Por Ernesto Carmona
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La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la “inteligencia” chilena seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Newen Mapuche ("Energía del universo mapuche" en lengua mapudungu), en particular cuando conversaba con un joven dirigente indígena prófugo de la Justicia. Cree que fue sindicada como cabecilla de una “organización terrorista” bastante compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza mientras sigue “la investigación”, más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero la Justicia suele prorrogar a discreción estos plazos. La incriminación de Varela López en dos asesinatos, el asalto a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional (INP), tiene toda la apariencia de un montaje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fabricado durante tres años en una llamada “Operación Paciencia”, probablemente en connivencia con la Fiscalía de la zona indígena, en la Octava Región de la Araucanía. La prisión “preventiva” dictada por la jueza Andrea Urbina –“para que la Fiscalía investigue”– ocurre bajo el “estado de derecho” de un país con un gobierno “socialista”, donde están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritaría una autorización del Congreso Nacional.
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¿“Gobierno ciudadano” o “gobierno represivo”?
“No participé en ningún crimen, soy inocente de los cargos; no he asaltado bancos ni matado gente; sólo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos”, declaró la realizadora Varela López, cuando la directiva del Colegio de Periodistas de Chile la visitó el sábado 7 de mayo 2008 en el Complejo Penitenciario de Rancagua, la nueva cárcel privatizada. “No tienen nada que me vincule… Ha sido terrible, pero estoy bien; no he tenido participación en ninguna cosa; es insensato”, dijo. “Las otras dos mujeres tampoco: es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia de inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia”, añadió la autora de documentales. Un periodista no tiene por qué creerle de buenas a primeras a una inculpada, aunque ésta sea documentalista, en cierto modo una profesión afín. Su tarea es informar, en lo posible desde todos los ángulos; no juzgar –como ya lo hizo con Varela la mayoría de la prensa chilena– y tampoco servir de caja de resonancia de terceros, incluyendo a la policía, los servicios secretos del Estado y el controvertido ministerio Público de la zona mapuche ocupada hace varios años por fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile sin que se haya producido ningún debate público sobre la deuda histórica de tierras indígenas y esta virtual situación de guerra sucia interna, demasiado parecida a la ocupación de Palestina. Pero después de una larga conversación con esta mujer izquierdista, su versión resulta plausible y mucho más convincente que la acusación tan ligeramente santificada como verdad absoluta por la prensa y la televisión chilenas. Los medios locales suelen juzgar por su cuenta mucho antes que la Justicia dicte sentencias definitivas, pero cuando éstas aparecen los casos yacen sepultados en el olvido más recóndito. Las víctimas de este “terrorismo mediático” muchas veces se calan años de cárcel sin que se repare su honorabilidad gratuitamente destruida por los medios y ciertos periodistas. La gran prensa jamás pide disculpas. Tampoco le gusta que la critiquen.
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¿Qué es la ANI?
La ANI en una entidad secreta de “inteligencia” creada recientemente a imagen y semejanza del FBI/CIA para la lucha interna contra “el terrorismo”, en estos tiempos “democráticos”, que no impiden al Estado Chile librar su guerra semisecreta contra la etnia mapuche bajo el disfraz mediático de la lucha “antiterrorista”. La legislación que ampara los procedimientos arbitrarios contra los “delitos mapuche” es la Ley Antiterrorista Nº 18.314, dictada el 17 de mayo de 1984 por el “poder legislativo” de la dictadura de Augusto Pinochet, a fin de determinar –y combatir– “las conductas terroristas” de sus adversarios. Puede ser una coincidencia fortuita que esos “adversarios” de ayer sean hoy son más o menos las mismas personas que gobiernan al país. Dictada en una pequeña habitación de La Moneda por dos o tres “legisladores” designados a dedo por el dictador, la normativa “antiterrorista” ha sido modificada –y por consiguiente, legitimada “en democracia”, al igual que la Constitución de Pinochet de 1980. Ha sido una ley prácticamente “premonitoria” porque se parece demasiado a la “Patriot Act” y demás normas autoritarias establecidas por George Bush II después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
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El grupo “terrorista”
