Por Salomé García
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Ahora que nos tiene liados la OMS con sus alarmantes mensajes sobre el virus de la nueva gripe, hay otro peligro potencial que acecha a la sociedad europea: la xenofobia. En España, el ministro Corbacho ha empezado por intentar expulsar a 71.000 rumanos a los que ha dejado en el paro el estallido de la burbuja inmobiliaria. En España hay 4,5 millones de extranjeros. ¿Por qué los primeros a los que se les pone puente de plata son los rumanos?
La idea es pagarles el subsidio de desempleo en su país, lo cual no produce ningún beneficio a las arcas públicas. Sólo sirve para eliminar futura competencia para los nacionales. Los rumanos cumplen la doble condición de resultar baratos de repatriar y estar mayoritariamente buscando trabajo en la construcción, el sector más golpeado hasta el momento por la crisis económica. Si sale una chapuza en el ladrillo, parece haber pensado el Gobierno, hagamos lo posible para que se la quede uno de casa.
Por ahora, los ecuatorianos, una de las nacionalidades mayoritarias entre los extranjeros residentes en España, no corren peligro de ser expulsados con buenos modos. El vuelo transoceánico es más caro que el autobús a Rumanía y los centroamericanos se han especializado en trabajos que aún no reclamamos los españoles, especialmente los relacionados con la atención a la Dependencia, es decir, con el cuidado de niños, ancianos y con las tradicionales labores del hogar.
Pero si la crisis persiste su tendencia a cebarse en el empleo, los españoles volverán a pujar por ser camarero, cuidar ancianos y niños, y limpiar casas, por lo que no es descartable que el Gobierno emprenda una campaña de repatriación que afecte a otras nacionalidades.
El afán por librarse de los extranjeros (especialmente de los parados), no es exclusivo de España. Dos países vecinos, Francia e Italia, tienen al frente de sus gobiernos a verdaderos especialistas en extender la idea de que los emigrantes, sobran. Un centenar de diputados del partido de Berlusconi ha frenado esta semana la última barbaridad legislativa que se le había ocurrido al Cavaliere: una norma para obligar a profesores y médicos de familia a denunciar a los sin papeles que osaran escolarizar a sus hijos o llevarlos a consulta.
Sin llegar a institucionalizar la delación, en Francia andan ahora enfrascados 144 intelectuales para frenar una reforma legal de Sarkozy que penaliza la solidaridad con los sin papeles. Es prácticamente idéntica a la que pretendía implantar aquí Celestino Corbacho. El ministro español recibió tal volumen de críticas de todos los órganos consultados (Consejo del Poder Judicial, de Estado, de la Abogacía) y de cuantas ONG se ocupan de atender a la inmigración, que acabó anunciando la retirada de ese artículo de la nueva Ley de Extranjería. Falta ver si renuncia también a su intención de prorrogar el plazo en que los sin papeles pueden estar recluidos en un centro para facilitar los trámites de su expulsión, un atropello a los derechos humanos que legalizó la Unión Europea y que el Gobierno español se comprometió a no utilizar.
La nueva política antiinmigrantes del Gobierno cuenta con la inestimable ayuda de la Policía, que demuestra a diario su nivel de productividad deteniendo a extranjeros en locutorios, bocas del Metro y hasta puertas de supermercados. Rubalcaba, encargado de Interior, asegura que son meras coincidencias, que los agentes sólo buscan donde creen que hay potenciales focos delictivos, pero las asociaciones de inmigrantes hablan de auténticas redadas de extranjeros.
El Gobierno puede esgrimir razones prácticas para actuar así, incluso habrá quien comparta el proteccionismo de sus nacionales cuando el sustento está en juego. Pero el virus de la xenofobia se oculta tras el mensaje de que el inmigrante no tiene tanto derecho como el de aquí a beneficiarse de la protección social que da el estado del Bienestar. Aunque haya colaborado a generarlo.
