra orilla, en Assumpção–. A partir de los cincuenta centímetros, algunos de ellos serán cortados. No más de tres en una zona delimitada de una hectárea, cada veinticinco años”.
No lejos de allí, una sierra circular corta en planchas iguales la madera en crudo (el mulateiro, muy preciado para fabricar camas, y el coração de negro, una madera marrón que está de moda). Para Jean-François Kiebler, economista francés enviado por el Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico (GRET, por sus siglas en francés), “hay que diversificar la demanda para respetar la diversidad de las especies”. Desde hace poco más de dos años, Kiebler es uno de los dos coordinadores del proyecto Floresta Viva, lanzado por esa asociación francesa de solidaridad y de cooperación internacional en el estado brasileño de Amazonas (1). Llevado adelante en colaboración con los poderes públicos locales, el proyecto pretende asociar a “las poblaciones locales con planes de gestión a pequeña escala de explotaciones duraderas”.
Una actividad parecida se encuentra en Assumpção, a una hora y media de barco de Tefé, un centro urbano ubicado, a su vez, a una hora de avión de Manaos. Allí vive una comunidad de unas veinte viviendas, en el límite de la zona protegida de Mamirauá, la primera reserva natural creada en el estado de Amazonas en 1996, inspirada en los trabajos de José Marcio Correa Ayres. Según este biólogo ecologista, es posible imaginar una explotación de la selva no predadora, si se desarrolla “una presencia humana en el marco de una explotación duradera” (2).
Asociar a las poblaciones locales
La tarea parece desmesurada: catastro incompleto, conflictos hipotecarios, permisos de explotación no entregados… Pero qué importa: hay que “trabajar para crecer”, anuncia el eslogan escrito sobre la escuela que sirve de sala de reuniones en Assumpção. Los líderes y los miembros más comprometidos de esta comunidad de ribeirinhos –poblaciones mestizas que pueblan las orillas del río– dan cuenta de sus preocupaciones: preservación del hábitat, optimización de la producción, mejoramiento de la escolaridad… Sus reivindicaciones remiten a la política de preservación implementada por Manaos. Tres veces más grande que Francia, el estado de Amazonas pudo limitar el desmonte al 2% de las tierras; las zonas protegidas, las reservas indígenas y las unidades de conservación de toda clase cubren el 40% de su superficie. En calidad de comparación, se calcula en cerca del 20% la deforestación en los vecinos estados de Para y Rondonia.
Aquí, la selva sigue siendo un recurso vital, aun cuando la explotación de la madera apenas completa los ingresos de la agricultura y la pesca. “Hay que reforzar los controles para que nuestra producción, que es legal, no compita con la de los leñadores ilegales”, insiste Israel, presidente de la asociación de habitantes. Frente a este inmenso desafío, los medios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto de Protección Ambiental del Estado de Amazonas (Ipaam) son ridículos, a pesar de un aumento real de los créditos concedidos. Es por eso que sus acciones locales sólo pueden ser simbólicas. De todos modos, “es imposible poner a un guardia forestal detrás de cada árbol –estima Kiebler–. Ante todo, hay que asociar a las poblaciones locales. La necesidad de preservar la selva resulta evidente si se observa la biodiversidad. En cambio, impedir toda explotación es una idea en la cual no creo. No se puede frenar la expansión del mercado. Se trata de organizarlo, alentando la explotación duradera”.
¿Se puede explotar la selva sin destruirla? La pregunta es más actual que nunca en Manaos, el centro neurálgico del Amazonas donde viven dos millones de personas, más de la mitad de la población de ese estado del noroeste del país. Si bien es cierto que la Zona Franca, creada hace cuarenta años por la dictadura militar, favoreció el auge económico y demográfico de la ciudad, también es verdad que no permitió un desarrollo equilibrado del estado en su conjunto y que dejó en suspenso las cuestiones del medio ambiente.
Afiliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador Eduardo Braga fue electo en 2002, embanderado bajo el lema “la ecología ciudadana y responsable”. En junio de 2003 declaraba al diario Folha de São Paulo: “Si no integramos la economía de esta región a una perspectiva nacional, dejaremos el campo libre a todo tipo de iniciativas, entre las que estarán la compra de tierras por las multinacionales y la explotación de nuestras riquezas naturales”. Sin embargo, no se trataba para él de “impedir la llegada del capital extranjero”, sino todo lo contrario.
Desde su asunción, Braga marcó la pauta para una serie de reformas: creó una Secretaría estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, otra de Ciencia y Tecnología, así como una Agencia de Selvas. Al mismo tiempo, asoció a sus acciones a los dirigentes de los movimientos sociales y los expertos en cooperativas, empezando por el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), poderoso sindicato de los trabajadores de la región, en una estrategia que recuerda la del presidente Lula. Se encargó a un influyente ex miembro del sindicato del seringueros (3), Francisco Ademar Cruz, la recolección de los recursos naturales de la selva distintos de la madera (extrativismo) para el gobierno de Amazonas.