Elena Varela enfrenta acusaciones bastante pesadas. La primera, ampliamente difundida por la prensa, es que lidera una célula terrorista mirista, o sea, del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. El fiscal de Rancagua, Servando Joaquín Pérez Ojeda, la acusó formalmente el 8 de mayo –fue arrestada el día anterior– de conformar, con otros imputados [en ésta y en las sucesivas citas se incluyen las incoherencias de lenguaje, faltas de ortografía y sintaxis del texto original] “una organización cuyo objetivo es cometer robos con intimidación en lugar en que se encuentren grandes sumas de dineros en efectivo como Bancos, Agencias de INP o camiones de valores, dinero que es destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero como el señor Hernández Norambuena”. Se trata de “asociación ilícita para delinquir”, según la Ley Antiterrorista. Hay ciertas incoherencias. Por ejemplo, “el señor [Mauricio] Hernández Norambuena”, 50 años, pertenece –o pertenecía– al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, distinto al MIR y más cercano al Partido Comunista. Se escapó espectacularmente en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996, junto a otros tres presos, y actualmente cumple en Brasil una condena a 30 años por el secuestro del empresario Washington Olivetto. El segundo delito imputado a Varela fue un intento de robo con homicidio, donde hubo cuatro muertos, dos asaltantes y dos guardias, sin que el hurto llegara a consumarse: "Los cuatro imputados nombrados [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Leticia Cárdenas], más entre otros el prófugo Juan Moreno Venegas y los fallecidos Alfredo Hermosilla y Carlos Aedo, se concertaron para atacar una plaza de pagos del INP, ubicado en la Comuna de Machalí, el 10 de junio del año 2005 se desarrollaba en dicho lugar un pago de pensionados, afiliados a la Institución Provisional mencionada en un Recinto Municipal". La formalización del Fiscal añade: “Custodiaba el lugar un guardia de Prosegur Jaime Labraña Horta y también se encontraba en el lugar un particular Evaristo Moreno Carrasco, irrumpió en dicho recinto un grupo armado con la finalidad de apropiarse de los $80.000.000 [160.000 dólares], en efectivo que ahí se encontraban, dispararon al guardia y también a Moreno Carrasco que intentó auxiliar al primero y ambos estas víctimas fallecieron a consecuencia de los disparos. El guardia, esto es Labraña, alcanzó a repeler el ataque y disparar a los asaltantes, falleciendo en el lugar el delincuente Alfredo Hermosilla Candia y siendo encontrado fallecido en Peñaflor, Carlos Aedo Videla, otro asaltante abandonado en la vía pública por sus compañeros”. Machalí se encuentre a 100 km al norte de Santiago, cerca de Rancagua. Pero Varela bien pudo soportar la incomodidad de un viaje de 900 km con tal de delinquir, porque tiene domicilio en Los Laureles N° 31, Lican Ray, Villarrica, 800 km al sur de Santiago. Trabajaba como encargada de cultura en Pucón, a 25 km de su residencia, o sea, era empleada pública, funcionaria del ministerio de Cultura. Un tercer delito fue el asalto a una oficina del BancoEstado, donde ayudó a llevarse 20 millones, unos 40.000 dólares. “El día 20 de diciembre de 2004 –reza la formalización de cargos–, a eso de las 09:00 horas, las personas ya indicadas [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Jorge Pineda] junto a otros individuos entre ellos Cristian San Martín Morales y Carlos Aedo, llegaron hasta la localidad de Loncoche en la Región de la Araucanía, irrumpieron en el Banco del Estado de esa localidad e intimidaron a los empleados y al público que se encontraba en el lugar, los intimidaron con armas de fuego y a un guardia le dispararon e hirieron, causándole heridas menos graves y de esta forma consiguieron apropiarse de $20.000.000, que era parte del dinero que mantenía la Institución Bancaria, Pineda ingresó armado al lugar, Sánchez y Reyes se mantuvieron en las inmediaciones, en los vehículos para la huida. La cuarta imputada mencionada por este delito la Sra. Varela participó en la planificación del delito y en el ocultamiento de los autores materiales”. El Fiscal Pérez Ojeda, quien aspira a la jefatura de la Fiscalía en la VI Región de O’Higgins –Rancagua–, dejó constancia de otro delito que afecta a Flor Domínguez, ex encargada de Cultura en Ercilla, 600 km al sur de Santiago, en plena zona mapuche. Domínguez es la única persona entre los inculpados a quien Varela dice haber conocido en seminarios y reuniones regionales del sector Cultura y de la burocracia del Estado en la zona. “El Fiscal –añade la acusación– hace presente que existe un cuarto delito por el cual ya se ha comunicado la investigación respecto del Señor Kenny Sánchez y la Sra. Flor Domínguez, se investiga también su participación en el delito de Tenencia de armas de fuego, dos armas cortas que fueron las precisamente ubicadas el día de ayer 07 de mayo de 2008, en el domicilio que ellos comparten en Ercilla y lo que justifica la existencia de este cuarto delito es precisamente el haber hallado estas armas en el domicilio que tienen a su cargo”.