Ahora que nos tiene liados la OMS con sus alarmantes mensajes sobre el virus de la nueva gripe, hay otro peligro potencial que acecha a la sociedad europea: la xenofobia. En España, el ministro Corbacho ha empezado por intentar expulsar a 71.000 rumanos a los que ha dejado en el paro el estallido de la burbuja inmobiliaria. En España hay 4,5 millones de extranjeros. ¿Por qué los primeros a los que se les pone puente de plata son los rumanos?
La idea es pagarles el subsidio de desempleo en su país, lo cual no produce ningún beneficio a las arcas públicas. Sólo sirve para eliminar futura competencia para los nacionales. Los rumanos cumplen la doble condición de resultar baratos de repatriar y estar mayoritariamente buscando trabajo en la construcción, el sector más golpeado hasta el momento por la crisis económica. Si sale una chapuza en el ladrillo, parece haber pensado el Gobierno, hagamos lo posible para que se la quede uno de casa.
Por ahora, los ecuatorianos, una de las nacionalidades mayoritarias entre los extranjeros residentes en España, no corren peligro de ser expulsados con buenos modos. El vuelo transoceánico es más caro que el autobús a Rumanía y los centroamericanos se han especializado en trabajos que aún no reclamamos los españoles, especialmente los relacionados con la atención a la Dependencia, es decir, con el cuidado de niños, ancianos y con las tradicionales labores del hogar.
Pero si la crisis persiste su tendencia a cebarse en el empleo, los españoles volverán a pujar por ser camarero, cuidar ancianos y niños, y limpiar casas, por lo que no es descartable que el Gobierno emprenda una campaña de repatriación que afecte a otras nacionalidades.
El afán por librarse de los extranjeros (especialmente de los parados), no es exclusivo de España. Dos países vecinos, Francia e Italia, tienen al frente de sus gobiernos a verdaderos especialistas en extender la idea de que los emigrantes, sobran. Un centenar de diputados del partido de Berlusconi ha frenado esta semana la última barbaridad legislativa que se le había ocurrido al Cavaliere: una norma para obligar a profesores y médicos de familia a denunciar a los sin papeles que osaran escolarizar a sus hijos o llevarlos a consulta.
Sin llegar a institucionalizar la delación, en Francia andan ahora enfrascados 144 intelectuales para frenar una reforma legal de Sarkozy que penaliza la solidaridad con los sin papeles. Es prácticamente idéntica a la que pretendía implantar aquí Celestino Corbacho. El ministro español recibió tal volumen de críticas de todos los órganos consultados (Consejo del Poder Judicial, de Estado, de la Abogacía) y de cuantas ONG se ocupan de atender a la inmigración, que acabó anunciando la retirada de ese artículo de la nueva Ley de Extranjería. Falta ver si renuncia también a su intención de prorrogar el plazo en que los sin papeles pueden estar recluidos en un centro para facilitar los trámites de su expulsión, un atropello a los derechos humanos que legalizó la Unión Europea y que el Gobierno español se comprometió a no utilizar.
La nueva política antiinmigrantes del Gobierno cuenta con la inestimable ayuda de la Policía, que demuestra a diario su nivel de productividad deteniendo a extranjeros en locutorios, bocas del Metro y hasta puertas de supermercados. Rubalcaba, encargado de Interior, asegura que son meras coincidencias, que los agentes sólo buscan donde creen que hay potenciales focos delictivos, pero las asociaciones de inmigrantes hablan de auténticas redadas de extranjeros.
El Gobierno puede esgrimir razones prácticas para actuar así, incluso habrá quien comparta el proteccionismo de sus nacionales cuando el sustento está en juego. Pero el virus de la xenofobia se oculta tras el mensaje de que el inmigrante no tiene tanto derecho como el de aquí a beneficiarse de la protección social que da el estado del Bienestar. Aunque haya colaborado a generarlo.
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Público - España/09/05/2009
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