La medida central de esta vasta reorganización político-semiológica es, en 2003, la creación de la Zona Franca Verde. Su objetivo es “apoyar la producción forestal, la agropecuaria y la pesca, de manera ecológicamente adecuada, socialmente justa y económicamente viable”. Biólogo recibido en Harvard y especialista en desarrollo sustentable, eminencia “verde” del gobernador, Virgilio Viana nos explica que “se trata de un componente central de la política del Amazonas. Entre 2003 y 2007, la zona verde permitió una reducción del 67% del desmonte, un crecimiento económico anual del 9% y un aumento del 135% en la cantidad de zonas protegidas. Los resultados son significativos en cuanto a la lucha contra la pobreza, el saneamiento, la educación y el desarrollo de las infraestructuras”. Las placas gubernamentales hablan de diez millones de hectáreas protegidas, mil nuevos planes de gestión de la madera, más de sesenta mil empleos creados y más de cien mil productores rurales “subsidiados”. Es verdad que esta política se ve beneficiada con el crecimiento excepcional del estado, debido a la prosperidad de la Zona Franca de Manaos.
Inspirado en el modelo Bolsa Familia (la renta mínima implementada por Lula), Bolsa Floresta es uno de los programas clave de la Zona Franca Verde. Se trata de retribuir a las poblaciones locales encargadas de preservar la selva. Así, cuatro mil hogares recibirán 50 reales mensuales (25 dólares), una suma significativa si se tiene en cuenta el nivel de vida en esta región, y más del doble deberían empezar a recibirla desde fines de 2008.
Para muchos agentes cooperativos, las tareas colectivas y el trabajo comunitario en el seno de las reservas tienen un fundamento sólido. En cambio, algunos acusan al primero y más visible de los cuatro pilares de Bolsa Floresta, dedicado a las familias, de desarrollar el asistencialismo. “Una política clientelista adaptada al nuevo milenio”, relativiza Carolina Ramos, una periodista de San Pablo que trabaja en el Instituto Mamirauà.
Viana rechaza de plano las críticas. “Se trata del primer programa brasileño de retribución de los servicios ambientales que toca directamente a las comunidades amazónicas –subraya–. El objetivo es doble: la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero causadas por la deforestación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva. Bolsa Floresta se inscribe en los objetivos del milenio para las zonas tropicales húmedas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jeffrey Sachs, consejero especial de este programa, lo saludó como un ejemplo que hay que seguir en todas partes.”
La preservación como negocio
Para financiar esta política, el gobierno de Amazonas debió implementar incentivos fiscales y un marco legal. Votada el 5 de junio de 2007, la ley 3135, sobre el cambio climático, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, “reconoce y extiende los proyectos definidos por el protocolo de Kioto” (4). Con el fin de alentar la participación privada, la ley crea una “certificación llamada ‘amigos del clima y la selva amazónica’”, para “homologar las empresas adherentes con el fin de que puedan dar a conocer su compromiso a favor de la reducción del efecto invernadero y por la lucha contra los cambios climáticos”.
Se trata, pues, de absorber las inversiones con el fin de viabilizar la Zona Franca Verde. Para alcanzar este objetivo, Viana pone en práctica un proyecto que considera personal: vender los créditos de carbono (5) correspondientes a parcelas “potenciales” del Amazonas, aprovechando el creciente interés por la ecología. Durante la conferencia sobre clima celebrada en Montreal en diciembre de 2005, Viana ya había probado esta idea, calculada a partir de los datos del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA). Allí, sugirió establecer una factura de 70 millones de euros a cargo de la “comunidad internacional”, los Estados y las empresas para la correcta preservación de la selva de Amazonas.
Después, Viana dejó rápidamente su puesto de secretario de Estado del gobierno de Amazonas para velar por el destino de la fundación Amazonas Sustentable, encargada de reunir esos futuros fondos de ayuda.
Cofinanciada en veinte millones de reales (8,32 millones de euros) por el Estado de Amazonas y el banco Bradesco, la fundación Amazonas Sustentable prevé aumentar su capital con la ayuda del sector privado. Bradesco ya prometió pagar 4,14 millones de euros al año durante cinco años, en forma de “productos bancarios tales como títulos de capitalización, fondos de pensión, fondos de inversiones…”.
Otros también manifestaron su interés: en Washington, el 7 de abril de 2008, Bill Marriott, presidente de la famosa cadena hotelera, firmó un convenio con Braga para invertir dos millones de dólares en la reserva de Juma. Además, el grupo italiano Yamamay, uno de las cadenas de lencería más grandes del mundo, hizo una donación de 50.000 euros antes de anunciar su intención de instalar tiendas en Brasil, empezando por Manaos. Y esto es sólo el principio, a juzgar por los numerosos viajes que Braga y Viana vienen haciendo en esta dirección. Interrogado sobre el riesgo de privatización de una parte de la selva, Viana replica que la fundación es “una institución sin fines de lucro, dedicada únicamente a servicios y productos ambientales de las zonas protegidas. (…) Por ley, tenemos la obligación de reinvertir todos los ingresos en los planes de gestión”. Y arguye que un estudio privado de auditorías, PriceWaterHouseCoopers, controla todos los documentos contables.
Según la subsecretaria de Medio Ambiente, Sila Mesquita, que coordinaba el Foro Social Panamazónico en los años ’90, antes de convertirse en 2005 en una de las colaboradoras de Viana, “la creación de esta fundación permite atraer inversiones. El interés para Marriott es participar en la conservación de la selva tropical más grande del mundo y, como consecuencia, en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. ¡Es normal que el Estado de Amazonas reciba un retorno de las inversiones que hizo para protegerla!”. Lo que no dice Mesquita es que Marriott aprovechó esta acción para limpiar su imagen. Más ejemplar todavía: en 2007, el Festival de Cine Ambiental creado por Braga tenía como principales patrocinadores a Coca-Cola y Nissan: una anunciaba los méritos de su fórmula light y la otra, los beneficios de su 4x4 ecológica. “La preservación del Amazonas se convierte en un verdadero negocio”, se queja Ademir Ramos, profesor de Antropología Política en la Universidad Federal de Manaos y participante de un centro de investigación privado sobre “cuestiones amazónicas”. “Se monetiza la selva. Sin embargo, desde un punto de vista ético, no se la puede reducir a un simple problema comercial. Los ecologistas se han convertido en los evangelistas de nuestra época, animada por el catecismo de la protección ecológica adaptada a la globalización”, señala Ramos, y apunta al consejo de administración de la fundación Amazonas Sustentable, donde trabajan legisladores, sindicalistas, científicos y empresarios privados.
