PAGINA/12 ACCEDIO A LA DENUNCIA PENAL QUE EL ESTADO PRESENTO CONTRA EL PRINCIPAL ACCIONISTA POR UN SUPUESTO VACIAMIENTO
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La denuncia del Estado sobre Edelap, la distribuidora de luz con peor servicio. En ella se describen las maniobras financieras utilizadas por el principal accionista, la norteamericana Aes, que implican un perjuicio de 55 millones de pesos. El futuro de la empresa en discusión
ALTA TENSIONSe hizo la luz en Edelap y Aes se las ve negras
De la presentación se desprende que la estadounidense Aes Corp., controlante del 90 por ciento de las acciones, habría realizado una maniobra financiera que le ocasionó a la privatizada un perjuicio de 55 millones de pesos.
De la presentación se desprende que la estadounidense Aes Corp., controlante del 90 por ciento de las acciones, habría realizado una maniobra financiera que le ocasionó a la privatizada un perjuicio de 55 millones de pesos.
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Por Cledis Candelaresi
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Earl Anthony Wayne se retiró incómodo el martes de la semana pasada del despacho del ministro de Planificación, Julio De Vido. El embajador norteamericano entendió que a la estadounidense Aes Corp., accionista mayoritaria de Edelap, no le será fácil desembarazarse de la situación generada por la denuncia penal que presentó el Estado contra sus directivos por presunta defraudación contra la distribuidora eléctrica platense. Página/12 accedió a esa presentación de la que se desprende que la maniobra financiera del principal accionista le habría ocasionado a la privatizada un perjuicio de 55,3 millones de pesos. El descargo que intentaron los responsables de la división Latinoamérica de la trasnacional ante funcionarios del Ministerio de Planificación, horas después del encuentro entre el diplomático y el ministro De Vido, no resultó convincente para el Gobierno, que reclamó que investigara el Juzgado en lo Criminal y Correccional No 27 de Alberto Baños. Si el juez avala la imputación y los próximos balances de la privatizada constataran que, efectivamente, tiene un patrimonio neto negativo, estaría allanado el camino para una eventual reestatización.
Paradójicamente, todo comenzó con una auditoría financiera contable practicada por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que se está preparando para todas las distribuidoras eléctricas bajo su órbita (también Edenor y Edesur). Es una de las instancias más esperadas por las empresas, ya que de ese desmenuzamiento del negocio eléctrico surgiría un nuevo cuadro de precios ajustados sin discriminación de usuarios, a aplicar a partir de febrero. El gran aumento general tan anhelado por estas concesionarias.
En la ejecución de esa tarea, los técnicos oficiales se sorprendieron con una operación financiera por la que pidieron aclaraciones a la firma platense. “No hubo respuestas o éstas fueron evasivas”, se lamentaron los expertos del órgano regulador bajo el comando del ex cobista Mario de Casas. El hallazgo motivó la presentación de aquella denuncia penal, cuya derivación, imprevisible en esta instancia, podría llegar a la prisión de los responsables de Aes no identificados con nombre y apellido en la denuncia.
Desde que se la compró a Techint por 350 millones de dólares –un valor muy alto en relación con lo que indicaba el mercado–, Aes Corp. es dueña del 90 por ciento de las acciones de Edelap a través de Compañía de Inversiones de Electricidad S. A. (51 por ciento), Luz de la Plata S. A. (31,9 por ciento), Inversora Aes Américas Holding España (7,1 por ciento). El 10 por ciento restante pertenece al programa de propiedad participada, es decir los trabajadores, damnificados por las maniobras objetadas por el ENRE.
Luego de un proceso de reestructuración de pasivos, la distribuidora se quedó con una deuda de 38,81 millones de pesos a favor del Banco de Galicia y otra de 38,08 millones con el Bank Boston. A través de sus subsidiarias Aes Platense Investment Uruguay y Aes Argentina Holding Uruguay, la principal accionista compró esos pasivos por un monto menor, de 31,09 millones en el primer caso y 21,65 millones en el segundo. Pero esa transacción no le reportó ningún beneficio a la distribuidora eléctrica, que siguió endeudada en los valores originales y por el capital pactado entonces, sólo que cambió la ventanilla de pago: los fondos no iban a los bancos sino a su socio mayoritario.
“Téngase presente que si los fondos aportados por la sociedad controlante hubieran sido efectuados como aportes de capital societario a Edelap S. A., hubiera sido esta y no sociedades distintas pero pertenecientes al grupo la que hubiera usufructuado del descuento obtenido y actualmente hubiera resuelto sus problemas financieros”, sentencia la octava carilla de la presentación judicial a la que accedió Página/12. Si al beneficio que Aes obtuvo por aquellos descuentos en la compra de los pasivos se le añade el de los intereses que cobró y cobraría sobre el monto original de la deuda y no el reducido, resulta un perjuicio para Edelap de 36,5 millones de pesos (22,1 por el primer concepto y 12,4 por el segundo). No es todo.