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¿Quién es Elena Varela?
Los antecedentes de Elena Varela se relacionan más con el arte y la cultura que con “terrorismo”, “mirismo” o “frentismo”. Se describe como una mujer de ideas de izquierda y como muchos otros ciudadanos de este país observa con preocupación la inexistencia de una política seria del Estado Chile –y de la gran prensa– frente a las demandas de la etnia mapuche, a pesar de los continuos reclamos de organizaciones locales y extranjeras de derechos humanos, entre ellos el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Según el censo de 2002, el 4,6% de los habitantes de Chile pertenece a etnias y el 87,4% de esa población indígena es mapuche. El 33% vive en la Novena Región de la Araucanía, en tanto el 30,3 reside en Santiago. Es decir, se trata de unas 200.000 personas que viven en la Araucanía, donde 10 años antes residía el 52% de los mapuches, según lel censo de 1992. La estrategia de todos los gobiernos pareciera consistir en ganar tiempo hasta que los mapuches se extingan por completo para seguir aprovechando sus tierras hasta la eternidad. Varela Escribe, produce y dirige documentales, es compositora y gestora cultural, encabeza la Productora Ojo Films, fue fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, en la llamada Araucanía. Después del asesinato del mapuche Alex Lemus, de 17 años, herido de muerte por Carabineros en la represión de una manifestación por tierras el 7 de noviembre de 2002, la realizadora comenzó investigar los orígenes del conflicto del pueblo mapuche con el Estado, como lo han hecho otros cinematografistas, intelectuales e historiadores. Así concibió la idea del documental Newen Mapuche, 90 minutos, terminado en 2007, con apoyo financiero parcial otorgado en 2005 por el Fondo Audiovisual de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Varela trabajó con un equipo integrado por Joel Zúñiga, asistente de dirección; Flor Rubina, productora ejecutiva; Eduardo Ramírez, productor; Mauricio Durán, asistente de producción y producción periodística; Inti Briones, director de fotografía; Boris Herrera, sonido; Javier Guiñes Gaona, música original; y Paula Talloni, montaje. Varias de estas personas fueron detenidas, como asimismo algunos entrevistados por la documentalista. Newen Mapuche también fue uno de los diez proyectos seleccionados para el festival DocSantiago 2007, un evento del Santiago III Festival Internacional de Cine, SANFIC3, por estimarse que indaga en las causas y efectos del actual conflicto entre las comunidades indígenas y las empresas forestales. DocSantiago 2007 fue un encuentro de productores y realizadores interesados en obtener financiamiento de la televisión para sus proyectos.