La candidatura a la presidencia de la Fundación de Luiz Fernando Furlán, ex ministro de Desarrollo, Comercio e Industria durante el primer mandato de Lula, rey de la ganadería intensiva y cercano a los grandes grupos industriales, confirma las dudas sobre los objetivos reales de la organización. Por otra parte, apenas nombrado declaraba: “Soy un ex empresario, ingeniero de formación. No soy ecologista. Estoy aquí para trabajar en el desarrollo mundial de la Fundación y, al mismo tiempo, dar a conocer a todas las comunidades de Brasil y en el extranjero que un Estado puede dar el ejemplo” (6). Sí, pero ¿qué ejemplo?
“De hecho, esta fundación realiza una doble operación de marketing: las empresas pueden blanquear su imagen y, con el tiempo, extraer de eso rentas enormes –predice Carlos Cesar Durigan–. Cuando dejó el gobierno, Viana envió una carta para saludar a los verdaderos guardianes de la selva: sus habitantes. Pero ellos apenas reciben migajas vía Bolsa Floresta, mientras que él mueve millones.” Este ecólogo, que dirige la fundación Vitoria Amazónica, una asociación especializada en la educación ambiental cuyos locales están ubicados en Manaos, cuestiona el funcionamiento “muy opaco” de esta institución.
En la sede de Greenpeace en Manaos, Paulo Adario se considera, por su parte, pragmático: “Tenemos que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos”. Esta figura emblemática del movimiento ecológico brasileño considera que “la cuestión central es el dinero necesario para la protección de las selvas tropicales, en países que se enfrentan con grandes desafíos demográficos y socioeconómicos. En Brasil, basta con mirar el peso de los ministerios de Industria o de Agricultura frente al de Medio Ambiente para comprender quién influye más”. Es sin duda una de las razones que condujeron a la salida, a principios de mayo de 2008, de la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, un emblema de la lucha de los sindicatos de trabajadores amazónicos. Como ministra, era responsable del Programa de Desarrollo Sustentable del Amazonas, que nunca superó la etapa de las buenas intenciones…
Apoyada por otras organizaciones no gubernamentales (ONG), Greenpeace obtuvo la creación del programa Deforestación Cero (416 millones de euros por año hasta 2015), con el fin de instalar la infraestructura que permita una protección efectiva del Amazonas: más control a priori, más iniciativas duraderas a posteriori. Para que este maná perdure, calcula Adario, “la contribución de la comunidad internacional en calidad de compensación no es estúpida”. Pero “existe el riesgo de malvender las selvas de los países pobres a los países más ricos. Así pues, hay que establecer cupos. Dicho claramente: juntar fondos sin permitir un movimiento de ‘ecolavado’”. “¡Una lavada de cara ecologista!”, truena el biólogo estadounidense Charles Clement. Miembro desde hace treinta años del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA), donde se especializó en frutos (en particular el de la palmera, la pupunha), Clement milita por una disminución serena y realista. Su frase favorita es “La única parte sostenible del desarrollo sostenible es la retórica. Es muy cínico, ya lo sé, como Braga. ¡Mucho se dice sobre la conservación, pero hay que comer su propia carne!”. Como a propósito, este doble discurso aparecía el mismo día en dos diarios amazónicos: A Critica se alegraba, en tapa, de que Braga hubiera recibido, el 14 de abril de 2008, en Sevilla, un premio y 30.000 euros –depositados en la cuenta de la Fundación Amazonas Sustentable– para su actividad ejemplar en materia de medio ambiente; la portada del Diaro do Amazonas, por su parte, anunciaba que el Estado de Amazonas invertía en ganadería.
Dos días más tarde, un suelto sugería que el gobernador habría recibido el apoyo de los lobbies agroalimentarios durante su campaña electoral. “Braga sintetiza a la perfección la vida política brasileña –lanza Carlos Cesar Durigan, de la fundación Vitoria Amazónica–: por un lado, crea unidades de conservación; por el otro, deja entrar el ganado” (7).
Aunque ella también evoca el “ecolavado” con una sonrisa entendida, Ana Paulinha Aguiar Soares plantea preguntas aun más graves. Profesora en la Universidad Federal de Manaos tras dejar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en 1996, esta geógrafa cercana al Movimiento de los Sin Tierra (MST) está terminando una tesis sobre la acción del Estado para viabilizar las acciones de las empresas privadas en la selva.
Desde 1999, sus investigaciones la llevaron a interesarse por el aserradero Gethal, una empresa que en octubre de 2005 compró el multimillonario sueco Johan Eliasch, propietario de la fábrica de indumentaria deportiva Head, consejero “verde” del primer ministro británico Gordon Brown (después de ser vice-tesorero del Partido Conservador) y tesorero mayor de la ONG Cool Earth. Según lo que él dice, las 160.000 hectáreas ubicadas en Amazonas fueron adquiridas para la preservación del medio ambiente.
