Quito, 2 dic (PL) Una propuesta de ley que busca acabar con la impunidad y el enriquecimiento ilícito en Ecuador está hoy en manos de la Comisión de Legislación para su análisis y posterior aprobación.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, presentado el 10 de agosto de 2008 durante la Asamblea Constituyente y recuperado ahora por César Rodríguez, Jaime Ruiz y Mauro Andino, asambleístas de Acuerdo PAIS.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, presentado el 10 de agosto de 2008 durante la Asamblea Constituyente y recuperado ahora por César Rodríguez, Jaime Ruiz y Mauro Andino, asambleístas de Acuerdo PAIS.
Rodríguez, primer vicepresidente del Legislativo, destacó que esta legislación pretende otorgar al país las herramientas necesarias para llevar adelante una verdadera lucha en contra de la corrupción.
“La normativa permitirá perseguir la corrupción, ya que está dirigida a combatir el enriquecimiento ilícito”, recalcó desde la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Puntualizó que el Consejo de Administración Legislativa calificará en las próximas horas el proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal, al cual se pretende agregar esta propuesta.
De esta forma se busca garantizar una acción integral en contra del enriquecimiento ilícito, por cuanto se establecen los mecanismos para juzgar a las personas que aprovechándose del poder político amasaron fortunas inmensas, aseveró.
Todos los bienes con origen ilícito deben pasar al Estado, sin opción a indemnización o acción legal, enfatizó.
Rodríguez alertó que “hoy más que nunca, cuando Ecuador ha recibido absorto el informe de auditoría de la deuda externa, que ha significado grandes negociados, se hace necesaria la aprobación de una ley que permita perseguir la corrupción en su más elevado nivel”.
Su colega Ruiz señaló por su parte que esta iniciativa recoge el criterio del pueblo ecuatoriano para que la impunidad desaparezca de esta nación andina.
El enriquecimiento ilícito aquí ha sido el pan de cada día y ante esta situación es deber del legislativo dotar al país de una ley que garantice el retorno a manos del Estado de los bienes mal habidos, adquiridos dolosa e ilícitamente, apuntó.
El proyecto establece la extinción del derecho de dominio como una institución autónoma, de carácter patrimonial, previo juicio independiente del penal, con observancia de las garantías del debido proceso, mediante sentencia en la que se deje constancia que la adquisición de bienes son ilegítimos y espurios./lac/lgo
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“La normativa permitirá perseguir la corrupción, ya que está dirigida a combatir el enriquecimiento ilícito”, recalcó desde la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Puntualizó que el Consejo de Administración Legislativa calificará en las próximas horas el proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal, al cual se pretende agregar esta propuesta.
De esta forma se busca garantizar una acción integral en contra del enriquecimiento ilícito, por cuanto se establecen los mecanismos para juzgar a las personas que aprovechándose del poder político amasaron fortunas inmensas, aseveró.
Todos los bienes con origen ilícito deben pasar al Estado, sin opción a indemnización o acción legal, enfatizó.
Rodríguez alertó que “hoy más que nunca, cuando Ecuador ha recibido absorto el informe de auditoría de la deuda externa, que ha significado grandes negociados, se hace necesaria la aprobación de una ley que permita perseguir la corrupción en su más elevado nivel”.
Su colega Ruiz señaló por su parte que esta iniciativa recoge el criterio del pueblo ecuatoriano para que la impunidad desaparezca de esta nación andina.
El enriquecimiento ilícito aquí ha sido el pan de cada día y ante esta situación es deber del legislativo dotar al país de una ley que garantice el retorno a manos del Estado de los bienes mal habidos, adquiridos dolosa e ilícitamente, apuntó.
El proyecto establece la extinción del derecho de dominio como una institución autónoma, de carácter patrimonial, previo juicio independiente del penal, con observancia de las garantías del debido proceso, mediante sentencia en la que se deje constancia que la adquisición de bienes son ilegítimos y espurios./lac/lgo
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Prensa Latina - Cuba/02/12/2008
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