Por William Fisher
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NUEVA YORK (IPS) - La decisión del presidente Barack Obama de no divulgar fotografías de abusos a prisioneros de Estados Unidos en Iraq y Afganistán fue celebrada en silencio por militares y denostada a viva voz por defensores de los derechos humanos.
Entre quienes critican la resolución figuran expertos en derecho, líderes religiosos y miembros del ala izquierdista del Partido Demócrata, al que pertenece el propio Obama.
La difusión de estas fotografías (Ver), inicialmente programada para el día 28, fue ordenada por un tribunal federal de apelaciones en respuesta a la demanda de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que invocó la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés FOIA).
El Departamento de Justicia (fiscalía general) indicó, tras el fallo, que había agotado los recursos legales y que acataría la orden judicial.
Pero el presidente Obama dio un giro de 180 grados y ordenó el miércoles a los abogados del gobierno apelar la decisión. Es probable que el caso termine abriéndose paso hacia la Corte Suprema de Justicia.
"Cualquier abuso a detenidos es inaceptable. Va contra nuestros valores. Pone en peligro nuestra seguridad. No será tolerado", dijo Obama en conferencia de prensa.
Sin embargo, alegó, "la publicación de estas fotografías no aportará ningún beneficio adicional a nuestra comprensión de lo que en el pasado realizó una pequeña cantidad de individuos".
"De hecho, la consecuencia más directa de liberarlas será inflamar más la opinión antiestadounidense y someter a nuestras tropas en un peligro mayor", advirtió el mandatario.
"Las fotografías que fueron requeridas en este caso no son particularmente sensacionalistas, especialmente si se las compara con las dolorosas imágenes que recordamos de Abu Ghraib", agregó Obama.
Las fotografías difundidas en 2004 mostraron abusos y humillaciones contra detenidos en la prisión militar de Abu Ghraib, Bagdad, y desataron una indignación generalizada. Varios guardias de esa cárcel fueron condenados por cortes marciales y su comandante fue cesado.
A consecuencia del escándalo, el Departamento (ministerio) de Defensa clausuró esa prisión, pero a comienzos de este año la reabrió, si bien la dejó bajo control iraquí.
La prensa estadounidense estimó que dos factores pesaron en el cambio de opinión del presidente.
En primer lugar, las objeciones de jerarcas militares preocupados porque esas imágenes causen, de ser divulgadas, agitación en el mundo musulmán. Estados Unidos está comprometido a reducir su presencia militar en Iraq y a renovar su estrategia contrainsurgente en Afganistán.
En segundo término se ubica el discurso que Obama prevé pronunciar el 4 de junio en Egipto. La difusión de las fotografías podría diluir el mensaje de reconciliación del presidente, según miembros del gobierno.
Las objeciones partieron, entre otros funcionarios, del secretario (ministro) de Defensa, Robert Gates; del jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen; del jefe del Comando Central, general David Petraeus; el máximo comandante en Iraq, general Ray Odierno; y el comandante saliente de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, general David McKiernan.
"Difundir ahora estas viejas fotografías (…) alimentará la propaganda de (la red extremista) Al Qaeda y su reclutamiento, debilitará los avances que usted logró en nuestras relaciones internacionales y pondrá en peligro al personal militar y diplomático de Estados Unidos en todo el mundo", le advirtieron en marzo, en una carta, los senadores Lindsey Gram (republicano) y Joe Lieberman (independiente).
Organizaciones de veteranos de guerra también apoyaron la decisión de Obama.
"Más allá de la autoflagelación de ciertos estadounidenses, disturbios y actos terroristas, ¿qué espera la gente que derive de la divulgación de estas fotografías?", preguntó desde el diario The Wall Street Journal David Rehbein, de la Legión Estadounidense.
En cambio, Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, dijo a IPS que la decisión "es decepcionante, particularmente porque el presidente asumió en público un compromiso con la transparencia en el gobierno".
La organización de derechos humanos Human Rights First considera vital la difusión de las imágenes, por lo que inició una investigación independiente para "evaluar cómo llegamos a estos abusos y proponer salvaguardas para no repetirlos".