No obstante, la buena conciencia de “uno de los filántropos verdes más notorios”, según The Independent, no debe ocultar su voluntad de modificar el protocolo de Kioto, al permitir que los propietarios de selvas preservadas (como los que actualmente reforestan), como compensación, tengan permisos de emisión de carbono, es decir “derecho a contaminar” en otro lugar que se pueda explotar. ¡A principios de junio, las autoridades brasileñas apercibieron a Eliasch por la tala ilegal de 230.000 árboles!
“El crédito de carbono vuelve a privatizar la selva en provecho de las empresas internacionales –repite Aguiar Soares–. Con la excusa de la protección ambiental, éstas se van apropiando de parcelas. ¿Qué pasará con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas?” El 25 de mayo de 2008, Eliasch declaraba en O Globo que es posible regalarse el Amazonas por 50.000 millones de dólares. Esta idea resultó muy chocante para el ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc; sin duda menos que para Braga. Desde 2006, este último proporcionaba “una ayuda preciosa” a Eliasch, que por entonces declaraba: “Todos los políticos se mostraron extremadamente complacientes y comprendieron perfectamente mi proyecto” (8). Todo en un contexto general en que numerosos ecólogos se preocupan por el nuevo aumento de la deforestación, mientras el INCRA anuncia que 5,5 millones de hectáreas del Amazonas ya son propiedad de extranjeros.
La torta “ecológica”
Sin embargo, Brasilia sigue el ejemplo de Manaos. El 13 de diciembre de 2007, mientras se cerraba la conferencia de Bali (9), el propio gobierno federal reunió fondos, sobre la base del voluntariado, para la conservación del Amazonas y la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero (10). Lo cual no dejó de irritar a Braga: “¿Se redistribuirán los beneficios del fondo crédito de carbono entre los Estados y las ciudades implicados?”.
Cada uno quiere su parte de la torta “ecológica”. El 1 de agosto, en Río de Janeiro, el presidente Lula da Silva finalmente firmó un decreto que creaba el Fondo Amazónico, que podrá recibir hasta 14.700 millones de euros de donaciones de aquí a 2021. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y limitado a 700 millones de euros en 2009, el Fondo debería financiar proyectos de preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Eduardo de Mello, responsable del proyecto en el BNDES, asegura que los eventuales donadores no gozarán de contrapartidas tales como exenciones de impuestos o créditos de carbono. Varios países y empresas ya estarían interesados.
“La limitación de la lucha contra el cambio climático a la cuestión del carbono constituye una herejía científica, una construcción ideológica y económica. Tras esta innovación ecológica, la referencia a las ciencias y al saber oculta un juego que ve cómo los científicos y los políticos participan en los progresos de la mercantilización”, analiza Florencia Pinton, socióloga en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en mercados emergentes de la biodiversidad (11). En efecto, los intereses privados a menudo desvían las preocupaciones ambientales según su provecho. “Vivimos en un mundo ultraliberal que provee las herramientas que necesita el capitalismo para penetrar hasta lo más recóndito de la selva”.
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1 El GRET tiene un equipo de unos diez “locales”, un presupuesto de 1,8 millón de euros (financiado en un 80% por la Unión Europea) y la colaboración de diferentes instituciones locales.
2 La idea de la economía de una selva “en pie” ya tiene un camino hecho, como lo demuestra el millón de hectáreas de esta área protegida inscrita en el futuro corredor ecológico amazónico.
3 Obreros encargados de la recolección del látex en las heveas.
4 Bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, sujeto a ratificación en 1992, entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. Pretende luchar contra los cambios climáticos mediante una acción internacional de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
5 Un crédito de carbono equivale a la emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Un proyecto ubicado en un país en vías de desarrollo genera estos créditos si evita o captura emisiones de CO2. Por este medio, las empresas de países desarrollados, en particular las que, en Europa, están sometidas a un cupo, pueden “compensar” sus emisiones e incluso aumentarlas.
6 Amazonas em Tempo, Manaos, 23-12-07.
7 Además de la avanzada de los frentes pioneros de los lobbies agrícolas por el sur, el estado de Amazonas enfrenta otros asuntos problemáticos: entre ellos, la conexión entre Porto Velho y Manaos, para la cual unos defienden la ruta, sinónimo de deforestación a pesar de las medidas preventivas que se han contemplado últimamente, y otros la solución del tren, más cara. Ninguno hace referencia a la red fluvial… Por otro lado, el pacto para el crecimiento acelerado que preconiza el gobierno federal se apoya en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, con consecuencias nefastas sobre la fauna y la flora, como lo demuestra el ejemplo de Balbina, que inundó 2.500 km2 en los últimos veinte años.
8 http://amazonie.wordpress.com/, 31-10-06.
9 Del 3 al 14 de diciembre 2007, la conferencia de Bali sobre el calentamiento climático apuntaba a un nuevo acuerdo mundial de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y a un acuerdo global desde fines de 2009, como preparación para el post Kioto, en 2012.
10 A causa del los incendios para fertilizar el suelo (responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero), Brasil es el cuarto emisor de carbono mundial.
11 Autora, con Catherine Aubertin y Valérie Boisvert, de Les Marchés de la biodiversité, IRD Editions, París, 2007.
J.D.
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Informe-Dipló Especial/23/10/2008
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Jacques Denis/Enviado especial/Periodista.