Los reguladores también advirtieron otra ventanilla por la que se desperdiciarían los recursos de la distribuidora eléctrica “que podría encubrir una defraudación a los derechos de los accionistas minoritarios y a otros acreedores de la concesionaria”, que atraviesa una “grave situación patrimonial”. Edelap paga 18 millones de pesos a Luz de la Plata S. A. por el gerenciamiento, algo que a juicio del Estado constituye una “transferencia sin ninguna prestación a favor de la sociedad”. Resulta una de las decisiones más difíciles de explicar para Aes, en virtud de que el objeto exclusivo de la distribuidora es, justamente, la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”, lo que le quita sentido a esa virtual tercerización.
En rigor, Luz del Plata oficia de operador técnico de la distribuidora, cuya existencia fue impuesta por los pliegos licitatorios de casi todas las privatizaciones. El problema aquí es la magnitud de la remuneración. Los auditores públicos tomaron nota de que aquel monto representa el 2,2 por ciento de los costos totales de la concesionaria, contra el 1,2 por ciento que invierte Edenor por el mismo concepto, por ejemplo.
Finalmente, la denuncia ante la Justicia pide que se investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal, porque aquella operación de crédito descripta reportaría un beneficio a Aes no registrado localmente y, por lo tanto, no sujeto al pago del Impuesto a las Ganancias. Por ahora sólo una presunción de que se violó la Ley Penal Tributaria, pero que no dejó de incluirse en la presentación ante los tribunales, también alimentada por un dato urticante. De acuerdo con el texto, Edelap tiene un patrimonio neto negativo de 90 millones de pesos, según surgiría del balance cerrado el 30 de junio del 2008. Esto la pone en la delicada situación de ser capitalizada de inmediato, a riesgo de entrar en un proceso de disolución, tal como indica la Ley de Sociedades. Pero fuentes oficiales aseguran que, estrictamente, aquel cuadro adverso quedaría configurado recién a mediados del año próximo, ya que hoy resulta de una “proyección del flujo de fondos”.
Las “maniobras descriptas no sólo podrían traer aparejado un perjuicio hacia la administración nacional como concedente del servicio público, sino también en perjuicio de los usuarios”, reza el texto. Aes compró los activos de Edelap pero tiene la prestación del servicio en concesión. Si se probara tanto la comisión del delito de defraudación como la existencia de un patrimonio neto negativo, el Estado estaría en condiciones de forzar la venta de las acciones de Edelap en una oferta pública internacional o podría proceder él mismo a su rescate. Vía que por ahora De Vido asegura no querer transitar.
Las coincidencias con Aerolíneas Argentinas surgen ineludiblemente. Alberto Baños, titular del Juzgado No 27 en lo Correccional y Criminal, también analiza localmente los supuestos desvíos del dinero que la Sepi le dio a Marsans para cancelar pasivos concursales y equipar la compañía. El grupo aéreo tiene patrimonio neto negativo y el Estado está propiciando por vía parlamentaria y judicial el rescate de acciones. La privatización de Edelap parece estar transitando el mismo camino de imputaciones judiciales
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Earl Anthony Wayne se retiró incómodo el martes de la semana pasada del despacho del ministro de Planificación, Julio De Vido. El embajador norteamericano entendió que a la estadounidense Aes Corp., accionista mayoritaria de Edelap, no le será fácil desembarazarse de la situación generada por la denuncia penal que presentó el Estado contra sus directivos por presunta defraudación contra la distribuidora eléctrica platense. Página/12 accedió a esa presentación de la que se desprende que la maniobra financiera del principal accionista le habría ocasionado a la privatizada un perjuicio de 55,3 millones de pesos. El descargo que intentaron los responsables de la división Latinoamérica de la trasnacional ante funcionarios del Ministerio de Planificación, horas después del encuentro entre el diplomático y el ministro De Vido, no resultó convincente para el Gobierno, que reclamó que investigara el Juzgado en lo Criminal y Correccional No 27 de Alberto Baños. Si el juez avala la imputación y los próximos balances de la privatizada constataran que, efectivamente, tiene un patrimonio neto negativo, estaría allanado el camino para una eventual reestatización.
Paradójicamente, todo comenzó con una auditoría financiera contable practicada por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Revisión Tarifaria Integral que se está preparando para todas las distribuidoras eléctricas bajo su órbita (también Edenor y Edesur). Es una de las instancias más esperadas por las empresas, ya que de ese desmenuzamiento del negocio eléctrico surgiría un nuevo cuadro de precios ajustados sin discriminación de usuarios, a aplicar a partir de febrero. El gran aumento general tan anhelado por estas concesionarias.
En la ejecución de esa tarea, los técnicos oficiales se sorprendieron con una operación financiera por la que pidieron aclaraciones a la firma platense. “No hubo respuestas o éstas fueron evasivas”, se lamentaron los expertos del órgano regulador bajo el comando del ex cobista Mario de Casas. El hallazgo motivó la presentación de aquella denuncia penal, cuya derivación, imprevisible en esta instancia, podría llegar a la prisión de los responsables de Aes no identificados con nombre y apellido en la denuncia.