El director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Larry Cox, dijo que la decisión de Obama deja en evidencia "la necesidad urgente de una investigación que exponga, juzgue" y saque conclusiones definitivas sobre las torturas perpetradas.
"Al pueblo estadounidense se le mintió", y se aprobó, en cambio, la acción de funcionarios gubernamentales que autorizaron y justificaron políticas abusivas, sostuvo Cox.
Las críticas a la decisión de Obama también se hicieron oír desde filas conservadoras.
"Sostener que cuanto más truculentos son los abusos o las torturas reveladas en las fotos mayor es la urgencia de (mantenerlos en) secreto para evitar enfurecer a los extranjeros (parece) una página de (la novela) ‘1984’ de George Orwell", dijo a IPS Bruce Fein, presidente de la organización American Freedom Agenda y alto funcionario del Departamento de Justicia en la presidencia del republicano Ronald Reagan (1981-1989).
Mientras, el clérigo cristiano Richard Killmer, director ejecutivo de la Campaña Nacional Religiosa Contra la Tortura, cuestionó al presidente por tomar su decisión después de "prometer el gobierno ‘más abierto y transparente de la historia’".
En diálogo con IPS, Killmer recomendó crear "una comisión que investigue e informe sobre el uso de la tortura desde el 11 de septiembre" de 2001, fecha de los ataques terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
También se oponen a la decisión de Obama algunos expertos legales como Francis Boyle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, quien la calificó de "revés trágico, equivocado y sin principios".
"En vez de obtener un ‘cambio’ real bajo el gobierno de Obama, el pueblo estadounidense experimenta una continuidad sin excepciones con el gobierno desacreditado y criminal de (George W.) Bush (2001-2009) en materia de derecho internacional, derechos humanos y derecho constitucional", dijo Boyle a IPS.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, Marjorie Cohn, recordó que "quienes autorizaron los maltratos que muestran las fotografías no fueron castigados".
"Al negarse a hacerlas públicas, el gobierno está ocultando evidencia que puede usarse para llevar a los reales culpables a la justicia", dijo Cohn a IPS.
NUEVA YORK (IPS) - La decisión del presidente Barack Obama de no divulgar fotografías de abusos a prisioneros de Estados Unidos en Iraq y Afganistán fue celebrada en silencio por militares y denostada a viva voz por defensores de los derechos humanos.
Entre quienes critican la resolución figuran expertos en derecho, líderes religiosos y miembros del ala izquierdista del Partido Demócrata, al que pertenece el propio Obama.
La difusión de estas fotografías (Ver), inicialmente programada para el día 28, fue ordenada por un tribunal federal de apelaciones en respuesta a la demanda de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que invocó la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés FOIA).
El Departamento de Justicia (fiscalía general) indicó, tras el fallo, que había agotado los recursos legales y que acataría la orden judicial.
Pero el presidente Obama dio un giro de 180 grados y ordenó el miércoles a los abogados del gobierno apelar la decisión. Es probable que el caso termine abriéndose paso hacia la Corte Suprema de Justicia.
"Cualquier abuso a detenidos es inaceptable. Va contra nuestros valores. Pone en peligro nuestra seguridad. No será tolerado", dijo Obama en conferencia de prensa.
Sin embargo, alegó, "la publicación de estas fotografías no aportará ningún beneficio adicional a nuestra comprensión de lo que en el pasado realizó una pequeña cantidad de individuos".
"De hecho, la consecuencia más directa de liberarlas será inflamar más la opinión antiestadounidense y someter a nuestras tropas en un peligro mayor", advirtió el mandatario.
"Las fotografías que fueron requeridas en este caso no son particularmente sensacionalistas, especialmente si se las compara con las dolorosas imágenes que recordamos de Abu Ghraib", agregó Obama.
Las fotografías difundidas en 2004 mostraron abusos y humillaciones contra detenidos en la prisión militar de Abu Ghraib, Bagdad, y desataron una indignación generalizada. Varios guardias de esa cárcel fueron condenados por cortes marciales y su comandante fue cesado.