Traducción: Mariana Saúl
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Es un claro en medio de la inmensa selva brasileña. A algunos cientos de metros de allí, el río Solimos empieza su larga bajada. Ahora, en el mes de abril, el suelo aún está húmedo; los mosquitos son voraces. Un árbol caído anuncia un aserradero a cielo abierto. “Los árboles se marcan desde el momento en que su diámetro llega a los veinticinco centímetros –indica Antonio, un robusto leñador de cincuenta años que vive en la otra orilla, en Assumpção–. A partir de los cincuenta centímetros, algunos de ellos serán cortados. No más de tres en una zona delimitada de una hectárea, cada veinticinco años”.
No lejos de allí, una sierra circular corta en planchas iguales la madera en crudo (el mulateiro, muy preciado para fabricar camas, y el coração de negro, una madera marrón que está de moda). Para Jean-François Kiebler, economista francés enviado por el Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico (GRET, por sus siglas en francés), “hay que diversificar la demanda para respetar la diversidad de las especies”. Desde hace poco más de dos años, Kiebler es uno de los dos coordinadores del proyecto Floresta Viva, lanzado por esa asociación francesa de solidaridad y de cooperación internacional en el estado brasileño de Amazonas (1). Llevado adelante en colaboración con los poderes públicos locales, el proyecto pretende asociar a “las poblaciones locales con planes de gestión a pequeña escala de explotaciones duraderas”.
Una actividad parecida se encuentra en Assumpção, a una hora y media de barco de Tefé, un centro urbano ubicado, a su vez, a una hora de avión de Manaos. Allí vive una comunidad de unas veinte viviendas, en el límite de la zona protegida de Mamirauá, la primera reserva natural creada en el estado de Amazonas en 1996, inspirada en los trabajos de José Marcio Correa Ayres. Según este biólogo ecologista, es posible imaginar una explotación de la selva no predadora, si se desarrolla “una presencia humana en el marco de una explotación duradera” (2).
Asociar a las poblaciones locales
La tarea parece desmesurada: catastro incompleto, conflictos hipotecarios, permisos de explotación no entregados… Pero qué importa: hay que “trabajar para crecer”, anuncia el eslogan escrito sobre la escuela que sirve de sala de reuniones en Assumpção. Los líderes y los miembros más comprometidos de esta comunidad de ribeirinhos –poblaciones mestizas que pueblan las orillas del río– dan cuenta de sus preocupaciones: preservación del hábitat, optimización de la producción, mejoramiento de la escolaridad… Sus reivindicaciones remiten a la política de preservación implementada por Manaos. Tres veces más grande que Francia, el estado de Amazonas pudo limitar el desmonte al 2% de las tierras; las zonas protegidas, las reservas indígenas y las unidades de conservación de toda clase cubren el 40% de su superficie. En calidad de comparación, se calcula en cerca del 20% la deforestación en los vecinos estados de Para y Rondonia.
Aquí, la selva sigue siendo un recurso vital, aun cuando la explotación de la madera apenas completa los ingresos de la agricultura y la pesca. “Hay que reforzar los controles para que nuestra producción, que es legal, no compita con la de los leñadores ilegales”, insiste Israel, presidente de la asociación de habitantes. Frente a este inmenso desafío, los medios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto de Protección Ambiental del Estado de Amazonas (Ipaam) son ridículos, a pesar de un aumento real de los créditos concedidos. Es por eso que sus acciones locales sólo pueden ser simbólicas. De todos modos, “es imposible poner a un guardia forestal detrás de cada árbol –estima Kiebler–. Ante todo, hay que asociar a las poblaciones locales. La necesidad de preservar la selva resulta evidente si se observa la biodiversidad. En cambio, impedir toda explotación es una idea en la cual no creo. No se puede frenar la expansión del mercado. Se trata de organizarlo, alentando la explotación duradera”.
¿Se puede explotar la selva sin destruirla? La pregunta es más actual que nunca en Manaos, el centro neurálgico del Amazonas donde viven dos millones de personas, más de la mitad de la población de ese estado del noroeste del país. Si bien es cierto que la Zona Franca, creada hace cuarenta años por la dictadura militar, favoreció el auge económico y demográfico de la ciudad, también es verdad que no permitió un desarrollo equilibrado del estado en su conjunto y que dejó en suspenso las cuestiones del medio ambiente.
Afiliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador Eduardo Braga fue electo en 2002, embanderado bajo el lema “la ecología ciudadana y responsable”. En junio de 2003 declaraba al diario Folha de São Paulo: “Si no integramos la economía de esta región a una perspectiva nacional, dejaremos el campo libre a todo tipo de iniciativas, entre las que estarán la compra de tierras por las multinacionales y la explotación de nuestras riquezas naturales”. Sin embargo, no se trataba para él de “impedir la llegada del capital extranjero”, sino todo lo contrario.
Desde su asunción, Braga marcó la pauta para una serie de reformas: creó una Secretaría estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, otra de Ciencia y Tecnología, así como una Agencia de Selvas. Al mismo tiempo, asoció a sus acciones a los dirigentes de los movimientos sociales y los expertos en cooperativas, empezando por el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), poderoso sindicato de los trabajadores de la región, en una estrategia que recuerda la del presidente Lula. Se encargó a un influyente ex miembro del sindicato del seringueros (3), Francisco Ademar Cruz, la recolección de los recursos naturales de la selva distintos de la madera (extrativismo) para el gobierno de Amazonas.