Desde que se la compró a Techint por 350 millones de dólares –un valor muy alto en relación con lo que indicaba el mercado–, Aes Corp. es dueña del 90 por ciento de las acciones de Edelap a través de Compañía de Inversiones de Electricidad S. A. (51 por ciento), Luz de la Plata S. A. (31,9 por ciento), Inversora Aes Américas Holding España (7,1 por ciento). El 10 por ciento restante pertenece al programa de propiedad participada, es decir los trabajadores, damnificados por las maniobras objetadas por el ENRE.
Luego de un proceso de reestructuración de pasivos, la distribuidora se quedó con una deuda de 38,81 millones de pesos a favor del Banco de Galicia y otra de 38,08 millones con el Bank Boston. A través de sus subsidiarias Aes Platense Investment Uruguay y Aes Argentina Holding Uruguay, la principal accionista compró esos pasivos por un monto menor, de 31,09 millones en el primer caso y 21,65 millones en el segundo. Pero esa transacción no le reportó ningún beneficio a la distribuidora eléctrica, que siguió endeudada en los valores originales y por el capital pactado entonces, sólo que cambió la ventanilla de pago: los fondos no iban a los bancos sino a su socio mayoritario.
“Téngase presente que si los fondos aportados por la sociedad controlante hubieran sido efectuados como aportes de capital societario a Edelap S. A., hubiera sido esta y no sociedades distintas pero pertenecientes al grupo la que hubiera usufructuado del descuento obtenido y actualmente hubiera resuelto sus problemas financieros”, sentencia la octava carilla de la presentación judicial a la que accedió Página/12. Si al beneficio que Aes obtuvo por aquellos descuentos en la compra de los pasivos se le añade el de los intereses que cobró y cobraría sobre el monto original de la deuda y no el reducido, resulta un perjuicio para Edelap de 36,5 millones de pesos (22,1 por el primer concepto y 12,4 por el segundo). No es todo.
Los reguladores también advirtieron otra ventanilla por la que se desperdiciarían los recursos de la distribuidora eléctrica “que podría encubrir una defraudación a los derechos de los accionistas minoritarios y a otros acreedores de la concesionaria”, que atraviesa una “grave situación patrimonial”. Edelap paga 18 millones de pesos a Luz de la Plata S. A. por el gerenciamiento, algo que a juicio del Estado constituye una “transferencia sin ninguna prestación a favor de la sociedad”. Resulta una de las decisiones más difíciles de explicar para Aes, en virtud de que el objeto exclusivo de la distribuidora es, justamente, la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”, lo que le quita sentido a esa virtual tercerización.
En rigor, Luz del Plata oficia de operador técnico de la distribuidora, cuya existencia fue impuesta por los pliegos licitatorios de casi todas las privatizaciones. El problema aquí es la magnitud de la remuneración. Los auditores públicos tomaron nota de que aquel monto representa el 2,2 por ciento de los costos totales de la concesionaria, contra el 1,2 por ciento que invierte Edenor por el mismo concepto, por ejemplo.
Finalmente, la denuncia ante la Justicia pide que se investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal, porque aquella operación de crédito descripta reportaría un beneficio a Aes no registrado localmente y, por lo tanto, no sujeto al pago del Impuesto a las Ganancias. Por ahora sólo una presunción de que se violó la Ley Penal Tributaria, pero que no dejó de incluirse en la presentación ante los tribunales, también alimentada por un dato urticante. De acuerdo con el texto, Edelap tiene un patrimonio neto negativo de 90 millones de pesos, según surgiría del balance cerrado el 30 de junio del 2008. Esto la pone en la delicada situación de ser capitalizada de inmediato, a riesgo de entrar en un proceso de disolución, tal como indica la Ley de Sociedades. Pero fuentes oficiales aseguran que, estrictamente, aquel cuadro adverso quedaría configurado recién a mediados del año próximo, ya que hoy resulta de una “proyección del flujo de fondos”.
Las “maniobras descriptas no sólo podrían traer aparejado un perjuicio hacia la administración nacional como concedente del servicio público, sino también en perjuicio de los usuarios”, reza el texto. Aes compró los activos de Edelap pero tiene la prestación del servicio en concesión. Si se probara tanto la comisión del delito de defraudación como la existencia de un patrimonio neto negativo, el Estado estaría en condiciones de forzar la venta de las acciones de Edelap en una oferta pública internacional o podría proceder él mismo a su rescate. Vía que por ahora De Vido asegura no querer transitar.
Las coincidencias con Aerolíneas Argentinas surgen ineludiblemente. Alberto Baños, titular del Juzgado No 27 en lo Correccional y Criminal, también analiza localmente los supuestos desvíos del dinero que la Sepi le dio a Marsans para cancelar pasivos concursales y equipar la compañía. El grupo aéreo tiene patrimonio neto negativo y el Estado está propiciando por vía parlamentaria y judicial el rescate de acciones. La privatización de Edelap parece estar transitando el mismo camino de imputaciones judiciales
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Por Cledis Candelaresi
La empresa en silencio
La empresa en silencio
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Página/12 Web - Argentina/09/12/2008
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