Ileana Alamilla
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La obra trágica en que se ha convertido nuestra vida, llena de sobresaltos, tiene escalofriantes coreografías y hechos insólitos, en un país en donde se piensa que ya todo ocurrió. El drama nos tiene a todas y todos estupefactos y conmocionados, con sensaciones de impotencia, incredulidad y casi rayando en el nihilismo, muy peligroso para cualquier sociedad, ya no digamos para una tan sufrida como la nuestra.
El escenario está montado con visos catastróficos, donde cada nuevo escándalo sustituye y opaca al anterior, en medio de violencia extrema y la alta presencia del crimen generalizado, que protagoniza y ocasiona balaceras, asesinatos de pilotos, femicidios, extorsiones y secuestros; con problemas estructurales a los que nadie quiere buscar solución, que quedan en el olvido y constituyen la herencia reiterada para cada nuevo gobierno.
En varios departamentos, como Huehuetenango y Sololá, entre otros, hay conflictos que amenazan peligrosamente la gobernabilidad. Líderes, como Monseñor Ramazzini, que son la reserva moral del país, insisten en sus repetidas denuncias, para que se atiendan las injusticias sociales, el desempleo, las condiciones infrahumanas en las que sobreviven las mayorías; alertan sobre las calamidades y presentan propuestas de solución a las que nunca se dan respuestas.
Uno tras otro desfilan ante nuestro ojos sucesos que emboscan nuestra exigua calma, ante la pasividad cómplice de los funcionarios de los organismos del Estado que, haciendo gala de sus conductas reprobables, su incapacidad y falta de voluntad, originada por el embeleso al que incita los beneficios del poder, cierran los ojos para disfrutar de sus privilegios, viajes y oportunidades.
El estallido de una tragedia inédita: el video y las acusaciones del licenciado Rodrigo Rosenberg hacia el presidente, su esposa y sus principales allegados, mantiene al país en vilo, y en medio de esta crisis política irrumpe un nuevo dilema, causado por la captura de Jean Anleu, un joven acusado del delito de pánico financiero, tipificado en el artículo 342 B del Código Penal, por la publicación de comentarios que instan a retirar el dinero de Banrural, según dice el fiscal Genaro Pacheco, quien, por cierto, se muestra muy eficiente en el ejercicio de su función, contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en el Ministerio Público.
Constitucionalistas, entidades defensoras de la libertad de expresión y diversos sectores consideran que esta norma riñe con el artículo 35 de la Constitución, que establece que no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos.
Se argumenta que podría haber colisión entre dos normas de diferente jerarquía y, por tanto, estaríamos ante un caso típico de inconstitucionalidad.
Este incidente se enmarca en una grave crisis política, que puede complicarse por cualquier problema colateral. Por eso, es saludable que se someta cuanto antes a consideración de la Corte de Constitucionalidad este dilema jurídico. No es hora de sumar conflictos. Cualquier rama seca puede contribuir a inflamar la hoguera.
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El escenario está montado con visos catastróficos, donde cada nuevo escándalo sustituye y opaca al anterior, en medio de violencia extrema y la alta presencia del crimen generalizado, que protagoniza y ocasiona balaceras, asesinatos de pilotos, femicidios, extorsiones y secuestros; con problemas estructurales a los que nadie quiere buscar solución, que quedan en el olvido y constituyen la herencia reiterada para cada nuevo gobierno.
En varios departamentos, como Huehuetenango y Sololá, entre otros, hay conflictos que amenazan peligrosamente la gobernabilidad. Líderes, como Monseñor Ramazzini, que son la reserva moral del país, insisten en sus repetidas denuncias, para que se atiendan las injusticias sociales, el desempleo, las condiciones infrahumanas en las que sobreviven las mayorías; alertan sobre las calamidades y presentan propuestas de solución a las que nunca se dan respuestas.
Uno tras otro desfilan ante nuestro ojos sucesos que emboscan nuestra exigua calma, ante la pasividad cómplice de los funcionarios de los organismos del Estado que, haciendo gala de sus conductas reprobables, su incapacidad y falta de voluntad, originada por el embeleso al que incita los beneficios del poder, cierran los ojos para disfrutar de sus privilegios, viajes y oportunidades.
El estallido de una tragedia inédita: el video y las acusaciones del licenciado Rodrigo Rosenberg hacia el presidente, su esposa y sus principales allegados, mantiene al país en vilo, y en medio de esta crisis política irrumpe un nuevo dilema, causado por la captura de Jean Anleu, un joven acusado del delito de pánico financiero, tipificado en el artículo 342 B del Código Penal, por la publicación de comentarios que instan a retirar el dinero de Banrural, según dice el fiscal Genaro Pacheco, quien, por cierto, se muestra muy eficiente en el ejercicio de su función, contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en el Ministerio Público.
Constitucionalistas, entidades defensoras de la libertad de expresión y diversos sectores consideran que esta norma riñe con el artículo 35 de la Constitución, que establece que no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos.
Se argumenta que podría haber colisión entre dos normas de diferente jerarquía y, por tanto, estaríamos ante un caso típico de inconstitucionalidad.
Este incidente se enmarca en una grave crisis política, que puede complicarse por cualquier problema colateral. Por eso, es saludable que se someta cuanto antes a consideración de la Corte de Constitucionalidad este dilema jurídico. No es hora de sumar conflictos. Cualquier rama seca puede contribuir a inflamar la hoguera.
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*Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.
http://cerigua.info/portal/
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ALAI/20/05/2009
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