La medida central de esta vasta reorganización político-semiológica es, en 2003, la creación de la Zona Franca Verde. Su objetivo es “apoyar la producción forestal, la agropecuaria y la pesca, de manera ecológicamente adecuada, socialmente justa y económicamente viable”. Biólogo recibido en Harvard y especialista en desarrollo sustentable, eminencia “verde” del gobernador, Virgilio Viana nos explica que “se trata de un componente central de la política del Amazonas. Entre 2003 y 2007, la zona verde permitió una reducción del 67% del desmonte, un crecimiento económico anual del 9% y un aumento del 135% en la cantidad de zonas protegidas. Los resultados son significativos en cuanto a la lucha contra la pobreza, el saneamiento, la educación y el desarrollo de las infraestructuras”. Las placas gubernamentales hablan de diez millones de hectáreas protegidas, mil nuevos planes de gestión de la madera, más de sesenta mil empleos creados y más de cien mil productores rurales “subsidiados”. Es verdad que esta política se ve beneficiada con el crecimiento excepcional del estado, debido a la prosperidad de la Zona Franca de Manaos.
Inspirado en el modelo Bolsa Familia (la renta mínima implementada por Lula), Bolsa Floresta es uno de los programas clave de la Zona Franca Verde. Se trata de retribuir a las poblaciones locales encargadas de preservar la selva. Así, cuatro mil hogares recibirán 50 reales mensuales (25 dólares), una suma significativa si se tiene en cuenta el nivel de vida en esta región, y más del doble deberían empezar a recibirla desde fines de 2008.
Para muchos agentes cooperativos, las tareas colectivas y el trabajo comunitario en el seno de las reservas tienen un fundamento sólido. En cambio, algunos acusan al primero y más visible de los cuatro pilares de Bolsa Floresta, dedicado a las familias, de desarrollar el asistencialismo. “Una política clientelista adaptada al nuevo milenio”, relativiza Carolina Ramos, una periodista de San Pablo que trabaja en el Instituto Mamirauà.
Viana rechaza de plano las críticas. “Se trata del primer programa brasileño de retribución de los servicios ambientales que toca directamente a las comunidades amazónicas –subraya–. El objetivo es doble: la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero causadas por la deforestación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva. Bolsa Floresta se inscribe en los objetivos del milenio para las zonas tropicales húmedas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jeffrey Sachs, consejero especial de este programa, lo saludó como un ejemplo que hay que seguir en todas partes.”
La preservación como negocio
Para financiar esta política, el gobierno de Amazonas debió implementar incentivos fiscales y un marco legal. Votada el 5 de junio de 2007, la ley 3135, sobre el cambio climático, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, “reconoce y extiende los proyectos definidos por el protocolo de Kioto” (4). Con el fin de alentar la participación privada, la ley crea una “certificación llamada ‘amigos del clima y la selva amazónica’”, para “homologar las empresas adherentes con el fin de que puedan dar a conocer su compromiso a favor de la reducción del efecto invernadero y por la lucha contra los cambios climáticos”.
Se trata, pues, de absorber las inversiones con el fin de viabilizar la Zona Franca Verde. Para alcanzar este objetivo, Viana pone en práctica un proyecto que considera personal: vender los créditos de carbono (5) correspondientes a parcelas “potenciales” del Amazonas, aprovechando el creciente interés por la ecología. Durante la conferencia sobre clima celebrada en Montreal en diciembre de 2005, Viana ya había probado esta idea, calculada a partir de los datos del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA). Allí, sugirió establecer una factura de 70 millones de euros a cargo de la “comunidad internacional”, los Estados y las empresas para la correcta preservación de la selva de Amazonas.
Después, Viana dejó rápidamente su puesto de secretario de Estado del gobierno de Amazonas para velar por el destino de la fundación Amazonas Sustentable, encargada de reunir esos futuros fondos de ayuda.
Cofinanciada en veinte millones de reales (8,32 millones de euros) por el Estado de Amazonas y el banco Bradesco, la fundación Amazonas Sustentable prevé aumentar su capital con la ayuda del sector privado. Bradesco ya prometió pagar 4,14 millones de euros al año durante cinco años, en forma de “productos bancarios tales como títulos de capitalización, fondos de pensión, fondos de inversiones…”.
Otros también manifestaron su interés: en Washington, el 7 de abril de 2008, Bill Marriott, presidente de la famosa cadena hotelera, firmó un convenio con Braga para invertir dos millones de dólares en la reserva de Juma. Además, el grupo italiano Yamamay, uno de las cadenas de lencería más grandes del mundo, hizo una donación de 50.000 euros antes de anunciar su intención de instalar tiendas en Brasil, empezando por Manaos. Y esto es sólo el principio, a juzgar por los numerosos viajes que Braga y Viana vienen haciendo en esta dirección. Interrogado sobre el riesgo de privatización de una parte de la selva, Viana replica que la fundación es “una institución sin fines de lucro, dedicada únicamente a servicios y productos ambientales de las zonas protegidas. (…) Por ley, tenemos la obligación de reinvertir todos los ingresos en los planes de gestión”. Y arguye que un estudio privado de auditorías, PriceWaterHouseCoopers, controla todos los documentos contables.