A consecuencia del escándalo, el Departamento (ministerio) de Defensa clausuró esa prisión, pero a comienzos de este año la reabrió, si bien la dejó bajo control iraquí.
La prensa estadounidense estimó que dos factores pesaron en el cambio de opinión del presidente.
En primer lugar, las objeciones de jerarcas militares preocupados porque esas imágenes causen, de ser divulgadas, agitación en el mundo musulmán. Estados Unidos está comprometido a reducir su presencia militar en Iraq y a renovar su estrategia contrainsurgente en Afganistán.
En segundo término se ubica el discurso que Obama prevé pronunciar el 4 de junio en Egipto. La difusión de las fotografías podría diluir el mensaje de reconciliación del presidente, según miembros del gobierno.
Las objeciones partieron, entre otros funcionarios, del secretario (ministro) de Defensa, Robert Gates; del jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen; del jefe del Comando Central, general David Petraeus; el máximo comandante en Iraq, general Ray Odierno; y el comandante saliente de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, general David McKiernan.
"Difundir ahora estas viejas fotografías (…) alimentará la propaganda de (la red extremista) Al Qaeda y su reclutamiento, debilitará los avances que usted logró en nuestras relaciones internacionales y pondrá en peligro al personal militar y diplomático de Estados Unidos en todo el mundo", le advirtieron en marzo, en una carta, los senadores Lindsey Gram (republicano) y Joe Lieberman (independiente).
Organizaciones de veteranos de guerra también apoyaron la decisión de Obama.
"Más allá de la autoflagelación de ciertos estadounidenses, disturbios y actos terroristas, ¿qué espera la gente que derive de la divulgación de estas fotografías?", preguntó desde el diario The Wall Street Journal David Rehbein, de la Legión Estadounidense.
En cambio, Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, dijo a IPS que la decisión "es decepcionante, particularmente porque el presidente asumió en público un compromiso con la transparencia en el gobierno".
La organización de derechos humanos Human Rights First considera vital la difusión de las imágenes, por lo que inició una investigación independiente para "evaluar cómo llegamos a estos abusos y proponer salvaguardas para no repetirlos".
El director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Larry Cox, dijo que la decisión de Obama deja en evidencia "la necesidad urgente de una investigación que exponga, juzgue" y saque conclusiones definitivas sobre las torturas perpetradas.
"Al pueblo estadounidense se le mintió", y se aprobó, en cambio, la acción de funcionarios gubernamentales que autorizaron y justificaron políticas abusivas, sostuvo Cox.
Las críticas a la decisión de Obama también se hicieron oír desde filas conservadoras.
"Sostener que cuanto más truculentos son los abusos o las torturas reveladas en las fotos mayor es la urgencia de (mantenerlos en) secreto para evitar enfurecer a los extranjeros (parece) una página de (la novela) ‘1984’ de George Orwell", dijo a IPS Bruce Fein, presidente de la organización American Freedom Agenda y alto funcionario del Departamento de Justicia en la presidencia del republicano Ronald Reagan (1981-1989).
Mientras, el clérigo cristiano Richard Killmer, director ejecutivo de la Campaña Nacional Religiosa Contra la Tortura, cuestionó al presidente por tomar su decisión después de "prometer el gobierno ‘más abierto y transparente de la historia’".
En diálogo con IPS, Killmer recomendó crear "una comisión que investigue e informe sobre el uso de la tortura desde el 11 de septiembre" de 2001, fecha de los ataques terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
También se oponen a la decisión de Obama algunos expertos legales como Francis Boyle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, quien la calificó de "revés trágico, equivocado y sin principios".
"En vez de obtener un ‘cambio’ real bajo el gobierno de Obama, el pueblo estadounidense experimenta una continuidad sin excepciones con el gobierno desacreditado y criminal de (George W.) Bush (2001-2009) en materia de derecho internacional, derechos humanos y derecho constitucional", dijo Boyle a IPS.
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IPS/18/05/2009
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