Michael Chertoff, jefe de la seguridad de Estados Unidos y funcionario a cargo del servicio de inmigraciónEFE
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Niega a indocumentados acceso a justicia
Niega a indocumentados acceso a justicia
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Guadalupe Bellavance
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SAN FRANCISCO - Cuatro grupos pro-derechos de los inmigrantes presentaron el jueves una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que suministre información sobre un programa de deportaciones que obvia la comparecencia ante un juez de inmigración.
SAN FRANCISCO - Cuatro grupos pro-derechos de los inmigrantes presentaron el jueves una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que suministre información sobre un programa de deportaciones que obvia la comparecencia ante un juez de inmigración.
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La Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Unión de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California y el National Lawyers Guild-San Francisco (NLGSF), presentaron la querella bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA) para obtener acceso a los datos del programa "Stipulated Removal", que ha deportado a más de 96 mil personas a nivel nacional.
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La demanda interpuesta ante la corte de distrito de Estados Unidos en el norte de California, busca también acceso a los datos de agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia (DOJ) y de su Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).Los activistas alegan que muchas de estas personas, pese a contar con defensas válidas en contra de una deportación, terminaron firmando, posiblemente bajo presión, un documento con el cual cedieron sus derechos de apelación.
La demanda interpuesta ante la corte de distrito de Estados Unidos en el norte de California, busca también acceso a los datos de agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia (DOJ) y de su Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).Los activistas alegan que muchas de estas personas, pese a contar con defensas válidas en contra de una deportación, terminaron firmando, posiblemente bajo presión, un documento con el cual cedieron sus derechos de apelación.
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Barreras de idioma
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"No sabemos si ellos (los inmigrantes) tienen conocimiento de lo que están firmando o quizás podría ser la barrera del idioma", explicó Jennifer Koh, abogada de la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford."Y ese uno de los propósitos de la demanda, saber si estas personas tienen conocimiento de lo que están firmando", agregó.
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La abogada también indicó que según datos de la oficina de EOIR, la mayoría de las personas deportadas "son originarias de México, lo cual deja un impacto principalmente en la comunidad mexicana".
La abogada también indicó que según datos de la oficina de EOIR, la mayoría de las personas deportadas "son originarias de México, lo cual deja un impacto principalmente en la comunidad mexicana".
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Casos truncados
Otro problema es que muchas de esta personas podrían ser elegibles para resolver sus casos de deportación o porque cuentan con familiares ciudadanos, pero al firmar la orden de remoción "sus casos nunca son escuchados", indicó Linton Joaquín de NILC.
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La demanda surge después de que FOIA solicitara dos veces (diciembre 2005 y febrero 2008) información del programa con mínimos resultados.Según datos obtenidas de esas dos solicitudes, la oficina de EOIR del DOJ, deportó 96,241 inmigrantes entre octubre de 1999 y junio de 2008.A partir de 2004, las deportaciones subieron a 5,481 y en 2007 alcanzó las 31,554 personas, según un reporte de las organizaciones.
La demanda surge después de que FOIA solicitara dos veces (diciembre 2005 y febrero 2008) información del programa con mínimos resultados.Según datos obtenidas de esas dos solicitudes, la oficina de EOIR del DOJ, deportó 96,241 inmigrantes entre octubre de 1999 y junio de 2008.A partir de 2004, las deportaciones subieron a 5,481 y en 2007 alcanzó las 31,554 personas, según un reporte de las organizaciones.
La mayoría de los personas afectadas provienen de los estados de Arizona, Illinois y California.
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Programa viejo
El programa inició en 1996 debido "a una reforma en las leyes de inmigración", explicó Joaquín de NILC. Sin embargo, el programa no entró en vigor hasta 1997 y "el gobierno fue más agresivo con el programa unos años después", agregó.
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Por ahora, "falta ver cómo responde la otra parte", finalizó Carlos Villarreal, director Ejecutivo del National Lawyers Guild-SF.Según el Centro Hispano Pew, se calcula que unos 11 a 12 millones de personas indocumentadas viven en Estados Unidos, muchos de ellos pertenecen a familias de estatus migratorios mixtos, en el cual un padre o madre, los hijos o algún familiar tienen residencia permanente o es ciudadanos de este país lo que abre la posibilidad de regularizar el estatus de permanencia.¿Qué opina de las tácticas empleadas por las autoridades para que los indocumentados arrestados firmen documentos y renuncien a sus derechos en Estados Unidos?
Por ahora, "falta ver cómo responde la otra parte", finalizó Carlos Villarreal, director Ejecutivo del National Lawyers Guild-SF.Según el Centro Hispano Pew, se calcula que unos 11 a 12 millones de personas indocumentadas viven en Estados Unidos, muchos de ellos pertenecen a familias de estatus migratorios mixtos, en el cual un padre o madre, los hijos o algún familiar tienen residencia permanente o es ciudadanos de este país lo que abre la posibilidad de regularizar el estatus de permanencia.¿Qué opina de las tácticas empleadas por las autoridades para que los indocumentados arrestados firmen documentos y renuncien a sus derechos en Estados Unidos?
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Univision.com - USA/13/11/2008
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