Según la subsecretaria de Medio Ambiente, Sila Mesquita, que coordinaba el Foro Social Panamazónico en los años ’90, antes de convertirse en 2005 en una de las colaboradoras de Viana, “la creación de esta fundación permite atraer inversiones. El interés para Marriott es participar en la conservación de la selva tropical más grande del mundo y, como consecuencia, en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. ¡Es normal que el Estado de Amazonas reciba un retorno de las inversiones que hizo para protegerla!”. Lo que no dice Mesquita es que Marriott aprovechó esta acción para limpiar su imagen. Más ejemplar todavía: en 2007, el Festival de Cine Ambiental creado por Braga tenía como principales patrocinadores a Coca-Cola y Nissan: una anunciaba los méritos de su fórmula light y la otra, los beneficios de su 4x4 ecológica. “La preservación del Amazonas se convierte en un verdadero negocio”, se queja Ademir Ramos, profesor de Antropología Política en la Universidad Federal de Manaos y participante de un centro de investigación privado sobre “cuestiones amazónicas”. “Se monetiza la selva. Sin embargo, desde un punto de vista ético, no se la puede reducir a un simple problema comercial. Los ecologistas se han convertido en los evangelistas de nuestra época, animada por el catecismo de la protección ecológica adaptada a la globalización”, señala Ramos, y apunta al consejo de administración de la fundación Amazonas Sustentable, donde trabajan legisladores, sindicalistas, científicos y empresarios privados.
La candidatura a la presidencia de la Fundación de Luiz Fernando Furlán, ex ministro de Desarrollo, Comercio e Industria durante el primer mandato de Lula, rey de la ganadería intensiva y cercano a los grandes grupos industriales, confirma las dudas sobre los objetivos reales de la organización. Por otra parte, apenas nombrado declaraba: “Soy un ex empresario, ingeniero de formación. No soy ecologista. Estoy aquí para trabajar en el desarrollo mundial de la Fundación y, al mismo tiempo, dar a conocer a todas las comunidades de Brasil y en el extranjero que un Estado puede dar el ejemplo” (6). Sí, pero ¿qué ejemplo?
“De hecho, esta fundación realiza una doble operación de marketing: las empresas pueden blanquear su imagen y, con el tiempo, extraer de eso rentas enormes –predice Carlos Cesar Durigan–. Cuando dejó el gobierno, Viana envió una carta para saludar a los verdaderos guardianes de la selva: sus habitantes. Pero ellos apenas reciben migajas vía Bolsa Floresta, mientras que él mueve millones.” Este ecólogo, que dirige la fundación Vitoria Amazónica, una asociación especializada en la educación ambiental cuyos locales están ubicados en Manaos, cuestiona el funcionamiento “muy opaco” de esta institución.
En la sede de Greenpeace en Manaos, Paulo Adario se considera, por su parte, pragmático: “Tenemos que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos”. Esta figura emblemática del movimiento ecológico brasileño considera que “la cuestión central es el dinero necesario para la protección de las selvas tropicales, en países que se enfrentan con grandes desafíos demográficos y socioeconómicos. En Brasil, basta con mirar el peso de los ministerios de Industria o de Agricultura frente al de Medio Ambiente para comprender quién influye más”. Es sin duda una de las razones que condujeron a la salida, a principios de mayo de 2008, de la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, un emblema de la lucha de los sindicatos de trabajadores amazónicos. Como ministra, era responsable del Programa de Desarrollo Sustentable del Amazonas, que nunca superó la etapa de las buenas intenciones…
Apoyada por otras organizaciones no gubernamentales (ONG), Greenpeace obtuvo la creación del programa Deforestación Cero (416 millones de euros por año hasta 2015), con el fin de instalar la infraestructura que permita una protección efectiva del Amazonas: más control a priori, más iniciativas duraderas a posteriori. Para que este maná perdure, calcula Adario, “la contribución de la comunidad internacional en calidad de compensación no es estúpida”. Pero “existe el riesgo de malvender las selvas de los países pobres a los países más ricos. Así pues, hay que establecer cupos. Dicho claramente: juntar fondos sin permitir un movimiento de ‘ecolavado’”. “¡Una lavada de cara ecologista!”, truena el biólogo estadounidense Charles Clement. Miembro desde hace treinta años del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA), donde se especializó en frutos (en particular el de la palmera, la pupunha), Clement milita por una disminución serena y realista. Su frase favorita es “La única parte sostenible del desarrollo sostenible es la retórica. Es muy cínico, ya lo sé, como Braga. ¡Mucho se dice sobre la conservación, pero hay que comer su propia carne!”. Como a propósito, este doble discurso aparecía el mismo día en dos diarios amazónicos: A Critica se alegraba, en tapa, de que Braga hubiera recibido, el 14 de abril de 2008, en Sevilla, un premio y 30.000 euros –depositados en la cuenta de la Fundación Amazonas Sustentable– para su actividad ejemplar en materia de medio ambiente; la portada del Diaro do Amazonas, por su parte, anunciaba que el Estado de Amazonas invertía en ganadería.
Dos días más tarde, un suelto sugería que el gobernador habría recibido el apoyo de los lobbies agroalimentarios durante su campaña electoral. “Braga sintetiza a la perfección la vida política brasileña –lanza Carlos Cesar Durigan, de la fundación Vitoria Amazónica–: por un lado, crea unidades de conservación; por el otro, deja entrar el ganado” (7).
Aunque ella también evoca el “ecolavado” con una sonrisa entendida, Ana Paulinha Aguiar Soares plantea preguntas aun más graves. Profesora en la Universidad Federal de Manaos tras dejar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en 1996, esta geógrafa cercana al Movimiento de los Sin Tierra (MST) está terminando una tesis sobre la acción del Estado para viabilizar las acciones de las empresas privadas en la selva.
Desde 1999, sus investigaciones la llevaron a interesarse por el aserradero Gethal, una empresa que en octubre de 2005 compró el multimillonario sueco Johan Eliasch, propietario de la fábrica de indumentaria deportiva Head, consejero “verde” del primer ministro británico Gordon Brown (después de ser vice-tesorero del Partido Conservador) y tesorero mayor de la ONG Cool Earth. Según lo que él dice, las 160.000 hectáreas ubicadas en Amazonas fueron adquiridas para la preservación del medio ambiente.