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Despojo policíaco
En sus indagaciones, Varela entrevistó varias veces a un dirigente clandestino que le dio claves e información para comprender el conflicto, en particular el crecimiento del sector forestal que durante los últimos 30 años ha ganado decenas de miles de millones de dólares exportando celulosa extraída del bosque del territorio indígena. El entrevistado explicó las razones que consideró su organización, presuntamente la Coordinadora Arauco-Malleco, para adoptar una política radical en su lucha por las tierras, en sintonía con la cosmovisión mapuche. También influyó la desilusión ante el fracaso de la Ley 19.253 de “apoyo indígena en Chile”, un paño de agua tibia promulgado en 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin. El documental la hizo viajar por la zona en conflicto, visitó comunidades mapuche, registró relatos de atropellos y conoció de cerca la reivindicación de las tierras ancestrales arrebatadas a los indígenas en un proceso de 500 años que todavía continúa. Junto con arrestarla, la policía le incautó sus pertenencias, objetos de arte y muchísimo material de trabajo, por ejemplo las cintas de "Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya investigación y guión fue financiada con un Fondo CORFO 2006. Estas cintas contienen testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes de las matanzas de la dictadura en Liquiñe, Panguipulli, en 1973, e imágenes de la represión posterior al episodio de la “guerrilla de Neltume”, de la década de 1980. Varela dijo que “relata la historia del Complejo Maderero Panguipulli, el Movimiento Obrero Campesino, la Caravana de la Muerte y la guerrilla del MIR en los ‘80”, episodio conocido como la guerrilla de Neltume, en el sur de Chile. “Todo esto, todo este trabajo, todas las cintas con entrevistados, ha sufrido la misma experiencia, han sido requisados por la Policía de Investigaciones”, dijo. “Ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros”, explicó Varela. “Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes”. En una dramática carta que dirigió al Consejo de la Cultura y las Artes y al Fondo Audivisual, Varela clamó porque le devuelvan sus cosas: “Junto con esto, el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto”. Elena piensa que la ANI comenzó a seguirle los pasos con la “Operación Paciencia” cuando supo que había entrevistado al joven mapuche clandestino, porque al interrogarla y maltratarla le mostraron “pruebas” o fotografías donde aparece con personas con quienes efectivamente conversó, pero también le exhibieron fotos trucadas, o “photoshopeadas”, en que su rostro figura entre los miembros de la plana mayor de la Coordinadora. Varela se encuentra encerrada en una celda aislada, sin calefacción, bajo temperaturas inferiores al grado cero, sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. En la recepción del penal existe una instrucción para el personal de Gendarmería que logramos leer cuando ingresamos: “No dar absolutamente ninguna información sobre los siguientes presos”, rezaba más o menos el texto. Entre los nombres figuraba el de Varela. –¿Por qué piensas que te acusaron precisamente a tí?–, le pregunté. Se quedó pensando un instante. Después de muchas dificultades, porque la autorización primero no había llegado y después apareció una para el día siguiente, logramos conversar con ella en una salita, tras pasar rejas, censores electrónicos, cacheo y otros controles, todo esto sin maletines, celulares, grabadores ni cámaras. La visitamos Luis Conejeros, presidente nacional del Colegio de Periodistas; Tebni Enrique Pino, secretario general, y el autor de esta nota, consejero nacional. Afuera había un sol radiante, pero adentro hacía frío y se sentía la humedad típica de una edificación relativamente nueva. Elena estaba abrigada con un suéter de lana. –Creo que me eligieron porque piensan que soy la única persona que tiene capacidad intelectual y organizativa como para liderar un grupo, dado mis antecedentes de documentalista y fundadora de entidades culturales–, respondió.
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Secreto profesional
Varela relató que hay “gente que está dentro de la película que ya está presa”. El secreto profesional o a la confidencialidad de las fuentes protege a los periodistas pero no a los documentalistas. Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas, explicó que los periodistas están protegidos por el secreto profesional, por ejemplo al entrevistar a un prófugo de la justicia, pero en el caso de los documentalistas existe un vacío legal debido a la antigüedad de la ley y a que el género documental es relativamente nuevo”. Los periodistas también temen que los archivos de Varela sean utilizados maliciosamente por Investigaciones y por la ANI. Un comunicado del Colegio manifestó “temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cinematografista para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile”. Conejeros añadió que “cualquier persona que haya dado una entrevista corre el riesgo de ser involucrado por el sólo hecho de haber depositado su confianza en el entrevistador”. Juan Carlos Gedda, Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y Cine de la Araucanía, dijo que “se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes, tema que en el caso del trabajo periodístico se encuentra debidamente resguardado y que pone en riesgo, en este caso particular, a las personas que han entregado confiadas su testimonio y que dan cuenta de la oposición a un modelo económico y forestal que atenta contra la continuidad y sustentabilidad de su ecosistema y de su cultura, junto a los espacios vitales que ellos ocupan”. Añadió que “el trabajo que por descripción hacen de él sus realizadores, denuncia la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuche que luchan por esta causa”. En medio de tanta aberrante violación de derechos resulta curioso que el 21 de mayo 176 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas eligieran a Chile como … miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), junto con Brasil y Argentina, por tres años, a partir del 20 de junio.
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Undisclosed-Re. - Chile/14/06/2008