No obstante, la buena conciencia de “uno de los filántropos verdes más notorios”, según The Independent, no debe ocultar su voluntad de modificar el protocolo de Kioto, al permitir que los propietarios de selvas preservadas (como los que actualmente reforestan), como compensación, tengan permisos de emisión de carbono, es decir “derecho a contaminar” en otro lugar que se pueda explotar. ¡A principios de junio, las autoridades brasileñas apercibieron a Eliasch por la tala ilegal de 230.000 árboles!
“El crédito de carbono vuelve a privatizar la selva en provecho de las empresas internacionales –repite Aguiar Soares–. Con la excusa de la protección ambiental, éstas se van apropiando de parcelas. ¿Qué pasará con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas?” El 25 de mayo de 2008, Eliasch declaraba en O Globo que es posible regalarse el Amazonas por 50.000 millones de dólares. Esta idea resultó muy chocante para el ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc; sin duda menos que para Braga. Desde 2006, este último proporcionaba “una ayuda preciosa” a Eliasch, que por entonces declaraba: “Todos los políticos se mostraron extremadamente complacientes y comprendieron perfectamente mi proyecto” (8). Todo en un contexto general en que numerosos ecólogos se preocupan por el nuevo aumento de la deforestación, mientras el INCRA anuncia que 5,5 millones de hectáreas del Amazonas ya son propiedad de extranjeros.
La torta “ecológica”
Sin embargo, Brasilia sigue el ejemplo de Manaos. El 13 de diciembre de 2007, mientras se cerraba la conferencia de Bali (9), el propio gobierno federal reunió fondos, sobre la base del voluntariado, para la conservación del Amazonas y la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero (10). Lo cual no dejó de irritar a Braga: “¿Se redistribuirán los beneficios del fondo crédito de carbono entre los Estados y las ciudades implicados?”.
Cada uno quiere su parte de la torta “ecológica”. El 1 de agosto, en Río de Janeiro, el presidente Lula da Silva finalmente firmó un decreto que creaba el Fondo Amazónico, que podrá recibir hasta 14.700 millones de euros de donaciones de aquí a 2021. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y limitado a 700 millones de euros en 2009, el Fondo debería financiar proyectos de preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Eduardo de Mello, responsable del proyecto en el BNDES, asegura que los eventuales donadores no gozarán de contrapartidas tales como exenciones de impuestos o créditos de carbono. Varios países y empresas ya estarían interesados.
“La limitación de la lucha contra el cambio climático a la cuestión del carbono constituye una herejía científica, una construcción ideológica y económica. Tras esta innovación ecológica, la referencia a las ciencias y al saber oculta un juego que ve cómo los científicos y los políticos participan en los progresos de la mercantilización”, analiza Florencia Pinton, socióloga en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en mercados emergentes de la biodiversidad (11). En efecto, los intereses privados a menudo desvían las preocupaciones ambientales según su provecho. “Vivimos en un mundo ultraliberal que provee las herramientas que necesita el capitalismo para penetrar hasta lo más recóndito de la selva”.
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1 El GRET tiene un equipo de unos diez “locales”, un presupuesto de 1,8 millón de euros (financiado en un 80% por la Unión Europea) y la colaboración de diferentes instituciones locales.
2 La idea de la economía de una selva “en pie” ya tiene un camino hecho, como lo demuestra el millón de hectáreas de esta área protegida inscrita en el futuro corredor ecológico amazónico.
3 Obreros encargados de la recolección del látex en las heveas.
4 Bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, sujeto a ratificación en 1992, entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. Pretende luchar contra los cambios climáticos mediante una acción internacional de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
5 Un crédito de carbono equivale a la emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Un proyecto ubicado en un país en vías de desarrollo genera estos créditos si evita o captura emisiones de CO2. Por este medio, las empresas de países desarrollados, en particular las que, en Europa, están sometidas a un cupo, pueden “compensar” sus emisiones e incluso aumentarlas.
6 Amazonas em Tempo, Manaos, 23-12-07.
7 Además de la avanzada de los frentes pioneros de los lobbies agrícolas por el sur, el estado de Amazonas enfrenta otros asuntos problemáticos: entre ellos, la conexión entre Porto Velho y Manaos, para la cual unos defienden la ruta, sinónimo de deforestación a pesar de las medidas preventivas que se han contemplado últimamente, y otros la solución del tren, más cara. Ninguno hace referencia a la red fluvial… Por otro lado, el pacto para el crecimiento acelerado que preconiza el gobierno federal se apoya en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, con consecuencias nefastas sobre la fauna y la flora, como lo demuestra el ejemplo de Balbina, que inundó 2.500 km2 en los últimos veinte años.
8 http://amazonie.wordpress.com/, 31-10-06.
9 Del 3 al 14 de diciembre 2007, la conferencia de Bali sobre el calentamiento climático apuntaba a un nuevo acuerdo mundial de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y a un acuerdo global desde fines de 2009, como preparación para el post Kioto, en 2012.
10 A causa del los incendios para fertilizar el suelo (responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero), Brasil es el cuarto emisor de carbono mundial.
11 Autora, con Catherine Aubertin y Valérie Boisvert, de Les Marchés de la biodiversité, IRD Editions, París, 2007.
J.D.
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Informe-Dipló Especial/23/10/2008
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